Revista
Proceso
No.1986, 22 de noviembre de 2014.
Los
otros desaparecidos/Marcela
Turati
- El único cuerpo identificado oficialmente en las fosas excavadas es el del misionero John Ssenyondo. (el de la foto), oriundo de Uganda, que había llegado en 2010 a Guerrero para evangelizar, estaba en una fosa clandestina.
Once
fosas clandestinas han sido descubiertas en las inmediaciones de Iguala durante
la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 38 cuerpos.
Ninguno es de los estudiantes secuestrados por la policía municipal igualteca,
pero sí, en su mayoría, de víctimas de esa corporación. Sus identidades
empiezan a surgir, así como las historias de dolor que han dejado detrás.
Un
cura africano asignado a México, un taxista que fue migrante, una familia (un
hombre con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala a ver un
enfermo son los otros desaparecidos que han hallado en las fosas de esa ciudad
de Guerrero durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. La mayoría
fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y desde entonces no se
sabía de su paradero.
Según
el gobierno federal, 38 cuerpos han sido encontrados en 11 fosas a partir de
octubre. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG),
la agrupación de policías comunitarios que ha realizado una búsqueda paralela,
ubica una decena más de fosas que el gobierno ignora.
El
único cuerpo identificado oficialmente en las fosas excavadas es el del
misionero John Ssenyondo. En el caso del señor Gildardo Lagunas, su hijo Luis
Alfredo y sus sobrinos Marlene Hernández y José Luis Cruz ninguno de los restos
ha sido entregado a sus familiares aunque están en el Semefo de Chilpancingo. El
taxista Luis Felipe Parra aún no ha sido exhumado aunque se sospecha que su
cadáver está en una fosa identificada por los policías comunitarios, no por el
gobierno.
Ellos
son los seis identificados de las decenas de fosas encontradas y de entre los
38 cadáveres reconocidos por el gobierno y los agregados por la comunitaria que
no se pueden contabilizar porque permanecen bajo tierra. En tanto la PGR señaló
en un comunicado que la UPOEG anunciaba como nuevos hallazgos fosas que el
gobierno había descubierto antes.
En
entrevista con Proceso, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido, sostiene que el
gobierno les ha puesto muchos obstáculos para los rastreos y para exhumar los
cuerpos que su grupo ha encontrado.
“¿Por
qué no se han podido exhumar esos restos encontrados?”, se le pregunta. “Sería
mejor que ustedes le pregunten al gobierno. Tenemos muchos obstáculos por parte
del gobierno. No sé. Hay muchos intereses de por medio. Ustedes háganla (la
pregunta) con ellos (para saber) por qué no quieren coordinarse con nosotros”,
dice vía telefónica, y añade que su organización emprendió una segunda etapa de
búsqueda por diferentes partes del estado.
Para
saltar las trabas que dice le pone el gobierno, la UPOEG ha invitado a las
familias que tienen a algún integrante desaparecido a que se acerquen para que
pongan su denuncia; además se alió con la recién nacida Ciencia Forense
Ciudadana, agrupación que financiará las muestras de ADN, aunque aún no cuenta
con permiso para cotejarlas con los restos hallados.
El
10 de octubre miembros de la UPOEG se reunieron en Iguala con el sacerdote
Óscar Mauricio Prudenciano González, párroco de San Gerardo María Mayela y con
la organización forense para acordar que ayudarían a las familias con
integrantes desaparecidos porque el gobierno las ha ignorado.
El
14 de octubre fue el primer encuentro con familiares. El sacerdote explicó ese
día a Proceso que la convocatoria surgió a partir de que los líderes de la
policía comunitaria de la UPOEG denunciaron que el gobierno no los ha acompañado
a destapar todas las fosas que han encontrado, noticia que angustió a
igualtecos que temen que sus familiares puedan estar en esos hoyos. A ellos se
sumó la nueva organización Gobernanza Forense, que intenta crear un banco de
datos genéticos.
El
propósito –explicó la activista Julia Alonso, madre de un desaparecido– es
obligar a las autoridades a identificar los más de 30 cuerpos exhumados en las
fosas que han localizado en la zona norte de la entidad a partir de la búsqueda
de los 43 normalistas, y cotejar las muestras recabadas por la asociación con
los resultados que emitan las autoridades sobre los cuerpos no identificados.
“Entendemos
que autoridades no permiten que se realicen las investigaciones. La gente
quiere excavar, sacar restos sin pedir permiso o autorización porque no les
dan. Están preguntando si vamos nosotros mismos a excavar porque son alrededor
de 20 fosas que no les permitieron destapar”, explicó así el sacerdote la
gravedad del asunto.
La
semana pasada más de 200 personas acudieron a dejar sus muestras genéticas.
Bitácora
de hallazgos
Desde
la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que fueron
detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, las búsquedas han
llevado al constante descubrimiento de fosas con otros cuerpos.
El
4 de octubre la Procuraduría General de Justicia de Guerrero informó del
hallazgo en Pueblo Viejo, periferia del municipio de Iguala, de seis fosas (una
sin utilizar) con 28 cuerpos. Éstos habían sido calcinados. Seis días después
la PGR ubicó en La Parota (también llamado Rancho La Sierpe, Pueblo Viejo)
cuatro fosas con ocho cadáveres, que en un principio se dijo que habían sido
quemados.
El
14 de octubre los policías comunitarios informaron del descubrimiento de otras
cuatro fosas en Barranca del Tigre a las faldas de Cerro Grande, que otros
llaman Las Parotas. El 15 aparentemente encontraron otras seis, dos abiertas
pero sin utilizar, y en las otras restos óseos y ropa, en el punto conocido
como Monte Hored, que se ubica en la zona de Las Parotas. No supieron cuántas
personas eran.
El
22 de octubre la PGR se trasladó nuevamente a Pueblo Viejo, al mismo punto
donde se localizaron las seis primeras fosas por parte de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero, y con el apoyo de georradares, a menos de un metro de
las primeras seis fosas encontró otra de la que se extrajeron dos cuerpos.
El
25 de octubre, ante el escándalo por el creciente número de fosas, la PGR
difundió un comunicado en el cual estableció que hasta ese momento había
hallado 11 fosas y que sólo 10 tenían cadáveres. Además señaló que las fosas
que había anunciado la UPOEG como sus descubrimientos eran las mismas que el
gobierno había localizado antes.
Sin
embargo el líder de la UPOEG ha sostenido que son distintas e incluso ha
mostrado fotografías en las que se ven osamentas y prendas de vestir de las
personas que podrían estar enterradas en esos lugares.
Al
día siguiente la PGR llevó a la prensa al último lugar donde fueron hallados
restos humanos, ubicados éstos a la intemperie en el basurero de Cocula, en la
zona conocida como El Papayo. Luego encontró a la orilla del río los restos que
supuestamente habían sido incinerados en el tiradero y que podrían ser de los
normalistas.
A
la orilla del río esperaban localizar una fosa con cuerpos que habían sido
quemados con anterioridad, según el anuncio del procurador Jesús Murillo Karam
con base en la información de los sicarios detenidos.
El
30 de octubre se anunció el hallazgo de 14 cuerpos en fosas clandestinas en el
ejido San Luis de la localidad de Ocotitlán, del municipio de Zitlala, y en
Eduardo Neri, ambos cercanos a Chilpancingo.
En
el Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital del estado de Guerrero, a
donde fueron trasladados los restos, se informó de las identidades de las
víctimas, todas originarias de Chilpancingo: Jaime Benítez Medina, Miguel Ángel
Romero Silvestre, Juan Carlos Martínez Salgado, Enrique Adame Marín, Vicente
Alfonso Gil Mojica, José Sánchez Mejía, Iván Giovanni Hernández Chávez, Luis
Antonio Castro Lucena, Obed Carbajal Vélez y Antonio Tolentino Miranda.
El
taxista Parra
Tarjetas
de identificación que no alcanzaron a quemarse y unas pulseras de plástico
colgadas de un árbol ayudaron a la familia de Felipe de Jesús Parra, migrante y
taxista, a dar con su paradero. A través de la página de Facebook “Frente
Igualteco Por la Dignidad”, el pasado 24 de octubre la UPOEG dio a conocer las
fotografías de los hallazgos. Entre los objetos detectados estaban las
identificaciones y pertenencias en las que se alcanzaba a leer un nombre:
Felipe de Jesús.
La
familia del migrante, que reside en Texas según una investigación de Univisión
y Excélsior, llamó a México y una cuñada se presentó para reconocer las
pertenencias de quien desde el 5 de septiembre de 2013 se encontraba en calidad
de desaparecido. Su vehículo apareció abandonado en las calles del centro de
Iguala. Su ausencia fue denunciada el 9 de septiembre.
El
activista y líder de una organización de migrantes mexicanos en Estados Unidos,
Taurino Castrejón, se mantiene en contacto con la familia del taxista, la cual
vive en Houston, para ayudarlos.
“Los
familiares no pretenden enviar los restos a Estados Unidos. Se pretende
identificar cuáles son los restos de los que se han encontrado. El problema es
que el hijo que vive en Houston no tiene documentos para viajar y nosotros
ofrecimos realizar los trámites allá para obtener su ADN y apostillarlo para
presentarlo ante las autoridades mexicanas”, declaró.
El
sacerdote
El
Padre John, como lo llamaban los fieles de Chilapa, era un hombre querido por
las comunidades mixtecas. Desapareció el 30 de abril pasado y las iglesias de
la diócesis alzaron oraciones por él. Incluso el obispo Alejo Zavala pidió a
quienes fueran sus captores que lo liberaran.
A
partir de la búsqueda en Iguala de los 43 normalistas, su ausencia dejó de ser
un misterio: John Ssenyondo, oriundo de Uganda, misionero comboniano que había
llegado en 2010 a Guerrero para evangelizar, estaba en una fosa clandestina.
Fue
interceptado por un grupo armado cuando regresaba de la comunidad de Santa
Cruz, donde ofreció una misa de matrimonio. Según testigos, sus captores lo
sometieron y lo encajuelaron en su propio auto. Esta misma versión fue
divulgada por las autoridades eclesiásticas de la zona.
Dos
años antes, en el curato de la parroquia de Nejapa, el sacerdote africano había
sido amarrado y despojado de dinero en efectivo y de una camioneta.
La
familia Lagunas
El
12 de agosto el señor Gildardo Lagunas se comunicó por teléfono con su esposa,
pero colgó porque en un retén lo detuvieron policías municipales en el cruce de
Iguala con Teloloapan.
En
el automóvil, con él, iba su hijo Luis Alfredo, de 21 años, con sus primos
Marlene Hernández, de 28, y José Luis Cruz, de 29. Iban al funeral de su
abuelo. Durante tres meses se los tragó la tierra. Hasta que las autoridades
comenzaron a buscar a los normalistas…
Varias
de las desapariciones, según se sabe ahora, ocurrieron en los “filtros”
instalados por los policías de Iguala sobre las carreteras federales, donde a
su arbitrio detenían todos los vehículos que cruzaban por las tres entradas a
la ciudad, interrogaban a conductores y ahí decidían su suerte.
El
personal militar, aunque tiene dos instalaciones en la zona, nunca hizo nada.
El ejército también está acusado de la desaparición de seis jóvenes, en mayo de
2010 en Iguala. (Con información de Thalía Güido)
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