Las reformas del PRIAN, aval para el saqueo : AMLO

Las reformas del PRIAN, aval para el saqueo/ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Revista Proceso # 1950, 16 de marzo de 2014;

Del  libro Neoporfirismo. Hoy como ayer, Ed. Grijalbo, 2014

La llamada modernidad político-económica impulsada por el PRI, el PAN y grupos de poder afines no es otra cosa que una versión actualizada del pofirismo. En su libro más reciente, Neoporfirismo. Hoy como ayer, Andrés Manuel López Obrador sostiene esta tesis bajo el supuesto de que, como en el régimen dictatorial de Díaz, hoy “existe una república simulada y un Estado que funciona para garantizar la acumulación de las riquezas en pocas manos, sin ocuparse del bienestar general”. El político tabasqueño concluye que las llamadas “reformas estructurales” están siendo utilizadas para perpetrar el saqueo más grande en la historia del país. 

Con la autorización de editorial Grijalbo, aquí se adelantan partes del libro, que comenzará a circular esta semana.

(…) aunque parezca increíble, lo que ha sucedido en materia de deshonestidad en el actual periodo neoliberal, no tiene precedente. En estos tiempos el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente, y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. La corrupción ahora es indudablemente mayor. En la época posrevolucionaria los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos tocaron el petróleo; en estos  aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos a particulares nacionales y extranjeros. No sólo se  trata, como antes, de actos  delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público; ahora la corrupción se ha convertido en la principal función del Estado. Un pequeño grupo ha confiscado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado ha sido tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría. Y como decía León Tolstoi: Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y para redondear su idea, el escritor ruso se preguntaba y respondía: “Sin justicia, ¿qué es un Estado sino una cuadrilla de bandidos?”

 Ahora bien, esta nueva operación de recambio del antiguo régimen comenzó hace 30 años, al mismo tiempo que se impuso en casi todo el mundo  el llamado modelo neoliberal, que consiste, en esencia, en fincar la prosperidad de pocos en el sufrimiento de muchos. Obviamente, envolvieron esta infamia con una tenaz e intensa difusión de dogmas, como la supremacía del mercado, la utilización del Estado sólo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas y, desde luego, proclamaron que las privatizaciones eran la panacea. Para ellos el nacionalismo económico es anacrónico y la soberanía un concepto caduco frente a la globalidad; con una convicción fanática sostienen que se debe cobrar menos impuestos a las corporaciones y más a los consumidores, y que lo económico, en todo momento, debe predominar sobre lo político y lo social. El Estado, a su modo de ver, no tiene que promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso porque, si les va bien a los de arriba, según ellos, les irá bien a los de abajo. Esta idea peregrina, según la cual si llueve fuerte arriba inevitablemente goteará abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa, ha demostrado ser falsa en cuanto se observan las cifras que miden el crecimiento de la pobreza y de la miseria, no sólo en nuestro país, sino en la mayor parte del mundo.

 En México, semejante retacería de enunciados sin fundamento técnico ni científico, junto con las llamadas “reformas estructurales”, fue aplicada de manera puntual y utilizada como parapeto para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia del país. La política económica de élite comenzó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En esos tiempos hubo una intensa campaña propagandística, en la que intelectuales y “líderes de opinión” repetían como loros sofismas para justificar el bandidaje oficial y el predominio de los intereses económicos de una minoría por encima del bienestar público. De tal modo se ajustó el marco jurídico para legalizar el pillaje, que fue encubierto con el eufemismo de la “desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”. Aunque hubo procesos de licitación y rendición de cuentas (“libros blancos”), en todos los casos se sabía de antemano quiénes serían los ganadores en las subastas. Es cosa de recordar que Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, eran los encargados de palomear, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos, los cuales, hasta entonces, pertenecían a la nación. Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. En sólo cinco años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público. Es decir, se privatizaron compañías como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos; aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre; fábricas de tractores, de automóviles y motores, de cemento, de tubería, de maquinaria, entre otras. La entrega de bienes públicos a unos cuantos preferidos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas las tierras ejidales, las autopistas, los puertos, los aeropuertos y se incrementó el manejo de negocios de particulares nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad.

 Debe tenerse en cuenta que la política salinista se siguió aplicando durante los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, y que el grupo original “compacto” creado por Salinas, que se benefició con el remate de bienes públicos, no sólo continuó acumulando riquezas, sino que también fue concentrando poder político hasta llegar a situarse por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, son los integrantes de este grupo quienes verdaderamente mandan y deciden sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda, y en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, poseen o controlan la mayoría de los medios de comunicación.

 Esta élite, como es lógico, ha venido apostando a mantener la misma política del pillaje y ha impedido con trampas, dinero y manipulación el cambio de régimen. Fruto de esta práctica antidemocrática fue la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Se trata de un subordinado más de la élite dominante, de un personaje cuya utilidad es meramente ­escenográfica. Sin embargo, este nuevo pelele, por su alto grado de inmoralidad, servilismo e inconciencia, está conduciendo al país a un mayor deterioro en todos los órdenes y a la pérdida de la tranquilidad y de la paz social. En tan sólo un año, Peña Nieto ha logrado imponer, con apego a la agenda dictada desde el extranjero y con el contubernio de los grupos de poder en México, las llamadas reformas laboral, educativa, fiscal y energética, que agravian aún más al pueblo, destruyen la soberanía y socavan la convivencia pacífica alentando la frustración, el caos y la violencia.

 La profundización de esta política irresponsable se lleva a cabo mediante la propagación sistemática de mentiras y engaños, y por supuesto con la utilización de los medios de comunicación que casi en su totalidad están a disposición del régimen corrupto y autoritario. Así, previa campaña para prometer que habría empleos al por mayor, los legisladores del PRIAN aprobaron por consigna la llamada Reforma Laboral, en la cual, entre otras cosas, se establece que a partir del raquítico salario mínimo, 10 veces menor que el de Estados Unidos, se puede contratar a trabajadores por hora; es decir, se pretende pagar 8 pesos por hora y 32 pesos (la mitad del salario mínimo) por cuatro horas: ese dinero no les alcanza a los asalariados ni para sus gastos de transporte. Peor aún, la modificación referida contempla la contratación de trabajadores sujetos a periodos de prueba hasta por seis meses y por temporada, dejando que el empleador los despida sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Como ya es evidente, dicha reforma no ha traído ningún beneficio; desde que fue puesta en marcha no sólo no han aumentado las plazas de trabajo, sino que se vive uno de los años de mayor desempleo en la historia de México. Según cifras oficiales, de diciembre de 2012 a diciembre 2013 se crearon 233 mil empleos formales, lo cual significa que 1 millón de jóvenes que en este mismo lapso intentaron incorporarse al mercado laboral no consiguieron trabajo, y por lo contrario, engrosaron mucho más el rezago de millones de mexicanos desempleados.

 En cuanto a la llamada Reforma Educativa, aprobada, el 21 de diciembre de 2012, por los mismos legisladores del PRIAN y algunos del PRD, puede decirse que su orientación principal es la de restar derechos laborales a los maestros. La modificación a los artículos 3 y 73 de la Constitución, así como las leyes secundarias expedidas, no contemplan absolutamente nada para garantizar el derecho a la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad. Se omite el apoyo a estudiantes pobres con alimentación, útiles escolares, libros y becas. No se propone mejorar los métodos y contenidos de la enseñanza ni se plantea cómo resolver el grave problema de la deserción escolar, o el del rechazo de jóvenes, 300 mil en lo que va del gobierno de Peña Nieto, quienes son excluidos de las universidades públicas con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando lo que sucede en realidad es que no hay cupo o espacios porque no se cuenta con presupuesto suficiente. De modo que la llamada Reforma Educativa sólo busca quitar prestaciones a los maestros, someterlos mediante evaluaciones manejadas como represalias y dejar el mantenimiento de la infraestructura y de la operación de los planteles escolares en manos de los padres de familia.

 Por último, a finales del año pasado, se aprobaron casi al mismo tiempo las reformas fiscal y energética. La reforma al artículo 27 de la Constitución significa, como ellos mismos lo afirman con cinismo, otorgar contratos de utilidad compartida en la exploración y perforación de pozos petroleros; o dicho de otra forma, se trata de compartir con las compañías extranjeras las ganancias del pueblo y de la nación. Con la Reforma Fiscal aprobada se pretende compensar el desfalco que dejará el traslado de hasta 50% de la renta petrolera a empresas privadas. Con ese propósito aumentaron los impuestos y el déficit público. Es decir, buscan obtener de los bolsillos de los mexicanos y endeudando al país 500 mil millones de pesos, cantidad equivalente a lo que tienen planeado entregar en utilidades a las compañías petroleras extranjeras. Por si fuera poco, con la reforma al artículo 28 de la Constitución, dejaron el camino abierto para privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el gas, la industria eléctrica, así como la distribución, la comercialización y el transporte de los energéticos, cancelando la posibilidad de que un gobierno democrático pueda en el futuro utilizar el sector energético como palanca del desarrollo para reindustrializar al país, crear empleos y reducir el precio de las gasolinas, el gas y la luz. Por eso dijimos en su momento, y lo seguimos sosteniendo, que éste es el robo de todos los tiempos y el más irresponsable acto de traición a la patria.

 Claro está que toda esta operación de despojo trata de justificarse con la consabida retórica de promover la llegada de la inversión extranjera para reactivar la economía, crear empleos y procurar el bienestar de los mexicanos. Es la misma mentira del progreso utilizada durante el porfiriato para entregar a particulares nacionales y, sobre todo, a extranjeros, las tierras, las aguas, los bosques, las riquezas mineras y el petróleo, al precio del sometimiento, la pobreza, la cancelación de las libertades, los derechos políticos y la soberanía. En otras palabras, aun cuando este modelo económico se ha venido implementando en otros países del mundo con los mismos desastrosos resultados, para nosotros el llamado neoliberalismo no es más que neoporfirismo. Por eso indigna que los promotores de este retroceso, con la desfachatez que los caracteriza, desde el principio hasta la actualidad, hablen de que se trata de lo nuevo, de la modernidad, cuando en realidad es volver a una de las épocas más siniestras de la historia de México. Toda su estrategia consiste en regresarnos al pasado para quitarnos el futuro.

 Es inocultable que el modelo económico de marras, o mejor dicho, la política de pillaje, se ha traducido en un rotundo fracaso en términos de bienestar colectivo y ha producido la ruina del país. En vez de avanzar en lo económico, social, moral y político, hemos retrocedido. Y no podría ser de otra forma. El supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se hacen pasar por hombres de negocios. No son de ninguna manera políticas públicas pensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia, atendiendo demandas sociales con fines humanitarios para evitar conflictos y violencia; tampoco pretenden gobernar con rectitud y honestidad, sino básicamente dirigir toda la acción del gobierno hacia operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que eso nos traerá prosperidad.

 Es evidente que la privatización no es la panacea ni el camino hacia el crecimiento, el empleo y el bienestar. Si así fuera, ya se estarían viendo los beneficios. A estas alturas conviene preguntar puntualmente a los defensores de esa política: ¿En qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones? ¿Qué no, acaso, los servicios de telefonía e internet son los más caros, atrasados y lentos del mundo? ¿Qué beneficios se han obtenido del monopolio de los medios de comunicación, cuyos concesionarios han recibido dinero a raudales del presupuesto público? Son guardianes del régimen corrupto con prácticas totalitarias que van desde la manipulación y el ocultamiento de la verdad, hasta el desprestigio y la destrucción de opositores. ¿En qué se avanzó con la privatización de los Ferrocarriles Nacionales, si en 20 años las empresas extranjeras, además de que no han construido nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga? Una imagen de lo más dolorosa de este funesto retroceso es el caso de La Bestia o tren de la muerte. ¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 62 millones de hectáreas, 30% del territorio nacional, para la explotación del oro, la plata y el cobre? Los trabajadores mineros mexicanos ganan, en promedio, 16 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá. Un dato: las empresas de este ramo han extraído en sólo 10 años el doble de la plata y del oro que se llevaron los españoles en 300 años, y durante la Colonia, mal que bien, se construyeron bellos edificios y templos que hasta hoy se aprecian en los centros históricos de las ciudades mineras y de la capital del país. Pero ahora no dejan nada, no hay ninguna obra, ningún beneficio, ni siquiera pagan impuestos por la explotación de esta riqueza, con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio. Es decir, estamos viviendo en la época de mayor saqueo de los recursos naturales en la historia de México.

 En realidad, nada bueno ha significado esta política para el desarrollo de México. En 30 años, ni siquiera en términos cuantitativos hemos avanzado. Al contrario, nos hemos colocado, incluso, por debajo de Haití en cuanto a crecimiento ­económico. La constante ha sido, como se advierte en la actualidad, el estancamiento económico y la falta de oportunidades de empleo, que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar o a buscarse la vida en actividades consideradas como informales. Hoy, la mitad de los mexicanos trabaja en forma precaria y sin ninguna seguridad social. Tampoco debemos pasar por alto que por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, la falta de empleos y la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han cobrado miles de muertes en nuestro país. Por todo ello es ilógico pensar que con la misma política económica y las reformas neoporfiristas podremos los mexicanos superar la decadencia. Por el contrario, y duele decirlo, mientras no haya un cambio de fondo, México se seguirá hundiendo.