Los muertos de Peña Nieto: estadística dolosa: Zeta

Los muertos de Peña Nieto: estadística dolosa

Revista Proceso # 1950, 16 de marzo. Nota de LA REDACCIÓN.

En su edición de esta semana, el semanario Zeta da a conocer su investigación periódica sobre el número de ejecuciones ligadas al crimen organizado. En este informe, que Proceso publica con autorización del medio tijuanense, se muestra cómo el presidente Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública presumen que la violencia disminuyó en el país, pero lo hacen con cifras discrepantes, y se pone en evidencia el truco del registro oficial, donde no aparecen los muertos sino las averiguaciones previas, que pueden involucrar a más de una víctima.

TIJUANA, BC.- A pesar de la narrativa triunfalista del gobierno de la República y la impactante propaganda que anuncia una supuesta “disminución” de los homicidios dolosos relacionados con delitos federales, a la administración de Enrique Peña Nieto se le acumulan los muertos, por miles, en sus primeros 14 meses de gestión, como en su momento se le apilaron a Felipe Calderón.

Apenas el 21 de febrero último, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, hizo alarde de una supuesta baja en los índices de ejecuciones ligadas al crimen organizado. Dijo que en meses anteriores se registraban “entre mil 400 y mil 700 fallecimientos que tenían que ver con la delincuencia organizada” y anunció que en enero “se llegó a 567, mil menos”. Añadió: “Graves los 567, pero mil menos. Eso habla de por qué la disminución de la violencia”.

Sin embargo, los cálculos del funcionario federal no estuvieron sustentados en datos duros ni reflejan la cruenta realidad que se vive en el país; al contrario, evidencian la manipulación de las estadísticas sobre homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en México.

Zeta documentó, tan sólo en enero pasado, mil 425 asesinatos de ese tipo, que abarcan “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones” por ajustes de cuentas entre narcomenudistas pertenecientes a distintos cárteles de la droga o entre células de estas estructuras criminales en todo el país.

“El primer compromiso que hizo el presidente (Enrique Peña Nieto) el 1 de diciembre de 2012 era que la violencia tenía que disminuir. Y esa violencia ha disminuido a la mínima expresión”, declaró Osorio Chong el mismo 21 de febrero durante el encuentro Gobernabilidad y Estado de Derecho como Estrategia de Desarrollo, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Lo que abunda en el gabinete peñanietista es una disparidad en los porcentajes sobre la supuesta disminución de las ejecuciones en el país. El 30 de octubre de 2013, Monte Alejandro Rubido García, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dijo a Zeta que los homicidios dolosos relacionados con delitos federales bajaron 12%. Ese mismo año el presidente habló de 18 y 20%.

Estas diferencias en lo declarado por funcionarios federales evidencian, si no una manipulación en las estadísticas, sí una descoordinación en el manejo de las cifras sobre la supuesta “disminución” de ejecuciones.

Los estados más violentos

Zeta documentó los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en los primeros 14 meses de gobierno de Peña Nieto.

La metodología utilizada para ello consistió en la confrontación de las estadísticas oficiales de las procuradurías estales, secretarías de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del SNSP con la información recopilada por asociaciones civiles, institutos de ciencias forenses, registros hemerográficos en las entidades federativas y funcionarios de gobierno.

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2014, el estado de Guerrero (gobernado por Ángel Aguirre Rivero, priista que ganó la gubernatura en la alianza PAN-PRD) continúa en primer lugar, con 2 mil 457 ejecuciones.

El segundo sitio es para el Estado de México, con 2 mil 367 ejecuciones. Por cierto, es la entidad natal de Enrique Peña Nieto, que éste gobernó entre 2005 y 2011 y que actualmente administra el también priista Eruviel Ávila.

El tercer puesto lo ocupa el estado de Chihuahua, con 2 mil 5 ejecuciones y gobernado por el también priista César Duarte.

Y Jalisco, gobernado por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, del partido tricolor, se ubica en cuarto escaño, con mil 766 ejecuciones.

Michoacán, en quinto lugar, con el gobierno de Fausto Vallejo, llegó a mil 738 ejecuciones; mientras tanto, Sinaloa, gobernado por Mario López Valdez, sumó mil 516 muertes relacionadas con el crimen organizado; y en Baja California, con el panista Francisco Vega de Lamadrid, la cantidad de ejecuciones ascendió a 986.

En total, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2014, Zeta registró, en la administración de Peña Nieto, 23 mil 640 ejecuciones, producto de la guerra contra el crimen organizado que mantiene el gobierno federal y los enfrentamientos entre cárteles de la droga en el país.

2013, igual de sangriento que 2012

El ritmo de las ejecuciones en México no ha variado entre el último año de la administración calderonista y el primero de Peña Nieto. En los últimos dos años, éstas se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel: 20 mil 571 registradas en 2012, por 20 mil 156 documentadas en 2013.

El gobierno federal reconoció 21 mil 728 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2012, mientras que en ese mismo año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documentó 26 mil 37.

El gobierno de Peña Nieto sólo reconoce 18 mil 147 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2013, y hay que recordar que el Inegi, en los próximos meses de 2014, dará a conocer la cantidad real de defunciones por esa causa correspondiente a 2013, que se espera superior a los “expedientes” difundidos por el Secretariado Ejecutivo del SNSP.

Acapulco, la ciudad más violenta

En el actual gobierno, el puerto de Acapulco sigue siendo la ciudad más violenta, con 883 averiguaciones previas por homicidio doloso registradas sólo en 2013, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. El Distrito Federal ocupó el segundo lugar, con 753, también en 2013.

Tijuana, la “ciudad modelo” en cuanto a seguridad tanto del gobierno de Calderón como de Peña Nieto, ocupa el tercer lugar con 564 homicidios dolosos sucedidos en 2013; incluso en todo Baja California Zeta documentó 865 ejecuciones en el mismo año.

Tijuana se perfila para superar la cantidad de ejecuciones de 2013, tomando en cuenta que en los primeros dos meses ese semanario registró 105 ejecuciones en sólo 64 días.

Culiacán ocupó el cuarto sitio con 479 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2013, mientras que Ciudad Juárez se ubicó en el quinto escaño, con 453 en el mismo periodo.

Se cuentan expedientes,

no víctimas

El gobierno de Peña Nieto registra averiguaciones previas y no víctimas. Así, la administración federal dio a conocer que en 2013 registró 18 mil 147 “averiguaciones previas” por homicidio doloso; por consiguiente, la cantidad real de víctimas está muy lejos del número de averiguaciones, pues un expediente puede implicar más de una víctima.

Zeta le preguntó a Monte Alejandro Rubido, titular del Secretariado Ejecutivo del SNSP, cuándo se modificará el formato para registrar víctimas por homicidio y no por el número de expedientes, a lo que respondió: “Estamos platicándolo con cada una de las procuradurías, porque precisamente lo que necesitamos es que tengan una capacidad homogénea para responder; no nos podemos dar el lujo de que unas entidades puedan estar respondiendo en tiempo y forma, y otras no, porque entonces generamos distorsión en la base de datos que hay en el secretariado”.

Hasta la segunda semana de marzo de 2014, el Secretariado Ejecutivo del SNSP continuaba reportando “averiguaciones previas” y no víctimas.

Las ciudades y municipios más violentos durante 2013 fueron: Acapulco, con 883 homicidios; Distrito Federal, 753; Tijuana, 564; Culiacán, 479; Ciudad Juárez, 453; Ecatepec, 312; Guadalajara, 297; Monterrey, 266; Zapopan, 258, y Chihuahua, 252 (Fuentes: procuradurías estatales).
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“Nos maquillan las cifras”/ENRIQUE MENDOZA HERNÁNDEZ/, revista ZETA

“Un gobierno que no puede dar cuenta de sus víctimas es un gobierno que comienza a tener complicidades muy graves con el crimen”, dice a Zeta el poeta Javier Sicilia sobre los intentos de Enrique Peña Nieto de ocultar las cifras reales de ejecuciones en lo que va de su gestión como presidente de la República.

 Cerca del tercer aniversario del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia Ortega –junto con los de María del Socorro Estrada Hernández, Jaime Gabriel Alejo Cadena, Álvaro Jaimes Aguilar, Julio César Romero Jaimes y Luis Antonio Romero Jaimes–, cuando Zeta le comunica al escritor que este semanario ha documentado decenas de miles de ejecuciones durante la actual administración, Sicilia afirma que ésta “maquilla las cifras”.

 Enseguida se ofrece parte de la entrevista con el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

 –¿Qué puede decirnos del hecho de que en los primeros 14 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto ha habido por lo menos 23 mil 640 ejecuciones?

 –¡Qué barbaridad! Yo asumo que, a pesar del cambio de discurso, la estrategia, la misma que implementó Calderón, es la que Estados Unidos nos ha impuesto, e insisto: el tema está hacia adentro del Estado. Si los criminales actúan como lo hacen, es porque hay una terrible impunidad dentro del Estado, y esa impunidad hace que el Estado sea fallido, que tenga el rostro de un narco-Estado, porque no está realmente reconstituyéndose en su función fundamental, que es servir a la justicia, a la paz. Está simplemente retroalimentando la violencia con este tipo de estrategias, y no atacando en su fondo el problema, por desgracia, pero parece que no quieren oír…

 –¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, días antes de la captura del Chapo Guzmán, cuando dijo que en enero de 2014 hubo 567 homicidios relacionados con el crimen organizado? Textualmente señaló que fueron “mil menos” que en meses anteriores, ya que el promedio era de mil 700 al mes, pero vemos que la realidad es otra en los estados…

 –Pues creo que han apostado por cambiar la percepción, y cambiar la percepción para ellos es borrar, maquillar las cifras; es decir, simular que esto está mejor, que tienen el control; y, por otro lado, construir una imagen  poderosa de esa salud aparente que va teniendo México, y la prueba de ello es esa portada tremendamente fallida y desacertada de Time. Ellos están buscando eso, pero México se sigue descomponiendo.

 “Entonces, si siguen apostando por esta realidad que parece imitar la estrategia política de Salinas en el sentido de promover la imagen mediática, pues les va a salir el tiro por la culata, porque ya no vivimos en la realidad del México de Salinas de Gortari, cuando podían maquillar eso. Ya estamos viendo otra realidad de un México verdaderamente descompuesto. En consecuencia, ésta les va a seguir brotando si no se encaminan verdaderamente hacia la sanación del Estado y hacia una reconstrucción verdadera del Estado de derecho, y ello significa ir sobre quienes están usando al Estado y a los partidos para delinquir, implica un autosacrificio por parte de los gobiernos.”

 –¿Cuál sería, a la larga, la consecuencia más grave para el gobierno de Enrique Peña Nieto si continúa maquillando las estadísticas, diciendo que siguen a la baja, reportando disminuciones aparentes?

 –Seguirá habiendo brotes de autodefensas. Las autoridades continuarán apartándose del pueblo, y el pueblo proseguirá esforzándose por reconstituir y  defender al Estado como pueda frente a la ausencia de Estado, y surgirá la terrible tentación (que se da cuando hay Estados tan débiles, tan corrompidos como el que tenemos) de la mano dura, la tentación del Estado de excepción.

 –Nos decía en entrevistas anteriores que el de México podría ser un narco-Estado o un Estado fallido. ¿A qué es lo que se acerca más la administración de Enrique Peña Nieto?

 –Pues a un Estado fallido. Mas si un Estado está fallido en la circunstancia que tiene México, tiene visos de ser un narco-Estado. Cuando seguimos teniendo 98% de impunidad, cuando los partidos y los gobiernos protegen delincuentes, cuando no se ataca a empresarios que están metidos en el lavado de dinero y en la delincuencia, pues eso se llama un narco-Estado, y por eso falla el Estado. Las partes sanas del país tendrían que trabajar muy fuertemente y unidas para transformar dicha situación.

 –En nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta de que ha sido una práctica común en el gobierno de Peña Nieto clasificar los homicidios dolosos como “accidentes”, como una forma de maquillar las ejecuciones en el estado de Michoacán, pero ahora vemos que esa práctica se está repitiendo en el estado de Morelos…

 –Yo creo que Morelos está viviendo también el mismo drama. El gobierno (de Graco Ramírez), que es mucho más abierto que cualquier otro, mucho más dialogante, tiene igualmente el gran defecto de que trata de cambiar la percepción a como dé lugar, haciendo muy poco trabajo para encontrar la paz y la justicia…

 –¿No hay diferencia entonces entre el discurso del gobierno perredista  de Graco Ramírez en Morelos y el del PRI de Peña Nieto a nivel nacional?

 –No, para nada, han tomado casi la misma estrategia mediática, que es  sumamente peligrosa, porque borran la realidad, pero esa realidad continúa allí y nos sigue alcanzando, y tarde o temprano eso los va a llevar a la pérdida absoluta de su capital político, así como a la tentación de empezar a criminalizar y a generar estados de excepción, a la vieja usanza del PRI.

 –A tres años del asesinato de su hijo “Juanelo”, ¿qué acciones realizará en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad?

 –Sí, pues viene el tercer aniversario, el 28 de marzo, del movimiento. Tenemos dos acciones importantes, una en México y otra en Cuernavaca. Es un posicionamiento frente al año y meses que lleva el gobierno de Enrique Peña Nieto; y, bueno, va a haber una gran exposición retrospectiva del movimiento, con dos espléndidas fotógrafas que tenemos, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, que se inaugura el 27 de marzo.

 –¿Cuál es su expectativa en cuanto a seguridad y violencia para lo que  resta de 2014, y, por qué no decir, en los próximos años de gobierno de Enrique Peña Nieto?

 –No tengo expectativa. Las últimas expectativas se ven horrendas, por la misma estrategia que están siguiendo con el intento de borrar y de maquillar este horror del país; las expectativas son negras. Tengo esperanza; la esperanza, a diferencia de una expectativa, es tener el corazón abierto a una buena sorpresa.