Golpeteo contra el PAN, pero sin nocauts

Golpeteo contra el PAN, pero sin nocauts/Jorge Carrasco Araizaga

Revista Proceso # 1950; 16 de marzo de 2014;

Hasta el momento la aparente lucha emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra las secuelas de la corrupción y los montajes panistas sólo ha quedado en un espectáculo mediático-político. Los Pinos desmantela las falacias de la Operación Limpieza, libera a Florence Cassez, encarcela a Elba Esther Gordillo, recaptura al Chapo Guzmán, mata –ahora sí– a Nazario Moreno e investiga el caso Oceanografía, pero no avanza más allá en sus pesquisas, mucho menos en sus acusaciones penales. Si se empleara a fondo, la PGR debería estar apuntando a Eduardo Medina Mora, a Genaro García Luna, a Felipe Calderón…

Sin estridencias políticas la administración de Enrique Peña Nieto ha empezado a ajustarle cuentas a los sexenios panistas. En apenas un año y tres meses de gobierno, de la mano del procurador Jesús Murillo Karam, ha exhibido nacional e internacionalmente a los dos anteriores mandatarios, sobre todo a Felipe Calderón. Pero los efectos hasta ahora son más mediáticos que judiciales contra los principales responsables del gobierno pasado, a quienes ni siquiera les ha abierto procesos administrativos, mucho menos penales.

A diferencia de la inacción del expresidente Vicente Fox contra los gobiernos priistas, Peña Nieto puso en su agenda la revisión de asuntos que, al tiempo de redituarle, dejan mal parados a los panistas. Y su gran instrumento ha sido la Procuraduría General de la República (PGR), la cual ha puesto al descubierto lo mismo redes de protección política y económica del foxismo que los fracasos rotundos, abusos y “errores” de Calderón en su costosa campaña armada contra la delincuencia organizada.

 Con casos como el fiasco de la Operación Limpieza y el descrédito de los testigos protegidos que usó Calderón para acusar y encarcelar incluso a generales, Peña Nieto ha impuesto la agenda en los medios. Pero no ha ido más allá.

 Salvo las actuaciones judiciales dirigidas hacia algunos empresarios protegidos de los gobiernos panistas y la principal operadora contra el PRI en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, la expriista Elba Esther Gordillo, no ha emprendido hasta ahora acciones legales contra exfuncionarios de primer nivel, pese a las probadas responsabilidades de algunos. Sólo los ha exhibido.

 Algunos priistas, como el senador Omar Fayad Meneses –del llamado Grupo Hidalgo, donde también se ubica a Murillo Karam–, quieren ir más allá para que se establezcan responsabilidades contra algunos exfuncionarios panistas y que casos como el de los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán y Nazario Moreno, El Chayo, no queden en meras pifias.

Hasta ahora Peña Nieto se ha limitado a mostrarlos como corruptos, ineficaces y abusivos. Apenas asumió el poder, en enero de 2013 facilitó la liberación de la francesa Florence Cassez, cuyo encarcelamiento se convirtió en una causa de Calderón y su hombre fuerte, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El mandatario panista estuvo dispuesto al conflicto con Francia con tal de no verla fuera de prisión al menos durante su gobierno.

La liberación de Cassez fue ordenada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una votación dividida, pero el voto decisivo fue del primer ministro del máximo tribunal del país propuesto por Peña Nieto: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con apenas un mes como ministro y sin ninguna experiencia como juez, acabó por definir la salida de Cassez de la cárcel y del país.

Pero Peña no fue más allá, pese a que los ministros determinaron que una docena de exfuncionarios encabezados por García Luna fueron responsables de graves violaciones constitucionales durante la detención de la francesa en diciembre de 2005.

En ese entonces, cuando a Fox le quedaba un año en el poder, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación, ahora Agencia de Investigación Criminal. La estrategia del montaje de aquél y su equipo cercano para acusar a Cassez quedó como verdad judicial y así se difundió internacionalmente. Fue el primer golpe contra Calderón.

El segundo gran descalabro para el panismo llegó de inmediato. En febrero de 2013 el gobierno de Peña Nieto ordenó la detención y encarcelamiento de la exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, principal disidente del PRI y quien operó en los triunfos de Fox y Calderón. La acción llegó de la mano de Murillo Karam, responsable de armar el expediente contra la maestra con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Al tiempo de integrar las acusaciones contra Gordillo para desarticular la fuerza política que en pago le dieron Fox y Calderón, Murillo desactivó las acusaciones de los testigos protegidos o colaboradores con las cuales la administración anterior detuvo a numerosos funcionarios y exfuncionarios, incluidos militares de alto rango, y con las que presumía sus éxitos contra la delincuencia organizada.

La PGR sencillamente dejó de promover acciones contra los acusados de los testigos pagados y presentó acciones no acusatorias contra varios de ellos, empezando por el general de división Tomás Ángeles Dauahare, quien salió libre en abril de 2013 luego de casi un año en prisión. Fue el mismo caso del también divisionario Ricardo Escorcia Vargas y de los generales de brigada Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez.

Poco antes había sido liberado Noé Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO), con lo que se empezó a desfondar la Operación Limpieza emprendida por el entonces procurador Eduardo Medina Mora y su titular de la SIEDO, Marisela Morales, para procesar a quienes dentro de la PGR presuntamente protegían al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La plataforma de la PGR

Fuera de quien hasta ahora es la presa del sexenio, la PGR se ha limitado a exhibir a Calderón y algunos de sus principales operadores. Los más evidenciados han sido García Luna y Marisela Morales. De paso, ha quedado inmiscuido el actual embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora.

Peña Nieto no ha ido más allá. A García Luna no le ha fincado ninguna responsabilidad y a los otros dos los tiene bajo protección. A Morales la hizo cónsul en Milán, y a Medina Mora, su hombre en Washington luego de que a mitad del sexenio el también exprocurador rompiera con el calderonato, en particular con el exsecretario de Seguridad Pública, y acabara el sexenio exiliado como embajador en Gran Bretaña.

La PGR ha sido la plataforma de Peña Nieto contra los panistas. Desde ahí se concretó la persecución contra el exdueño de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, uno de los empresarios favorecidos y protegidos del panismo, un caso que quedó empantanado el sexenio pasado a pesar de haber quebrantado a la aerolínea.

También se destrabó la acción judicial contra uno de los señalados en el escándalo de la Estela de Luz, Ernesto Villaseñor García, quien desde el foxismo era el titular del Órgano Interno de Control de I.I.I. Servicios, subsidiaria de Pemex, y quien dependía de la Secretaría de la Función Pública. Pero tampoco ha ido contra altos funcionarios y se ha limitado a perseguir a trabajadores de mediano nivel.

El caso más reciente contra allegados al panismo es el de la empresa Oceanografía, contratista de Pemex, que vivió sus mejores años con los gobiernos de Fox y Calderón y contó con los favores de los hijos de Marta Sahagún, esposa del entonces presidente.

 Aunque Banamex destapó el escándalo al informar que Oceanografía le cometió un fraude por 360 millones de pesos, fue la PGR la que ya tenía armado el expediente contra los dueños de la empresa, allegados al colaborador más cercano que tuvo Calderón, Juan Camilo Mouriño, muerto en noviembre de 2008 en un accidente aéreo en la Ciudad de México.

 En diciembre pasado la PGR inició la investigación contra los dueños de la empresa: Amado Omar Yáñez Osuna, quien tiene 75% de las acciones, y Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda de Vicente Fox, así como los hermanos Óscar y Javier Rodríguez Borgio. Los empresarios crearon un entramado financiero que incluye gasolineras, inmobiliarias, cajas de ahorro, el CI Banco, casinos y barcos que pudieron ser utilizados para el lavado de dinero.

 Hasta ahora el único funcionario señalado por el gobierno de Peña Nieto en ese caso es Mario Alberto Ávila Lizárraga, próximo a su paisano Mouriño. En 2009 fue candidato del PAN al gobierno de Campeche. Derrotado, el gobierno de Calderón lo hizo subdirector de Mantenimiento de Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción, desde donde operó a favor de Oceanografía.

 Otro hombre muy cercano a Calderón, su exsecretario particular César Nava Vázquez, también estuvo en la mira del gobierno peñista. En mayo pasado fue incluido en una ampliación de la denuncia que Pemex presentó en diciembre de 2012 –en cuanto Peña llegó a la Presidencia– en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra las empresas SK Engineering y Siemens.

 Las acusó del pago de supuestos sobornos para defraudar a la paraestatal durante los trabajos de modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, a través de Conproca, un consorcio integrado por esas dos firmas.

 Nava fue incluido por su supuesta complicidad para impedir que la paraestatal cobrara un cheque por casi 103 millones de dólares, cuando era director jurídico de Pemex durante el gobierno de Fox. Según la ampliación de la demanda, Nava “impidió que Pemex recibiera 102.8 millones de dólares en compensación por las violaciones al contrato de Conproca”, originadas por retrasos en el proyecto de la refinería. La demanda fue desestimada por la corte neoyorquina en agosto pasado y hasta ahora la PGR no ha anunciado acción alguna contra Nava.

 Tanto en Oceanografía como en Conproca el nombre de Calderón es inevitable. Durante el gobierno de Fox, entre 2003 y 2004, fue secretario de Energía, responsable de lo que ocurría en el sector.

 Para las defensas, las acusaciones de la PGR contra los dueños de Oceanografía, Azcárraga y Gordillo, en distintas modalidades de delincuencia organizada, serán complicadas y tardarán en desacreditarlas.

“Chapo” y “Chayo”

Como protagonista en la exhibición de los panistas, Murillo fue quien confirmó el 22 de febrero la recaptura del Chapo, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa prófugo durante los dos gobiernos panistas.

Cuatro días después de la captura el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, declaró a la periodista Carmen Aristegui, en MVS Radio, que el gobierno investigará a los funcionarios y empleados implicados en la fuga del Chapo, ocurrida el 19 de enero de 2001 cuando Fox no tenía ni dos meses en Los Pinos.

No había pasado un mes de la reaprehensión del Chapo cuando el gobierno de Peña Nieto anunció la muerte, ahora sí, del narcotraficante michoacano Nazario Moreno González, El Chayo, jefe de Los Caballeros Templarios. En diciembre de 2010 el gobierno de Calderón había declarado oficialmente que la Policía Federal lo había ultimado en un enfrentamiento y lo sumó como uno de los logros de su combate al narcotráfico.

De nueva cuenta los señalamientos apuntan a García Luna.

La nueva exposición nacional e internacional de Calderón y García Luna le dio la ocasión al PRI para que en el Senado presentara un punto de acuerdo dirigido contra el calderonismo.

El acuerdo pide a los titulares de la PGR y de la Secretaría de Gobernación, de la que ahora depende la Policía Federal, que informen por separado “sobre las acciones que realizaron para determinar el paradero de Nazario Moreno González, dado por muerto en diciembre de 2010”.

“El caso de Nazario Moreno no concluye con su muerte. Tiene diversas implicaciones que deben ser investigadas”, dice a este semanario Omar Fayad, primer comisionado de la Policía Federal en el gobierno de Ernesto Zedillo y ahora presidente de la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la Comisión de Justicia del Senado.

Lo más benévolo es decir que se trató de un error humano, asegura el senador sobre el reconocimiento de Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación de Calderón y quien en 2010, como vocero presidencial y secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, anunció la muerte del Chayo, también conocido como El Doctor y El Más Loco.

Actual director de la Escuela de Gobierno y Política Pública y del Instituto de Administración Pública del Tec de Monterrey, Poiré publicó un comunicado exculpatorio en su cuenta de Twitter el domingo 9, cuando el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, anunció la muerte del Chayo.

En su comunicado Poiré dijo que la declaración de muerte de Nazario Moreno hace tres años se hizo “estrictamente apegada a los elementos informativos al alcance de un servidor como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Dicha información fue reservada conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigentes. La información disponible ahora hace ver que los elementos al alcance de la Secretaría Técnica en diciembre de 2010 no fueron lo suficientemente precisos”.

Al día siguiente Calderón se colgó del mismo comunicado para deslindarse de la pifia que él mismo pregonó y dejó asentada en su quinto informe de gobierno.

Empezando por el expresidente, nadie se quiere hacer cargo de lo ocurrido con El Chayo. El miércoles 12 el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos, también se hizo a un lado. Durante la presentación de su libro Historia del narcotráfico en México, que promueve desde octubre del año pasado y en el que da por buena la primera muerte del Chayo, dijo que el operativo fue “sólo de la Policía Federal”, a cargo de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública; es decir de García Luna.

El PRI en el Senado no quiere dejar pasar la oportunidad. “Pueden decir que hubo un error humano, que se equivocaron; pero puede ser también que lo hicieron para dejar trabajar durante cuatro años más” al jefe del narcotráfico en Michoacán, advierte Fayad.

En entrevista telefónica señala: “Lo más benévolo es decir que se trató de una pifia. Queremos saber quién se equivocó, porque hay una línea de mando. Hay que saber quién le dio la información a Poiré, si hubo información de peritos de la PGR y quiénes fueron los ministerios públicos que lo declararon muerto”.

Fayad plantea un escenario más grave aún: que dolosamente hicieron creer que ya estaba muerto para no perseguirlo y dejarlo trabajar en la impunidad.

Dice que el caso del Chayo no es el único que quieren investigar los senadores priistas. También la fuga del Chapo Guzmán. “Necesitamos saber quién le abrió la puerta. Nadie se puede escapar de un penal de máxima seguridad si no es con ayuda. Se inventaron un pagano, el director del penal, pero es difícil pensar que él sólo lo decidió”.

 Considera que las investigaciones tienen que dirigirse hacia la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR con los distintos titulares que tuvo en el calderonato: Medina Mora, Arturo Chávez y Marisela Morales. Pero dice también que Calderón “no puede quedar exento”.

 “Una vez que se haga la investigación deben salir responsables. No le queda a un exsecretario de Gobernación salir a decir que era muy tonto, que él sólo decía lo que a su vez le decían. En el mejor de los casos se puede hablar de errores, pero las equivocaciones cuestan, y en el caso de la pérdida de miles de vidas no se pueden pasar así nada más”.