"El contacto con las tuberías, qué no negociación", con el EPR; las tesis de Ciro;
y el reportaje de Diego Osorno: ¿todo apunta a Oaxaca?!
Columna: La Historia en Breve/Ciro Gómez Leyva
Inteligencia.
Publicado en Milenio Diario, 30/04/2008;
En forma grotesca, ordinaria, los “críticos del sistema” acusaron a los servicios de inteligencia del gobierno federal, en especial al Cisen, de no haber tenido la capacidad para anticipar y abortar los actos terroristas del EPR de septiembre contra las instalaciones de Pemex. El costo material de los bombazos en los ductos se calculó en mil millones de dólares; el político parecía ser más alto.
Con el mismo desembarazo, los “críticos” pronosticaron más atentados eperristas. Pues bien, ocho meses después no se registra uno solo. Por el contrario, el EPR anunció el lunes que quería dialogar con el gobierno, y el gobierno, advirtiéndole que no le dará una amnistía por adelantado ni aceptará intermediarios, le ha respondido que sí.
Funcionó el trabajo de inteligencia. Funcionó el contacto en las tuberías, que no negociación, entre el gobierno y la guerrilla. El gobierno se comprometió desde antes de las explosiones de septiembre a investigar exhaustivamente sobre el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, los dos eperristas desparecidos en mayo pasado. Y por lo visto, el EPR concede que, en eso, el gobierno cumplió.
Los caminos conducen ahora a Oaxaca. Parece haber suficientes hechos relacionados para proponer que la autoría material e intelectual de las desapariciones fue del gobierno de Ulises Ruiz. A las detenciones del sábado sigue la investigación que Diego Osorno desvela hoy en las páginas de MILENIO y que apunta, esencialmente, a tres poderosos ex: el ex secretario general de Gobierno (actual líder estatal del PRI) Jorge Franco, la ex procuradora Lizbeth Cañas y el ex jefe de la policía ministerial Manuel Moreno Rivas.
Las hipótesis básicas se van encauzando. (fin de la columna)
Con el mismo desembarazo, los “críticos” pronosticaron más atentados eperristas. Pues bien, ocho meses después no se registra uno solo. Por el contrario, el EPR anunció el lunes que quería dialogar con el gobierno, y el gobierno, advirtiéndole que no le dará una amnistía por adelantado ni aceptará intermediarios, le ha respondido que sí.
Funcionó el trabajo de inteligencia. Funcionó el contacto en las tuberías, que no negociación, entre el gobierno y la guerrilla. El gobierno se comprometió desde antes de las explosiones de septiembre a investigar exhaustivamente sobre el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, los dos eperristas desparecidos en mayo pasado. Y por lo visto, el EPR concede que, en eso, el gobierno cumplió.
Los caminos conducen ahora a Oaxaca. Parece haber suficientes hechos relacionados para proponer que la autoría material e intelectual de las desapariciones fue del gobierno de Ulises Ruiz. A las detenciones del sábado sigue la investigación que Diego Osorno desvela hoy en las páginas de MILENIO y que apunta, esencialmente, a tres poderosos ex: el ex secretario general de Gobierno (actual líder estatal del PRI) Jorge Franco, la ex procuradora Lizbeth Cañas y el ex jefe de la policía ministerial Manuel Moreno Rivas.
Las hipótesis básicas se van encauzando. (fin de la columna)
Ciro comentó en su columna La Historia en Breve en Milenio Diario del viernes 25 de abril:
Tres hechos:
Uno. El 20 de mayo se cumple un año de que el EPR informara sobre la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, dos personas ligadas a ese grupo guerrillero, por cuya aparición el EPR dinamitó ductos de Pemex el año pasado.
Dos. Diego Osorno reportó ayer en MILENIO cómo Gabriel Alberto Cruz participó al menos en un acto visible de la rebelión de la APPO en 2006. El tan comentado nexo de al menos una fracción appista con una del EPR se sigue documentando.
Tres. Ayer, también, el EPR desmintió lo dicho por quien quizá sea la voz menos vergonzante de la derecha mexicana, José Antonio Ortega Sánchez (también en entrevista con Diego Osorno): el gobierno de Felipe Calderón y el EPR negocian en lo “oscurito” para que no haya nuevos atentados.
Lo cierto es que se acerca el 20 de mayo con el problema latente y sin que nadie haya probado nada. Ni quienes aseguraron que el Ejército mexicano se llevó a los dos eperristas, ni quienes apuntaron hacia un ajuste de cuentas interno.
Un estudio de los comunicados del EPR y las páginas web de organizaciones cercanas a la guerrilla permitiría, al menos, aventurar algunas hipótesis. Estas son las mías:
* Sí hubo un contacto en las tuberías, que no negociación, entre el gobierno y la guerrilla (elemental trabajo de inteligencia política).
* El gobierno cumplió al investigar exhaustivamente sobre el paradero de Reyes Amaya y Cruz.
* El EPR sabe que el gobierno investigó, quizá por eso no ha atacado en un momento político tan atractivo.
* Por más de un motivo, eperristas cooptados por el gobierno de Ulises Ruiz se habrían llevado a Reyes Amaya y Cruz.
Habrá tiempo en los próximos días para irlas desarrollando una por una.
Uno. El 20 de mayo se cumple un año de que el EPR informara sobre la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, dos personas ligadas a ese grupo guerrillero, por cuya aparición el EPR dinamitó ductos de Pemex el año pasado.
Dos. Diego Osorno reportó ayer en MILENIO cómo Gabriel Alberto Cruz participó al menos en un acto visible de la rebelión de la APPO en 2006. El tan comentado nexo de al menos una fracción appista con una del EPR se sigue documentando.
Tres. Ayer, también, el EPR desmintió lo dicho por quien quizá sea la voz menos vergonzante de la derecha mexicana, José Antonio Ortega Sánchez (también en entrevista con Diego Osorno): el gobierno de Felipe Calderón y el EPR negocian en lo “oscurito” para que no haya nuevos atentados.
Lo cierto es que se acerca el 20 de mayo con el problema latente y sin que nadie haya probado nada. Ni quienes aseguraron que el Ejército mexicano se llevó a los dos eperristas, ni quienes apuntaron hacia un ajuste de cuentas interno.
Un estudio de los comunicados del EPR y las páginas web de organizaciones cercanas a la guerrilla permitiría, al menos, aventurar algunas hipótesis. Estas son las mías:
* Sí hubo un contacto en las tuberías, que no negociación, entre el gobierno y la guerrilla (elemental trabajo de inteligencia política).
* El gobierno cumplió al investigar exhaustivamente sobre el paradero de Reyes Amaya y Cruz.
* El EPR sabe que el gobierno investigó, quizá por eso no ha atacado en un momento político tan atractivo.
* Por más de un motivo, eperristas cooptados por el gobierno de Ulises Ruiz se habrían llevado a Reyes Amaya y Cruz.
Habrá tiempo en los próximos días para irlas desarrollando una por una.
Reportaje: Narco y Guerra sucia en Oaxaca
• Los hombres y mujeres del gobernador
Ulises Ruiz creó su propia brigada blanca
La Unidad Ministerial de Investigación Táctica fue el grupo policiaco que ejecutó el trabajo sucio del gobernador en los días de crisis, incluida la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, de acuerdo con un testigo protegido de la PGR.
Ulises Ruiz creó su propia brigada blanca
La Unidad Ministerial de Investigación Táctica fue el grupo policiaco que ejecutó el trabajo sucio del gobernador en los días de crisis, incluida la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, de acuerdo con un testigo protegido de la PGR.
Publicado en Milenio Diario, 30-Abril-08;
El dirigente estatal del PRI en Oaxaca, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza y el ex director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas, integrantes del primer círculo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, crearon y dirigieron un grupo policiaco que se dedicó a perseguir a opositores de la administración local y a determinados grupos de narcotraficantes, según testimonios contenidos en las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/057/08 y PGR/SIEDO/UEITA/047-08, a las cuales tuvo acceso MILENIO.
De acuerdo con Luna, alias de un ex funcionario estatal oaxaqueño y ahora testigo protegido de la PGR, el nombre del grupo era Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) y estaba conformado por agentes policiacos de diversas corporaciones que tenían la “confianza” de altos funcionarios para realizar operaciones especiales durante las protestas de 2006 contra la administración estatal priista.
Luna fue testigo en mayo de 2007 del ingreso a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de dos personas, cuya descripción concuerda con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, los dos eperristas desaparecidos en 2006.
“Uno tenía los apellidos Pérez Amaya (sic) y días después se enteró de que eran miembros del EPR”, se señala en el documento, y se precisa que “esa detención la hizo el grupo dirigido por Pedro Hernández, subdirector operativo (de la Policía Ministerial), pero no supo adónde fueran canalizadas estas personas, aunque menciona que días después de la detención salieron de la procuraduría”.
Hernández, comandante con 28 años de labor policiaca en Oaxaca, se encuentra actualmente en el Centro Nacional de Arraigos, en la Ciudad de México, junto con su chofer, Ángel Cruz Reyes, y el agente Luis Edgar Toledo. La SIEDO los investiga por la desaparición de Reyes Amaya y Alberto Cruz, eperristas desaparecidos hace más de 11 meses, pero también por sus vínculos con la banda de Los Zetas.
Desaparece grupo especial
“Esa unidad a la que usted se refiere ya no existe. Desde que yo llegué al cargo ya no existe más”, dijo ayer el actual procurador de Oaxaca, Evencio Martínez, consultado vía telefónica sobre las operaciones ilegales de la UMIT, señalada también en la averiguación como “grupo de choque” y equiparada por uno de los agentes encargados de la investigación como algo parecido a la brigada blanca que participó en la guerra sucia de los años 70.
—¿Fue desaparecido este grupo porque actuaba irregularmente?
—No puedo hacer más comentarios.
—¿Ordenó usted investigar la actuación de este grupo?
— No puedo hacer más comentarios... estoy en una reunión con el gobernador.
Martínez asumió la titularidad de la Procuraduría de Justicia local en sustitución de Caña Cadeza, también implicada en la averiguación de la SIEDO. Según estos señalamientos, este grupo operaba en instalaciones policiacas conocidas como Los Pinos, que se encuentran en el municipio conurbano de Santa María Coyotepec. Algunos de los 500 simpatizantes de la APPO detenidos en Oaxaca en 2006 y 2007 declararon en diversas ocasiones que el lugar era “un centro de tortura”.
Participación de Los Zetas
Además de ser señalado directamente por Luna en estos hechos, el ex secretario de Gobierno Jorge Franco Vargas es mencionado como jefe del “comando” que secuestró el 5 de abril de 2007 a Jesús Eugenio Díaz Parada, hermano de Pedro Díaz Parada, capo oaxaqueño de la droga, detenido por la PGR el año pasado. El propio Jesús Eugenio, según se lee en la averiguación previa, asevera que Franco Vargas y el ex director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas fueron los autores del secuestro, que tuvo motivos políticos.
Díaz Parada —cuyas imágenes en cautiverio fueron difundidas en youtube.com— acusa a Franco Vargas de crear un comando armado y asegura que fue liberado por sus captores después de las elecciones de octubre pasado. En su declaración afirma que los captores, después de cobrar el rescate, lo dejaron —con los ojos vendados— frente a la iglesia de Xoxocotlán, un municipio cercano a la capital oaxaqueña.
Otros nombres de ex funcionarios que conforman la “burbuja” del gobierno oaxaqueño también son mencionados en la averiguación. Se trata de Alejandro Barrita, ex director de la Policía Auxiliar, ejecutado recientemente en la ciudad de Oaxaca, y José Manuel Vera Salinas, actual jefe policiaco en Cancún, quien encabezó un fallido operativo de desalojo de un plantón magisterial el 14 de junio de 2006, que devino en protestas en la ciudad
Rostros conocidos
En los siete tomos de la indagación se incluyen fotografías de estos funcionarios. El rostro del dirigente priista, Franco Vargas, aparece en toda una página. Otras gráficas que también se anexaron corresponden a los comandantes Dublán Félix y Abel Morales, la agente “Landeta”, el kaibil “Moreno Rivas” y varias mujeres, que pueden ser agentes ministeriales.
También se incluyen fotografías y declaraciones de Vicente Antonio Porras Cisneros, Mario Alberto Guerrero Carraman, Carlos Jesús Navarro Jiménez, Leocadio Miranda Rangel, Juan José López Gómez, Orlando Saucedo Rodríguez, Javier Méndez Suárez, Jesús Antonio Méndez Cruz, Jesús Ruperto Cantúa Badilla, Gerardo Nava Soto, Valentín Albañil Mendoza, Erick Ojeda Morales y Víctor Alfonso Jiménez Peña, todos arraigados actualmente y acusados de ser parte de Los Zetas.
En las averiguaciones no se hacen señalamientos contra elementos de la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la Armada o el Ejército, corporaciones que también participaron en los operativos en la entidad sureña.
En 2006, una veintena de opositores a Ulises Ruiz murieron en las balaceras de manifestaciones, marchas y barricadas. Dos años después, ninguno de estos homicidios ha sido aclarado.
Diego E. Osorno, reportero.
De acuerdo con Luna, alias de un ex funcionario estatal oaxaqueño y ahora testigo protegido de la PGR, el nombre del grupo era Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) y estaba conformado por agentes policiacos de diversas corporaciones que tenían la “confianza” de altos funcionarios para realizar operaciones especiales durante las protestas de 2006 contra la administración estatal priista.
Luna fue testigo en mayo de 2007 del ingreso a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de dos personas, cuya descripción concuerda con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, los dos eperristas desaparecidos en 2006.
“Uno tenía los apellidos Pérez Amaya (sic) y días después se enteró de que eran miembros del EPR”, se señala en el documento, y se precisa que “esa detención la hizo el grupo dirigido por Pedro Hernández, subdirector operativo (de la Policía Ministerial), pero no supo adónde fueran canalizadas estas personas, aunque menciona que días después de la detención salieron de la procuraduría”.
Hernández, comandante con 28 años de labor policiaca en Oaxaca, se encuentra actualmente en el Centro Nacional de Arraigos, en la Ciudad de México, junto con su chofer, Ángel Cruz Reyes, y el agente Luis Edgar Toledo. La SIEDO los investiga por la desaparición de Reyes Amaya y Alberto Cruz, eperristas desaparecidos hace más de 11 meses, pero también por sus vínculos con la banda de Los Zetas.
Desaparece grupo especial
“Esa unidad a la que usted se refiere ya no existe. Desde que yo llegué al cargo ya no existe más”, dijo ayer el actual procurador de Oaxaca, Evencio Martínez, consultado vía telefónica sobre las operaciones ilegales de la UMIT, señalada también en la averiguación como “grupo de choque” y equiparada por uno de los agentes encargados de la investigación como algo parecido a la brigada blanca que participó en la guerra sucia de los años 70.
—¿Fue desaparecido este grupo porque actuaba irregularmente?
—No puedo hacer más comentarios.
—¿Ordenó usted investigar la actuación de este grupo?
— No puedo hacer más comentarios... estoy en una reunión con el gobernador.
Martínez asumió la titularidad de la Procuraduría de Justicia local en sustitución de Caña Cadeza, también implicada en la averiguación de la SIEDO. Según estos señalamientos, este grupo operaba en instalaciones policiacas conocidas como Los Pinos, que se encuentran en el municipio conurbano de Santa María Coyotepec. Algunos de los 500 simpatizantes de la APPO detenidos en Oaxaca en 2006 y 2007 declararon en diversas ocasiones que el lugar era “un centro de tortura”.
Participación de Los Zetas
Además de ser señalado directamente por Luna en estos hechos, el ex secretario de Gobierno Jorge Franco Vargas es mencionado como jefe del “comando” que secuestró el 5 de abril de 2007 a Jesús Eugenio Díaz Parada, hermano de Pedro Díaz Parada, capo oaxaqueño de la droga, detenido por la PGR el año pasado. El propio Jesús Eugenio, según se lee en la averiguación previa, asevera que Franco Vargas y el ex director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas fueron los autores del secuestro, que tuvo motivos políticos.
Díaz Parada —cuyas imágenes en cautiverio fueron difundidas en youtube.com— acusa a Franco Vargas de crear un comando armado y asegura que fue liberado por sus captores después de las elecciones de octubre pasado. En su declaración afirma que los captores, después de cobrar el rescate, lo dejaron —con los ojos vendados— frente a la iglesia de Xoxocotlán, un municipio cercano a la capital oaxaqueña.
Otros nombres de ex funcionarios que conforman la “burbuja” del gobierno oaxaqueño también son mencionados en la averiguación. Se trata de Alejandro Barrita, ex director de la Policía Auxiliar, ejecutado recientemente en la ciudad de Oaxaca, y José Manuel Vera Salinas, actual jefe policiaco en Cancún, quien encabezó un fallido operativo de desalojo de un plantón magisterial el 14 de junio de 2006, que devino en protestas en la ciudad
Rostros conocidos
En los siete tomos de la indagación se incluyen fotografías de estos funcionarios. El rostro del dirigente priista, Franco Vargas, aparece en toda una página. Otras gráficas que también se anexaron corresponden a los comandantes Dublán Félix y Abel Morales, la agente “Landeta”, el kaibil “Moreno Rivas” y varias mujeres, que pueden ser agentes ministeriales.
También se incluyen fotografías y declaraciones de Vicente Antonio Porras Cisneros, Mario Alberto Guerrero Carraman, Carlos Jesús Navarro Jiménez, Leocadio Miranda Rangel, Juan José López Gómez, Orlando Saucedo Rodríguez, Javier Méndez Suárez, Jesús Antonio Méndez Cruz, Jesús Ruperto Cantúa Badilla, Gerardo Nava Soto, Valentín Albañil Mendoza, Erick Ojeda Morales y Víctor Alfonso Jiménez Peña, todos arraigados actualmente y acusados de ser parte de Los Zetas.
En las averiguaciones no se hacen señalamientos contra elementos de la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la Armada o el Ejército, corporaciones que también participaron en los operativos en la entidad sureña.
En 2006, una veintena de opositores a Ulises Ruiz murieron en las balaceras de manifestaciones, marchas y barricadas. Dos años después, ninguno de estos homicidios ha sido aclarado.
Diego E. Osorno, reportero.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario