Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Los cálculos políticos de la seguridad
Publicado en Excélsior (www.exonline,com.mx), 25 de noviembre de 2008;
Los cálculos políticos de la seguridad
Publicado en Excélsior (www.exonline,com.mx), 25 de noviembre de 2008;
Esta será una semana de evaluaciones clave para el futuro de la lucha contra la inseguridad, pero también en el caso del futuro de la estrategia gubernamental. Se cumplen los 100 días de la firma de los compromisos adquiridos el pasado 21 de agosto, pero también dos años del inicio de la administración de Felipe Calderón y la evaluación de la seguridad se podrá y deberá realizar en el contexto global de la gestión de gobierno.
En los hechos, es obvio que en 100 días no se puede hacer una evaluación completa de compromisos que, en algunos casos, tienen periodos muy largos para su cumplimiento. Pero lo importante aquí consiste en que lo que se podrá evaluar es lo que las autoridades de los tres Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno se comprometieron a realizar en este periodo. Y en ello habrá cuentas disparejas: en el federal existen rezagos, pero son mucho menores a los que se registran en estados y municipios. En el Judicial no parece que sobre estos temas haya habido cambios significativos. En el Legislativo, desde la semana pasada ya anunciaron diputados y senadores que no tendrán ninguna reforma de seguridad y justicia aprobada y esa es quizá la carencia más significativa. Dicen los legisladores que tratarán de que, “por lo menos”, algunas reformas se aprueben antes de finalizar el periodo ordinario, el 15 de diciembre. Pero off the records, insisten en que hay diferencias de fondo entre la propuesta enviada por el Ejecutivo, con base en los acuerdos del 21 de agosto y las que está impulsando el PRI, sobre todo a través de Jesús Murillo Karam en el Senado. Sectores perredistas, los relacionados con López Obrador, por otra parte, sostienen que no aprobarán nada, aunque en los grupos de Nueva Izquierda, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, están en la duda de si apoyar la propuesta del Ejecutivo o la de los priistas. Recordemos que sobre todo el PRI quiso poner distancia con los compromisos del 21 de agosto, y en esa fecha no estuvieron en Palacio Nacional ni Manlio Fabio Beltrones ni Emilio Gamboa. Guardaron distancia con compromisos que, aseguraron, no tuvieron tiempo de analizar. Ahora quieren sacar adelante sus reformas en justicia y seguridad, pero están apostando a su proyecto y quieren presionar al Ejecutivo para que lo apruebe. Compaginar ambas propuestas es posible en algunos aspectos, pero en otros no, sobre todo en varios temas estructurales, como el futuro del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de la secretaría de seguridad.
Es verdad que se trata de temas complejos, pero también que diputados y senadores no tendrían ningún motivo para no poder sacar esos acuerdos, por una simple razón: están sobre la mesa desde hace años e incluso con las reformas constitucionales que se aprobaron a principios de año, ya muchos de estos capítulos se encontraban de alguna manera presentados y discutidos. Se retrasarán, no porque no se sepa qué discutir o porque no hubo tiempo para analizar con detalle las iniciativas, sino porque, una vez más, la seguridad es una carta de cambio en la negociación política entre los partidos y, paradójicamente, mientras en muchos sectores existe verdadera urgencia para sacar adelante esas reformas, en los partidos creen que el tiempo juega a su favor. Esa lucha por espacios de poder es la que está en el fondo de la campaña como lo señaló el presidente Calderón en Lima contra Genaro García Luna, un funcionario con aciertos y errores en su gestión, pero honesto, y al que algunos grupos quieren quitar a la mala de la SSP, para responder a estrategias estrictamente personales y de sector, incluso defendiendo con ese fin a delincuentes a quienes presentan como mártires y les inventan historias sin asideros en la realidad.
Es verdad que los problemas reales de la seguridad deben ser resueltos estructuralmente, pero no sobra tiempo y quienes no participen en este proceso pagarán un costo. Quizás algunos sectores consideren que de esa manera aumentan los costos, pero sólo para el gobierno federal, y que pueden aprovecharse de ello en las próximas elecciones, que serán eminentemente locales. Se equivocan: los costos los pagarán todos, sin embargo, sobre todo aquellos que decidan no participar en este ciclo de reformas.
En todo caso, lo que el gobierno y los partidos deben discutir, además de las reformas netamente operativas que es necesario aprobar, son los temas estructurales: ¿dónde y con qué atribuciones deben estar reunidos, o no, los distintos sectores relacionados con la seguridad pública? El esquema actual, como decíamos con motivo de la designación del nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no parece ser estructuralmente el más adecuado: hoy participan en temas de seguridad, muchas veces superponiendo sus responsabilidades y atribuciones, desde la Secretaría de Gobernación hasta la de Seguridad Pública, desde la PGR hasta Hacienda, pasando por las Fuerzas Armadas, y a eso debemos sumarle gobiernos estatales y de los municipios. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es un instrumento muy útil pero se debería ir más allá. En todo caso, es preciso colocar esas instituciones y sectores bajo mandos relativamente únicos que permitan no sólo una operación más adecuada sino también un control mucho más estricto (con tantos mandos diversos y con responsabilidades compartidas son mucho más sencillas la corrupción, la traición y la fuga de información, como ha ocurrido). Y en ese sentido no hay demasiadas opciones: se opta por una institución similar al Homeland Security de Estados Unidos para concentrar todo lo de seguridad en un solo espacio institucional especializado o se consolida una suerte de ministerio del interior, similar al de las naciones europeas. Hoy estamos a la mitad de todo y es hora, también en ello, de definiciones.
En los hechos, es obvio que en 100 días no se puede hacer una evaluación completa de compromisos que, en algunos casos, tienen periodos muy largos para su cumplimiento. Pero lo importante aquí consiste en que lo que se podrá evaluar es lo que las autoridades de los tres Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno se comprometieron a realizar en este periodo. Y en ello habrá cuentas disparejas: en el federal existen rezagos, pero son mucho menores a los que se registran en estados y municipios. En el Judicial no parece que sobre estos temas haya habido cambios significativos. En el Legislativo, desde la semana pasada ya anunciaron diputados y senadores que no tendrán ninguna reforma de seguridad y justicia aprobada y esa es quizá la carencia más significativa. Dicen los legisladores que tratarán de que, “por lo menos”, algunas reformas se aprueben antes de finalizar el periodo ordinario, el 15 de diciembre. Pero off the records, insisten en que hay diferencias de fondo entre la propuesta enviada por el Ejecutivo, con base en los acuerdos del 21 de agosto y las que está impulsando el PRI, sobre todo a través de Jesús Murillo Karam en el Senado. Sectores perredistas, los relacionados con López Obrador, por otra parte, sostienen que no aprobarán nada, aunque en los grupos de Nueva Izquierda, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, están en la duda de si apoyar la propuesta del Ejecutivo o la de los priistas. Recordemos que sobre todo el PRI quiso poner distancia con los compromisos del 21 de agosto, y en esa fecha no estuvieron en Palacio Nacional ni Manlio Fabio Beltrones ni Emilio Gamboa. Guardaron distancia con compromisos que, aseguraron, no tuvieron tiempo de analizar. Ahora quieren sacar adelante sus reformas en justicia y seguridad, pero están apostando a su proyecto y quieren presionar al Ejecutivo para que lo apruebe. Compaginar ambas propuestas es posible en algunos aspectos, pero en otros no, sobre todo en varios temas estructurales, como el futuro del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de la secretaría de seguridad.
Es verdad que se trata de temas complejos, pero también que diputados y senadores no tendrían ningún motivo para no poder sacar esos acuerdos, por una simple razón: están sobre la mesa desde hace años e incluso con las reformas constitucionales que se aprobaron a principios de año, ya muchos de estos capítulos se encontraban de alguna manera presentados y discutidos. Se retrasarán, no porque no se sepa qué discutir o porque no hubo tiempo para analizar con detalle las iniciativas, sino porque, una vez más, la seguridad es una carta de cambio en la negociación política entre los partidos y, paradójicamente, mientras en muchos sectores existe verdadera urgencia para sacar adelante esas reformas, en los partidos creen que el tiempo juega a su favor. Esa lucha por espacios de poder es la que está en el fondo de la campaña como lo señaló el presidente Calderón en Lima contra Genaro García Luna, un funcionario con aciertos y errores en su gestión, pero honesto, y al que algunos grupos quieren quitar a la mala de la SSP, para responder a estrategias estrictamente personales y de sector, incluso defendiendo con ese fin a delincuentes a quienes presentan como mártires y les inventan historias sin asideros en la realidad.
Es verdad que los problemas reales de la seguridad deben ser resueltos estructuralmente, pero no sobra tiempo y quienes no participen en este proceso pagarán un costo. Quizás algunos sectores consideren que de esa manera aumentan los costos, pero sólo para el gobierno federal, y que pueden aprovecharse de ello en las próximas elecciones, que serán eminentemente locales. Se equivocan: los costos los pagarán todos, sin embargo, sobre todo aquellos que decidan no participar en este ciclo de reformas.
En todo caso, lo que el gobierno y los partidos deben discutir, además de las reformas netamente operativas que es necesario aprobar, son los temas estructurales: ¿dónde y con qué atribuciones deben estar reunidos, o no, los distintos sectores relacionados con la seguridad pública? El esquema actual, como decíamos con motivo de la designación del nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no parece ser estructuralmente el más adecuado: hoy participan en temas de seguridad, muchas veces superponiendo sus responsabilidades y atribuciones, desde la Secretaría de Gobernación hasta la de Seguridad Pública, desde la PGR hasta Hacienda, pasando por las Fuerzas Armadas, y a eso debemos sumarle gobiernos estatales y de los municipios. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es un instrumento muy útil pero se debería ir más allá. En todo caso, es preciso colocar esas instituciones y sectores bajo mandos relativamente únicos que permitan no sólo una operación más adecuada sino también un control mucho más estricto (con tantos mandos diversos y con responsabilidades compartidas son mucho más sencillas la corrupción, la traición y la fuga de información, como ha ocurrido). Y en ese sentido no hay demasiadas opciones: se opta por una institución similar al Homeland Security de Estados Unidos para concentrar todo lo de seguridad en un solo espacio institucional especializado o se consolida una suerte de ministerio del interior, similar al de las naciones europeas. Hoy estamos a la mitad de todo y es hora, también en ello, de definiciones.
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