Entre 30 y 40
por ciento vive con sus hijos en prisión
Se necesita
legislación penal y de reclusión con base en acuerdos internacionales signados
por el país.
Nota del Congreso...4-04-2016.-En
México, 5 por ciento de la población penitenciaria está compuesta por mujeres,
de las cuales 70 por ciento se encuentra en abandono y entre 30 o 40 por ciento
vive con un hijo menor en la cárcel, por lo que es necesario emprender acciones
legislativas que garanticen sus derechos, manifestaron los participantes del
foro “Reglas de Bangkok, Perspectivas para su aplicación”.
Reconoció que
el país vive una crisis penitenciaria. “Nos acordamos de las cárceles cuando
hay fugas, motines, cuando hay una tragedia, pero en realidad hay miles de
personas y familias encarceladas con sus seres queridos, que viven privaciones
y situaciones muy graves, que van del aislamiento al olvido”.
Destacó la
importancia de contar con datos estadísticos para saber quién está en prisión,
qué mecanismos hay para que puedan no estar y propiciar que las presas y sus
hijos sean sujetos de derechos.
La presidenta
de la Comisión de Gobernación, diputada Carmen Guillén Vicente, dijo que se
deben buscar alternativas a la pena de prisión, para evitar la entrada de
mujeres al proceso penal.
Agregó que la
Cámara de Diputados debe colocar esta problemática en el centro de su actuación
y propuso crear un plan denominado “Segunda Oportunidad”, para visibilizar a
todas estas mujeres, cuya mayoría, ha cometido delitos del fuero común, como
fraude o robo, y no son realmente peligrosas para la sociedad.
Pidió que los
gobiernos estatales y federal revisen el expediente de cada una para ver si
tienen derecho a libertad anticipada, a otro beneficio que otorgue la ley o si
son candidatas al indulto del gobernador o del Presidente de la República, y si
no tuvieran esos beneficios, ayudarlas a elevar su escolaridad y capacitación.
De la Comisión
de Derechos de la Niñez, la diputada Julieta Fernández Márquez aseguró que la
problemática de los niños que viven con sus madres en los penales es invisible
para el sistema, pues actualmente no hay cifras para saber cuántos hay en esta
situación.
Detalló que hay
reclusorios en los que rige la ley del más fuerte y abusos de poder, donde los
niños son los más vulnerables; además, manifestó su preocupación de que estén
mezclados hombres y mujeres en las prisiones, pues no existen programas de
prevención de violencia.
En una cárcel,
no tienen comida ni para los reos; para los niños no hay leche, medicinas, ni
servicios de salud, por lo que es urgente propiciar condiciones adecuadas de
desarrollo fuera de ese ambiente hostil, realizar censos para identificarlos y
garantizar su interés superior y su pleno derecho a la tutela, guardia y
custodia.
La presidenta
de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, expresó
que es fundamental poner en el debate público medidas sustitutivas de prisión
para mujeres que no han concluido su proceso penal y son jefas de familia.
Explicó que las
Reglas de Bangkok se crearon para visibilizar la problemática del tratamiento
de reclusas y pugnar por medidas no privativas de la libertad para ellas; por
tal razón, se pronunció por que México se ponga a la vanguardia en esta
materia, pues las cárceles fueron diseñadas para albergar a varones y no hay
instalaciones adecuadas para las mujeres.
Consideró
prioritario atender cuestiones de salud y dignidad tanto de las internas como
de sus hijos y no criminalizarlas, sino brindarles atención integral.
A su vez, la
diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, de la Comisión de Igualdad
de Género, dijo que el foro brinda herramientas para conocer y enfrentar la
problemática de las mujeres en los centros de reclusión.
Este tema debe
quitar el sueño a los legisladores, dijo, pero no la decisión de abordar la
tarea y tener cuidado absoluto en las decisiones que se tomen en el Legislativo
para darles más protección.
Al participar,
el titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción
Social de Coahuila, Apolinar Armenta Parga, explicó que en México existen 450
centros penitenciarios, entre federales y locales, de los cuales 70 son mixtos
y sólo 11 son exclusivos para mujeres, “no es ni uno por estado, ni la mitad de
uno”, y de las 16 mil mujeres que hay en prisión, 12 mil no reciben visitas de
sus familiares, es decir 70 por ciento.
Propuso
elaborar una reglamentación especial para centros de reclusión femenina bajo
las Reglas de Bangkok y se pronunció por que no existan penales mixtos, pues
las mujeres corren un gran riesgo de ser objeto de prostitución y trata de
personas. “Es increíble lo que sufren en reclusión, mezcladas con hombres,
porque se vuelven esclavas, y eso es inaceptable en este siglo, en esta era
moderna, con toda la tecnología”.
Indicó que si
se revisaran los expedientes de cada interna, “al menos 40 por ciento podría
ser libre”. Se les podrían aplicar medidas como el dispositivo electrónico de
localización a distancia, para que puedan estar en su casa, con sus hijos
menores. El costo de mantener a una persona en prisión es de 20 mil pesos mensuales
en promedio, mientras que la renta del brazalete es de tres mil o cuatro mil
pesos
La
investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Corina
Giacomello, dijo que el debate sobre política de drogas no sólo es sobre la
regulación de la mariguana, sino cómo se inserta el tema de género.
Indicó que las
mujeres representan el eslabón más débil de la cadena delictiva, las colocan en
los puntos más visibles donde pueden ser detenidas fácilmente y, además,
reciben penas muy altas, por lo que es importante incluir el elemento de género
en la comisión de un delito.
Es crucial,
añadió, limitar la prisión preventiva oficiosa para que no sea la respuesta más
fácil e inmediata a los ilícitos por estupefacientes; hay penas
desproporcionadas y fianzas impagables; por ello, planteó eliminar las penas mínimas
e introducir factores atenuantes y medidas alternativas al encarcelamiento.
La tercera
visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth
Villanueva Castilleja, explicó que las reglas de la Organización de las
Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de
la libertad para las mujeres delincuentes, buscan que los gobiernos den mayor
atención a quienes se encuentran en prisión con sus hijos, por ser un grupo
vulnerable.
Agregó que para
atender a este sector y visibilizar su problemática, la CNDH impulsa que el
cumplimiento de las reglas estipuladas por la ONU.
Durante el
foro, se conoció el testimonio de la señora Rosa Julia Leyva, primer caso
exitoso de reinserción social. Es “prueba fehaciente de lo mucho que falta por
hacer en favor de las mujeres en reclusión”, afirmó la diputada Ramírez
Hernández.
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