Hace unos días el Ejército Popular Revolucionario (EPR) nos sorprendió con el envío de dos comunicados. El primero, fechado el 22 de abril, intimidatorio y con una fuerte crítica al gobierno por la falta de dialogo, reiterando, además, su determinación de mantenerse en alerta dándole continuidad a su campaña de hostigamiento.
Dos días después, el 24 de abril, ya sin amenazas de acciones de hostigamiento, en un tono diferente y conciliador, cual si fuera partido político, solicitaban abiertamente la intervención de 5 personalidades destacadas de la escena pública para fungir como intermediarios para el diálogo con el gobierno. Entre ellos al obispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa.
El EPR manifestaba: “Nosotros no estamos por la violencia irracional; tratamos de evitarla”
Un día, después, el viernes 25 de abril, las cinco personalidades aceptaron públicamente la encomienda, dando tiempo tanto la pronta respuesta por la parte gubernamental, como la no intervención violenta por parte del grupo armado.
El lunes 28, la “comisión intermediadora” recibía, el visto bueno por el EPR a, su vez pedían la respuesta gubernamental de manera pública.
Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del PAN, Germán Martínez, muy en su papel de separar claramente al gobierno del partido, rechazó tajantemente en entrevista televisiva un diálogo entre el gobierno y el EPR, argumentando que “…no se puede dialogar con alguien que tiene una pistola en la mesa,… que chantajea… y que tiene argumentos de insurrección,…
En otro tono, Don Luis H. Álvarez, titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas opinaba que el gobierno siempre ha mantenido una postura de diálogo y negociación.
En tanto, en el Senado de la República se decidió llevar el asunto al pleno de sesiones. El PRI dio la bienvenida al ofrecimiento de diálogo, mientras que el coordinador de la bancada panista, Santiago Creel, instruía al presidente de la Comisión de Seguridad Pública a analizar la propuesta del grupo armado.
Misma postura tomaban también legisladores en la Cámara de Diputados, quienes incluso plantearon la creación de una ley de amnistía.
De entrada, el gobierno del presidente Calderón tardó varias horas en emitir un posicionamiento. El argumento era que primero había que verificar la autenticidad de dichos comunicados.
Un día después, el martes 29 de abril, el Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño señalaba que sí que se aceptaba el diálogo directo con el EPR; sin embargo, condicionaba el dialogo y pedía al grupo armado se comprometiera públicamente a no realizar ninguna acción violenta. Además, el gobierno les recordaba que se seguiría con la investigación de los atentados a las instalaciones de PEMEX del año pasado que causaron enormes pérdidas, aproximadamente mil millones de dólares.
Hasta el momento no hay una respuesta del grupo armado, pero seguramente la condición gubernamental no es muy de su agrado.
El EPR pasó a ser de un grupo beligerante y crítico hasta alcanzar acciones violentas. El modus operandi del EPR consiste en detonar inmuebles en lugares o instituciones simbólicas que generen inestabilidad en el ambiente político y cierto temor. Han cuidado, es cierto y hay que reconocerleo -hasta el momento-, atentar contra objetivos civiles.
De hecho las explosiones ocurridas en Veracruz han sido las acciones más violentas, pasaron a ser un tema de seguridad nacional.Y tambien, hay que decirlo, desde entonces no se han dado acciones de hostigamiento, sí, constantes amenazas en sus comunicados.
La PGR los cataloga como saboteadores y violentos; ellos han insistido en no ser parte de la delincuencia organizada, sino más bien se asumen como luchadores sociales.
Vale la pena preguntar:
¿Por qué diálogo en este momento?
¿Cuál es el fondo del asunto?
¿Será acaso una maniobra distractora?
¿Qué van a negociar las partes?
¿Se trata de las demandas planteadas en el comunicado del 2 de octubre?
¿Acaso pretende el EPR en convertirse en un partido político?
¿Hubo realmente negociaciones con una parte del EPR y el Cisen como lo han mencionado algunos columnistas?
Muchas preguntas pocas respuestas; la novela continua...,
Dos días después, el 24 de abril, ya sin amenazas de acciones de hostigamiento, en un tono diferente y conciliador, cual si fuera partido político, solicitaban abiertamente la intervención de 5 personalidades destacadas de la escena pública para fungir como intermediarios para el diálogo con el gobierno. Entre ellos al obispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa.
El EPR manifestaba: “Nosotros no estamos por la violencia irracional; tratamos de evitarla”
Un día, después, el viernes 25 de abril, las cinco personalidades aceptaron públicamente la encomienda, dando tiempo tanto la pronta respuesta por la parte gubernamental, como la no intervención violenta por parte del grupo armado.
El lunes 28, la “comisión intermediadora” recibía, el visto bueno por el EPR a, su vez pedían la respuesta gubernamental de manera pública.
Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del PAN, Germán Martínez, muy en su papel de separar claramente al gobierno del partido, rechazó tajantemente en entrevista televisiva un diálogo entre el gobierno y el EPR, argumentando que “…no se puede dialogar con alguien que tiene una pistola en la mesa,… que chantajea… y que tiene argumentos de insurrección,…
En otro tono, Don Luis H. Álvarez, titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas opinaba que el gobierno siempre ha mantenido una postura de diálogo y negociación.
En tanto, en el Senado de la República se decidió llevar el asunto al pleno de sesiones. El PRI dio la bienvenida al ofrecimiento de diálogo, mientras que el coordinador de la bancada panista, Santiago Creel, instruía al presidente de la Comisión de Seguridad Pública a analizar la propuesta del grupo armado.
Misma postura tomaban también legisladores en la Cámara de Diputados, quienes incluso plantearon la creación de una ley de amnistía.
De entrada, el gobierno del presidente Calderón tardó varias horas en emitir un posicionamiento. El argumento era que primero había que verificar la autenticidad de dichos comunicados.
Un día después, el martes 29 de abril, el Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño señalaba que sí que se aceptaba el diálogo directo con el EPR; sin embargo, condicionaba el dialogo y pedía al grupo armado se comprometiera públicamente a no realizar ninguna acción violenta. Además, el gobierno les recordaba que se seguiría con la investigación de los atentados a las instalaciones de PEMEX del año pasado que causaron enormes pérdidas, aproximadamente mil millones de dólares.
Hasta el momento no hay una respuesta del grupo armado, pero seguramente la condición gubernamental no es muy de su agrado.
El EPR pasó a ser de un grupo beligerante y crítico hasta alcanzar acciones violentas. El modus operandi del EPR consiste en detonar inmuebles en lugares o instituciones simbólicas que generen inestabilidad en el ambiente político y cierto temor. Han cuidado, es cierto y hay que reconocerleo -hasta el momento-, atentar contra objetivos civiles.
De hecho las explosiones ocurridas en Veracruz han sido las acciones más violentas, pasaron a ser un tema de seguridad nacional.Y tambien, hay que decirlo, desde entonces no se han dado acciones de hostigamiento, sí, constantes amenazas en sus comunicados.
La PGR los cataloga como saboteadores y violentos; ellos han insistido en no ser parte de la delincuencia organizada, sino más bien se asumen como luchadores sociales.
Vale la pena preguntar:
¿Por qué diálogo en este momento?
¿Cuál es el fondo del asunto?
¿Será acaso una maniobra distractora?
¿Qué van a negociar las partes?
¿Se trata de las demandas planteadas en el comunicado del 2 de octubre?
¿Acaso pretende el EPR en convertirse en un partido político?
¿Hubo realmente negociaciones con una parte del EPR y el Cisen como lo han mencionado algunos columnistas?
Muchas preguntas pocas respuestas; la novela continua...,
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