El
error de Canales/Raymundo
Riva Palacio |
El Financiero, Martes 5 de abril, 2016
En
sus respuestas para declararse inocente frente a la demanda por fraude que
interpuso Paula Cusi -la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo-, por la venta
del 16.6% de sus acciones de Televisa, Ernesto Canales busca confundir. La señora
no ha probado la acusación, dijo el zar anticorrupción de Nuevo León –lo que no
es correcto-, y añadió que hay dos juicios paralelos, civil y mercantil,
pendientes de resolución. En el pantano en el que se hunde, precisamente el
tema de esos juicios paralelos son los que permitieron descubrir los elementos
para que lo demandarán: un cobro de cinco millones de dólares que exigió a la
señora Cusi por los servicios que él y su entonces socio, César Francisco
García Méndez, devengaron en el litigio de la sucesión testamentaria de El
Tigre Azcárraga.
La
transmisión de acciones y propiedades se dio en mayo de 2011, en un acuerdo que
la señora Cusi creía era para que Televisa dejara de perseguirla judicialmente
y encarcelarla, además de un finiquito de 50 mil pesos, negociado por Canales y
García Méndez con los representantes de la televisora. Pero según los
expedientes del caso, el pago por cinco millones de dólares, era algo que no
entendía. ¿Por qué si el finiquito había sido por 50 mil pesos querían ese monto?
La señora Cusi contrató otros abogados para que le ayudaran en este nuevo
litigio.
Los
detalles de cómo se enteró la señora Cusi de lo que Canales y García Méndez
habían hecho a sus espaldas, aparece contenido en los autos del juicio civil de
este último en contra de la viuda de Azcárraga Milmo. En el proceso, los nuevos
abogados de la señora Cusi pidieron los detalles del convenio sobre la
transmisión de las acciones a Canales y García Méndez, quienes se negaron a
entregarlos bajo el alegato de que existía un acuerdo de confidencialidad, por
lo que interpelaron a Televisa. Como resultado, la empresa entregó al juzgado
copias de las escrituras públicas 66219, 66284 y 66285.
Las
dos primeras fueron firmadas el 28 de abril, tras la cesión que hizo la señora
Cusi de “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre a Emilio
Azcárraga Jean, mediante el finiquito de 50 mil pesos. La tercera fue firmada
un día después de que se suscribiera la “Carta de Instrucción” del 17 de mayo,
donde Canales y García Méndez indicaban a Televisa la forma como debía pagar
seis millones de dólares en dos entregas, una el mismo día, y la otra 10
después, a Summer Stream, C.V., la empresa de Canales registrada en Holanda,
como contraprestación para Cusi. Igualmente, los abogados de la señora Cusi
pidieron al juzgado que los notificara de cualquier acción que pudieran
emprender sus antiguos representantes.
Así
encontraron otro conejo en la chistera. Los nuevos abogados de la señora Cusi
recibieron en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
un sobre cerrado donde Canales, en una carta a la señora Cusi fechada el 21 de
octubre de 201, hacía una rendición de cuentas sobre todo el proceso de
sucesión testamentaria en donde reconocía el pago de los seis millones de
dólares y subrayaba que, a petición de ella, se haría ese pago a los abogados
por concepto de honorarios, y se realizarían depósitos que no la vincularan a
ellos. Es decir, detallaban lo que contenía la “Carta de Instrucción”. Esta carta,
como se señaló en la entrega anterior de esta columna, nunca le fue entregada a
la señora Cusi, quien tampoco dio las órdenes de proceder como las mencionó
Canales. El descubrimiento de esa carta se dio meses después de haberse
escrito.
Cuando
la encontraron los abogados de la señora Cusi, lo denunciaron. En una
notificación al juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, el abogado Jacinto Guillén expuso:
“Vengo a inconformarme categóricamente con la rendición de cuentas
supuestamente realizada por el C. Ernesto Canales Santos… toda vez que es
contraria a derecho por estar sustentada en hechos falsos, toda vez que mi
mandante no le instruyó para que dispusiera dicho señor de la cantidad de seis
millones de dólares en ninguna forma, ni que retuviera dicha cantidad de dinero
por ningún concepto, mucho menos como dicho señor lo manifiesta en su espuria
rendición de cuentas”.
La
documentación en actas contradice todo lo expuesto por Canales en los últimos
días a través de los medios de comunicación, y muestra que varias de sus
declaraciones son opuestas entre sí. Canales fue llamado a comparecer este
lunes por el Congreso de Nuevo León, a donde aceptó ir, en palabras del
Secretario General de Gobierno del Estado, Manuel González, pero para hablar de
su actuar público, no de su vida privada. Está equivocado. La demanda de un
fraude, contra el zar anticorrupción o contra cualquier persona en el servicio
público, no es un tema privado al afectar directamente al gobierno que
representa.
En
este caso, el cuestionamiento de su probidad en una demanda por fraude, afecta
al gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, quien hizo de la lucha contra la
corrupción su principal bandera electoral. ¿Cómo cumplir cabalmente con lo
prometido cuando el responsable está acusado por los delitos que dice combatir?
Le estorba Canales a El Bronco en su cruzada contra la corrupción.
Es
decir, es un lastre que hay que descargar para salvar el barco.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario