En el número anterior de Nexos, se publicó un ensayo de Joaquín Villalobos, titulado “Doce mitos de la guerra contra el narco”. Villalobos es actualmente consultor para la resolución de conflictos internacionales y antes fue uno de los cinco comandantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Con el sobrenombre de Fermán Cienfuegos, Villalobos fue uno de los principales impulsores de la búsqueda de la paz, de hecho uno de los artífices de los acuerdos para acabar con la guerra en ese país centroamericano. Acuerdos que se firmaron por cierto en México, en el Castillo de Chapultepec, mismos que en su honor llevaban su nombre. Recordamos esto, porque nos sorprende la tendencia “guerrerista” del ensayo y más nos sorprende encontrarlo con una ausencia preocupante de rigor conceptual, de definiciones, de precisiones, de conocimiento mínimo de la historia del crimen organizado en México, del cual el narcotráfico es su faz más violenta, cuando menos mediáticamente, porque tan o más violentos son los secuestros, las extorsiones, los asesinatos de periodistas, luchadores sociales o los feminicidios.
El gobierno del presidente Felipe Calderón anunció una guerra para combatir el narcotráfico, la cual aseguró será larga y costará muchas muertes. En efecto, la guerra del presidente Calderón ha costado miles de muertes (más de 17 mil, hasta diciembre del año pasado), y también será larga según ha reiterado. Y lo será porque sus objetivos, alcances y metas nunca han sido claras, justificables, medibles. Los diagnósticos sobre los que el gobierno actual ha basado su acción, no señalan rumbos, metas, objetivos, que sean medibles, cuantificables, auditables, social y técnicamente.
Lo anterior ha generado que el debate acerca de la viabilidad o no del camino escogido, haya discurrido sobre la base de las inquietudes, los gustos, las opiniones, los rumores, las apreciaciones, pero sobre todo por el voluntarismo, de los actores sociales, políticos y económicos, nunca con base en datos, análisis, razonamientos. La intolerancia del “estás conmigo o con mi enemigo”, se sostiene actualmente como la única disyuntiva por parte del gobierno y de quienes aprueban su estrategia de guerra, y se ha adueñado de las páginas de medios de comunicación y de los espacios de los medios electrónicos. El “estás conmigo o con mi enemigo” se entiende como: “no hay otro camino que la guerra y quien opine lo contrario o es ingenuo o busca que el gobierno ceda ante los narcos”. Ubicada así la alternativa quien esgrima otra postura puede sufrir la descalificación como un cómplice inconciente o conciente de los narcos. Quizás esta intolerancia es ya uno de los frutos de un estado de guerra real.
El texto de Villalobos pretende precisamente darle una cobertura de razonamiento y análisis a las posiciones que sólo aceptan un camino para enfrentar el flagelo de la delincuencia. Por desgracia para el debate y la razón, Villalobos de entrada se coloca en el lado de la intolerancia al señalar que las críticas, o supuestas críticas, al camino de la guerra son sólo “mitos”, es decir fantasías o falacias, o más benignamente ingenuidades de ilusos que desconocen los mecanismos de la guerra, como sí los conoce un guerrero como Villalobos.
El ensayo es un conjunto bien redactado, pero que carece de rigor conceptual (no se precisan una serie de conceptos que se señalan), y contiene medias verdades y sofismas que tratan de llevar el debate hacia el derrotero que el sofista quiere o en el que se siente más cómodo. El sofisma es contrario al método dialéctico, por que este se opone a la técnica retórica del sofista y busca crear certidumbres duraderas en el interlocutor. Crear sofismas y responderlos, es como debatir de frente al espejo. Exponer tesis, argumentarlas, razonarlas y defenderlas, esto está ausente del campo de análisis de Villalobos.
Por lo anterior, Villalobos exculpa al gobierno de la falta de debate, porque “el combate al narco en condiciones democráticas, (¿?) ha creado dificultades para entender la información y los resultados de la guerra, ello ha dado lugar al surgimiento de mitos sobre la guerra”, más claro, ni el agua. Nosotros afirmamos lo contrario, los mitos surgen cuando no existe información clara sobre los hechos, no hay debate razonado y no se permite el razonamiento crítico.
La declaración de guerra al narcotráfico por parte del gobierno de Felipe Calderón, ha sido básicamente apoyada en el discurso de garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos, por recuperar espacios que el narco tenía copados y por terminar con la violencia asesina que el accionar de los cárteles de la droga impone. ¿Son éstas suficientes condiciones de “emergencia” para sumir al país en un baño de sangre no conocido desde los tiempos de la “guerra sucia” y que, de hecho, la supera ya en términos numéricos? El gobierno actual ha rebatido con coraje la tesis del “Estado Fallido”. Bien, si no hay peligro de ingobernabilidad, si no hay una emergencia tal que atente contra las instituciones, si el país puede continuar su ritmo, con las instituciones fundamentales de la República funcionando sin problema, ¿por qué tener al Ejército y a la Marina en las calles combatiendo y alterando la paz y la seguridad de los mexicanos, cuando se afirma que se busca lo contrario? A esto no responde el texto de Villalobos, o lo hace con una afirmación no demostrada: no había de otra.
En realidad dos tesis se enfrentan, una, extendida por la vox populi, es que el Presidente Calderón tomó esta decisión como una forma de legitimarse ante los cuestionamientos de su arribo al poder; otra, es la de que la situación heredada del sexenio de Vicente Fox (y de los otros recientes) en este ámbito, el del narco, no dejó más que esta salida. Para evitar las especulaciones, el juicio debería radicarse ahora en responder dos aspectos cruciales: a) ¿la estrategia de guerra está fortaleciendo o debilitando el Estado de Derecho?; b) ¿gracias a esta estrategia la población está viendo reestablecida su tranquilidad perturbada por los criminales?
La decisión por parte del Presidente Felipe Calderón de crear un estado de guerra interno ha sido grave, más allá de la retórica discursiva e incluso al margen de sus fundamentos legales. (1) Al separar la AFI de la PGR, es decir, al eliminar en la práctica el control del ministerio público federal sobre la fuerza policiaca, y al dar vía libre a las operaciones militares en las calles como el punto central de la estrategia y no como el soporte a una acción integral, consideramos que se está vulnerando en su esencia al Estado de derecho.
Y por esa misma razón, la respuesta a la segunda cuestión también es negativa, pues no se está restableciendo la tranquilidad de los ciudadanos -ámbito básico del Estado de derecho en un Estado democrático y no autoritario-, pues los civiles comienzan a estar atrapados entre dos fuegos: el del gobierno y el de los criminales. En una operación policiaca –incluso con apoyo militar- preservar la seguridad de los civiles es prioritaria; mientras que en un estado de guerra los perjuicios a los mismos se consideran daños colaterales. (2)
En su primer sofisma, Villalobos señala, como un punto de quienes nos oponemos a esta estrategia de guerra: “No se debió confrontar al crimen organizado”. Preguntamos: ¿quién afirma esta locura? No confrontar al crimen organizado sería una irresponsabilidad del tamaño tal como si se dejaran de perseguir los delitos, el secuestro, los asaltos, los asesinatos, el robo de autos, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, etc. Sería renunciar a las funciones básicas del Estado. Esto, sin duda, nadie, excepto los delincuentes, lo propondría.
La violencia generada por los grupos que tienen como actividad principal el tráfico de drogas, se incrementó a fines de la última década del siglo pasado, cuando el gobierno de los Estado Unidos logró importantes éxitos en el sellamiento de sus fronteras para la entrada de drogas a su territorio; esto generó que la droga, la cual antes sólo pasaba por el país, ahora tuviera que quedarse para su consumo aquí. Adicionalmente, las condiciones de intercambio y de compra y venta de la droga entre los cárteles mexicanos y sudamericanos se modificaron, por lo que súbitamente los primeros tuvieron en sus manos una inmensa cantidad de droga y llenaron las calles con ella, lo que generó una lucha por espacios, redes, logística, soportes de circulación seguros, etc. Según las notas periodísticas y los propios reportes oficiales, al parecer los cárteles tuvieron la capacidad para adecuarse muy rápido e está “nueva dinámica” y tendieron una red de distribución a través de mecanismos como las llamadas “narcotiendas”. Sin embargo, las disputas por territorios, canales de distribución, soportes de apoyo, cadenas de corrupción, etc., se recrudecieron. (3) Surgieron “barones” de la droga voraces y sanguinarios y el flagelo se hizo evidente, asociado a otros delitos como el secuestro o el comercio de piratería.
Ante este escenario, el gobierno de Calderón decidió enfrentar prioritariamente a los grupos que se dedicaban al tráfico de drogas, ya que eran ellos quienes mayormente generaban la violencia en las calles del país. Afirma Villalobos que entonces surgieron críticas sobre la falta de inteligencia previa, de operativos reactivos, que el gobierno sólo actuaba por interés político y que también se dijo que la intervención del gobierno había “empeorado el problema”.
Si bien es cierto que los distribuidores de droga actuaban casi a la vista de todos en algunas zonas, lo es también que el gobierno desconocía la estructura de las organizaciones, sus fortalezas, sus canales de distribución, sus métodos, el poder de fuego con que contaban, sus redes de apoyo, la complicidad de servidores públicos, etc. Una serie de factores clave para enfrentar con mayor precisión a estos grupos. En el transcurso de la lucha y ya cargando miles de muertos, el gobierno se fue enterando de que los Cárteles contaban con mejor armamento, estaban mejor organizados de lo que se suponía, tenían mejor equipo de comunicación, rastreo y escucha que el gobierno y, sobre todo, que habían construido un “caballo de Troya” en el corazón mismo de las instituciones encargadas de aplicar la ley. ¿Era necesario un trabajo de inteligencia previo?, la respuesta es ociosa.
Se asegura en el texto, y lo ha dicho públicamente el consultor Villalobos, que el gobierno mexicano se está convirtiendo en una “potencia en seguridad”, porque está utilizando, como ningún otro país, toda la fuerza del Estado. Afirmamos que esto es una mentira. Precisamente aquí radica el centro del debate. Nosotros aseveramos, categóricamente, que el gobierno está entrando en el pantano de la “guerra permanente”, (4) es decir, una guerra sin fin que en lugar de convertirnos en una supuesta “potencia en seguridad” terminaría debilitando al Estado como garante del orden, el derecho y la seguridad de los ciudadanos, precisamente por no utilizar toda la fuerza del Estado para enfrentar eficazmente, ahora sí, a la delincuencia organizada. Las posiciones guerreristas no se cansan de debatir acerca de la utilización de la fuerza del Estado, entendida maniquea y minimalistamente como la fuerza de las armas. (5)
El delito es un hecho social y ahí, en el ámbito social, es preciso desarrollar las políticas públicas que permitan revertir, atenuar y, en algunos casos, terminar en definitiva con los principales generadores de la incidencia delictiva. El gobierno de Felipe Calderón no ha elaborado una política de Estado para combatir con toda la fuerza del mismo, es decir, integralmente, a la delincuencia organizada. No existe una sola política pública encaminada a la consecución de este objetivo. Hay un sin fin de planes, acciones, operativos, pero todos inconexos, a veces traslapándose, en ocasiones montándose unos sobre otros impidiendo su funcionamiento. (6)
Hemos sido testigos de la muerte innecesaria de miembros de las fuerzas de seguridad (soldados y policías) y de civiles inocentes, por la ausencia de coordinación, de conocimiento del terreno y por trampas puestas por aquellos funcionarios que se han coludido con los delincuentes.
En este contexto, la intervención del Ejército, a pesar de los importantes éxitos obtenidos, de la captura de delincuentes, del decomiso de droga y dinero, no ha sido tan contundente como se hubiese pensado. Porque en la guerra interior, que es en la que el Ejército combate, se genera la ruptura de la unidad, de la solidaridad de las clases, se termina con la paz y las ciudades se mueren, sí solo se actúa con la fuerza de las armas. Es decir se produce todo lo contrario de lo que el discurso oficial señala.
¿Quién está en contra de la intervención del Ejército en la lucha contra los Cárteles de la droga? Excepto los delincuentes, nadie. Esta intervención ya se daba en los gobiernos priistas, en los cuales el Ejército destruía plantíos y aseguraba laboratorios en rincones de la geografía nacional; se dio claramente durante una parte del gobierno del Presidente Vicente Fox, donde apoyaba operativos de la Procuraduría General de la República, PGR, encabezada por el general Manuel Macedo de la Concha. Lo que se ha señalado y nosotros argumentamos, es que esta intervención debe estar arropada por una acción integral del Estado en su conjunto. Las acciones contra la delincuencia organizada deben tener un enorme arraigo y legitimación social. El Ejército debe ser recibido como parte de la solución, como un integrante fundamental de la fuerza estatal y en el marco de las políticas públicas para resarcir el tejido social, que actualmente las acciones violentas y las sólo punitivas del gobierno han contribuido a estirar hasta casi el rompimiento.
Afirma Villalobos que: “El nivel de violencia actual en México deja bien claro que el monstruo era real, fuerte y peligroso. Ante un escenario así hay dos principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad”. Después de tres años, el gobierno, perdón, Villalobos se entera que el “monstruo era real, fuerte y peligroso”. Diagnósticos adecuados y labor de inteligencia habrían ahorrado sufrimiento en miles de hogares mexicanos. Ante esta situación, la vertiente guerrerista, insurgente, rebelde del ex comandante sugiere: “determinación y velocidad”. Nosotros exigimos políticas públicas en materia de prevención social, planes integrales, diagnósticos certeros, mapas criminógenos, capacitación de cuerpos policíacos, respeto a los derechos humanos, creación y coordinación de centros de emergencia para la atención ciudadana, (7) en fin, una política de Estado integral, que eche a andar toda la maquinaria estatal, que permita la recuperación efectiva de los espacios públicos, para declarar la paz y recuperar lo más posible la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.
Un verdadero mito es generalizar y universalizar algo que tiene sus propias dinámicas internas y externas. Villalobos trata de debatir acerca de la “colombianización” mexicana, y cuando se refiere a ese país, sólo habla de Medellín. Excluye, por desconocimiento o porque entonces su sofisma se derrumba, a ciudades como la capital Bogotá, o Cali, en donde el poder de los Cárteles era, y en muchos sentidos es, igual o más grande que los de Medellín. Y los excluye porque al analizarlos debería saber que el Plan Bogotá puso en movimiento al aparato estatal en su conjunto, incluidas las fuerzas armadas, en colaboración estrecha con la sociedad y por ello hubo éxitos importantes y rápidos.
Ahora bien, asumiendo al argumento de Villalobos, como decíamos arriba, si el Estado mexicano no es un Estado fallido, si es más fuerte que Colombia, entonces de qué tipo de emergencia estamos hablando. Porque saltar del concepto “agravamiento de la violencia”, al de “amenaza a la seguridad nacional”, para justificar una posición, sin aclarar qué tipo de amenaza se trata, pervierte el debate.
Postula Villalobos que “el intenso debate sobre la inseguridad es señal de agravamiento” de la misma, ya que donde el crimen organizado es fuerte no hay crítica ni libertad de expresión”. Sólo que en México en donde no se tolera la crítica, ni un pensamiento distinto es en las esferas que sólo reconocen un camino, ahí se impone la soberbia y se señala a los opositores casi como si fuesen enemigos. Tan sólo veamos la respuesta del gobierno federal a un reciente señalamiento crítico de un gobernador del norte del país, fue desautorizado prácticamente como cómplice de los criminales.
En el texto, Villalobos dice que quienes afirman: “tres años es mucho tiempo, el plan ya fracasó”, se sustentan en factores emocionales y no en un análisis objetivo de la realidad. Y pasa a señalar que en otros países la lucha, no la guerra, ha durado muchos años, por tanto, tres serían casi nada en comparación. Los países mencionados constantemente en el ensayo han sostenido una lucha integral de larga duración con la delincuencia organizada, pero no han hecho una declaración de guerra, por el contrario, su objetivo es conservar la paz. (8) Porque la paz no es natural sino debe ser instituida, declarada y preservada. La paz no es supresión de la violencia, sino contención de la misma; la paz, por definición, nunca será un derivado de la guerra permanente, sino, frente al fenómeno delictivo es y será una consecuencia de la aplicación del Estado de derecho; necesitamos así una estrategia efectiva para la paz y no estrategia fallida de guerra, fallida en los objetivos que se propone, pero funcional si se quiere implantar un estado de guerra permanente: por lo demás impráctico, desastroso y contrario al espíritu constitucional.
En México, el gobierno no ha puesto en su horizonte la paz, nos ha sometido a todos a un estado de una guerra interna cuya dinámica es convertirse en una guerra permanente. Ahí en donde interviene la autoridad federal, no se llega con el objetivo de buscar la paz, se llega con la guerra. ¿Quién tiene la capacidad de declarar la paz?, según Ikram Antaki sólo una autoridad soberana legal, que tiene el monopolio de la fuerza legítima. (9)
Si analizamos las cifras oficiales, si nos atenemos a las estadísticas y los estudios de organismos particulares como el ICESI, en donde se concluye que el consumo de drogas no disminuye, por el contrario aumenta, sobre todo entre los niños y jóvenes, y que los mexicanos no se sienten seguros, podríamos concluir también, que los resultados obligan a revisar lo realizado y a estructurar una verdadera estrategia que tenga como finalidad declarar la paz. Se nos acusa de que entonces se cede ante el narco, falso, queremos por el contrario que el Estado utilice toda su fuerza para declarar la paz.
En el caos de la guerra frente a los Cárteles, no en la lucha legal y decidida integralmente en su contra, terminan siendo más fáciles las complicidades reales y luego, como en la novela de Chesterton, Un hombre llamado Jueves, resulta que todos los terroristas son policías y viceversa.
Dice Villalobos que hay quien afirma que “primero hay que acabar con la corrupción y la pobreza”. La inseguridad pública es un fenómeno multifactorial, es decir, no surge por generación espontánea, ni como producto de uno o dos factores aislados.
Se desarrolla, crece y multiplica ahí en donde se generan condiciones sociales para ello. Por la pérdida de valores, por la desintegración familiar, por la ausencia de acceso a fuentes de trabajo, de educación, de esparcimiento, de recreación, por la ausencia de infraestructura y servicios básicos, en lugares en donde no existe siquiera un “piso básico” de bienestar.
Porqué en muchas comunidades, se prefiere sembrar droga por alimentos, ¿porque son “malos” o porque carecen de opciones?, ¿por qué en infinidad de colonias, de clase media para abajo, existen familias enteras dedicadas a delinquir?, ¿por qué, en miles de calles del país vemos parados o deambulando a cientos de jóvenes y niños?, porque no pudieron ingresar a la educación, o porque no tienen trabajo o porque no hay cines, ni deportivos para que se ejerciten o entretengan. (10) Es decir, en esos lugares el Estado y toda su fuerza deja de actuar, se generan amplios espacios de ingobernabilidad, entendida como la inacción del gobierno, y los espacios físicos se ocupan por los maleantes. Las bandas se nutren a diario de esa reserva que el Estado abandona. Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Ciudad Juárez, Morelia, Guadalajara, etc., etc., son claros ejemplos de que el Estado no emplea toda su fuerza y cuando se ocupa, los jóvenes son vistos como criminales, y no como lo que son muchas veces: víctimas de la inacción del Estado. Esa es la realidad.
Afirma Villalobos, sin ejemplos, como en todo su texto, que: “no se puede entrar a una zona dominada por poderes mafiosos con planes de asistencia tipo madre Teresa y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas en donde el narco tiene atemorizada a la sociedad”. Falso. El autor ignora ejemplos y experiencias en el mundo, en donde en medio de la más feroz andanada de la delincuencia organizada, la sociedad y el gobierno, poniendo en juego toda la fuerza del Estado, lograron poner en marcha planes y programas, pero sobre todo políticas públicas que impulsaron la participación ciudadana, precisamente para arrebatarla de los brazos del temor a las mafias. Palermo, Bogota, Chile, Sao Paulo, Madrid, Iztapalapa, son ejemplos claros de que se puede combatir a la delincuencia organizada, organizando a la sociedad y elaborando políticas públicas integrales, de prevención y de punición, no excluyentes, sino complementarias.
Así, el debate no es entre si se combate al narco o no. Todos los sofismas que elaboró el ex comandante Villalobos, hoy consultor, parten de ese falso supuesto. Nosotros afirmamos que se debe profundizar la lucha contra la delincuencia organizada utilizando toda la fuerza del Estado, con base en las normas del Estado de derecho y no con su supresión de facto, teniendo como horizonte medible la consecución de la paz y el aseguramiento de la tranquilidad de los mexicanos. Es el momento de elaborar una política de Estado, de la que se deriven las políticas públicas que permitan el despliegue de la fuerza estatal, con la participación de todos los poderes: municipios, estados, Federación y, sobre todo, la sociedad.
Políticas integrales que partan de diagnósticos certeros, de mapas criminógenos útiles, de trabajo de inteligencia que permita identificar y definir con claridad y precisión cuántos grupos existen, quienes los conforman, en dónde y cómo operan, quienes o quién los protege, con una coordinación real a partir de centros de emergencia para la atención ciudadana, de tal manera que ahora las fuerzas de seguridad hagan “tiros de precisión” y no ráfagas tipo Rambo, y además en donde, sin prescindir del Ejército -cuando se requiera su capacidad de fuego y su disciplina-, tenga éste legitimación social y en su acción sea “protegido” por la sociedad. Asimismo, en qué zonas trabajar en infraestructura, en limpieza, en poda de árboles, en retirar tugurios, centros de prostitución, cantinas y bares cercanos a las escuelas; capacitar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, dignificar su actuación, lograr que la sociedad “se los gane”, arrebatarlos de la tentación del poder corruptor del narco; en dónde recuperar espacios públicos para que las comunidades y nuestros jóvenes y niños los hagan suyos; en qué lugares recuperar lotes baldíos y predios abandonados para inhibir la violación y muerte de nuestras niñas y jóvenes; cómo y con qué armas luchar contra las adicciones, desde los hogares, las escuelas, los centros de trabajo, las instituciones. Prevenir socialmente el delito, enfrentarlo con acciones certeras y eficaces, son los fundamentos de una política de Estado, preservando el Estado de Derecho y logrando declarar la paz, integralmente.
Notas
(1) Las controversiales modificaciones a la Ley de Seguridad Pública Federal aprobadas por el Congreso el año pasado establecen normas que pueden vulnerar el Estado de Derecho por los criterios arbitrarios para la operación de las fuerzas de seguridad, circunstancia que no ha sido extraña en los Estados militarizados o policiales; se entiende que ante la emergencia planteada por el Gobierno no hubo mayor debate. Nuestra discusión es, sin embargo, básicamente sobre la estrategia de guerra y no en torno a los formalismos legales a los que se puede apelar; tampoco abordamos la polémica en torno a la legalización de las drogas; nos negamos a admitir el falso dilema de que si no se legalizan sólo queda la guerra como alternativa.
(2) Entre las 17 mil víctimas de la guerra habría que precisar aquellas que son civiles inocentes, el problema es que en un estado de guerra interno se consideran simplemente bajas. o como la jerga de guerra lo establece: son daños colaterales. Es, por ejemplo, el caso de la madre de familia muerta en Juárez, Nuevo León, cuyos dos hijos pequeños quedaron en estado de coma en un ataque militar a un grupo de sicarios, o de los cuatro miembros de una familia muertos en Apatzingán caídos en un fuego cruzado, ambos casos en noviembre del año pasado, y parece que la tendencia sigue en la medida que se recrudece la guerra.
(3) En Iztapalapa, en la etapa de construcción de un programa de prevención social del delito con participación ciudadana, ya en el año 2001, con base en la denuncia ciudadana se elaboraron mapas criminógenos que señalaban el crecimiento desmesurado de las narcotiendas, como parte de un nuevo fenómeno. Federico Piña, entonces Coordinador General de Seguridad Pública reportó a la PGR estos datos, señalando además el crecimiento de la violencia con que actuaban; un resultado fue el trabajo conjunto para la desarticulación completa de poderosas bandas locales.
(4) Tomás Hobbes, Leviatán, FCE, 1988. El Estado de guerra permanente se convierte en ese Estado natural el cual “es un estado de desconfianza de todos contra todos. La vida es solitaria, pobre, embrutecida y corta. Donde no hay poder común, no hay ley, y donde no hay ley no hay justicia”.
(5) Usamos para el caso la distinción entre fuerza y violencia definida por Georges Sorel, en Reflexiones sobre la violencia, Alianza Editorial, 1974.
(6) La descoordinación entre las fuerzas de seguridad a cargo del Ejecutivo ha sido patente y observable con los otros niveles de gobierno; pero también es una curiosa estrategia de guerra que le otorga la mayor responsabilidad al Ejército al que sólo le aumenta el 20,6% del presupuesto este año, mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública Federal se le da el 90% de aumento, de acuerdo con el presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados.
(7) El gobierno federal y la mayor parte de los gobiernos estatales y municipales están invirtiendo en el equipamiento represivo, pero no lo hacen en aquellos procesos y tecnologías para atender las emergencias ciudadanas; un caso distinto, por ejemplo, si lo comparamos con los Estados Unidos cuyo sistema de seguridad pública le da una importancia central a la inversión para la atención ciudadana y, por supuesto, al ingreso y preparación de sus policías.
(8) .Villalobos se sorprende que en Brasil la policía enfrente fuertemente a narcotraficantes sin que sea noticia negativa para la imagen del país; hay que decirlo: pues en gran medida es porque el Presidente Lula no ha declarado una “guerra interna”, pero también por los procesos de fortalecimiento del Estado de derecho, sustento para la proyección de liderazgo internacional de Brasil, tal como lo sostiene Juan Carlos Calleros-Alarcón, autor de The Unfirished transition to democracy in Latin America, New York/London, Routledge.
(9) Ikram Antaki. “El Manual del Ciudadano Contemporáneo”. Editorial Planeta Mexicana, 2000, 2004, Pág 41. afirma además (Pág. 40) que “existe una pacificación violenta, que engendra una paz inestable ya que suprime la libertad: es el derecho del más fuerte, destinado al fracaso a largo plazo”.
(10) En Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo según el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP) cuya estadística en 2008 de 130 homicidios por cada 100 mil habitantes superaba el porcentaje de 40 en Bagdad bajo la ocupación militar estadunidense; las cosas no han mejorado sino empeorado y ya se convirtió en un lugar común decir que muchos de los pandilleros y sicarios del narcotráfico en Ciudad Juárez son los jóvenes hijos de las obreras de las maquiladoras quienes crecieron sin ningún tipo de protección social, mientras sus madres, la mayor parte de las veces madres solteras emigrantes, eran sobreexplotadas en las maquiladoras para competir con “mano de obra barata”; pero casos similares pueden observarse en los lugares donde el problema social y económico se traduce en inseguridad; por lo que sólo se puede atender mediante políticas públicas de prevención social.
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