La Corte le da revés a la 4T/ Fred Alvarez Palafox
Los legisladores se excedieron en sus atribuciones dice la SCJN. | Fred Álvarez
@fredalvarez
opinion@lasillarota.com
La Silla Rota, 27/10/2021
La Ley consideró como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales para los legisladores ameritan prisión preventiva oficiosa. Se incluyó en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La ley fue avalada en octubre, en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, y enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La reforma que adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 8 de noviembre de 2019, y convertida en Ley..
Ante ellos el 33% de los Senadores de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante dicha norma.
Y no hay plazo que no se cumpla.
El lunes 25 de octubre el pleno de Suprema Corte, en sesión del Tribunal Pleno, analizó la acción de inconstitucionalidad de dicha norma y una mayoría calificada de ocho ministros determinaron que "los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional -el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal- y 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales -el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados- son inconstitucionales.
Punto.
Los ministros determinaron que el proceso legislativo fue correcto y que no hubo violaciones al debido proceso, pero algunos ministros "señalaron que el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última, y, por ende, tampoco fue válido que los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva en términos del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución.
Los ministros precisaron que "el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa". (O sea, la mayoría simple no basta).
Los legisladores fueron reprobados por los ministros, y deben sentirse avergonzados.
El comunicado de la Corte agrega que otros ministros (se refiere a la mayoría), consideraron que las normas eran inconstitucionales ya que, de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia".
Por lo tanto, se concluye que la prisión preventiva oficiosa para los delitos que señalaban dichas normas son contrarios a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
Ello fue considerado por distintos analistas y medios como un duro revés a la 4T.
Obviamente, al presidente no le gustó la resolución de los grandes árbitros, y como su pecho no es bodega respondió a todas las interrogantes en conferencia mañanera.
Un reportero le preguntó sobre la resolución:
"La Corte otra vez pues se enfrenta a usted [Sic]", le dice
"¿Qué opinión le merece?"
AMLO dijo que hay tres mensajes sobre la resolución:
1) Primero, de que en nuestro país hay división e independencia en los poderes (...) Esa es una primera lección para los que no creen la transformación.
2) Segundo, que hace falta que lo logren otros poderes, como en este caso el Poder Judicial (...), que se castigue por igual a todos lo que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos (en otro momento habló de los fifis).
3) La tercera es que (...) nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar un auténtico, en un verdadero, Estado de derecho.
"¿Hay dinero detrás de esta decisión de la Corte?", le inquiere el reportero. Una pregunta fuera de lugar y que daña la dignidad de los ministros...
"Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías", respondió AMLO.
Muy dura respuesta...
"¿Podemos afirmar que la decisión de los ministros que votaron en contra son una extensión de esta corrupción?", le revira el reportero.
"Es la misma política del Poder Judicial, que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción", dijo el presidente,
Entonces -agregó-, "en eso no estoy de acuerdo, desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien".
Dijo al final que los abogados que se forman de manera ortodoxa se ajusta (n) a la ley. Es muy común -dice AMLO-, que digan los abogados: ´La ley es la ley´, y yo tengo una visión distinta., dijo..
¿Cuál es esa opinión distinta a la de AMLO?
Muy simple el que la justicia debe estar por encima de la ley..
Mmm.
El presidente debería leer completo el poema de Wystan Hugh Auden.
"La Ley, según los jardineros, es el sol,
la Ley es aquella
que hay que obedecer
hoy, mañana, ayer..."
Además, AMLO espera que se reforme el Poder Judicial, y que además lo hagan ellos mismos.
Precisó que esas decisiones tomadas en contra NO le ayudan al Poder Judicial, porque no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso".
Hubo muchas reacciones. De entrada tenemos una Corte que vuelve a tener credibilidad..
El Ministro Arturo Zaldívar le respondió al presidente a través de la red social, en un tuit escribió que "la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos", no son fifís como afirma el presidente.
"(La prisión preventiva oficiosa) se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga a la pobreza", agregó. "Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional".
Además, emitió un videomensaje muy claro:
Coincidimos con Zaldívar, la prisión preventiva debe ser un recurso de ultimo ratio, no primero, O sea, un último recurso al que se debe acudir.
Las cárceles están llenas de gente que no debería estar ahí. Es el caso de Rosario Robles Berlanga, que un juez aparentemente de consigna decidió mantenerla en prisión por una decisión pueril, cuando el delito por el que se le procesa no merece prisión preventiva...
Arturo Zaldívar emite un posicionamiento de auténtica independencia; ¡enhorabuena!
Los ministros acordaron retornar el proyecto del Ministro ponente para que sea reelaborado y votado con el resto de los apartados impugnados en esta acción de inconstitucionalidad.
Y, el asunto no concluye aún, los ministros tienen pendiente resolver si es constitucional la inclusión de estos tres ilícitos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, un aspecto incluido en la misma reforma y que sigue vigente...
Para entender el tema, recomiendo leer el texto del penalista Rodolfo Félix Cárdenas publicado en la revista "Criminalia" de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, "Un centavo hace la diferencia: ¿empresario o delincuente organizado?".
Daremos seguimiento.
PD1 ¿Cómo votaron los ministros? Tres avalaron validar la reforma de López Obrador, partiendo del argumento de que la sangría que ocasionan los tres delitos a la hacienda pública pone en riesgo la viabilidad y la operación misma del Estado mexicano. (Nota de Abel Barajas de Reforma). Se trata de Fernando Franco, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat (extitular del SAT), y cercanas a AMLO.
Un ministro cercano al presidente fue decisivo, se trata de Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Pd2. Por cierto, seguramente tampoco gustó el que la Corte haya dado entrada a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados federales de Va por México -PAN, PRI y PRD- contra la Ley de Revocación de Mandato.
Esa es otra historia...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario