Día Internacional de la eliminación de la violencia

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura
Parte de la versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 25 de noviembre de 2008
El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados: por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Blanca Luna Becerril; por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jesús Sesma Suárez; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez; por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez; por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Holly Matus Toledo; por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Yolanda Garmendia Hernández.
De acuerdo con esta relación de oradores, tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en 1999 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional por la no Violencia contra la Mujer, fecha elegida desde 1981 por las organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe, en conmemoración del asesinato por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, de las hermanas Miraval: Patricia, Minerva y María Teresa, activistas de la República Dominicana.
Sin duda este asesinato puso de manifiesto en forma trágica los prejuicios machistas y el sexismo, que se vuelven a veces en forma imperceptible parte de la realidad y que muestran hasta qué punto las sociedades llegamos a permitir que los hechos de violencia contra las mujeres se perpetúen en muy diversos contextos de la vida, particularmente en el ámbito familiar.
Aunque hoy podemos afirmar que existen avances en la erradicación de la violencia contra las mujeres en México, ya que contamos con un marco jurídico moderno, que hay avances significativos en materia de políticas públicas que promueven la prevención, atención y sanción como estrategias orientadas a erradicar la violencia hacia las mujeres, deplorable práctica que, como todas y todos sabemos, niega a la mitad de la población en nuestro país, niega a nosotras, las mujeres, un desarrollo pleno y una vida digna.
Sí, hoy estamos frente a un escenario muy distinto al que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas. Contamos con derechos que ellas ni se imaginaban que les correspondían. Sin embargo, seguimos experimentando violencia, discriminación y falta de oportunidades.
Nuestro diario acontecer da cuenta de que aún en pleno siglo XXI, cuando los aportes tecnológicos y científicos permiten a la humanidad una mejor y más larga vida, paradójicamente en las relaciones cotidianas, aquéllas donde podemos construir sólidos lazos de solidaridad, de hermandad, como en la familia, la pareja y el ámbito laboral, no hemos logrado aportar nuevas formas para resolver nuestras diferencias y conflictos sin anteponer la violencia.
Pero la violencia que más afecta, que más daña, que duele y en ocasiones mata es la violencia intrafamiliar, donde se supone que debe ser el espacio de seguridad, de confianza, de respeto y de crecimiento mutuo.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámicas de las Relaciones de los Hogares 2006, levantada por el INEGI, arrojaron que el 70 por ciento de las mujeres encuestadas han sufrido algún tipo de violencia. Y la violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último esposo o compañero. Así lo declara el 43.2 por ciento de las mujeres. A ésta le siguen la violencia en la comunidad, padecida por el 39.7 por ciento de las mujeres. La violencia en el trabajo representa 29.9 por ciento de las mujeres asalariadas. La familiar 15.9 por ciento y la escolar 15.6 por ciento.
Es urgente erradicar y enfrentar desde la escuela una cultura cargada de violencia, intolerancia y discriminación. La lucha contra la intolerancia es prioritaria y urgente para terminar con cualquier forma de discriminación contra las mujeres.
La educación debe ser una garantía, un campo fértil. La clave está, sin duda, en la formación de las nuevas generaciones. Las madres y los padres de familia, los docentes, los medios de comunicación y las autoridades tenemos un importante papel que cumplir para que la violencia contra las mujeres no eche raíz en las nuevas generaciones.
En este sentido, quisiera recordar una de las frases más bellas y profundas de Octavio Paz, que hace más de medio siglo plasmó en El laberinto de la soledad y en la cual ilustraba, con elocuencia, la hipocresía y la violencia con que la cultura machista trata a las mujeres.
Escribió Paz: "Como casi todos los pueblos, los mexicanos consideran a la mujer como un instrumento, ya de los deseos del hombre, ya de los fines que le asigna la ley, la sociedad o la moral. Fines, hay que decirlo, sobre los que nunca se le ha pedido consentimiento y en cuya realización participa sólo pasivamente, en tanto depositaria de ciertos valores". Hasta aquí la cita de Octavio Paz.
Le erradicación de la violencia es un asunto de Estado sí, pero también es un asunto personal de libertades, de toma de decisión, de mujeres y de hombres. Por eso las mujeres nos debemos hacer responsables y no permitirnos vivir más con la violencia.
Por eso, luchar contra la violencia es prioritario y urgente para terminar con cualquier forma de discriminación contra las mujeres.
Termino. Estoy convencida de que en la promoción activa de los derechos de las mujeres a través de la educación, de la promoción activa de la justicia para hacer valer sus derechos y aceptar las diferencias desde la primera edad escolar, se encuentra una gran oportunidad para erradicar las desigualdades y situaciones de discriminación y violencia que aún subsisten en nuestro país y en gran parte mundo.
La sociedad quiere resultados, y por ello, combatir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos se convierte en una razón más para acabar con la violencia, en general. Para avanzar en la democracia y en la mejor convivencia, las mujeres en la sociedad deben tener la certeza de que no sufrirán violencia en sus ámbitos familiar, laboral, escolar y social. Muchas gracias.

Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
Gracias, señora presidenta. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujeres, el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata hace suyo el pronunciamiento de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, para solicitar al Ejecutivo federal la publicación inmediata de la Norma Oficial 46, contra la violencia hacia las mujeres.
En México, en el 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley recupera las medidas que los gobiernos federal, estatales y municipales deben tomar para lograr una disminución considerable de la violencia de género en nuestro país. Particularmente, este 25 de noviembre queremos llamar la atención ante un hecho inexplicable. El Ejecutivo federal no ha dado el cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en las leyes.
El pasado 21 de julio, después de un largo proceso para su elaboración y cumpliendo con todos los requisitos de ley, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud, aprobó, por mayoría, la Norma Oficial Mexicana sobre la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Cuatro meses después no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada.
Las normas oficiales mexicanas son una regulación técnica de observancia obligatoria donde se establecen las características y especificaciones que deben reunir, en este caso, los servicios que prestan a la población. La necesidad de elaborar esta norma obedece a la necesidad de adecuar nuestras leyes, reglamentos y normas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular, la Norma 46 "violencia familiar, sexual y contra las mujeres", criterios para la prevención y atención que obedece al compromiso del Estado mexicano, firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de solución amistosa, petición 161/02, en la cual se comprometió a ampliar el objetivo de la Norma 190, relativa a la atención médica a la violencia familiar, la cual sigue vigente.
La Norma 46 especifica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual y a la violencia contra las mujeres. Se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar sobre la alternativa legal para interrumpirlo; toda vez que en todo el país está despenalizado realizarlo por esta circunstancia.
Aunque en últimas fechas observamos vergonzosos cargos contrarios a todo derecho en estados como Morelos, donde el Partido Acción Nacional en complicidad con el Partido Revolucionario Institucional han dado marcha atrás a derechos logrados por las mujeres. Por ejemplo: dando marcha atrás a las cinco causales, entre ellas la de aborto por violación. Con esto hacemos un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que en otros estados del país llame la atención de sus legisladores y no se repitan estos casos de grave violación a los derechos humanos de las mujeres.
La Norma 46 es relevante, porque establece los criterios para detectar, prevenir, atender médicamente y orientar la violencia familiar y sexual más allá del ámbito domestico en los servicios de salud.
La norma fue elaborada con base en evidencia técnica y científica, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano y contribuye al respeto y defensa de los derechos humanos; especialmente los de las mujeres.
Además, esta concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007.
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, no publicarla es vulnerar la integridad física de millones de mexicanas. No existen argumentos legales o técnicos para no hacerlo. Esta omisión es una grave agresión del gobierno que violenta los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también tipifica la violencia de Estado, como una inacción que pueden incurrir él mismo cuando no brinda atención a las víctimas de violencia o cuando incitan a las mismas a que desistan de denunciar y que quede claramente conceptualizada como tolerancia de la violencia.
Por lo anterior, exhortamos al Ejecutivo federal y a las buenas conciencias que despachan desde la Secretaría de Salud, a publicar, de inmediato, la Norma Oficial contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchas gracias.
Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
A nueve años de que la ONU declaró el 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en pleno siglo XXI, la violencia de género es la principal transgresión de los derechos humanos de las mujeres y su eliminación el principal reto para alcanzar una sociedad justa e igualitaria.
Las mujeres hemos venido abriéndonos espacio en la vida pública y ahora nos encontramos en las universidades desarrollando actividades laborales que no eran consideradas propias de nuestro género; participando activamente en la política y buscando espacios en los cargos de decisión, luchando por nuestros derechos y exigiendo el respeto a los mismos. Trabajamos desde los campos hasta las urbes para superar las exclusiones y la discriminación.
Todo ello ha tenido altos costos, dobles y triples jornadas, discriminación laboral y el aumento de la violencia, siendo ésta, sin duda, el mayor de los costos, pues muchas han pagado con su propia vida.
A pesar de que la violencia de género es compleja, diversa en sus manifestaciones, sigue considerándose como algo normal, y con frecuencia resulta invisible para las propias mujeres maltratadas.
Los datos con lo que se cuenta son suficiente evidencia de que esta violencia se constituye como el primer obstáculo a vencer para el desarrollo pleno de las mujeres: perturba su vida, disminuye su confianza, afecta su autoestima y limita su participación en la esfera pública.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, 4 de cada 10 mujeres son ultrajadas por su propia pareja. Y 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia.
También 9 de cada 100 han sido víctimas de un delito por violencia de género. Una de cada tres mujeres abandona su lugar de origen como consecuencia de actos de violencia en su contra, y 4 de cada 10 feminicidios ocurridos en la república mexicana se han registrado dentro del hogar de la víctima.
El precio que se tiene que pagar no es sólo para las mujeres, como lo afirma Teresa Rodríguez, directora regional de Unifem, la violencia de género detiene el desarrollo de los países, pues si de costos hablamos, los de la violencia contra las mujeres oscilan entre el 1.6 y el 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la región latinoamericana, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo en una investigación realizada en 1997.
Pese a este estudio, la información existente en la región sobre los devastadores costos económicos directos e indirectos de la violencia de género aún es muy limitada. La violencia contra las mujeres tiene costos directos como los referidos al daño o pérdida de vidas y a los servicios que se deben proporcionar, sean de salud, legales, de protección o de otro tipo.
También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la disminución de la productividad que impacta en la economía global, Y muchos otros de ésta última categoría, algunos denominados costos intangibles, que en su mayoría no son contabilizados por la dificultad que entraña su medición. Entre ellos están: el costo de las vidas destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de la depresión, de los intentos de suicido, de la pérdida de oportunidades para lograr las propias metas y de la autoestima de las mujeres.
A su vez, están los llamados costos de transmisión, originados en efectos multiplicadores hacia el futuro de la violencia familiar. Es sabido que ésta se convierte en un modelo de resolución de conflictos que se replica cuando los niños son víctimas o testigos: tienden a repetir estas conductas violentas en su vida adulta.
El Banco Mundial calcula que uno de cada cinco días laborales que pierden las mujeres, por razones de salud, es el resultado de problemas relacionados con violencia familiar, que incluye la física, al sexual, la psicológica y la patrimonial, ocurrentes tanto en el ámbito público como en el privado.
En nuestro país hace apenas 10 años, y en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres, pasó del ámbito de lo privado al dominio público con la primera Ley de Asistencia para la Atención de la Violencia Familiar, con la que la violencia sale de las 4 paredes del hogar y se convierte en un asunto en el que las autoridades tenían que intervenir.
Sin embargo, muchos años tuvieron que pasar, cientos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, e incluso la presión internacional, para poner en evidencia la manifestación más grave de la violencia de género: el feminicidio, que es denominado así por la investigadora y en ese entonces diputada, Marcela Lagarde, quien además puso en evidencia que la violencia feminicida no era un hecho aislado y referido sólo a esa ciudad fronteriza, sino que estaba presente, pero invisible, en todos y cada uno de los estados de la república mexicana. Y lo mismo afecta a mujeres, niñas, ancianas o jóvenes, pobres o ricas, y de diferentes formas, desde la violencia física, emocional y económica, hasta aquella que acaba con la vida de las mujeres.
De ello se derivó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por esta legislatura y decretada por el Ejecutivo hace apenas año y medio.
La violencia de género tiene importantes consecuencias en la vida de las mujeres y el desarrollo de los países, y por tanto es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del Estado en sus tres niveles de gobierno, actuar eficazmente para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
En Convergencia estamos convencidos que en el ejercicio del poder cada uno debe hacer lo que le corresponde. En ese sentido, hemos coadyuvado desde el Legislativo para atajar este grave problema. Por ello, hemos presentado diferentes iniciativas tendientes a armonizar las leyes con los tratados ratificados en esta materia.
También nos hemos sumado con determinación a los trabajos que desde la Comisión de Equidad y Género se han hecho para destinar recursos etiquetados en cada una de las dependencias encargadas de atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
En Convergencia queremos conmemorar este día como la oportunidad de analizar los retos que aún enfrentamos para solucionar este mal social. Debemos reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en diferentes espacios, no hemos logrado arrebatarle ni una vida al feminicidio; ni una rasguño al maltrato y ni un golpe a la conciencia. Los números siguen en ascenso.
Debemos reemplazar las tareas que en esta Cámara tenemos pendientes como es la armonización legislativa nacional y local; pero también debemos exigir resultados al Ejecutivo federal y a los gobernadores, pues a pesar de los recursos destinados para este fin, es deficiente la coordinación entre las diferentes instancias responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Se duplican las acciones, se dejan vacíos en los que la omisión también nos hace responsables y por cuestiones ideológicas se niega a tratar otras dimensiones de la violencia de género, como lo es la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la escasa promoción de una cultura igualitaria.
Los costos de la violencia contra las mujeres son altos. Las posibilidades de eliminarla están en manos de todas y de todos los que aspiramos a un mayor bienestar, que irá de la mano con la equidad de género; y a una sociedad justa e igualitaria. Es cuanto, señora presidenta.
Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es para mí un honor ser el único hombre para hablar sobre este tema tan relevante. En mi partido, el Verde Ecologista, creemos que este problema, atañe, tanto a los hombres como a las mujeres.
Con su permiso, señora presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, hoy se cumplen nueve años que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque esta fecha es de gran relevancia para todos debido a las diversas actividades que todos los gobiernos realizan para sensibilizar a la población respecto al terrible problema de la violencia, es una realidad que para mañana todos olvidarán este problema y las mujeres continuarán en su agonía.
¿Cómo reeducar en poco tiempo a millones de hombres y de mujeres, mismas que por muchos años han visto, repetido o sufrido patrones de violencia dentro de sus casas, trabajos o escuelas?
¿Cómo aligerar la vida a esas millones de mujeres que en nuestro país viven y duermen con temor de sufrir algún tipo de daño al ser agredidas por sus esposos, sus padres o vecinos?
Compañeros, yo soy hombre y reconozco que en realidad todo se remite a un solo problema: el de derechos humanos. Deberíamos recordar que las mujeres merecen de nuestro reconocimiento, de nuestro respeto, de nuestra comprensión.
Sabemos que actualmente contamos con instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que establecen pautas para contrarrestar este problema como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por mencionar algunos.
Aunque esto representa, sin duda, avances en el ámbito federal, aún faltan esfuerzos para armonizar todas las leyes locales y actualizar los códigos civiles y penales en las entidades federativas. Además, el problema va más allá que una simple elaboración de leyes. El reto más importante radica en lograr que las políticas públicas causen efectos en las conductas de las personas. Pero estamos conscientes de que esto es un proceso lento.
Mientras tanto, entre los esfuerzos que debemos realizar como legisladores, están los de mejorar los mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las sanciones en la materia.
Asimismo, debemos fomentar la cultura de la denuncia entre nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras esposas y nuestras hijas.
Debemos hacer énfasis en que la prevención a través de cultivar el respeto y la equiparación de los roles de género en nuestras familias, porque es alarmante tener cifras como las del 2006 respecto a la violencia de la pareja, en donde 40 de cada 100 mujeres de 15 años o más reportaron haber sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja.
Compañeros, la violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos, libertades individuales, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder.
Realmente todos los días las mujeres enfrentan obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Lidian con limitaciones que imponen ciertos roles asignados por la sociedad que ensombrecen su reconocimiento y su autonomía, generando, en muchos casos, inequidades y/o discriminaciones.
Por eso hoy la mejor forma de conmemorar la eliminación de la violencia contra la mujer es como representantes del pueblo y como hombres, seamos solidarios en esta lucha. Finalmente, ellas representan más de la mitad de nuestra población.
Nuestro compromiso debe ser el velar que todas las leyes y demás políticas públicas, protejan a las mujeres y busquen su reintegración a la sociedad y establezcamos las pautas para sancionar cualquier acto que transgreda a una mujer y rehabilite a los hombres agresores para que no vuelva a afectar a más personas a lo largo de su vida. Necesitamos los hombres contribuir a hacer más ligera la carga para ellas, las mujeres.
Por esto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, les exhorta a apoyar los trabajos parlamentarios que contribuyan a eliminar definitivamente la violencia en nuestro país. Muchísimas gracias.

Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del PRI:

Con el permiso, señora presidenta. Subo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para recordar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Esta conmemoración, como ustedes saben, tiene sus orígenes en el año de 1960, donde las tres hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas en la República Dominicana, debido a su activismo político. Las hermanas conocidas como "Las mariposas inolvidables", se convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina.
Y como ustedes recordarán, el 25 de noviembre es la fecha que se ha elegido para conmemorar sus vidas y para promover el reconocimiento mundial contra violencia de género.
Y fue, como se ha comentado ya, la Asamblea General de las Naciones Unidas quien declaró este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres e invitó a gobiernos y organizaciones a desarrollar en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto a este grave problema social.
En esta Legislatura, en la LX, queremos aprovechar, mi grupo parlamentario, para hacer un recuento breve sobre lo que hemos podido aportar en esta Legislatura, para luchar contra este grave problema social. Y una de esas cosas que hemos trabajado y que se han dado pasos muy importantes, es en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2008. Ahí, la Comisión de Equidad y Género, donde honrosamente participamos mujeres y hombres que creemos en otra forma de ser humanos y en otra forma de ser libres, etiquetamos recursos por mil 163 millones de pesos para dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También ha sido esta legislatura la que ha contribuido determinantemente a la armonización legislativa. Ha sido esta legislatura que ha emprendido varias acciones para dar cumplimiento a los acuerdos sostenidos en el 2007, y que todas y todos los diputados de esta legislatura suscribimos el pacto nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, sustentándose ahí una vinculación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
En uno de sus objetivos promovimos la lucha contra la violencia de género y, sobre todo, presupuestar concretamente para acciones dirigidas en contra de la violencia. Ha habido avances importantes como que se le etiquetó, en este Presupuesto, 112.3 millones de pesos para el Fondo para Acciones de Combate a la Violencia, en Inmujeres, y 20 millones de pesos para programas de capacitación al magisterio, entre otros.
Pero en este recuento solamente, a nombre del Partido Revolucionario Institucional que ha sido precursor de transformaciones históricas a favor de los derechos humanos y la dignidad y la violencia hacia las mujeres mexicanas, las integrantes del Grupo Parlamentaria del PRI consideramos importantes las siguientes propuestas para un avance integral en esta materia.
Primero, dar cumplimiento a las recomendaciones generadas por el comité de expertas, del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Fortalecer alianzas con hombres y mujeres, promotores de la igualdad entre los géneros y la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
Impulsar, con pleno respeto a la autonomía y al poder constituido en cada estado de la república, que se presupueste, también a nivel local, sobre el trabajo que se tiene que hacer en los presupuestos de cada estado, para etiquetar recursos a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en cada entidad federativa.
Se debe trabajar más en reconstruir los enlaces permanentes con las organizaciones no gubernamentales con trabajos sobre no violencia, para articular esfuerzos estratégicos y cercanos a las demandas sociales.
Debemos trabajar más, promoviendo en el Poder Judicial de la Federación los esquemas de coordinación interinstitucional en contra de la violencia de género.
Coadyuvar en la implementación de acciones planificadas de cobertura nacional y estatal, para erradicar los altos índices de feminicidios en nuestro país.
Y, finalmente, debemos impulsar para que se transparenten más los costos económicos, que representan al Estado mexicano desatenderse de este grave problema social que es la violencia de género.
Compañeras y compañeros diputados, la violencia de género envía un mensaje de subordinación implícito y explícito hacia la mitad de la población, en ejercicio de su libertad, derecho y dignidad.
Una real inclusión social, una efectiva igualdad de oportunidades y condiciones justas para un desarrollo libre de violencia, depende de que todos los actores en este país hagamos nuestro trabajo y cada quien cumpla su parte. Muchas gracias.
Holly Matus Toledo, PRD

La declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia como "cualquier acto de violencia basado en el género, que produzca o que pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de su libertad, tanto en la vida pública como en la privada".
En esta misma declaración se dice también que la violencia contra la mujer abarca la violencia que se produce en el seno de la familia, en la comunidad en general, en el trabajo, en las instituciones escolares, y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado.
A todas estas formas de violencia se les denomina "violencia de género" y se asocian a desigualdades de poder.
Muchos son los tipos de violencia que se han ejercido sobre las mujeres, pero la peor de todas, a la que inclusive se le ha dado carta de ciudadanía es la ejercida por el Estado. El Ejecutivo ha cometido violencia contra las mujeres cuando a sabiendas de que la carga global de trabajo en mujeres es mayor por 4.1 horas al día que los hombres; que se requiere construir relaciones igualitarias al interior de los hogares, y que esta Legislatura, por unanimidad, exhortó a establecer medidas para garantizar las responsabilidades familiares. Este hecho se elude, se niega, se ha evadido por parte del Ejecutivo.
El Ejecutivo comete violencia contra las mujeres cuando ignora sus propias estadísticas que indican que las mujeres urbanas presentan una pobreza alimentaria 35 puntos arriba de los hombres, 33 puntos arriba en la pobreza de capacidades y 22 puntos más en la pobreza patrimonial, y continúa omitiendo las acciones diferenciadas y equitativas para las mujeres.
Comete violencia, a través de la Secretaría de Salud, pues a sabiendas de que la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares son las tres principales causas de muerte en mujeres, abarcando el 33.4 por ciento del total de defunciones, y a pesar de ello, no se destinan recursos para la investigación y la atención diferenciada e integral de las mujeres.
Comete violencia el Ejecutivo pues a pesar de saber que las muertes por cáncer de cuello de útero ocupan el décimo lugar del total de defunciones de mujeres en México, y de un total de 12 mil 762 mujeres detectadas con lesiones de alto grado y cáncer invasor, solamente 880 casos fueron tratados y las más de 11 mil restantes dejadas al olvido.
Se es cómplice de violencia cuando, después de haber recibido durante el 2008 denuncias contra 46 servidores públicos panistas, por estar involucrados en hechos delictivos contra las mujeres por abuso de autoridad, lesiones, amenazas, hostigamiento sexual y abuso sexual, estos siguen gozando de los beneficios institucionales.
El Congreso de la Unión no se queda atrás. Ha violentado los derechos de las mujeres en la reforma del Estado. En el tema de garantías sociales, después de un arduo trabajo se nos negó, por parte del partido en el poder, la oportunidad de homologar la Constitución Política en 29 artículos, a fin de garantizar los derechos de las mujeres. En el tema de reforma electoral, la paridad fue una negativa constante.
En esta Cámara, la mayoría de las propuestas legislativas carecen de perspectiva de género y la asignación de los recursos se han hecho más en función de intereses personales que en beneficio de las mujeres.
Por hoy, el Congreso de la Unión tiene una enorme deuda con las mujeres mexicanas, pues de las más de 500 reformas constitucionales que se han efectuado desde 1917, sólo siete han sido en beneficio directo de las mujeres.
Los Congresos estatales, entre ellos el de Morelos, hoy en día han aprobado retrocesos respecto a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre todo cuando han sido víctimas de violación.
Comete violencia el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, al hacer sus declaraciones, junto con el secretario de Salud, en donde se atenta contra los derechos de las mujeres y el Estado laico. A ellos hacemos un llamado a la congruencia, a fin de que se respeten los derechos de las mujeres de estos estados.
Se ha negado la protección del Estado, a saber, que de enero de 2007 a septiembre de 2008 se han incrementado en un 186.5 por ciento el número de mujeres y niñas desaparecidas y solamente han sido localizadas el 38 por ciento de las mismas.
Se ha negado la justicia expedita a 4 mil 938 mujeres, las cuales se encuentran presas sin haber sido sentenciadas y representan el 44.23 por ciento del total de mujeres encarceladas.
Se ha negado protección y justicia a las mujeres migrantes que no sólo tienen que enfrentar abusos, extorsiones, vejaciones y humillaciones por parte del Instituto Nacional de Migración, las policías federal, estatal y municipal, guardias de seguridad privadas sino también de las redes del tráfico de personas y de bandas de delincuentes.
La impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia violan día a día los derechos humanos de las mujeres juarenses. 75 feminicidios registrados en lo que va del 2008 en Ciudad Juárez lo demuestran.
¿Qué más se puede decir sobre la violencia del Estado contra las mujeres? ¿Quién va a pagar por las muertes, humillaciones, la detención arbitraria, las violaciones y abusos sexuales cometidos por agentes del Estado mexicano en contra de las mujeres de las poblaciones de Castaños, Coahuila, Zongolica, Veracruz, Nocupétaro, Michoacán y San Salvador Atenco del Estado de México?
¿Quién pondrá un alto a los cómplices gubernamentales, a los jerarcas católicos o empresarios que prostituyen a niños y niñas o los utilizan en la pornografía infantil? ¿Quién dará cuenta por cada mujer o niña que es asesinada cada seis horas en este país?
La violencia institucional, evidenciada por el quebrantamiento persistente y numeroso de los derechos humanos en sus diversas expresiones, constituye un atraco a los derechos de las mujeres.
Este 25 de noviembre queda nuevamente evidenciada la violencia institucional que se da hacia las mujeres.
Yolanda Garmendia Hernández, PAN
Con su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, hoy nos reunimos para hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Atroz es la situación de la mujer cuando se trata de la violencia que sufre, que aún padece en nuestra sociedad.
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54134, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La fecha fue elegida como una conmemoración del brutal asesinato en 1960 de tres de las hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, ejecutado por orden del dictador Rafael Trujillo, quien dominó ese país de 1930 a 1961.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es ocasión para continuar la lucha emprendida por muchas mujeres del mundo en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Hoy, como sociedad, debemos reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la igualdad de los derechos de la mujer. La Carta de San Francisco de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó que la igualdad de género es un derecho humano fundamental.
El secretario general de Naciones Unidas recientemente recordó, con motivo de la conmemoración, que en la Cumbre Mundial 2005 los gobiernos de todas las naciones acordaron que el progreso de la mujer es el progreso de todos. Sin embargo, el examen decenal de la aplicación de la plataforma de acciones de Beijing puso de manifiesto en muchos países si habría una gran brecha entre la normativa y la práctica.
La falta de voluntad política, dijo el secretario general de la ONU, se hace patente de la forma más reveladora: falta de recursos y asignaciones presupuestarias insuficientes. Esa es la razón que el tema de la conmemoración 2008 del Día Internacional de las Mujeres sea invertir en las mujeres y las niñas.
Los dirigentes del mundo, reunidos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en septiembre del 2000, hicieron el compromiso de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Reconoce también que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable integral e indivisible de los derechos humanos universales y reconoce, además, la necesidad de promover y proteger todos los derechos de la mujer y las niñas.
Con ello, el gobierno mexicano se ha comprometido a implementar las recomendaciones de diversos órganos internacionales de derechos humanos y a cumplir las obligaciones que el derecho internacional impone respecto a los derechos de la mujer.
En este tema, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo. Hemos hecho un frente común. No le restemos mérito a lo que estamos haciendo de manera conjunta, señalando otros temas que no están en el debate.
Así, en los últimos años, las autoridades mexicanas se han mostrado activas en distintos niveles de gobierno para aumentar la sensibilización de la opinión pública en relación con la violencia contra las mujeres.
También se han producido avances en la aprobación de legislaciones y la creación de varias instituciones oficiales para abordar las necesidades de las víctimas de la violencia en el ámbito familiar. Por ejemplo, la violencia doméstica se ha tipificado como delito en la mayoría de los estados de nuestro país.
El número de casas-refugio ha aumentado en varios estados y se han creado institutos de la Mujer a nivel nacional y estatal, que han coordinado una amplia variedad de programas, de formación y concientización.
En este marco de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres es importante no olvidar: "la violencia contra las mujeres es el delito más común, pero el menos castigado en el mundo".
Los estudios muestran que cada vez son mayores los vínculos entre la violencia contra las mujeres y el VIH, que las mujeres infectadas con el VIH tienen mayor probabilidad de haber sufrido violencia y que las mujeres que han sufrido violencia corren un mayor riesgo de infectarse con el VIH.
En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo señala: en Chile el 60 por ciento de las mujeres que viven en pareja sufren algún tipo de violencia doméstica, y más del 10 por ciento agresión grave.
En Colombia más del 20 por ciento de las mujeres han sido víctimas de abusos físicos, 10 por ciento ha sido víctima de abusos sexuales y el 34 por ciento ha sido víctima de abusos psicológicos.
Según la Asociación Mexicana contra Violencia Hacia las Mujeres, 9 de cada 10 casos de víctimas de violencia son mujeres, de las cuales 7 de cada 10 son agredidas por su pareja.
Un avance fundamental en el ámbito legislativo fue la ampliación del debate sobre la violencia familiar a todas las formas violencia contra las mujeres, lo cual condujo a la aprobación en el 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que retoma el concepto jurídico internacional "Violencia contra las mujeres" e incluye modalidades de violencia como la violencia sexual, institucional, en la comunidad, la violencia familiar y la violencia feminicida.
Asimismo, incluye la regulación y coordinación de refugios de violencia doméstica a nivel nacional. Una reeducación de género obligatoria para quienes cometen crímenes basados en el género y la alerta de violencia de género, entre otras disposiciones.
Es importante destacar que esta ley dispone la obligación del Ejecutivo federal de proponer, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el asignar una partida presupuestal para garantizar el cumplimiento de los objetivos, del sistema y del programa previsto en la misma.
Tenemos que reconocer que en esta Legislatura hemos avanzado al aprobar un presupuesto mucho mayor que el año pasado a favor de los programas de mujeres. Este presupuesto finalmente viene siendo mermado, porque para atender a las mujeres víctimas de violencia nos estamos gastando 2 mil millones de pesos, cuando les asignamos casi mil; entonces, hagamos las cuentas.
Además, crea el Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, que debe contemplar las acciones de carácter preventivo, de atención, de investigación de la violencia de género. El proceso de homologación estatal de esta ley dio inicio.
De hecho, para septiembre de 2008 tenemos 23 entidades federativas que han aprobado su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero, compañeros, esto no es suficiente. Todavía necesitamos trabajar en los marcos en materia penal para que esta ley pueda ser de protección a las mujeres.
En este contexto, y congruente con una larga tradición de compromiso real con la mujer, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsamos las acciones legislativas o de política pública que nos permitan construir una sociedad donde se respeten plenamente los derechos de la mujer.
Con una visión incluyente, coincidimos en que todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra la mujer, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de estos actos queden impunes.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestro tiempo. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas.
La violencia no es algo que se construye en un día, y como se dice: borrar una acción negativa requiere de mil acciones positivas. Tenemos que trabajar arduamente para poder conseguir el cambio.
Por ello, desde esta tribuna en la que se hace escuchar la voz de la nación, llamo a los Congresos locales a modificar las disposiciones del derecho penal que ponen en riesgo el derecho a la vida, la libertad y seguridad de la población femenina y, prácticamente, constituyen una licencia para matar.
Estoy convencida de que las diputadas y los diputados de los Congresos locales harán suyas estas preocupaciones y derogarán o modificarán las disposiciones legales que impiden a las mujeres el goce pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Y, a mis compañeras y compañeros de esta legislatura, los exhorto a continuar, a perfeccionar el marco legal que nos permita alcanzar la igualdad de género sin violencia alguna.
Antes de terminar quisiera señalar, que hoy se lanza la campaña "Hombres contra la violencia", por lo cual felicito al Instituto Nacional de las Mujeres y, sobre todo, a todos los hombres que se sumen a esta campaña, porque la violencia no es un asunto de mujeres, es un asunto de hombres y mujeres. Buenas tardes.
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. La lucha en contra de una sociedad sin violencia es una tarea que corresponde a todos; a los órganos del Estado y a sus instituciones, a la sociedad civil y a sus organizaciones ciudadanas.
Dentro de este empeño se destaca el día de hoy la lucha por erradicar una de las formas más oprobiosas de la violencia; aquella que se ejerce en contra de las mujeres por el sólo hecho de serlo. Alimentando a lo largo del tiempo una secuencia de agravios de todo tipo, que reproduce una y otra vez patrones de conducta torcidos, mismos que aprendemos desde muchos ámbitos de la sociedad, e incluso, en el seno familiar, y que dada su propagación, tiende, lamentablemente, a hacerse invisible para muchos.
Hoy es momento de hacer una recapitulación de los esfuerzos sociales para abatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, como un derecho que nos asiste de manera natural, tan sólo porque somos la mitad de la humanidad, tan sólo porque formamos parte de esa díada portentosa, que junto con el hombre ha generado cultura, progreso y, por qué no decirlo, también amor.
Sería ocioso decir, hoy, que falta mucho por hacer. En el amplio horizonte del tiempo apenas y hemos estructurado las medidas que pretendemos coadyuven a incidir en el problema. Sin embargo, sería injusto no reconocer lo que ha venido a aportar a la circunstancia que nos ocupa, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que conforma el bagaje de recursos jurídicos que nos asisten a las mujeres, junto con la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otros ordenamientos.
En el marco constitucional que sustenta la igualdad y la equidad entre los géneros, en términos de lo señalado por los artículos 1o, 2o, 3o, 4o y 34 de nuestra Carta Magna, es momento propicio para reconocer las políticas públicas que a partir del marco jurídico vigente han dado lugar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero este día también es idóneo para reflexionar sobre la necesidad de atender el problema de la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva integral y humana.
No solamente es imperativo atender a las víctimas de este tipo de agresión, sino también a los agresores, porque ellos son víctimas también de un conjunto de circunstancias sociales que les han retroalimentado a lo largo de generaciones: conductas violentas.
Es necesario avanzar hacia el combate de la enfermedad sin dejar de atender a los enfermos. Reconozcamos que las razones más profundas de la violencia en contra de las mujeres no se hallan solamente en el agresor, sino también en su circunstancia.
Por todo lo anterior, hacemos votos fervientes para que en esta sociedad tan convulsionada que nos ha tocado vivir, la violencia contra las mujeres, bajo todas sus modalidades, vaya dejando su lugar a la razón y a la concordia.