Historial de impunidades/Arturo Rodríguez García

Revista Proceso No.1986, 22 de noviembre de 2014.

Historial de impunidades/Arturo Rodríguez García

Los escándalos que por intereses personales y de negocios se han ventilado en al menos los últimos 10 años no han tenido consecuencias administrativas ni penales cuando tocan a secretarios de Estado o funcionarios del entorno presidencial. La ley es letra muerta.

 Con la polémica desatada por la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera –construida y financiada por el contratista preferido de las administraciones estatal y federal de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú–, el conflicto de interés ha sido ventilado en medios académicos, políticos y de opinión pública sin que hasta ahora se tenga conocimiento de que las instancias gubernamentales pertinentes hayan iniciado una investigación.

 En realidad los expedientes administrativos para sancionar a servidores públicos son deficientes; de los casos tomados por los órganos internos de control, 51% ha sido revertido por una mala integración, según estadísticas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Según el comunicado 025/2013, la Secretaría de la Función Pública registra que las principales causas de sanción administrativa, conforme a sus registros, tienen que ver con negligencia administrativa, omisión en la presentación de la declaración patrimonial y violación a leyes y normatividad presupuestaria. No figura entre las principales causas el conflicto de interés.

En materia penal algunos de los delitos que podrían relacionarse con el conflicto de interés –como tráfico de influencias, ejercicio abusivo de autoridad u otros relacionados con el servicio público– apenas representaron 3.7% de las averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de la República en 2013, sin que ello haya implicado sanciones para los imputados.

 Sin castigo

 Proceso ha dado a conocer numerosos casos de conflictos de interés en sus páginas. En los últimos 10 años algunos de ellos llegaron a someterse a comisiones legislativas o procedimientos administrativos sin concluir en sanciones o sentencias.

 En 2007, por ejemplo, en su edición 1583, este semanario abordó el caso del exsecretario foxista de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien antes de cumplirse el año que estipulaba la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos asumió como consejero del holding bancario HSBC.

 Pese a los señalamientos y a las expresiones de diputados por la conducta de Gil Díaz, no hubo ningún procedimiento sancionatorio y, tiempo después, el exfuncionario apareció como nuevo director de Telefónica.

 El 2 de octubre de 2006 el entonces secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, acudió a un acto de Grupo IMSA, por entonces empresa familiar de la cual era accionista. Ahí aclaró que no iba con “la cachucha de secretario”, sino porque esa (su) empresa era muy importante en el sector siderúrgico y la energía representaba 30% de los costos de producción acerera. El sector acerero es atendido por la Secretaría de Economía, de la cual Canales había sido titular meses antes.

El 22 de abril de 2007, concluido el gobierno de Fox, una maniobra permitió a Canales y a sus hermanos comprar las acciones de sus primos, los Clariond Reyes Retana, para venderlas de inmediato a Grupo Techint, un corporativo italo-argentino proveedor del sector energía que meses antes encabezaba Fernando Canales. Las ganancias de la operación: 507 millones de dólares (Proceso 1600).

 Su coterráneo, Fernando Elizondo, se vio envuelto en una situación similar. En 2005 era titular de Energía y, su hermano, Alejandro, director del acerero Grupo Hylsa. El 22 de agosto de 2005 la empresa dirigida por su hermano fue también adquirida por la italo-argentina Techint, la cual ratificó a Alejandro Elizondo como director general.

 Ya en el gobierno de Felipe Calderón hubo distintos casos, entre los cuales destaca el de Juan Molinar Horcasitas al frente del IMSS. El panista autorizó operaciones financieras irregulares por unos 16 mil millones de pesos que se colocaron en fondos de inversión a través de Grupo Ixe, del cual era accionista su hermano Javier Molinar (Proceso 1759).

 La ley débil

 El jurista Jaime Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que el problema es que la legislación administrativa mexicana favorece más el interés del imputado que el de la administración pública.

 “En México no hay una aplicación efectiva de las leyes administrativas ni penales sobre conflicto de interés. Casi en ningún caso ha procedido ningún tipo de sanción. Son temas muy interpretables. En materia de sanciones se prefiere la interpretación que favorezca más al imputado y no la interpretación que favorezca al interés general.

 “Creo que los criterios jurídicos tienen que revisarse, modificarse para que atiendan los daños a la administración pública y los bienes nacionales”, sostiene.

 Por su parte la politóloga Lourdes Morales, experta en rendición de cuentas, considera que México tiene una legislación débil y una regulación insuficiente. Sostiene que el actual escándalo de la Casa Blanca debería convertirse en una oportunidad para discutir a fondo lo que se debe cambiar y no sólo con medidas espectaculares o mediáticas.

 “Es como la petición de renuncia del presidente cuando su renuncia no es la solución. Creo que eso sería dejar el cuerpo con los mismos problemas sin solucionar el tema. Lo que se requiere son cambios de fondo y que quienes sean servidores públicos ejerzan con responsabilidad”.