PRI-PVEM: alianza para encubrir/Jesusa Cervantes

Revista Proceso No.1986, 22 de noviembre de 2014.

PRI-PVEM: alianza para encubrir/Jesusa Cervantes

La sesión del jueves 20 en San Lázaro alcanzó niveles nunca antes vistos durante la actual Legislatura, toda vez que la dupla PRI-PVEM la reventó cuando las fracciones del PRD, PT y MC propusieron la creación de un grupo especial para investigar el caso de la Casa Blanca de Angélica Rivera. Ante la inusual reacción, los diputados promoventes esperan que este lunes 24 la Junta de Coordinación Política retome el tema, aunque sospechan que su propuesta no prosperará porque, como dice el perredista Fernando Belaunzarán, los priistas insisten en encubrir a la pareja presidencial.

Las discusiones sobre la reforma energética en San Lázaro fueron ríspidas. Hubo conatos de violencia, agresiones físicas, insultos, jaloneos, tomas de tribuna, pero los ánimos de los legisladores no se exacerbaron tanto como el jueves 20, cuando se abordó en tribuna el tema de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, La Gaviota, ubicada en Sierra Gorda 150.

Fue tal el malestar que los diputados de la dupla PRI-PVEM no aguantaron los cuestionamientos de sus pares del PAN, PT, PRD y el partido Movimiento Ciudadano sobre cómo obtuvo la cónyuge del presidente Enrique Peña Nieto esa mansión de las Lomas de Chapultepec, y de un manotazo suspendieron la sesión ordinaria de ese día.

Varios representantes de esos partidos incluso calificaron la maniobra de “golpe de Estado al Poder Legislativo”.

Marcelo Torres Coufiño, vicecoordinador de la bancada panista, dice a Proceso que el escándalo de la Casa Blanca es apenas la punta del iceberg. “Lo que vemos detrás –dice– es un conflicto de interés, así como tráfico de influencias y, tentativamente, actos de corrupción”.

Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Ciudadano, comenta: “Es muy grave lo que sucedió en esta legislatura. Ahora que se abre el debate sobre Peña Nieto, La Gaviota y su corrupción, los priistas y sus aliados levantaron la sesión. Eso no lo lograron las “discusiones sobre las reformas estructurales”.

Para el perredista Fernando Belaunzarán, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, “lo prohibido, lo innombrable en esta cámara, es el patrimonio del presidente y su esposa”. Añade: “Una de las causas de la crisis de este país es la opacidad y la falta de rendición de cuentas. El tema de la casa es un tema que se debe investigar y se debe abordar en la Cámara de Diputados”.

Las últimas semanas, casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de civiles en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército, se discutieron en el pleno; incluso se crearon comisiones especiales para darles seguimiento, pero eso no sucedió con el asunto de la Casa Banca el jueves 20 por la mañana.

Antes de que arrancara la discusión en el pleno, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a la que pertenece Belaunzarán, aprobó por unanimidad “solicitar” a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de la instancia investigadora.

El viernes 21, los priistas comentaban que no se avalará esa propuesta en la Jucopo, donde PRI y PVEM, con el apoyo de los legisladores del Panal, cuentan con 251 votos, lo que hace improbable la constitución de un grupo de trabajo que investigue a la pareja presidencial por posible tráfico de influencias, como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox cuando los diputados quisieron indagar los negocios de los hijos de Marta Sahagún.

Comisión imposible

La mañana del jueves 20, durante la reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, relata el diputado perredista Fernando Belaunzarán, se propuso la creación de un grupo de trabajo para investigar “el gran escándalo” del país: con qué dinero y bajo qué objetivo se construyó la Casa Blanca.

La presidenta de la comisión, la priista Arely Madrid Tovilla, incluso aceptó llevar la propuesta a la Jucopo.

“No bastan las declaraciones de la esposa del presidente; no bastan los dichos de una persona –dice el perredista–. Hay que corroborar que los ingresos correspondan al pago de impuestos; verificar el costo real de la transacción; si ésta fue notariada y quién fue el notario; si hubo una transacción bancaria; si se pagó con cheque, y qué estipula el contrato.”

Todos los partidos estuvieron de acuerdo.

Sostiene que el Congreso de la Unión, como contrapeso del Poder Ejecutivo, debe hacer la indagatoria al respecto, “hay que ver cada una de las partes y corroborar el dicho de la señora (Rivera). Esa indagación debe hacerse en cualquier democracia”.

El punto toral del escándalo, insiste Belaunzarán, es establecer si hay o no un conflicto de interés debido a que Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de varias empresas, contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y proveedor en la actual administración federal, es uno de los presuntos ganadores de la licitación para construir el tren bala México-Querétaro; él es quien tiene la posesión de los terrenos de la Casa Blanca.

La intención del grupo de trabajo o comisión especial “no será aumentar el escándalo, sino dar transparencia y certidumbre. Es un deber en cualquier democracia”, puntualiza el diputado perredista.

Según él, “la simulación y el gatopardismo no sirven; son contraproducentes en estos momentos en que hay una desconfianza de la ciudadanía. La Presidencia de la República debe reconocer la magnitud de la crisis de credibilidad y política, mientras que el Poder Legislativo tiene que dar certeza, y este grupo de trabajo lo puede hacer”.

El peor escenario es que el Legislativo actúe como si no pasara nada, comenta Belaunzarán, quien, al igual que otros diputados, considera que el engarce entre la casa de Sierra Gorda 150 y la suspensión de la licitación del tren bala “afectó el grado de certeza y seriedad del gobierno” ante los inversionistas.

“Si no hay nada que esconder, si toda la operación fue legal, ¿por qué vender la casa? Esa pregunta la puede responder este grupo de trabajo”, insiste Belaunzarán.

Este lunes 24 la Jucopo deberá decidir si acepta la conformación de la nueva instancia y someterla a votación en el pleno para el martes 25. Si ello no ocurre, habrá problemas, dice el panista Torres Coufiño.

El PRI no escucha ni ve ni siente

El PAN, que en este asunto apoya la conformación del grupo de trabajo propuesto por los legisladores de izquierda, sostiene que el país está sumido en una crisis política y de credibilidad, así como económica y social.

“México está en una situación complicada; es un momento delicado… millones de mexicanos se están manifestando en las calles, sí por el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero eso fue lo que hizo confluir la indignación de la sociedad. El tema de la Casa Blanca es la punta del iceberg, es un tema minúsculo si lo comparamos con la licitación del tren México-Querétaro”, reflexiona el vicecoordinador del PAN en San Lázaro.

Considera que el partido en el poder debe ser serio y escuchar lo que sucede en las calles, pero no lo hace. Va de error en error, añade, y alude al video en el cual Angélica Rivera ofrece una explicación sobre sus ingresos como actriz y cómo adquirió la residencia de Sierra Gorda 150:

“Ese video arroja errores evidentes. Lejos de solucionar la situación, generó mayor molestia entre la población. Pareciera que se quiere apagar el fuego con gasolina.”

Torres Coufiño asegura que aun cuando el PRI se pronunció a favor de la creación del grupo de trabajo, es difícil que avale la propuesta en la Jucopo. Sin embargo, insiste, “aunque se niegue, tenemos que insistir, junto con la izquierda”.

Además, refiere, la Fiscalía Anticorrupción –que debe ser un órgano autónomo, ciudadano, que dé certeza jurídica y confianza a la población– debe quedar avalada antes del 15 de diciembre. “Y si no hay un grupo de trabajo para el caso de la Casa Blanca, entonces esta fiscalía deberá atenderlo”.

Según Torres Coufiño, más allá del valor de la casa de Angélica Rivera tiene que aclararse el “escándalo” de la licitación del tren México-Querétaro, su vinculación a las empresas involucradas con Enrique Peña Nieto. También debe hacerse público que, por la cancelación de esa licitación, el erario tendrá que pagar poco más de 50 millones de dólares de multa.

“Esas operaciones no se pueden manejar de manera discreta, en lo oscurito. Son licitaciones que cuestan al país y hoy es un escándalo su cancelación por la relación de Armando Hinojosa Cantú con Peña Nieto, los contratos con el Edomex, con el gobierno federal, su vinculación con la Casa Blanca.”

Y acusa: “El gobierno perdió la brújula. El pueblo no le está perdonando los errores y parece que no escucha ni ve ni siente el reclamo. Eso es grave, como grave fue la suspensión de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados el jueves 20. Eso demostró que el PRI tiene la piel muy sensible”.

Los puntos de acuerdo

Después de que en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se había aprobado la creación del grupo de trabajo sobre la Casa Blanca, en el pleno la dupla PRI-PVEM comenzó a maniobrar para encubrir a la pareja Peña Nieto-Rivera y evitar la discusión respecto de sus propiedades.

El vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, soltó desde tribuna la idea de que Hinojosa Cantú podría ser “prestanombres” de Peña Nieto; pero fue su correligionaria, Luisa María Alcalde, quien encendió los ánimos de priistas y pevemistas:

“En política no existen casualidades, mucho menos cuando en ella aparece el nombre de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, su consorcio, del que forma parte Ingeniería e Inmobiliaria del Centro.”

Y se soltó: “Dice la señora Rivera que conoció a Juan Armando Hinojosa por casualidad en 2009, cuando era novia de Peña Nieto; dice que casualmente le comentó a Hinojosa que quería construir su casa y que éste le ofreció inmediatamente sus servicios, y casualmente ese señor inauguró la Rama 20, una obra vial cercana al aeropuerto de Toluca por lo cual el gobierno del Edomex le pagó a Hinojosa 100 millones de pesos.

“La señora Rivera comenzó a construir su casa en 2010, año en el que casualmente Hinojosa ganó la licitación para construir el Hospital Regional de Zumpango con un costo de 8 mil millones de pesos. La casualidad seguramente hizo que Hinojosa ganara varias licitaciones y contratos para construir miles de kilómetros de carretera en el Edomex o el estadio y el gimnasio de la UAEM, o más recientemente el tren México-Querétaro.”

Pero el PRI ya no aguantó más y el presidente de la mesa directiva, el pevemista Tomas Mercado, decretó abruptamente suspender la sesión. Fue la primera vez en esta legislatura que se cancela una reunión del pleno.

Este lunes 24, la Jucopo deberá votar la creación del Grupo Especial Casa Blanca. Los legisladores esperan que no se archive, pues ya hubo un punto de acuerdo que la propia Luisa María Alcalde presentó el jueves 13 para que la PGR y la Secretaría de la Función Pública indaguen de manera “imparcial” el origen de los recursos.

También debe verificarse la relación entre Armando Hinojosa, quien logró contratos por 35 mil millones de pesos en el Edomex, con Peña Nieto cuando fue gobernador en esa entidad, así como “la ampliación del hangar presidencial del Aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo costo será de mil millones de pesos”.

Asimismo, existe un punto de acuerdo presentado el 30 de octubre por Monreal Ávila y Mejía Berdeja, ambos del MC, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare cada una de las etapas de la licitación del tren México-Querétaro y las justificaciones para su cancelación, así como el costo de la multa que deberán pagar.

Ambos puntos de acuerdo están en comisiones.­