Los migrantes centroamericanos, abandonados por la CNDH

Los migrantes centroamericanos, abandonados por la CNDH/Jenaro Villamil

Revista Proceso # 1950, 16 de marzo de 2014

Las desapariciones, torturas, cremaciones indebidas y ausencia de derechos humanos y de justicia a las que son sometidos los migrantes centroamericanos se documentan en un informe que elaboraron nueve organizaciones civiles, sobre todo en torno a los casi 200 cuerpos hallados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011. Este 18 de marzo, el documento será entregado al Senado de la República con el objetivo de que haga comparecer al titular de la CNDH, Raúl Plascencia, para que explique los abusos y la indefensión en que se encuentran en México los centroamericanos que cruzan el país en su afán de llegar a Estados Unidos.

La segunda matanza de San Fernando, Tamaulipas, perpetrada en marzo de 2011 con un saldo de casi 200 víctimas, puede volver a producirse ante la ausencia de investigación y sanción de los responsables de desapariciones forzadas, la falta de una base de datos confiable sobre personas desaparecidas y migrantes, el escaso interés de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por estos problemas y la descoordinación de las procuradurías estatales y General de la República.

 Así lo destaca un detallado informe de seguimiento de los abusos contra migrantes, elaborado por nueve organizaciones civiles, que se entregará a las comisiones dictaminadoras del Senado el 18 de marzo, con el objetivo de citar a comparecer al titular de la CNDH, Raúl Plascencia.

 Por lo que se refiere a Coahuila y Tamaulipas, las agrupaciones documentan casos de tortura y maltrato. En lo que atañe a la investigación de 192 cuerpos hallados en San Fernando, señalan que no se explican por qué 120 restos se encuentran a disposición de la PGR y 72 en manos de la procuraduría de Tamaulipas.

El documento, cuya copia obtuvo Proceso, detalla las irregularidades cometidas en las indagaciones sobre la segunda masacre de San Fernando –considerada como uno de los episodios más violentos de la guerra entre los cárteles del narcotráfico–, denuncia la tortura en la estación migratoria de Saltillo y resalta que tan sólo entre julio de 2012 y agosto de 2013 se registraron 36 eventos de desaparición de viajeros con al menos 69 víctimas reportadas, sin que se sepa nada de ellas.

 Tan sólo en Coahuila, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios tiene documentados 143 casos con 327 personas desaparecidas en esta entidad, más otros 44 eventos con 96 desaparecidos en otros estados de la República, entre 2007 y julio de 2013.

 La Red Regional Verdad y Justicia, otra de las organizaciones no gubernamentales que elaboraron el informe, ha dado cuenta de 344 migrantes víctimas de violaciones a sus derechos humanos en México, a partir de expedientes registrados, que constituyen menos de 1% de los casos que se calculan.

 Según la base de datos de la Red Regional Verdad y Justicia, 41% de los casos son de ciudadanos de Honduras; 30.8%, de El Salvador; 20.35%, de Guatemala, y 0.29%, de Brasil. En 2011 fue registrado “el mayor número de personas migrantes desaparecidas, con un total de 46, lo que equivale a 13.37% de los casos registrados”, calcula el informe.

 La dificultad para tener una base de datos confiable y oficial radica en varios factores, especialmente en que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR “no cuenta con un mecanismo de búsqueda urgente y más bien atiende de manera individualizada los casos que van llegando a sus oficinas en el Distrito Federal, sin una estrategia unificada y sin un enfoque que tome en cuenta la naturaleza específica del fenómeno de la desaparición forzada en el país”, advierte el documento.

 Las asociaciones de familiares de personas desaparecidas también refieren que, hasta ahora, “no se ha tomado en cuenta la necesidad de orientar los mecanismos existentes hacia la búsqueda de personas con vida”.

 Las nueve organizaciones que redactaron conjuntamente el informe critican el hecho de que la PGR decretara como “información reservada” el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas que anunció en abril de 2013 la titular de Províctima, Patricia Bugarín.

 La ineficacia de las investigaciones es enorme: entre enero de 2006 y agosto de 2013 se han iniciado 144 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, pero sólo seis se han consignado y 138 continúan abiertas. Únicamente dos personas han sido sentenciadas por el delito de privación ilegal de la libertad y secuestro contra migrantes.

 “A la luz de lo anterior –asientan en su documento– no queda claro cuántos de los más de 20 mil casos de secuestro/desaparición reportados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, y entre abril y septiembre de 2010, fueron efectivamente procesados por la PGR.”

 La PGR y la CNDH “tienen conocimiento de muy pocos casos con respecto a las cifras manejadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil”, afirman.

San Fernando y Cadereyta

Tras el hallazgo de 192 cuerpos de migrantes asesinados en fosas comunes en San Fernando en marzo de 2011 y de 49 torsos encontrados en la carretera de Cadereyta, Nuevo León, se firmó un convenio de colaboración para la identificación de los restos con organismos civiles (agosto de 2013), y éste llevó a la formación de una Comisión Forense. El convenio permitiría acceder a la información genética almacenada en bancos forenses, entre otras medidas.

El informe detalla así algunas de las “prácticas por parte del gobierno mexicano” ante los restos localizados en San Fernando:

“a) No existe un criterio claro para definir la competencia federal o local con respecto a los hechos, en el sentido de que 120 restos se encuentran a disposición de la PGR y 72 se encuentran a disposición de la PGJ de Tamaulipas y por ello la investigación y el tratamiento de dichos restos no han sido uniformes.

“b) No se ha reconocido la calidad de víctimas de las familias centroamericanas dentro de las investigaciones ministeriales.

“c) No hay claridad sobre las identificaciones y no se ha proporcionado información ni documentación a los familiares que acrediten la identificación.

“d) Se han cremado-incinerado algunos de los restos de personas migrantes centroamericanas supuestamente identificadas en las fosas de San Fernando.

“e) Falta de coordinación entre las autoridades mexicanas y centroamericanas respecto a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas.”

Como ejemplo, mencionan que, en un hecho que documentó la Fundación para Justicia y el Estado Democrático, por error del gobierno mexicano se entregaron los restos de una persona brasileña exhumados en San Fernando a una familia hondureña.

Algo más grave ocurrió con los cuerpos de siete guatemaltecos supuestamente localizados en las fosas clandestinas de San Fernando. Las familias fueron notificadas por teléfono de que los restos serían cremados. Los parientes se opusieron por la falta de certeza sobre la identificación y solicitaron medidas cautelares urgentes a la CNDH para prevenir la cremación. “La CNDH no realizó ninguna actuación para impedir dicha cremación”, aseguran las organizaciones civiles.

Ante la falta de actuación de la CNDH, los familiares solicitaron el 30 de noviembre de 2012 a la PGR que detuviera la cremación. La Subprocuraduría de Derechos Humanos les informó que el 1 de diciembre de 2012, en pleno cambio de gobierno federal, los restos habían sido cremados a las 15:40 horas, “y que por lo mismo era imposible atender dicha solicitud”.

“De lo anterior se desprende que las familias guatemaltecas involucradas se vieron fuertemente perjudicadas y fueron expuestas a revictimización y a un profundo sufrimiento”, sentencia el informe.

El 19 de febrero de 2013, la cancillería de El Salvador se comunicó con la madre de uno de dos salvadoreños identificados en San Fernando para que autorizara la cremación de los restos que supuestamente pertenecían a su hijo como condición para que pudieran ser repatriados a la nación centroamericana. La madre se negó a firmar dicha conformidad.

Con el fin de evitar casos similares, organizaciones como el Centro de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho han solicitado la intervención de la CNDH para que dicte medidas cautelares ante la procuraduría estatal de Tamaulipas. A raíz de la ineficacia de la acción de la CNDH, se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta la fecha, este organismo sigue estudiando las peticiones.

“Es evidente que en el caso de las averiguaciones en México se niega a las familias de las personas migrantes desaparecidas contar con representación jurídica dentro del proceso de identificación y repatriación de los restos mortales, así como tampoco se les proporciona ayuda para el traslado local, es decir, del aeropuerto de su país al lugar donde serán trasladados los restos”, abundan.

El informe plantea que estas prácticas violan lo establecido en el artículo 21 de la Ley General de Víctimas e ilustran “la evidente descoordinación entre las mismas instituciones de procuración de justicia en México”.

La división entre la PGR y la PGJ de Tamaulipas, que investigan 120 y 72 cuerpos de los hallados en San Fernando, “ha tenido consecuencias negativas en el suministro de información a las familias y, obviamente, para la misma investigación penal”.

Recuerdan que en mayo de 2012 presentaron un informe alternativo donde relataron varios episodios de amenazas y hostigamientos a familiares y representantes de víctimas de desaparición forzada, así como numerosas  falencias del Estado mexicano. A pesar de la adopción de una ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y del establecimiento de un mecanismo de protección, “la situación no ha mejorado de manera significativa en este lapso”, exponen las organizaciones.

Abusos en estación de Saltillo

La Casa del Migrante de Saltillo, una de las organizaciones que prepararon el informe, reportó abusos constantes y secuestros en la estación migratoria de esa ciudad.

No se avisa a los familiares de los detenidos; no se facilita a éstos ninguna comunicación; permanecen retenidos más de 36 horas; se les medica con analgésicos, sin importar la gravedad de sus padecimientos; no se les dan a conocer sus derechos, y varios migrantes han sido torturados y abusados sexualmente, como ocurrió con dos mujeres transexuales hondureñas que arribaron a la estación de Saltillo.

Ellas llegaron allí tras ser detenidas en Monterrey, Nuevo León. Huían de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde una persona las vendió al dueño de un bar y fueron explotadas sexualmente, además de estar a disposición de “un peligroso grupo de delincuencia organizada, quienes abusaban de ellas físicamente (golpes, violaciones, consumo obligado de cocaína)”.

Cuando se hallaban en la estación tenían sus partes íntimas destrozadas por las violaciones que sufrieron, sin ánimo de comer y con mucho miedo. Nadie las reportó ni permitieron que se comunicaran con sus familiares.

Tan sólo el pasado 8 de febrero, el subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas de Coahuila, José Yáñez Arreola, anunció que se hallaron narcofosas con restos humanos calcinados. Originalmente se reportaron “500 restos óseos humanos”, y luego 300, sin que hasta ahora exista una cifra oficial. Se presume que la mayoría de los huesos pertenecen a migrantes centroamericanos.