Columna Vida nacional/Pablo Hiriart
Publicado en Excelsior, 30/04/2008;
Otra trampa
Cuanto antes y sin medias verdades, debe conocerse dónde están o qué pasó con Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del EPR desaparecidos en mayo de 2007.
Sean inocentes o culpables, estas dos personas no debieron haber desaparecido nunca.
Si los mataron agentes federales, miembros del Ejército o policías de Oaxaca, no sólo debe saberse, sino que los autores del doble crimen tienen que ser severamente castigados.
El Estado mexicano no puede usar los mismos métodos asesinos de grupos terroristas que justifican sus actos con fines ideológicos.
Corresponde al Estado esclarecer lo sucedido con estas dos personas, cuya presentación reclama la cúpula del EPR.
Lo que no corresponde al Estado es caer en la trampa de parte de un grupo armado que ha asesinado a soldados en emboscadas a mansalva y ha saboteado instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos.
El EPR ha pedido que los señores Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas y Rosario Ibarra de Piedra sean los intermediarios para un diálogo con el gobierno federal a fin de obtener respuesta sobre sus dos compañeros desaparecidos.
La Secretaría de Gobernación contestó afirmativamente a la solicitud de sentarse a una mesa con el EPR, pero puso como condición que las negociaciones sean directas.
Que las personas propuestas como “intermediarias” actúen como “testigos sociales y con el objetivo de facilitar el diálogo”.
¿Qué quiere decir eso de “testigos sociales” para “facilitar el diálogo”?
El gobierno no lo explica y haría bien en clarificarlo.
Entre los “testigos sociales” que acepta Gobernación está uno de los promotores y artífices del EZLN, Samuel Ruiz García.
Está un ex agente de la KGB, que espió para la Unión Soviética en Estados Unidos, Gilberto López y Rivas.
Y está Rosario Ibarra de Piedra, a quien los documentos encontrados en la computadora del líder de las FARC, Raúl Reyes —y que se conocieron a través de una exclusiva de nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez—, señalan como una de las principales contactos en México de ese grupo narcoguerrillero.
¿Esos van a ser los “testigos sociales” cuya tarea será “facilitar el diálogo”?
Si el EPR quiere, que lleve en su delegación a esos personajes, como parte de los suyos, pero Gobernación ha mordido el anzuelo y les quiere dar el grado de representantes de la sociedad en ese diálogo.
Ahora bien, si el EPR buscó el diálogo, qué bueno. Pero no se vale que el gobierno peque (otra vez) de inocente.
Para sentarse a la mesa, los eperristas deben estar dispuestos a dejar las armas.
Y quienes han cometido crímenes deben ser sancionados, no con desapariciones ni ajusticiamientos, sino por tribunales competentes y con abogados defensores.
Ahora bien, ¿qué van a negociar?
La presentación de esos dos eperristas desaparecidos no es negociable.
Independientemente de lo que haga el EPR, el Estado tiene la obligación de informar qué pasó con ellos y castigar a quienes los secuestraron o los mataron.
Así es que no se entiende qué van a negociar.
El más reciente comunicado del EPR (lunes de esta semana) termina su iniciativa de diálogo con estas frases: “¡Por la Revolución Socialista!” “¡Vencer o Morir!” “¡Resueltos a Vencer!” “¡Con la Guerra Popular!” “¡El EPR triunfará!”
Ante esas proclamas, que son parte de su estrategia de la “guerra popular larga y prolongada”, que ha costado vidas, ¿qué va a negociar Gobernación?
Si están dispuestos a entregar las armas, a apartarse del camino de la violencia y a hacer política por los cauces institucionales, el diálogo puede tener sentido.
Pero no es el caso.
Marcos dice, en su libro, de próxima aparición, que “el EPR va a dar de qué hablar”.
En eso están. Listos para ganar centralidad en los medios de comunicación, con tres “testigos sociales” a modo y sin renunciar a la vía armada.
Ojo, mucho ojo.
No olvidemos que, cuando ocurrió el alzamiento del EZLN, en las negociaciones de “paz” se vio con naturalidad y cierta fascinación a encapuchados armados hasta los dientes.
En ese contexto mataron a Colosio.
Cuanto antes y sin medias verdades, debe conocerse dónde están o qué pasó con Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del EPR desaparecidos en mayo de 2007.
Sean inocentes o culpables, estas dos personas no debieron haber desaparecido nunca.
Si los mataron agentes federales, miembros del Ejército o policías de Oaxaca, no sólo debe saberse, sino que los autores del doble crimen tienen que ser severamente castigados.
El Estado mexicano no puede usar los mismos métodos asesinos de grupos terroristas que justifican sus actos con fines ideológicos.
Corresponde al Estado esclarecer lo sucedido con estas dos personas, cuya presentación reclama la cúpula del EPR.
Lo que no corresponde al Estado es caer en la trampa de parte de un grupo armado que ha asesinado a soldados en emboscadas a mansalva y ha saboteado instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos.
El EPR ha pedido que los señores Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas y Rosario Ibarra de Piedra sean los intermediarios para un diálogo con el gobierno federal a fin de obtener respuesta sobre sus dos compañeros desaparecidos.
La Secretaría de Gobernación contestó afirmativamente a la solicitud de sentarse a una mesa con el EPR, pero puso como condición que las negociaciones sean directas.
Que las personas propuestas como “intermediarias” actúen como “testigos sociales y con el objetivo de facilitar el diálogo”.
¿Qué quiere decir eso de “testigos sociales” para “facilitar el diálogo”?
El gobierno no lo explica y haría bien en clarificarlo.
Entre los “testigos sociales” que acepta Gobernación está uno de los promotores y artífices del EZLN, Samuel Ruiz García.
Está un ex agente de la KGB, que espió para la Unión Soviética en Estados Unidos, Gilberto López y Rivas.
Y está Rosario Ibarra de Piedra, a quien los documentos encontrados en la computadora del líder de las FARC, Raúl Reyes —y que se conocieron a través de una exclusiva de nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez—, señalan como una de las principales contactos en México de ese grupo narcoguerrillero.
¿Esos van a ser los “testigos sociales” cuya tarea será “facilitar el diálogo”?
Si el EPR quiere, que lleve en su delegación a esos personajes, como parte de los suyos, pero Gobernación ha mordido el anzuelo y les quiere dar el grado de representantes de la sociedad en ese diálogo.
Ahora bien, si el EPR buscó el diálogo, qué bueno. Pero no se vale que el gobierno peque (otra vez) de inocente.
Para sentarse a la mesa, los eperristas deben estar dispuestos a dejar las armas.
Y quienes han cometido crímenes deben ser sancionados, no con desapariciones ni ajusticiamientos, sino por tribunales competentes y con abogados defensores.
Ahora bien, ¿qué van a negociar?
La presentación de esos dos eperristas desaparecidos no es negociable.
Independientemente de lo que haga el EPR, el Estado tiene la obligación de informar qué pasó con ellos y castigar a quienes los secuestraron o los mataron.
Así es que no se entiende qué van a negociar.
El más reciente comunicado del EPR (lunes de esta semana) termina su iniciativa de diálogo con estas frases: “¡Por la Revolución Socialista!” “¡Vencer o Morir!” “¡Resueltos a Vencer!” “¡Con la Guerra Popular!” “¡El EPR triunfará!”
Ante esas proclamas, que son parte de su estrategia de la “guerra popular larga y prolongada”, que ha costado vidas, ¿qué va a negociar Gobernación?
Si están dispuestos a entregar las armas, a apartarse del camino de la violencia y a hacer política por los cauces institucionales, el diálogo puede tener sentido.
Pero no es el caso.
Marcos dice, en su libro, de próxima aparición, que “el EPR va a dar de qué hablar”.
En eso están. Listos para ganar centralidad en los medios de comunicación, con tres “testigos sociales” a modo y sin renunciar a la vía armada.
Ojo, mucho ojo.
No olvidemos que, cuando ocurrió el alzamiento del EZLN, en las negociaciones de “paz” se vio con naturalidad y cierta fascinación a encapuchados armados hasta los dientes.
En ese contexto mataron a Colosio.
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