Columna Plaza Pública/ Miguel Angel Granados Chapa
Javier Herrera Valles
Quién sabe si el ex comandante de control regional de la PFP cometió delitos o no. Pero es claro que se le detuvo no por ellos, sino como represalia por su denuncia contra el secretario de Seguridad Pública federal
Quién sabe si el ex comandante de control regional de la PFP cometió delitos o no. Pero es claro que se le detuvo no por ellos, sino como represalia por su denuncia contra el secretario de Seguridad Pública federal
En un boletín que pretende informar sobre un mero trámite ministerial, el martes pasado la PGR informó que "el día de ayer fue presentado Javier Herrera Valles ante... la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en virtud de una orden de localización y presentación girada" por un fiscal federal. El comunicado agrega que Herrera Valles "comparece ante la autoridad ministerial para manifestar lo que a su interés jurídico convenga ante imputaciones que lo relacionan con la recepción de pagos para proteger actividades delictivas de integrantes de grupos de la delincuencia organizada durante su desempeño como mando de la Policía Federal Preventiva".
La realidad que esa información oficial buscó ocultar es que Herrera Valles fue detenido por la fuerza la noche del lunes 17, sobre la calle de Balderas, cuando el vehículo en que viajaba en compañía de su hijo Eduardo fue interceptado y él subido por la fuerza a una patrulla donde se le golpeó con tal contundencia que tiene lesionada una costilla, según constancia oficial.
El 21 de noviembre Herrera Valles fue declarado bajo arraigo por 40 días, que cumplirá en una suerte de cárcel ilegal establecida por la PGR en la colonia de los Doctores de la Ciudad de México, en donde se encuentra preso también su hermano Arturo, mando de la propia Policía Federal a quien se acusa igualmente de nexos con el narcotráfico. Javier Herrera Valles será también vecino en ese ambiguo sitio de reclusión de Gerardo Garay, que apenas el 10 de octubre, en su carácter de comisario interino de la PFP, encabezó la comisión de honor que expulsó de esas filas a Herrera Valles, y ahora padece arraigo por señalamientos similares a los imputados a su víctima de entonces.
Javier Herrera Valles perteneció por décadas a la Policía Federal de Caminos que en 1999 fue absorbida por la Policía Federal, en la que llegó a ser coordinador de seguridad regional, cargo del que fue destituido el 20 de febrero pasado, en coincidencia con el envío de una carta al presidente Felipe Calderón en que denunció irregularidades e insuficiencias graves atribuidas al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ante el silencio de la casa presidencial, Herrera Valles remitió una segunda carta en mayo, que tampoco mereció acuse de recibo. Supo, sin embargo, que García Luna conocía esos documentos, y se declaró desde entonces víctima de un hostigamiento que culminó con su detención y declaratoria de arraigo la semana pasada. Puede suponerse que la formalización de esas acciones en su contra se realizó ahora en el marco de las informaciones en torno de la Operación Limpieza para presentarlo como parte de ella. Formalmente, tras su destitución del mando en febrero, se le siguió un proceso administrativo cuya etapa final terminó el 10 de octubre cuando el tribunal interno de la PFP lo echó de la corporación. La causa formal de su despido fue que faltó a sus labores cuatro días, el 3 y el 6 de junio y el 9 y 12 de julio, a pesar de que su presencia en esas fechas consta en los registros correspondientes.
Herrera Valles posee desusadas calificaciones técnicas, según su currículum oficial. Además de formarse en la Escuela Profesional de la Policía Federal de Caminos, es piloto aviador con capacidad de instructor de vuelo en helicóptero y capitán de vuelo. Presidió la asociación nacional de egresados de la escuela del FBI y se graduó como licenciado en criminología, cuya maestría cursaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León (Reforma, 2 de marzo de 2008).
El ahora ex comandante arraigado llegó a la coordinación regional de que fue destituido en febrero, apenas en mayo anterior. Reemplazó entonces a Francisco Javier Garza Palacios, que cayó de ese cargo a raíz de la ineficacia de su oficina en el caso del convoy armado que recorrió el estado de Sonora sin que nadie perturbara su trayecto y cometió asesinatos y se enfrentó a la fuerza pública. Sin embargo, como señal de la doble vara que en la SSP se aplica según se trate de amigos o no del titular García Luna, Garza Palacios fue premiado con la agregaduría de seguridad en Bogotá, donde actualmente se halla.
En sus desatendidas cartas a Calderón, Herrera Valles refirió experiencias personales e hizo un análisis general sobre el desempeño de la secretaría de Seguridad Pública. Tras citar casos análogos, refirió que en el "mes de febrero de 2007 se me ordenó iniciar el Operativo Nuevo León-Tamaulipas igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia... nuevamente dando a conocer a los medios de manera previa el inicio de dicho operativo". Una difusión pública semejante provocó, según la carta al Presidente, la ejecución de tres miembros de la AFI, hospedados en Monterrey el 11 de septiembre de 2007, así como la tortura y asesinato de dos más, cuyos cuerpos fueron hallados en Santa Catarina.
Herrera Valles denunció también que "12 comandantes de la AFI que supuestamente fueron destituidos, ingresaron a la Policía Federal Preventiva con grados de comisario o director general adjunto (con sueldo mayor que en la AFI)". Siete de ellos, añadió, reprobaron el examen en el área de control de confianza, "siendo requisito indispensable aprobar dichos exámenes para poder ingresar a la PFP, por lo que elaboraron siete cartas responsivas de capacidad profesional y de buena conducta que pretendían que yo avalara con mi firma".
No aceptó hacerlo, fue destituido y hoy está a punto de ser procesado.
La realidad que esa información oficial buscó ocultar es que Herrera Valles fue detenido por la fuerza la noche del lunes 17, sobre la calle de Balderas, cuando el vehículo en que viajaba en compañía de su hijo Eduardo fue interceptado y él subido por la fuerza a una patrulla donde se le golpeó con tal contundencia que tiene lesionada una costilla, según constancia oficial.
El 21 de noviembre Herrera Valles fue declarado bajo arraigo por 40 días, que cumplirá en una suerte de cárcel ilegal establecida por la PGR en la colonia de los Doctores de la Ciudad de México, en donde se encuentra preso también su hermano Arturo, mando de la propia Policía Federal a quien se acusa igualmente de nexos con el narcotráfico. Javier Herrera Valles será también vecino en ese ambiguo sitio de reclusión de Gerardo Garay, que apenas el 10 de octubre, en su carácter de comisario interino de la PFP, encabezó la comisión de honor que expulsó de esas filas a Herrera Valles, y ahora padece arraigo por señalamientos similares a los imputados a su víctima de entonces.
Javier Herrera Valles perteneció por décadas a la Policía Federal de Caminos que en 1999 fue absorbida por la Policía Federal, en la que llegó a ser coordinador de seguridad regional, cargo del que fue destituido el 20 de febrero pasado, en coincidencia con el envío de una carta al presidente Felipe Calderón en que denunció irregularidades e insuficiencias graves atribuidas al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ante el silencio de la casa presidencial, Herrera Valles remitió una segunda carta en mayo, que tampoco mereció acuse de recibo. Supo, sin embargo, que García Luna conocía esos documentos, y se declaró desde entonces víctima de un hostigamiento que culminó con su detención y declaratoria de arraigo la semana pasada. Puede suponerse que la formalización de esas acciones en su contra se realizó ahora en el marco de las informaciones en torno de la Operación Limpieza para presentarlo como parte de ella. Formalmente, tras su destitución del mando en febrero, se le siguió un proceso administrativo cuya etapa final terminó el 10 de octubre cuando el tribunal interno de la PFP lo echó de la corporación. La causa formal de su despido fue que faltó a sus labores cuatro días, el 3 y el 6 de junio y el 9 y 12 de julio, a pesar de que su presencia en esas fechas consta en los registros correspondientes.
Herrera Valles posee desusadas calificaciones técnicas, según su currículum oficial. Además de formarse en la Escuela Profesional de la Policía Federal de Caminos, es piloto aviador con capacidad de instructor de vuelo en helicóptero y capitán de vuelo. Presidió la asociación nacional de egresados de la escuela del FBI y se graduó como licenciado en criminología, cuya maestría cursaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León (Reforma, 2 de marzo de 2008).
El ahora ex comandante arraigado llegó a la coordinación regional de que fue destituido en febrero, apenas en mayo anterior. Reemplazó entonces a Francisco Javier Garza Palacios, que cayó de ese cargo a raíz de la ineficacia de su oficina en el caso del convoy armado que recorrió el estado de Sonora sin que nadie perturbara su trayecto y cometió asesinatos y se enfrentó a la fuerza pública. Sin embargo, como señal de la doble vara que en la SSP se aplica según se trate de amigos o no del titular García Luna, Garza Palacios fue premiado con la agregaduría de seguridad en Bogotá, donde actualmente se halla.
En sus desatendidas cartas a Calderón, Herrera Valles refirió experiencias personales e hizo un análisis general sobre el desempeño de la secretaría de Seguridad Pública. Tras citar casos análogos, refirió que en el "mes de febrero de 2007 se me ordenó iniciar el Operativo Nuevo León-Tamaulipas igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia... nuevamente dando a conocer a los medios de manera previa el inicio de dicho operativo". Una difusión pública semejante provocó, según la carta al Presidente, la ejecución de tres miembros de la AFI, hospedados en Monterrey el 11 de septiembre de 2007, así como la tortura y asesinato de dos más, cuyos cuerpos fueron hallados en Santa Catarina.
Herrera Valles denunció también que "12 comandantes de la AFI que supuestamente fueron destituidos, ingresaron a la Policía Federal Preventiva con grados de comisario o director general adjunto (con sueldo mayor que en la AFI)". Siete de ellos, añadió, reprobaron el examen en el área de control de confianza, "siendo requisito indispensable aprobar dichos exámenes para poder ingresar a la PFP, por lo que elaboraron siete cartas responsivas de capacidad profesional y de buena conducta que pretendían que yo avalara con mi firma".
No aceptó hacerlo, fue destituido y hoy está a punto de ser procesado.
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Columna Plaza Pública/Miguel Ángel Granados Chapa
Dos Felipes, uno protegido, otro protector
Reforma 23-Nov-2008
Felipe es el nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos y que en julio pasado, en declaración rendida en la embajada mexicana en Washington, ofreció la información que dio lugar a la Operación Limpieza, que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y que ha incluido la detención de altos mandos de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
Dos Felipes, uno protegido, otro protector
Reforma 23-Nov-2008
Felipe es el nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos y que en julio pasado, en declaración rendida en la embajada mexicana en Washington, ofreció la información que dio lugar a la Operación Limpieza, que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y que ha incluido la detención de altos mandos de esa Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública.
El principal resultado de los informes dados por Felipe -y otros testigos protegidos, Jennifer y David- ha sido la detención de Noé Ramírez Mandujano, que hasta el 31 de julio pasado, y a partir del comienzo de la actual administración, fue subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, cargo en que reemplazó a José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el desplome aéreo del 4 de noviembre.
Ambos subprocuradores (el desaparecido lo era a la sazón de asuntos internacionales) habían causado baja simultáneamente en un movimiento que se explicaba superficialmente como una reestructuración administrativa de la PGR pero que ahora sabemos tenía un trasfondo que apenas se empieza a conocer. Santiago Vasconcelos permaneció fuera del aparato unas semanas hasta que se le asignó una tarea técnica de rango menor y funciones difusas. Ramírez Mandujano, en cambio, fue enviado a Viena, como representante mexicano ante la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A la hora de esa designación ya se sabía que altos mandos de la SIEDO habían sido cooptados por la delincuencia organizada, particularmente la banda de los Beltrán Leyva. Nos preguntamos si la información de los testigos protegidos ya había alcanzado entonces a Ramírez Mandujano, lo que explicaría su despido pero no la misión que se le asignó.
Su jefe durante 19 meses, el procurador Eduardo Medina Mora, describió anteayer, con pormenores, la conducta ilícita de su colaborador más importante en ese periodo. Dijo que Ramírez Mandujano pactó con el Cártel del Pacífico recibir 450 mil dólares cada mes "a cambio de proporcionar información de investigaciones y acciones tendientes a combatir a esa organización criminal". En la segunda reunión que el funcionario ahora caído en desgracia sostuvo con quienes así lo compraban, se hizo acompañar por Miguel Colorado y Fernando Rivera, que lo auxiliarían en su infidencia. Ambos funcionarios de la SIEDO fueron los primeros detenidos a partir del testimonio de Felipe.
Éste, por cierto, después de haber sido agente de la Interpol, pudo con toda sencillez hacerse contratar como agente policiaco al servicio de la embajada de Washington en México, cuya información filtraba también a los Beltrán Leyva, que lo reclutaron después de un breve regateo. Pérez Guerrero (es decir, Felipe) solicitó un pago de 50 mil dólares por mes, que se redujeron a 30 mil. El infidente ahora protegido tenía experiencia en tareas de esa índole, pagaderas en dólares. Según su propio dicho, Mario Arturo Velarde Martínez le entregó hace años 4 mil dólares por informes sobre actividades de Interpol, en que trabajaba entonces Felipe. El solicitante era secretario particular del director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, ahora secretario de Seguridad Pública. Velarde pasó de la AFI a la Policía Federal Preventiva cuando su jefe ascendió a miembro del gabinete. Fue "elemento con mando medio" en la división antidrogas hasta hace un mes en que se le hizo director general adjunto en la sección primera del Estado Mayor de esa corporación policiaca. A pesar de ese ascenso, hace una semana tramitó su baja y no se le ha vuelto a ver.
Escribió, sin embargo, una carta al diario Reforma, para desmentir los señalamientos del testigo protegido: "Es de esperarse que un delincuente como Felipe, que se siente hundido ante la secuela de actos delictivos que ejecutó en perjuicio de la sociedad mexicana, pretenda imputar supuestos actos delictivos para disminuir su condena dentro o fuera del país, a funcionarios rectos y honestos como lo es el suscrito". Quizá porque la PGR no duda que lo sea, no ha iniciado acción alguna en su contra, a diferencia de lo hecho respecto de otros funcionarios del entorno de García Luna, que desde la semana pasada están arraigados. Se trata de Rodolfo de la Guardia, ex director de Despliegue Regional de la AFI y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de la Interpol, detenidos a partir de la información de Felipe.
Otros jefes y miembros de las corporaciones al mando de García Luna se hallan también arraigados. Los agentes de la división antidrogas de la PFP Jorge Cruz, Fidel Hernández y Edgar Bayardo fueron detenidos a raíz de la captura de El Rey Zambada, a quien servían. El propio jefe interino de esa corporación, Gerardo Garay, está bajo arraigo por semejantes razones. Como si no escarmentara, o porque eso busca, García Luna designó en su lugar a Rodrigo Esparza Cristerna, procesado en 1993 cuando era delegado de la PGR en Sinaloa (aunque su caso fue sobreseído por irregularidades formales) por "actuar contra la justicia" a favor de Joaquín Guzmán, El Chapo.
El que García Luna se atreva a dar ese paso muestra el poderío que le otorga la protección presidencial de que disfruta. La reportera Anabel Hernández ha puesto en negro sobre blanco (en su libro Los cómplices del presidente, que está recientemente en circulación) datos de una relación que permite al secretario de Seguridad Pública no inquietarse de las denuncias del Felipe protegido mientras tenga de su parte al Felipe protector.
En víspera de la integración del nuevo gobierno, un grupo de generales en activo se reunió en un elegante restaurante de Polanco con Juan Camilo Mouriño, ya apuntado entonces como el influyente jefe de la Oficina de la Presidencia que sería a partir de unos días más. El propósito de los militares del más alto rango era "desenmascarar al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna", al que temían se designara director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). "Les preocupaba... la vertiente relacionada con la protección a secuestradores, pero mucho más la relacionada con la protección al cártel de Sinaloa. Para el delicado encuentro que iban a sostener con Mouriño iban bien pertrechados. Las áreas de inteligencia militar habían hecho su trabajo. Se afirma que le presentaron a Juan Camilo una serie de fotografías en las que aparecía el equipo cercano a García Luna -el que hoy controla a la Secretaría de Seguridad Pública- acompañado de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, entre ellos los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.
"También le habrían presentado la transcripción de llamadas telefónicas entre el grupo de García Luna y narcotraficantes mientras pactaban y cobraban. Su petición era que esa información llegara a manos del (próximo) presidente de la República. Los generales querían prevenir a Calderón...".
La advertencia fue desoída, a pesar de lo cual fue reiterada más tarde nada menos que por el propio general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, quien habría dicho tener más "información sobre el involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado". Se lo habría comunicado a José Antonio Ortega, el abogado ultraderechista que representa los intereses y las posiciones del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y al cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval. Merced a su vínculo con el Episcopado, Ortega pudo añadir a la reportera Hernández que el presidente de la Conferencia episcopal, "don Carlos Aguiar... le había denunciado (al Presidente) las corruptelas de García Luna, no me dijo cuáles, y que tuvo que pagar un costo político por su denuncia".
Se sabía ya que Calderón ha sido impermeable a estas revelaciones, y que protegía a García Luna. Se lo dijo en marzo el subprocurador Juan de Dios Castro a un comandante de la PFP, Javier Herrera Valles, cuando quiso disuadirlo de presentar ante el Presidente una denuncia sobre su colaborador. Ahora Herrera Valles está arraigado, en lo que parece una represalia por su denuncia, y después de haber sido echado de la PFP por la comisión de honor encabezada por Garay, ahora arraigado también, y en que participó Luis Cárdenas Palomino, amigo de García Luna.
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