Las columnas políticas hoy, 11 de abril de 2016..
AMLO
regresa a la CDMX
Andrés
Manuel López Obrador volverá a placearse por la Ciudad de México en una nueva
gira que, aunque coincide en tiempo y espacio con la campaña electoral a la
Asamblea Constituyente, Morena niega que sea de proselitismo adelantado. El
tabasqueño realizará actos en las delegaciones de la capital. Hoy estará en
Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. En los actos, según las leyes, no debería
aparecer alguno de los aspirantes que el pasado jueves fueron registrados como
candidatos a diputados de la Asamblea Constituyente, ni AMLO debería hablar de
lo que se espera de la Ciudad, la política, los programas sociales o cualquier
otro tema relativo. Pero sólo un malpensado podría sospechar que la presencia
del líder de Morena en la capital tiene algo que ver con pedir votos para los
candidatos al Constituyente.
“Anaya
no le hace el feo a Sinaloa”
Panistas
de Sinaloa sintieron que su dirigente nacional, Ricardo Anaya, les estaba
haciendo el feo, pues no se ha parado por la entidad para apoyar la campaña del
candidato albiazul a la gubernatura, Martín Heredia. En el Comité Ejecutivo
Nacional del PAN aseguran que don Ricardo “estará sin falta” en los próximos
días en tierras sinaloenses y reiteraron que la mejor decisión que tomaron en
esa entidad fue haber quitado a la anterior dirigencia estatal, luego del
escándalo por la designación de Lucero Sánchez como diputada local y quien es
señalada por las autoridades federales de ser una presunta operadora del capo
del narcotráfico Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Además, el CEN considera
que tiene candidatos muy competitivos en el estado. Buena la precisión de la
dirigencia, pues algunos panistas creían que Anaya no quería estar en Sinaloa,
debido a que no había muchas oportunidades de triunfo en la pelea por la
gubernatura y que podría resultar contraproducente para su imagen. Todo esto
quedará rebasado ahora que el presidente panista se sume en persona a la
campaña.
Puebla,
prueba para el tribunal electoral federal
En
menudo lío metió el Organismo Público Local Electoral de Puebla a los
magistrados del tribunal federal, al negar el registro como candidata
independiente a Ana Teresa Aranda con cuatro votos contra tres. El OPLE poblano
no sólo negó el registro a la ex panista, además determinó denunciarla ante las
autoridades por la presunta falsificación de firmas. Ahora, el Tribunal
Electoral deberá conocer el caso y resolver si le da la razón al órgano local,
el cual asegura la oposición en Puebla que está muy cerca del gobernador Rafael
Moreno Valle, quien impulsa la candidatura del panista Tony Gali
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LOS ESTADOS Y LAS VACAS FLACAS/Editorial El Universal
Una buena parte de los recursos que ejercen las entidades del país provienen de las transferencias federales; sin éstas, su situación financiera se complicaría. Son pocos los estados que registran importantes entradas de recursos adicionales a las participaciones que asigna el gobierno federal.
Debido a los vaivenes financieros, se han creado fideicomisos para enfrentar etapas de estrechez económica. Justo ahora el país se encuentra en una de estas, ante una menor entrada de recursos por venta de petróleo. Por primera vez en siete años se tendrán que usar recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas como consecuencia de una caída —en el primer bimestre— de 12 mil millones de pesos en las participaciones federales, lo que equivale a casi la tercera parte de los recursos que acumula dicho fondo.
El fondo se constituyó en 2009 para ahorrar cuando el precio del petróleo fuera alto y contar con ingresos que compensarían menores transferencias durante tiempos no tan favorables. ¿Qué pasará si la crisis de bajos precios de petróleo se mantiene más tiempo del estimado y el dinero del fondo comienza a escasear? ¿Los estados comenzarán a presionar al gobierno federal por mayores recursos? Depender totalmente de las transferencias federales no es la mejor estrategia que deben adoptar los estados a la hora de allegarse recursos. Por el contrario, de acuerdo con expertos, es momento de que comiencen a considerar incrementos en impuestos locales como el cobro del predial y del agua para compensar la disminución de recursos disponibles, además de apretarse el cinturón con programas de ahorro y austeridad, así como con la eliminación de gastos superfluos.
Una de las decisiones que deberán evitar los estados es allegarse recursos por medio de créditos bancarios. La contratación de deuda, en medio de condiciones poco transparentes, ha llevado a varias entidades a hipotecar su futuro económico.
A pesar de la situación económica, en el país hay estados con situaciones opuestas. Por un lado hay regiones prósperas con crecimiento superior al que registra el promedio nacional y por el otro se encuentran zonas atrasadas, con la mayor parte de la población sumida en la pobreza. En unas hay generación de riqueza, mientras otras están a la espera de apoyos para paliar los rezagos. La situación actual es propicia para que aquellos estados más atrasados comiencen a planear estrategias —acompañados del gobierno federal— que detonen el crecimiento, pero en todos los gobiernos locales debe ser época de ahorro y moderación, y de un ejercicio transparente del gasto.
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LOS ESTADOS Y LAS VACAS FLACAS/Editorial El Universal
Una buena parte de los recursos que ejercen las entidades del país provienen de las transferencias federales; sin éstas, su situación financiera se complicaría. Son pocos los estados que registran importantes entradas de recursos adicionales a las participaciones que asigna el gobierno federal.
Debido a los vaivenes financieros, se han creado fideicomisos para enfrentar etapas de estrechez económica. Justo ahora el país se encuentra en una de estas, ante una menor entrada de recursos por venta de petróleo. Por primera vez en siete años se tendrán que usar recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas como consecuencia de una caída —en el primer bimestre— de 12 mil millones de pesos en las participaciones federales, lo que equivale a casi la tercera parte de los recursos que acumula dicho fondo.
El fondo se constituyó en 2009 para ahorrar cuando el precio del petróleo fuera alto y contar con ingresos que compensarían menores transferencias durante tiempos no tan favorables. ¿Qué pasará si la crisis de bajos precios de petróleo se mantiene más tiempo del estimado y el dinero del fondo comienza a escasear? ¿Los estados comenzarán a presionar al gobierno federal por mayores recursos? Depender totalmente de las transferencias federales no es la mejor estrategia que deben adoptar los estados a la hora de allegarse recursos. Por el contrario, de acuerdo con expertos, es momento de que comiencen a considerar incrementos en impuestos locales como el cobro del predial y del agua para compensar la disminución de recursos disponibles, además de apretarse el cinturón con programas de ahorro y austeridad, así como con la eliminación de gastos superfluos.
Una de las decisiones que deberán evitar los estados es allegarse recursos por medio de créditos bancarios. La contratación de deuda, en medio de condiciones poco transparentes, ha llevado a varias entidades a hipotecar su futuro económico.
A pesar de la situación económica, en el país hay estados con situaciones opuestas. Por un lado hay regiones prósperas con crecimiento superior al que registra el promedio nacional y por el otro se encuentran zonas atrasadas, con la mayor parte de la población sumida en la pobreza. En unas hay generación de riqueza, mientras otras están a la espera de apoyos para paliar los rezagos. La situación actual es propicia para que aquellos estados más atrasados comiencen a planear estrategias —acompañados del gobierno federal— que detonen el crecimiento, pero en todos los gobiernos locales debe ser época de ahorro y moderación, y de un ejercicio transparente del gasto.
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#. FRENTES
POLÍTICOS/ Excelsior
I.La
presión pública sirvió. La Fiscalía General de Veracruz giró tres órdenes de
aprehensión en contra de los Porkys por el delito de violación y abuso en
contra de Daphne Fernández. De los cuatro jóvenes que aparecen en un video
confesando la violación, sólo uno será consignado por el delito de violación,
dos por abuso y el cuarto saldría librado. El fiscal general, Luis Ángel Bravo
Contreras, adelantó que, aunque no estén en el país, se le puede dar
seguimiento a una persona cuando traspasa una frontera, por todos los filtros
migratorios que existen. Hoy el fiscal ofrecerá una conferencia para dar los
detalles de la investigación. Felicidades al papá de Daphne, que no quitó el
dedo del renglón y apoyó a su hija, obviamente, también a las autoridades, que
finalmente hicieron lo correcto.
II.El
candidato legítimo. El pastor David Monreal escucha a su guía, Andrés Manuel
López Obrador, y al igual que el líder nacional de Morena cuando perdió las
elecciones, ahora su gallo para Zacatecas insiste en quererse llamar candidato.
Vaya con David, que no acepta que, por un error suyo y de su equipo, al no
presentar sus gastos de campaña, el INE, con base en las reglas, le retiró su
candidatura. Pero allá va David Monreal, asegurando que seguirá haciendo
campaña “siendo candidato a gobernador de Morena”. No cabe duda de que el
pastor sigue los pasos de AMLO. A ver si no se le ocurre cerrar una avenida
principal en Zacatecas.
III.A
destiempo. Cuánto nos hubiéramos ahorrado en México si las cosas se hicieran
bien desde el principio. Agustín Basave, presidente del PRD, informó que
próximamente la Segob y representantes de ese partido instalarán una mesa de
trabajo para analizar las condiciones de “seguridad y gobernabilidad” en los
estados y municipios con elecciones, sobre todo aquellos en los que se
presentan “retos focalizados. Ahora sí revisarán los antecedentes de sus
candidatos a diversos puestos de elección popular, con el objetivo de no
permitir algún nexo con el crimen organizado. Después del niño ahogado, caso
Ayotzinapa o la Chapodiputada, penosas historias no le dolerían a México.
IV.Cobijas
en abonos. No hay gobierno que aguante corruptelas imperdonables. Y en la era
de internet, caen como moscas por sus errores. El escándalo en el que se vio
envuelto por la compra de cobijas a mayor precio de lo establecido y que fue
revelado por un periódico local, Rogelio Benavides Pintos anunció su salida del
gabinete de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, donde fungía como subsecretario
de Administración de la Tesorería del Estado. Es el quinto funcionario en dejar
su cargo en el gobierno de Nuevo León, pero el primero en tomar esta decisión a
causa de un caso polémico: la compra de 200 mil cobijas a un sobrecosto de 150
por ciento. Esos funcionarios de a peso están llevando al país al desastre. Y
Nuevo León, en picada.
V.Cifras
de terror. Un total de 45 grupos armados del crimen organizado siguen
controlando el trasiego de narcóticos y otros negocios ilícitos en el país, de
acuerdo con un reporte de la PGR, lo que confirma la versión de que los grandes
cárteles de la droga se están balcanizando. Esto, de acuerdo con el análisis de
la consultora Stratfor, que en este 2016 anticipó que la fragmentación de los
grupos delictivos se acentuaría y que ningún cártel podría escapar a la
tendencia. También, para darse una idea de su poder y del armamento que usan
estos grupos criminales, efectivos de la Defensa Nacional y la Marina-Armada de
México les han incautado a los cárteles cohetes antitanques, lanzacohetes,
lanzagranadas, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre .50, AK-47 y
R-15, y pistolas matapolicías, entre otras muchas armas.
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TEMPLO
MAYOR/Reforma
LA
PALABRA de esta semana es an-ti-co-rrup-ción, pues en estos días se verá qué
tan en serio va el gobierno de Enrique Peña Nieto.
SI
BIEN la decisión la tomará el Poder Legislativo -hoy mismo están citadas las
comisiones respectivas en el Senado-, la realidad es que el alcance y los
dientes de la reforma dependerán, necesariamente, de lo que se dicte desde Los
Pinos.
PESE
A QUE se trata de una promesa presidencial, la iniciativa anticorrupción fue
puesta en manos -no es broma- del Partido Verde, apoyado por el PRI. Obviamente
este documento ya fue rechazado por PAN y PRD que no lo bajan de light,
descafeinado y chimuelo.
EL
PUNTO CLAVE para acercar posiciones es la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, que
priistas y verdes rechazan, mientras que buena parte de los senadores panistas
y perredistas la apoya.
EN
LA PRESIDENCIA no acaban de ver con buenos ojos eso de hacer obligatoria la
transparencia de las tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses.
Tan es así que sólo un miembro del gabinete (José Calzada, de Sagarpa) se ha
atrevido a sumarse.
YA
QUE empezaron a salir las múltiples licitaciones para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, sería bueno que alguna autoridad
respondiera a unas pequeñas inquietudes que tienen los expertos.
SEGÚN
ESTO, alrededor del NAICM se van a mover algo así como 45 millones de metros
cúbicos de tierra y desechos, lo cual es una cantidad de material difícil de
dimensionar, pero… ¡más difícil de transportar!
A
VER: todo indica que se utilizarán camiones con una capacidad de 14 metros
cúbicos de carga, por lo que se tendrían que hacer ¡3.2 millones de viajes!,
para sacar todo en poco menos de tres años y llevarlo a los 11 centros
autorizados para procesar los desechos de manera sustentable.
SUPONIENDO
que cada camión se aviente 4 viajes al día, serían 800 camiones de volteo
circulando por una zona conurbada que no cuenta con la infraestructura ni las
vialidades para aguantarlos. Y eso que el NAICM apenas está despegando.
LOS
PERREDISTAS se han vuelto tan versátiles que tienen alianzas formales, de facto
y hasta contra sí mismos.
EN
LAS FORMALES están las que acordaron Agustín Basave y Ricardo Anaya en Quintana
Roo, Durango, Veracruz, Zacatecas y Oaxaca.
Y
TAMBIÉN habrá alianza en Tamaulipas e Hidalgo… aunque cada partido tenga su
propio candidato. Dicen que los del sol azteca apoyarán al blanquiazul
Francisco García Cabeza de Vaca y no se descarta que decline Jorge Valdez
Vargas.
A
CAMBIO, el PRD recibiría el apoyo albiazul para el tenebroso José Guadarrama,
lo que dejaría a Francisco Xavier Berganza cantando en la loma su (único) éxito
“Desesperado”.
Y
LAS alianzas contra sí mismos son como en Puebla. Ahí, una facción del perredismo
local apoya al candidato del gobernador panista Rafael Moreno Valle y no a su
propio abanderado. Y no son naaada discretos.
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KIOSKO/Corresponsales
de El Universal
Domingo
negro para el PAN en Veracruz
Nos
dicen que el panismo veracruzano, y en particular Miguel Ángel Yunes Linares,
tuvo el domingo más negro de los últimos tiempos y de su campaña.
Y
es que, mientras que en Xalapa se presentó públicamente un compacto grupo de
panistas inconformes por su designación como candidato a la gubernatura,
autonombrados “La rebelión contra el dedazo”, una revista de circulación
nacional (Proceso) vincula directamente a Omar Yunes Márquez, hijo del aspirante, en el
Panama Papers.
Los
blanquiazules de diferentes municipios se dijeron decepcionados de su líder
nacional, Ricardo Anaya, quien desestimó la voz del panismo puro y privilegió
los intereses de un pequeño grupo. Nos comentan que los inconformes anuncian
desbandada y prometen derrotar a la coalición PAN-PRD en las urnas.
En
tanto, el Sistema de Administración Tributaria investiga a veracruzanos
involucrados en el escándalo que alcanzó a figuras mundiales, entre las que
destaca Omar Yunes.
¿Dónde
tiene la cabeza Pablo Gutiérrez?
Nos
dicen que al alcalde panista de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lázarus, no
le ha caído el veinte ante la crisis y economía paralizada que se vive en la
otrora capital petrolera del país.
Los
diferentes sectores sociales advierten que en seis meses de gobierno, don Pablo
ha demostrado más interés por el torneo de beisbol, que por atender las
demandas de comerciantes, hoteleros, pescadores y población en general, quienes
viven el ocaso de Ciudad del Carmen. Critican además su negativa al Mando Único
y que haya dejado la seguridad del municipio carmelita en manos de Guillermo
Zayas González, ex director del Sistema de Coordinación Policial en la
delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México e involucrado en una causa
penal por la muerte de 12 personas en la discoteca New’s Divine el 20 de junio
de 2008.
Enredo
en las redes de gobiernos de Jalisco
Los
encargados de manejar las redes sociales de varios gobiernos en Jalisco parecen
trabajar sobre piso muy resbaloso y en menos de un mes han protagonizado
penosos incidentes en las cuentas oficiales. Esta vez tocó al community manager
(CM) del gobierno del estado, quien colocó el siguiente mensaje: “No manches
atropellaron a chabelo yo pense que era inmortal”.
Nos
dicen que para intentar salvar la situación con humor, el vocero del gobierno
de Jalisco, Gonzalo Sánchez, envió un mensaje por Twitter al coordinador de
prensa de Guadalajara, Héctor Padilla, haciendo alusión al error que tuvo el CM
del ayuntamiento en marzo pasado al publicar en la cuenta oficial el mensaje
“Oye @hpadilla ¿y si ‘catafixiamos’ a nuestros community managers?
#EspantosaEquis”, le dijo don Gonzalo a don Héctor.
¿Y
quién le siguió el rastro al padre Córdova?
El
sábado pasado se cumplieron dos años de la denuncia pública hecha por
activistas de derechos humanos en contra del sacerdote y ex represente legal de
la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Eduardo Córdova Bautista, por el abuso
sexual que él habría ejercido en contra de al menos 100 menores, lo que revivió
el dolor de las víctimas y el reclamo de justicia, que ponen en duda que el
cura haya sido buscado por las autoridades, ¡Si detuvieron al Chapo!, ¿Por qué
al padre Córdova no?, comentan. Este domingo el arzobispo Carlos Cabrero Romero
dijo no tener indicios de su paradero, aunque dio una pista: “Yo me acuerdo que
hace un año decían que estaba en España”.
#
#
¿Será?/24 Horas
Ni cantantes ni
candidatos
Las
exigencias para que se baje el video del cantante Gerardo Ortiz porque,
aseguran, promueve el feminicidio, crece, pero nadie dice nada sobre el hecho
de que el PES haya lanzado en Zacatecas como su candidato a Marco Flores, un
cantante de narcocorridos que tocó en una fiesta de El Lazca y hasta le dedicó
una canción a Los Zetas. Sólo hubo algunas publicaciones al respecto, pero a
los partidos y a las autoridades les pasó de noche. Se enfocan en uno y otro
hasta candidato es. ¿Será?
Desperdicio de alimentos
Con el desperdicio de alimentos en México se
podría dar de comer a 7.4 millones de personas que se encuentran en pobreza
extrema, por lo que el tema debería ser de interés para todos. En el Senado de
la República, por ejemplo, ya tomaron cartas en el asunto y revisan una
propuesta para sancionar a las empresas que incurran en el desperdicio de
alimentos preparados y no preparados. Ahora sólo falta ver si todos los
partidos políticos hacen suya la iniciativa elaborada por el senador Luis
Humberto Fernández. ¿Será?
Mujeres
en la mira
Este
lunes, en Iguala, Guerrero, los secretarios de Desarrollo Social, José Antonio
Meade, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, darán un nuevo impulso a las
políticas en defensa de la mujer. Firmarán convenios con la ONU, con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la
organización no gubernamental internacional Save the Children y con la empresa
mexicana FEMSA. Todas las iniciativas en beneficio de las mujeres.
Freno
a la mordida
Y
a propósito de buenas noticias, después de una semana difícil, nos anticipan
que el gobierno de la Ciudad de México anunciará hoy que durante un año se
suspenden las clausuras a los pequeños comercios que operan en la capital del
país. Además de facilitar la vida económica de esos negocios, el objetivo es
que se regularicen y se proteja la inversión y los miles de empleos que
generan. Y, claro, terminar con la corrupción y las clausuras injustificadas en
las que incurren supervisores. En pocas palabras, buscan frenar la mordida en
changarritos. ¿Será?
#
Lenguas
Viperinas/LSR
QUIEN
SE SINCERÓ el fin de semana fue el presidente nacional del Morena, Andrés
Manuel López Obrador. El tabasqueño anduvo por Oaxaca y allá manifestó una gran
decepción por el trabajo del aún gobernador Gabino Cué, de quien dijo: "me
duele haberlo apoyado" en 2012, pues ahora --aseguró AMLO- anda
promoviendo el voto, con recursos para obras a favor de su amigo José Antonio
Estefan Garfias, quien es el candidato de la alianza entre PRD-PAN. López
Obrador aseguró sentirse traicionado políticamente hablando y por ello ofrecerá
disculpas a los oaxaqueños por lo que correspondió al mal gobierno de Cue.
LUEGO
DE LAS críticas y de los boicots internos del PAN contra las iniciativa para el
regular el uso de la mariguana promovida por el presidente del Senado, Roberto
Gil, el propio legislador salió a defenderse y a decir que le preocupa mucho
que dentro de su partido no haya alguien que encabece y que ponga su nombre y
apellido, su cara, su rostro en la defensa del status quo, por lo que él
decidió tomar esa bandera y adelantó que pronto habrá más panistas que la
suscriban.
EXPERTOS EN
MOVILIDAD tienen en la mira al bici estacionamiento masivo en el paradero de
Pantitlán que no ha funcionado al 100% debido a que fue mal planeado.
Uno de los problemas que lo hacen poco efectivo es que no hay ciclo vías en las
inmediaciones para llegar hasta el lugar. Es decir, los ciclistas tienen lugar
para estacionarse, pero no tienen cómo llegar hasta ahí. El bici
estacionamiento masivo de Pantitlán fue inaugurado en septiembre de 2014, tiene
una capacidad para cerca de 500 bicis y tuvo una inversión de 20 millones de
pesos.
A
LA UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México le urge un poco actualizar sus
estudios sobre el acoso sexual dentro de sus instalaciones, pues el más
reciente data de 2009. Ante los recientes incrementos en la denuncia pública
-al menos en redes- de hostigamiento y acoso sexual, saltan a la luz otros de
los que alumnas, maestras y hasta alumnos son blanco en la máxima casa de
estudios y donde según los datos del Programa Universitario de Equidad de
Género prácticamente 50% de las alumnas ha sufrido alguna agresión. Pero los
estudios internos y las estadísticas son de hace 7 años.
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Alhajero/Martha
Anaya/ 24 Horas
El verdadero
Bronco está en Chihuahua
Lo que está
ocurriendo con el panista Javier Corral en Chihuahua es para asombrar.
No
sólo sus números en las encuestas van creciendo y creciendo, sino que –y eso es
lo que más llama la atención– ha logrado animar una gran Alianza Ciudadana que,
contra lo que algunos esperaban, ha ido desinflando al prometedor candidato
independiente José Luis El Chacho Barraza, y ha puesto a parir al candidato
priista Enrique Serrano.
Es algo –y alguien– que, desde luego, no
esperaba el gobernador César Duarte Jáquez, ni mucho menos el presidente
Enrique Peña Nieto.
Yes que las circunstancias sí que cambiaron en
menos de tres meses.
El
22 de diciembre pasado, cuando el PRI destapó a Serrano como su candidato para
la gubernatura, el escenario pintaba muy distinto rumbo a la elección del 5 de
junio.
En
ese entonces, recordemos, Corral había descartado participar en el proceso
interno de su partido (Acción Nacional) y Gustavo Madero (en plena pugna con su
dirigente nacional, Ricardo Anaya) también se había hecho a un lado.
Así
las cosas –refiere el propio Corral–, “cuando vio Duarte que ni Madero ni yo
iríamos a la contienda, convenció al presidente Enrique Peña Nieto de que él
podía sacar la elección con Serrano. Y su jefe político lo oyó…”
De
haber sabido entonces que los astros se alinearían en favor del senador con
licencia, seguramente –sostiene Corral– el candidato del PRI sería otro:
Graciela Ortiz o Marco Adán Quezada.
Pero
la bola de cristal no les funcionó a los tricolores así que el ex alcalde de
Juárez enfrentará a ese animal político llamado Javier Corral Jurado, quien
disputa por segunda ocasión la silla del Palacio de Gobierno (la perdió en 2004
frente al prisita José Reyes Baeza).
Otro
de los sorprendidos con el movimiento de apoyo social y político que ha
generado la candidatura de Corral es el mismísimo dirigente del PAN, Ricardo
Anaya. Tanto que, de un apoyo un tanto lejano, el queretano buscó el
reencuentro con su ex contrincante por la dirigencia nacional hace unas semanas
y se reconciliaron –no fue difícil– ante una mesa en tierra chihuahuense.
Hoy,
es el propio Anaya quien describe a Corral así: “Él es el verdadero Bronco”.
Un
ensayo de alianza para el 2018.- El modelo de gran Alianza Ciudadana conformado
por Javier Corral en Chihuahua, por encima de los partidos y a manera –y con
sabor– de un candidato independiente, podría ser una opción para las
candidaturas tradicionales de los partidos.
Suena
interesante. En este caso participan múltiples organizaciones sociales de
Chihuahua –económicas, campesinas, democráticas, de justicia, derechos humanos–
y personajes de muy distintos colores y sabores.
Van
algunos nombres de quienes acompañaron ayer a Corral en el Auditorio Cívico
Municipal de Ciudad Juárez para la conformación de la Alianza Ciudadana. Vía
video: Elena Poniatowska, Porfirio Muñoz
Ledo, María Rojo, Braulio Peralta.
En
persona, hablando al micrófono incluso en el maratónico evento: Guadalupe
Acosta Naranjo, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Espino, Marco Rascón, Clara
Jusidman, Santiago Creel, Ricardo Anaya.
De las participaciones en vivo destacó la de
Creel (hacía tiempo que no lo veíamos en un acto de campaña y su discurso es
fresco). El ex candidato presidencial recordó que fue ahí en Chihuahua, en
1986, que se “construyó el camino hacia la democracia”, con la formación de un
grupo plural que seis años después logró la alternancia en el estado.
Acosta Naranjo propuso a Corral que llame de
nuevo a la unidad y que al final de este mes se haga una nueva encuesta y
aquellos que vayan abajo renuncien y se sumen al que vaya arriba: “Vamos con el
que esté mejor, con un programa de transición democrática”, apuntó el
perredista.
Anaya resumiría su postura en esta frase: “Ni
por la izquierda, ni por la derecha, ¡hoy es por Chihuahua!”.
Y la voz del propio Corral arguyendo “la ley
moral de la opción” para doblar por un momento su bandera azul y enfrentar con
una gran Alianza Ciudadana el autoritarismo priista.
GEMAS:
Obsequio de la Arquidiócesis de México en su semanario Desde la Fe: “La
extinción del Distrito Federal sólo quedó en una marca y raras siglas color
rosa que adornan transportes públicos y papeles oficiales”.
#
Derechos humanos: arma que defiende al crimen organizado/Ricardo Alemán..
Milenio
“La voz del pueblo” –dice el aforismo latino–, “es la voz de Dios”.
Y, en efecto, la voz popular sabe que no pocas organizaciones civiles —que dicen defender libertades y derechos fundamentales—, en los hechos son una mafia amparada en los derechos humanos para amasar fortunas a cambio de liberar a los peores criminales.
Pero hay más. A la ofensa por la impunidad que regalan los derechos humanos al crimen organizado, se agrega el agravio a los ciudadanos todos, ya que gracias a la legislación a favor “de las víctimas”, secuestradores y criminales en general —en complicad con Derechos Humanos—, obtienen cantidades millonarias para la supuesta “reparación del daño”.
Y de esa burla al Estado —a los ciudadanos, razón del Estado—, nos ocuparemos a partir de hoy, con un caso emblema.
Resulta que el 16 de junio 2009 cuatro secuestradores fueron detenidos en flagrancia en Playas de Rosarito, Baja California: Ramiro Ramírez Martínez, El Rambo, de 24 años de edad; su hermano RodrigoEl Gordo, de 26; Orlando Santaolaya Villarreal, El Chuletas, de 23, y Ramiro López Vázquez, de 25.
Durante la detención, la Sedena incautó mil 662 cartuchos, 20 armas AK-47 y AR-15, además de 278 cargadores, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico. Tenían secuestrado a un hombre de casi 70 años, de nombre Fernando.
Los detenidos integraban una célula criminal al servicio de Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil; detenido en marzo de ese mismo año. A su vez, El Kaibil respondía a Teodoro García Simental, El Teo —motejado como El Pozolero—, a quien autoridades identifican como enlace del cártel de Sinaloa, en Baja California.
El 17 de julio de 2009, un mes después de la detención, la mamá de Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez argumentó tortura contra sus hijos. Estaba asesorada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Los Derechos Humanos AC (CMDPDH).
Esa ONG —organización civil que dice defender los derechos humanos, pero en realidad sirve al crimen organizado—, presentó queja ante la CNDH en la que acusó supuesta detención arbitraria por elementos de la Sedena y que los secuestradores habían sufrido supuestos abusos, toques eléctricos, golpes, maniobras de asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, daños físicos causados en dedos y uñas, heridas en la mandíbula y maltrato psicológico.
Según el expediente CNDH/2/2009/3313/Q —concluido el 30 de octubre de 2009—, la autoridad judicial determinó que no se contó con elementos de prueba para acreditar las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el 7 de octubre de 2015 la CNDH realizó la recomendación número. 33/2015 por violación a derechos humanos al secretario Salvador Cienfuegos y a la procuradora Arely Gómez.
Curiosamente, el 14 de octubre de 2015, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU exhortó al gobierno mexicano para liberar los secuestradores e investigar a “los responsables de la tortura”, mientras abogados de los secuestradores acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para tramitar la reparación del daño. Es decir, algo sí como 40 millones de pesos para los secuestradores, del dinero público.
Como queda claro, la defensa de los derechos humanos se pudrió y se ha convertido en negocio de impunidad al crimen organizado y de pingües ganancias para abogados de organizaciones como la CMDPDH y pillos incrustados en la propia CNDH.
¿Por qué la CNDH se presta a esa corrupción?
Al tiempo.
Mañana: “Derechos humanos; negocio que llega al cielo”.
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¿QUIÉN TE ESTÁ JUGANDO SUCIO, EMILIO?/Ciro Gómez Leyva
El Universal
Aprecio a Emilio Álvarez Icaza. Por su decidida y limpia trayectoria en defensa de los derechos humanos, lamenté públicamente en noviembre de 2009 su derrota cuando buscó ser presidente de la CNDH. Me sumé a las voces que lo consideraban un hombre de una pieza que no se subordina, uno que no llevaría a la CNDH al retroceso y oscurantismo.
Quiero pensar que siete años después Emilio no ha perdido la honestidad que en trabajos como el suyo, y como el del periodista, considero la más importante: la honestidad intelectual, llamar a las cosas por su nombre, buscar la verdad sin importar que los hechos vayan en contra de creencias propias, proyectos personales, amistades o la grada.
Pero me sorprendió leer ayer en La Jornada que Emilio insista que la PGR tiene una campaña de desprestigio en su contra, “señal muy clara del regreso al México autoritario”.
Argumenta que la PGR le dio entrada a una denuncia que presentó en marzo el activista José Antonio Ortega, quien lo acusó de defraudar a los contribuyentes mexicanos al hacer un mal manejo de los 2 millones de dólares que han recibido los expertos de la CIDH para investigar sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Y que la denuncia de Ortega Sánchez sería una acción oficial para desprestigiarlo en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH y promotor de los expertos.
El problema es que desde el 4 de abril, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal por este presunto fraude. Es decir, en los hechos, no en los rollos, la PGR coincidió con Álvarez Icaza que se trataba de una denuncia “temeraria e infundada” y cerró el asunto. ¿En dónde queda la campaña para desacreditarlo, que por lo demás parece peccata minuta para inhibir a un Álvarez Icaza?
“No hay campaña, ni oficial ni extraoficial”, escribió el sábado en Milenio Liébano Sáenz. “Lo que existe es una prensa crítica hacia todo y hacia todos, afortunadamente”. Coincido con Liébano, y agrego: una prensa y una sociedad. El problema es que al grupo de expertos, y parece que ahora a Emilio, no les gusta ser objetos de escrutinio, ni que un polémico activista quiera meterlos al pleito judicial.
Confío, sin embargo, que las palabras de Álvarez Icaza tengan que ver con la intemperie previa al informe final de los expertos de la CIDH, propicia para ciertos excesos discursivos, y no con su claudicación a la honestidad intelectual.
Confío en que Emilio continuará siendo ese personaje admirable y no haya sucumbido a la tentación de convertirse en un político que sólo esté confeccionando una narrativa en busca de la candidatura presidencial de 2018. Con un discurso de verdades, verdades a medias y mentiras, donde únicamente él es capaz de reparar la crisis de derechos humanos que, eso sí, sin duda padece México.
MENOS DE 140. Mañana que los directivos de Uber se reúnan con autoridades de la CDMX insistirán que eliminar la tarifa dinámica no está a discusión.
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Ayotzinapa, la verdad inconfesable/ Raymundo Riva Palacio'
El Financiero,
Marcha Ayotzinapa
Cada semana se vuelve más intolerable la protección del presidente Enrique Peña Nieto a su amigo Jesús Murillo Karam, porque cada vez que hay nuevos análisis sobre lo que pudo haber sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, brotan más contradicciones a la versión del el exprocurador sobre lo que pasó aquella noche en Iguala que es, por cierto, la narrativa oficial del gobierno de cómo se cometió aquél crimen. Es intolerable la protección presidencial, dicho así porque sólo podría entenderse que la PGR no lo haya llamado a declarar ministerialmente sobre lo que hizo, deshizo, confundió o mintió sobre aquél episodio, por una obstrucción del más alto nivel a la justicia.
La última duda a la versión oficial del crimen en Iguala se dio el viernes pasado, cuando los expertos de la Universidad de Innsbruck, en Austria, que analizaron nueve muestras óseas y cabellos provenientes del basurero de Cocula, y dos muestras más del río San Juan –donde afirmó Murillo Karam mataron e incineraron a todos los estudiantes y donde echaron sus cenizas–, dijeron que ninguna de ellas pertenecía a los jóvenes de Ayotzinapa, con lo que, una vez más, los dichos del exprocurador fueron descalificados.
No sólo ha sido la ciencia o expertos internacionales quienes han cuestionado la solidez de la investigación del exprocurador, sino el propio Murillo Karam quien ha ido desmantelando su versión oficial con rectificaciones y contradicciones. El exprocurador ha desmentido tantas cosas de las que él mismo dijo a lo largo de los meses, que sorprende su esquizofrenia. La paradoja ante sus acciones y declaraciones es que el gobierno federal no cometió directamente el crimen de Iguala. Pudo haber, porque aún no se comprueba, participación de funcionarios y políticos municipales, estatales e incluso federales, pero ¿qué tanto fue producto de un método de trabajo? ¿Qué tanto casuísticamente? Entonces, ¿qué esconde o trata de proteger el exprocurador? ¿Omisiones que crearon las condiciones para el crimen? ¿Negligencias que afectaron las responsabilidades federales?
La forma de proceder de Murillo Karam ha perjudicado al presidente y al gobierno. Pero ¿por qué, si tanto daño ha hecho, lo protege Peña Nieto? Quizá, planteada como hipótesis de trabajo, porque la verdad histórica de cómo operó el gobierno en las primeras horas del crimen sería más costosa que el blindaje. ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de sucedido? Son varios los momentos que podrían construir la narrativa de cómo el presidente y su equipo, en momentos clave, actuaron o dejaron de actuar porque soslayaron las consecuencias que tendrían sus acciones y actuaron a partir de un diagnóstico fallido:
1.- Cuando se enteró lo que pasaba en Iguala, el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, reportó la misma noche del 26 de septiembre de 2015 al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda
–compadre del presidente–, de la violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, algunos de ellos heridos y desaparecidos. Miranda lo escuchó sin sonar la alarma federal para entrar en acción. No entendió la magnitud de lo que eso significaba. Hipótesis: la manera de actuar de un gobierno estructurado en los amiguismos ha provocado severos costos políticos para la nación.
2.- Aguirre informó al comandante de la 35ª Zona Militar de Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27º de Infantería en Iguala, que había un conflicto en Iguala. La respuesta fue que no tenía información, lo que era mentira: los soldados del Batallón estaban en las calles de la ciudad, informando lo que sucedía. Eran parte interesada: vigilaban, informaban y dos de los normalistas desaparecidos eran soldados. Hipótesis: el Ejército ha sido utilizado por el gobierno civil para acciones metaconstitucionales; lo que hicieron en Iguala fue, por diseño, lo que les ordenaron en Michoacán, proteger criminales porque iban a eliminar a otros criminales.
3.- Cuando se evaluó en Los Pinos lo que había sucedido el fin de semana en Iguala y Murillo Karam explicó que todo se trataba de “una depuración” entre narcotraficantes, la decisión fue que ni el presidente ni el gobierno federal intervinieran. Nadie en el equipo de Peña Nieto entendió la magnitud del evento: estudiantes capturados por la Policía y entregados a criminales. El delito era desaparición forzada, que nunca prescribe. Hipótesis: Peña Nieto podría ser enjuiciado en cortes internacionales como responsable del crimen de Iguala.
Una declaración de Murillo Karam ante el Ministerio Público mostraría su incompetencia e incapacidad, además de descubrirlo como omiso, que conlleva responsabilidad penal: ¿por qué nunca consignó al exalcalde de Iguala por delincuencia organizada como pidió la Fiscalía de Guerrero en mayo de 2014? Pero si habla y explica los contextos en los cuales se tomaron las decisiones dentro de Los Pinos en los primeros días de la desaparición de los normalistas, lo que quedaría expuesto es cómo la falta de oficio y conocimiento, empapadas en impericia e ingenuidad, hicieron que un puñado de funcionarios ante quienes se entregó el presidente para que decidieran por él, lo colocaron en el centro de ese crimen y de sus consecuencias legales.
Un error de juicio y operación del jefe de Estado mexicano, es más costoso que mantener en la hoguera a Murillo Karam, en donde terminará finalmente, cuando el presidente sea al que le prendan fuego.
Twitter: @rivapa
Milenio
Cargas y descargas lógicas
Se antoja utópico, pero regular horarios y rutas para el tránsito de camiones de carga foránea en la zona metropolitana del Valle de México, según anunció Miguel Ángel Mancera, servirá tanto para mitigar la contaminación como para que la capital nacional sea menos caótica y más segura.
La medida implica una compleja coordinación con los gobiernos de los estados de donde proviene una colosal cantidad de mercancías y, sobre todo, el de la Federación.
De seis a diez de la mañana, dijo Mancera, esos vehículos no podrán ingresar a Ciudad de México, y para que lo hagan se les asignarán accesos precisos.
Lo ideal, sin embargo, es que las disposiciones no se limiten a la movilidad cotidiana de alrededor de 30 mil unidades foráneas, sino asegurar que varios otros miles de camiones de reparto locales (de refrescos, leche, pan, agua embotellada, mudanzas, etcétera) circulen exclusivamente de noche.
Con sus cargas y descargas nocturnas, tan imprescindible actividad económica se traduciría, más temprano que tarde, en calles mejor iluminadas y seguras.
cmarin@milenio.com
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Impugna, que algo queda/Jorge Fernández Menendez.
Excelsior
El TEPJF y el INE tienen en sus manos decisiones que pueden cambiar profundamente los resultados electorales.
El proceso electoral del 5 de junio se decidirá en las urnas, pero antes y después de ese día buena parte de éste se jugará en los tribunales. Desde el 2006, los partidos han decidido judicializar los comicios y ese camino se ha hecho cada vez más amplio por las sucesivas y, en general, desafortunadas reformas electorales que han intentado regular tanto el proceso, que resulta casi imposible transitarlo sin ser sospechoso, por lo menos, de haber violado alguna norma.
Por lo pronto, para este 5 de junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE tienen en sus manos decisiones que pueden cambiar profundamente los resultados electorales. El primer caso es el de Zacatecas. El INE ha decidido negar el registro a David Monreal por no haber presentado un informe de gastos de precampaña. Puede parecer excesivo, pero es lo que marca la ley que los propios partidos aprobaron y es una demostración más de algo que resulta incomprensible en Morena: el desprecio constante a cumplir con las normas y las leyes. Quizás ese desprecio se origina en el hecho de que desde la candidatura de López Obrador en el 2000 para el DF, cuando no cumplía en forma evidente con los requisitos de residencia, por presiones y acuerdos políticos se le permitió competir, y a la postre ganar, en aquellos comicios. Años después, maniobra política o no, fue evidente que el equipo de López Obrador violó la ley en el famoso asunto de los videoescándalos y, más tarde, cuando se negó a acatar una resolución de la Suprema Corte, lo que derivó en su desafuero, del que también se libró mediante presiones políticas. En el 2006 intentó hacer lo mismo con el plantón en Reforma y el Centro Histórico e incluso cometió otro delito (del que nunca se le acusó) al proclamarse presidente legítimo del país. Ahora no tiene problema en tener millones de spots gratuitos promoviendo ilegalmente su candidatura para el 2018, al mismo tiempo que asegura que está bloqueado en los medios. El caso de David Monreal se inscribe en esta lógica: es un error incomprensible, un desafío a las autoridades electorales o quizás una arriesgada táctica electoral. David Monreal no lo necesitaba: es un aspirante muy competitivo. El INE ya resolvió y, por supuesto, López Obrador pidió juicio político contra los consejeros. Antes los ataques contra las autoridades electorales eran después de los comicios, ahora la idea es ejercer presión antes. Y en ocasiones, tanto Morena como los otros partidos tienen éxito en ese objetivo. Falta por ver qué resolverá el TEPJF sobre el caso Monreal.
Otras impugnaciones son las que realizó la coalición PRD-PAN en Oaxaca contra el priista Alejandro Murat y el experredista, ahora candidato del PT, Benjamín Robles. En el caso de Murat se alega que no cumple con los requisitos para ser candidato: Alejandro, dicen, no nació en Oaxaca y tampoco tiene cinco años de residencia (incluso se había intentado pasar una ley, que frenó la SCJN, para reducir ese tiempo de residencia a tres años para evitar esta posible impugnación). La coalición tiene un argumento fuerte a su favor: en el 2014, Murat recibió una notaría en el Estado de México y durante los años anteriores había estado trabajando con el entonces gobernador Peña. Si en el 2014 residía en el Estado de México no podía estar residiendo en Oaxaca. Es muy similar al caso de López Obrador en el DF en el 2000, cuando el entonces candidato del PRD no cumplía, como dijimos, los requisitos. Así y todo Andrés Manuel fue candidato, pero desde entonces han pasado 16 años y mucha agua bajo los puentes electorales. El de Murat será, sin duda, uno de los casos más complejos que llegarán al TEPJF y debe resolverse cuanto antes.
En la impugnación de Benjamín Robles lo que se reclama es exactamente lo mismo que dejó fuera de las pasadas elecciones a Marcelo Ebrard. Según la ley, no se puede ser precandidato en un proceso interno por un partido y cuando se pierde convertirse en candidato de otro partido. Robles fue precandidato por el PRD y participó como tal hasta el último día, cuando fue derrotado por José Antonio Estefan Garfias. No puede ser ahora candidato por el PT. El tema es importante porque a Robles no le alcanza para ganar la elección, pero puede quitarle un porcentaje de votos a la coalición, lo que, junto con los votos que se llevará Morena, pueden pulverizar el voto antipriista y abrirle el camino al tricolor.
En Veracruz todos impugnan a todos. El candidato PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, comenzó su campaña demandando al gobernador Javier Duarte, pero ese mismo día se dieron a conocer los llamados Papeles de Panamá en los cuales aparece su hijo Omar. Miguel Ángel argumentó que es un homónimo, pero al mismo tiempo se dijo desde el SAT que se investigará a todos los nombrados en los Papeles, incluyendo a este Omar, que no se ha demostrado que no sea el hijo de Miguel Ángel. Y lo que falta por ver en Veracruz aún es mucho.
Hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo
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¿Está usted indignado por la corrupción en México?/LEO ZUCKERMANN
Excelsior
Ni el Presidente ni ninguno de los miembros de su gabinete habían publicado su tres de tres. Sí lo hicieron 11 de los 128 senadores, 55 de 500 diputados federales, nueve de los 32 gobernadores y jefe de Gobierno de la CDMX.
El principal problema de México es la debilidad de su Estado de derecho que se refleja en múltiples plagas cotidianas como la corrupción. Es desesperante ver como en otros países similares al nuestro, cuando se destapan casos de sobornos, robo de recursos públicos o enriquecimiento inexplicable de gobernantes, existen consecuencias graves mientras que aquí, en México, no pasa nada. Por eso me gusta mucho la iniciativa popular para obligar a que los funcionarios públicos hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflicto de interés. Si esta ley, que ya se encuentra en el Congreso avalada por 634 mil firmas de ciudadanos, no se aprueba pronto, seguirá siendo voluntario el que los políticos publiquen su #3de3. Y ya vimos que, cuando esto no es obligatorio, sólo un puñado se atreve a hacerlo.
El año pasado, el Imco y Transparencia Mexicana crearon una plataforma web para que políticos y funcionarios publicaran toda la información sobre sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos. En octubre de 2015, los organizadores hicieron un corte de caja. Ni el Presidente ni ninguno de los miembros de su gabinete habían publicado su tres de tres. Sí lo hicieron 11 de los 128 senadores, 55 de 500 diputados federales, nueve de los 32 gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México, 18 alcaldes y seis jefes delegacionales, 15 diputados locales y ninguno de los presidentes de partidos políticos nacionales en ese momento.
El Imco y Transparencia dejaron abierta su plataforma para que, durante 2016, se sumaran todos los candidatos que compitieran este año en las elecciones de junio: 12 de gobernador, 548 de presidente municipal y 389 diputados locales. La semana pasada, los creadores de la plataforma #3de3 presentaron un informe de cuántos candidatos se habían registrado. En el rubro de las 12 gubernaturas, sólo 12 de 76 candidatos habían subido sus tres declaraciones: Lorena Martínez, Martín Orozco, José Rosas Aispuro, Benjamín Robles, Héctor Yunes Landa, Miguel Ángel Yunes Linares, Alejandro Tello, Blanca Alcalá, Adriana Dávila, Armando Méndez de la Luz, José Mauricio Góngora y Juan Bueno Torio. Cinco son candidatos del PRI, cuatro del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y un independiente. Cabe destacar que en los estados de Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas y Sinaloa ningún candidato a gobernador ha presentado todavía su #3de3.
En agosto del año pasado, cuando ya había tomado posesión como presidente nacional del PRI, platiqué con Manlio Fabio Beltrones en el programa Es la hora de opinar en FOROtv. Ahí prometió que no sólo él presentaría su #3de3 sino que obligaría a todos los candidatos priistas a hacerlo. Lo primero ya lo cumplió. Sus declaraciones se pueden revisar en tresdetres.mx. En la primera se reporta que el presidente del PRI posee tres cuentas de inversión de más de medio millón de pesos cada una y que tuvo ingresos el último año fiscal por dos millones 819 mil pesos.
La segunda promesa de Beltrones, que todos los candidatos priistas se sumarían a lo que él ya hizo, todavía está por cumplirse. Comenzadas ya las campañas, podemos afirmar que van lento. Lo mismo los candidatos perredistas, a pesar que su dirigente nacional, Agustín Basave, ha dicho muchas veces que los de su partido registrarían su #3de3. Y también los panistas cuyo presidente, Ricardo Anaya, ha apoyado transparentar las tres declaraciones de los candidatos de su partido. Por cierto, tanto Basave como Anaya ya hicieron lo propio reportando un ingreso anual de un millón 539 mil pesos y un millón 158 mil, respectivamente.
El Senado tiene en sus manos la #Ley3de3 para que este ejercicio de transparencia no sea voluntario sino obligatorio, como he dicho antes, se trata de una extraordinaria manera de canalizar el enojo ciudadano por la corrupción gubernamental. Lo que sigue es presionar a los legisladores para que dictaminen, debatan y voten la iniciativa popular que cuenta con el respaldo de 634 mil mexicanos. Si usted es de los que está indignado porque en México no pasa nada, escríbale a su congresista exigiéndole que vote a favor de la #Ley3de3 y, si vive en un estado donde habrá elecciones, sólo dele su voto a aquellos candidatos que hayan publicado sus tres declaraciones en la plataforma tresdetres.mx.
Twitter: @leozuckermann
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Derechos humanos: arma que defiende al crimen organizado/Ricardo Alemán..
Milenio
“La voz del pueblo” –dice el aforismo latino–, “es la voz de Dios”.
Y, en efecto, la voz popular sabe que no pocas organizaciones civiles —que dicen defender libertades y derechos fundamentales—, en los hechos son una mafia amparada en los derechos humanos para amasar fortunas a cambio de liberar a los peores criminales.
Pero hay más. A la ofensa por la impunidad que regalan los derechos humanos al crimen organizado, se agrega el agravio a los ciudadanos todos, ya que gracias a la legislación a favor “de las víctimas”, secuestradores y criminales en general —en complicad con Derechos Humanos—, obtienen cantidades millonarias para la supuesta “reparación del daño”.
Y de esa burla al Estado —a los ciudadanos, razón del Estado—, nos ocuparemos a partir de hoy, con un caso emblema.
Resulta que el 16 de junio 2009 cuatro secuestradores fueron detenidos en flagrancia en Playas de Rosarito, Baja California: Ramiro Ramírez Martínez, El Rambo, de 24 años de edad; su hermano RodrigoEl Gordo, de 26; Orlando Santaolaya Villarreal, El Chuletas, de 23, y Ramiro López Vázquez, de 25.
Durante la detención, la Sedena incautó mil 662 cartuchos, 20 armas AK-47 y AR-15, además de 278 cargadores, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico. Tenían secuestrado a un hombre de casi 70 años, de nombre Fernando.
Los detenidos integraban una célula criminal al servicio de Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil; detenido en marzo de ese mismo año. A su vez, El Kaibil respondía a Teodoro García Simental, El Teo —motejado como El Pozolero—, a quien autoridades identifican como enlace del cártel de Sinaloa, en Baja California.
El 17 de julio de 2009, un mes después de la detención, la mamá de Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez argumentó tortura contra sus hijos. Estaba asesorada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Los Derechos Humanos AC (CMDPDH).
Esa ONG —organización civil que dice defender los derechos humanos, pero en realidad sirve al crimen organizado—, presentó queja ante la CNDH en la que acusó supuesta detención arbitraria por elementos de la Sedena y que los secuestradores habían sufrido supuestos abusos, toques eléctricos, golpes, maniobras de asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, daños físicos causados en dedos y uñas, heridas en la mandíbula y maltrato psicológico.
Según el expediente CNDH/2/2009/3313/Q —concluido el 30 de octubre de 2009—, la autoridad judicial determinó que no se contó con elementos de prueba para acreditar las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el 7 de octubre de 2015 la CNDH realizó la recomendación número. 33/2015 por violación a derechos humanos al secretario Salvador Cienfuegos y a la procuradora Arely Gómez.
Curiosamente, el 14 de octubre de 2015, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU exhortó al gobierno mexicano para liberar los secuestradores e investigar a “los responsables de la tortura”, mientras abogados de los secuestradores acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para tramitar la reparación del daño. Es decir, algo sí como 40 millones de pesos para los secuestradores, del dinero público.
Como queda claro, la defensa de los derechos humanos se pudrió y se ha convertido en negocio de impunidad al crimen organizado y de pingües ganancias para abogados de organizaciones como la CMDPDH y pillos incrustados en la propia CNDH.
¿Por qué la CNDH se presta a esa corrupción?
Al tiempo.
Mañana: “Derechos humanos; negocio que llega al cielo”.
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¿QUIÉN TE ESTÁ JUGANDO SUCIO, EMILIO?/Ciro Gómez Leyva
El Universal
Aprecio a Emilio Álvarez Icaza. Por su decidida y limpia trayectoria en defensa de los derechos humanos, lamenté públicamente en noviembre de 2009 su derrota cuando buscó ser presidente de la CNDH. Me sumé a las voces que lo consideraban un hombre de una pieza que no se subordina, uno que no llevaría a la CNDH al retroceso y oscurantismo.
Quiero pensar que siete años después Emilio no ha perdido la honestidad que en trabajos como el suyo, y como el del periodista, considero la más importante: la honestidad intelectual, llamar a las cosas por su nombre, buscar la verdad sin importar que los hechos vayan en contra de creencias propias, proyectos personales, amistades o la grada.
Pero me sorprendió leer ayer en La Jornada que Emilio insista que la PGR tiene una campaña de desprestigio en su contra, “señal muy clara del regreso al México autoritario”.
Argumenta que la PGR le dio entrada a una denuncia que presentó en marzo el activista José Antonio Ortega, quien lo acusó de defraudar a los contribuyentes mexicanos al hacer un mal manejo de los 2 millones de dólares que han recibido los expertos de la CIDH para investigar sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Y que la denuncia de Ortega Sánchez sería una acción oficial para desprestigiarlo en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH y promotor de los expertos.
El problema es que desde el 4 de abril, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal por este presunto fraude. Es decir, en los hechos, no en los rollos, la PGR coincidió con Álvarez Icaza que se trataba de una denuncia “temeraria e infundada” y cerró el asunto. ¿En dónde queda la campaña para desacreditarlo, que por lo demás parece peccata minuta para inhibir a un Álvarez Icaza?
“No hay campaña, ni oficial ni extraoficial”, escribió el sábado en Milenio Liébano Sáenz. “Lo que existe es una prensa crítica hacia todo y hacia todos, afortunadamente”. Coincido con Liébano, y agrego: una prensa y una sociedad. El problema es que al grupo de expertos, y parece que ahora a Emilio, no les gusta ser objetos de escrutinio, ni que un polémico activista quiera meterlos al pleito judicial.
Confío, sin embargo, que las palabras de Álvarez Icaza tengan que ver con la intemperie previa al informe final de los expertos de la CIDH, propicia para ciertos excesos discursivos, y no con su claudicación a la honestidad intelectual.
Confío en que Emilio continuará siendo ese personaje admirable y no haya sucumbido a la tentación de convertirse en un político que sólo esté confeccionando una narrativa en busca de la candidatura presidencial de 2018. Con un discurso de verdades, verdades a medias y mentiras, donde únicamente él es capaz de reparar la crisis de derechos humanos que, eso sí, sin duda padece México.
MENOS DE 140. Mañana que los directivos de Uber se reúnan con autoridades de la CDMX insistirán que eliminar la tarifa dinámica no está a discusión.
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Ayotzinapa, la verdad inconfesable/ Raymundo Riva Palacio'
El Financiero,
Marcha Ayotzinapa
Cada semana se vuelve más intolerable la protección del presidente Enrique Peña Nieto a su amigo Jesús Murillo Karam, porque cada vez que hay nuevos análisis sobre lo que pudo haber sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, brotan más contradicciones a la versión del el exprocurador sobre lo que pasó aquella noche en Iguala que es, por cierto, la narrativa oficial del gobierno de cómo se cometió aquél crimen. Es intolerable la protección presidencial, dicho así porque sólo podría entenderse que la PGR no lo haya llamado a declarar ministerialmente sobre lo que hizo, deshizo, confundió o mintió sobre aquél episodio, por una obstrucción del más alto nivel a la justicia.
La última duda a la versión oficial del crimen en Iguala se dio el viernes pasado, cuando los expertos de la Universidad de Innsbruck, en Austria, que analizaron nueve muestras óseas y cabellos provenientes del basurero de Cocula, y dos muestras más del río San Juan –donde afirmó Murillo Karam mataron e incineraron a todos los estudiantes y donde echaron sus cenizas–, dijeron que ninguna de ellas pertenecía a los jóvenes de Ayotzinapa, con lo que, una vez más, los dichos del exprocurador fueron descalificados.
No sólo ha sido la ciencia o expertos internacionales quienes han cuestionado la solidez de la investigación del exprocurador, sino el propio Murillo Karam quien ha ido desmantelando su versión oficial con rectificaciones y contradicciones. El exprocurador ha desmentido tantas cosas de las que él mismo dijo a lo largo de los meses, que sorprende su esquizofrenia. La paradoja ante sus acciones y declaraciones es que el gobierno federal no cometió directamente el crimen de Iguala. Pudo haber, porque aún no se comprueba, participación de funcionarios y políticos municipales, estatales e incluso federales, pero ¿qué tanto fue producto de un método de trabajo? ¿Qué tanto casuísticamente? Entonces, ¿qué esconde o trata de proteger el exprocurador? ¿Omisiones que crearon las condiciones para el crimen? ¿Negligencias que afectaron las responsabilidades federales?
La forma de proceder de Murillo Karam ha perjudicado al presidente y al gobierno. Pero ¿por qué, si tanto daño ha hecho, lo protege Peña Nieto? Quizá, planteada como hipótesis de trabajo, porque la verdad histórica de cómo operó el gobierno en las primeras horas del crimen sería más costosa que el blindaje. ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de sucedido? Son varios los momentos que podrían construir la narrativa de cómo el presidente y su equipo, en momentos clave, actuaron o dejaron de actuar porque soslayaron las consecuencias que tendrían sus acciones y actuaron a partir de un diagnóstico fallido:
1.- Cuando se enteró lo que pasaba en Iguala, el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, reportó la misma noche del 26 de septiembre de 2015 al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda
–compadre del presidente–, de la violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, algunos de ellos heridos y desaparecidos. Miranda lo escuchó sin sonar la alarma federal para entrar en acción. No entendió la magnitud de lo que eso significaba. Hipótesis: la manera de actuar de un gobierno estructurado en los amiguismos ha provocado severos costos políticos para la nación.
2.- Aguirre informó al comandante de la 35ª Zona Militar de Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27º de Infantería en Iguala, que había un conflicto en Iguala. La respuesta fue que no tenía información, lo que era mentira: los soldados del Batallón estaban en las calles de la ciudad, informando lo que sucedía. Eran parte interesada: vigilaban, informaban y dos de los normalistas desaparecidos eran soldados. Hipótesis: el Ejército ha sido utilizado por el gobierno civil para acciones metaconstitucionales; lo que hicieron en Iguala fue, por diseño, lo que les ordenaron en Michoacán, proteger criminales porque iban a eliminar a otros criminales.
3.- Cuando se evaluó en Los Pinos lo que había sucedido el fin de semana en Iguala y Murillo Karam explicó que todo se trataba de “una depuración” entre narcotraficantes, la decisión fue que ni el presidente ni el gobierno federal intervinieran. Nadie en el equipo de Peña Nieto entendió la magnitud del evento: estudiantes capturados por la Policía y entregados a criminales. El delito era desaparición forzada, que nunca prescribe. Hipótesis: Peña Nieto podría ser enjuiciado en cortes internacionales como responsable del crimen de Iguala.
Una declaración de Murillo Karam ante el Ministerio Público mostraría su incompetencia e incapacidad, además de descubrirlo como omiso, que conlleva responsabilidad penal: ¿por qué nunca consignó al exalcalde de Iguala por delincuencia organizada como pidió la Fiscalía de Guerrero en mayo de 2014? Pero si habla y explica los contextos en los cuales se tomaron las decisiones dentro de Los Pinos en los primeros días de la desaparición de los normalistas, lo que quedaría expuesto es cómo la falta de oficio y conocimiento, empapadas en impericia e ingenuidad, hicieron que un puñado de funcionarios ante quienes se entregó el presidente para que decidieran por él, lo colocaron en el centro de ese crimen y de sus consecuencias legales.
Un error de juicio y operación del jefe de Estado mexicano, es más costoso que mantener en la hoguera a Murillo Karam, en donde terminará finalmente, cuando el presidente sea al que le prendan fuego.
Twitter: @rivapa
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EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos MarínMilenio
Cargas y descargas lógicas
Se antoja utópico, pero regular horarios y rutas para el tránsito de camiones de carga foránea en la zona metropolitana del Valle de México, según anunció Miguel Ángel Mancera, servirá tanto para mitigar la contaminación como para que la capital nacional sea menos caótica y más segura.
La medida implica una compleja coordinación con los gobiernos de los estados de donde proviene una colosal cantidad de mercancías y, sobre todo, el de la Federación.
De seis a diez de la mañana, dijo Mancera, esos vehículos no podrán ingresar a Ciudad de México, y para que lo hagan se les asignarán accesos precisos.
Lo ideal, sin embargo, es que las disposiciones no se limiten a la movilidad cotidiana de alrededor de 30 mil unidades foráneas, sino asegurar que varios otros miles de camiones de reparto locales (de refrescos, leche, pan, agua embotellada, mudanzas, etcétera) circulen exclusivamente de noche.
Con sus cargas y descargas nocturnas, tan imprescindible actividad económica se traduciría, más temprano que tarde, en calles mejor iluminadas y seguras.
cmarin@milenio.com
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Impugna, que algo queda/Jorge Fernández Menendez.
Excelsior
El TEPJF y el INE tienen en sus manos decisiones que pueden cambiar profundamente los resultados electorales.
El proceso electoral del 5 de junio se decidirá en las urnas, pero antes y después de ese día buena parte de éste se jugará en los tribunales. Desde el 2006, los partidos han decidido judicializar los comicios y ese camino se ha hecho cada vez más amplio por las sucesivas y, en general, desafortunadas reformas electorales que han intentado regular tanto el proceso, que resulta casi imposible transitarlo sin ser sospechoso, por lo menos, de haber violado alguna norma.
Por lo pronto, para este 5 de junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE tienen en sus manos decisiones que pueden cambiar profundamente los resultados electorales. El primer caso es el de Zacatecas. El INE ha decidido negar el registro a David Monreal por no haber presentado un informe de gastos de precampaña. Puede parecer excesivo, pero es lo que marca la ley que los propios partidos aprobaron y es una demostración más de algo que resulta incomprensible en Morena: el desprecio constante a cumplir con las normas y las leyes. Quizás ese desprecio se origina en el hecho de que desde la candidatura de López Obrador en el 2000 para el DF, cuando no cumplía en forma evidente con los requisitos de residencia, por presiones y acuerdos políticos se le permitió competir, y a la postre ganar, en aquellos comicios. Años después, maniobra política o no, fue evidente que el equipo de López Obrador violó la ley en el famoso asunto de los videoescándalos y, más tarde, cuando se negó a acatar una resolución de la Suprema Corte, lo que derivó en su desafuero, del que también se libró mediante presiones políticas. En el 2006 intentó hacer lo mismo con el plantón en Reforma y el Centro Histórico e incluso cometió otro delito (del que nunca se le acusó) al proclamarse presidente legítimo del país. Ahora no tiene problema en tener millones de spots gratuitos promoviendo ilegalmente su candidatura para el 2018, al mismo tiempo que asegura que está bloqueado en los medios. El caso de David Monreal se inscribe en esta lógica: es un error incomprensible, un desafío a las autoridades electorales o quizás una arriesgada táctica electoral. David Monreal no lo necesitaba: es un aspirante muy competitivo. El INE ya resolvió y, por supuesto, López Obrador pidió juicio político contra los consejeros. Antes los ataques contra las autoridades electorales eran después de los comicios, ahora la idea es ejercer presión antes. Y en ocasiones, tanto Morena como los otros partidos tienen éxito en ese objetivo. Falta por ver qué resolverá el TEPJF sobre el caso Monreal.
Otras impugnaciones son las que realizó la coalición PRD-PAN en Oaxaca contra el priista Alejandro Murat y el experredista, ahora candidato del PT, Benjamín Robles. En el caso de Murat se alega que no cumple con los requisitos para ser candidato: Alejandro, dicen, no nació en Oaxaca y tampoco tiene cinco años de residencia (incluso se había intentado pasar una ley, que frenó la SCJN, para reducir ese tiempo de residencia a tres años para evitar esta posible impugnación). La coalición tiene un argumento fuerte a su favor: en el 2014, Murat recibió una notaría en el Estado de México y durante los años anteriores había estado trabajando con el entonces gobernador Peña. Si en el 2014 residía en el Estado de México no podía estar residiendo en Oaxaca. Es muy similar al caso de López Obrador en el DF en el 2000, cuando el entonces candidato del PRD no cumplía, como dijimos, los requisitos. Así y todo Andrés Manuel fue candidato, pero desde entonces han pasado 16 años y mucha agua bajo los puentes electorales. El de Murat será, sin duda, uno de los casos más complejos que llegarán al TEPJF y debe resolverse cuanto antes.
En la impugnación de Benjamín Robles lo que se reclama es exactamente lo mismo que dejó fuera de las pasadas elecciones a Marcelo Ebrard. Según la ley, no se puede ser precandidato en un proceso interno por un partido y cuando se pierde convertirse en candidato de otro partido. Robles fue precandidato por el PRD y participó como tal hasta el último día, cuando fue derrotado por José Antonio Estefan Garfias. No puede ser ahora candidato por el PT. El tema es importante porque a Robles no le alcanza para ganar la elección, pero puede quitarle un porcentaje de votos a la coalición, lo que, junto con los votos que se llevará Morena, pueden pulverizar el voto antipriista y abrirle el camino al tricolor.
En Veracruz todos impugnan a todos. El candidato PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, comenzó su campaña demandando al gobernador Javier Duarte, pero ese mismo día se dieron a conocer los llamados Papeles de Panamá en los cuales aparece su hijo Omar. Miguel Ángel argumentó que es un homónimo, pero al mismo tiempo se dijo desde el SAT que se investigará a todos los nombrados en los Papeles, incluyendo a este Omar, que no se ha demostrado que no sea el hijo de Miguel Ángel. Y lo que falta por ver en Veracruz aún es mucho.
Hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo
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¿Está usted indignado por la corrupción en México?/LEO ZUCKERMANN
Excelsior
Ni el Presidente ni ninguno de los miembros de su gabinete habían publicado su tres de tres. Sí lo hicieron 11 de los 128 senadores, 55 de 500 diputados federales, nueve de los 32 gobernadores y jefe de Gobierno de la CDMX.
El principal problema de México es la debilidad de su Estado de derecho que se refleja en múltiples plagas cotidianas como la corrupción. Es desesperante ver como en otros países similares al nuestro, cuando se destapan casos de sobornos, robo de recursos públicos o enriquecimiento inexplicable de gobernantes, existen consecuencias graves mientras que aquí, en México, no pasa nada. Por eso me gusta mucho la iniciativa popular para obligar a que los funcionarios públicos hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflicto de interés. Si esta ley, que ya se encuentra en el Congreso avalada por 634 mil firmas de ciudadanos, no se aprueba pronto, seguirá siendo voluntario el que los políticos publiquen su #3de3. Y ya vimos que, cuando esto no es obligatorio, sólo un puñado se atreve a hacerlo.
El año pasado, el Imco y Transparencia Mexicana crearon una plataforma web para que políticos y funcionarios publicaran toda la información sobre sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos. En octubre de 2015, los organizadores hicieron un corte de caja. Ni el Presidente ni ninguno de los miembros de su gabinete habían publicado su tres de tres. Sí lo hicieron 11 de los 128 senadores, 55 de 500 diputados federales, nueve de los 32 gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México, 18 alcaldes y seis jefes delegacionales, 15 diputados locales y ninguno de los presidentes de partidos políticos nacionales en ese momento.
El Imco y Transparencia dejaron abierta su plataforma para que, durante 2016, se sumaran todos los candidatos que compitieran este año en las elecciones de junio: 12 de gobernador, 548 de presidente municipal y 389 diputados locales. La semana pasada, los creadores de la plataforma #3de3 presentaron un informe de cuántos candidatos se habían registrado. En el rubro de las 12 gubernaturas, sólo 12 de 76 candidatos habían subido sus tres declaraciones: Lorena Martínez, Martín Orozco, José Rosas Aispuro, Benjamín Robles, Héctor Yunes Landa, Miguel Ángel Yunes Linares, Alejandro Tello, Blanca Alcalá, Adriana Dávila, Armando Méndez de la Luz, José Mauricio Góngora y Juan Bueno Torio. Cinco son candidatos del PRI, cuatro del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y un independiente. Cabe destacar que en los estados de Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas y Sinaloa ningún candidato a gobernador ha presentado todavía su #3de3.
En agosto del año pasado, cuando ya había tomado posesión como presidente nacional del PRI, platiqué con Manlio Fabio Beltrones en el programa Es la hora de opinar en FOROtv. Ahí prometió que no sólo él presentaría su #3de3 sino que obligaría a todos los candidatos priistas a hacerlo. Lo primero ya lo cumplió. Sus declaraciones se pueden revisar en tresdetres.mx. En la primera se reporta que el presidente del PRI posee tres cuentas de inversión de más de medio millón de pesos cada una y que tuvo ingresos el último año fiscal por dos millones 819 mil pesos.
La segunda promesa de Beltrones, que todos los candidatos priistas se sumarían a lo que él ya hizo, todavía está por cumplirse. Comenzadas ya las campañas, podemos afirmar que van lento. Lo mismo los candidatos perredistas, a pesar que su dirigente nacional, Agustín Basave, ha dicho muchas veces que los de su partido registrarían su #3de3. Y también los panistas cuyo presidente, Ricardo Anaya, ha apoyado transparentar las tres declaraciones de los candidatos de su partido. Por cierto, tanto Basave como Anaya ya hicieron lo propio reportando un ingreso anual de un millón 539 mil pesos y un millón 158 mil, respectivamente.
El Senado tiene en sus manos la #Ley3de3 para que este ejercicio de transparencia no sea voluntario sino obligatorio, como he dicho antes, se trata de una extraordinaria manera de canalizar el enojo ciudadano por la corrupción gubernamental. Lo que sigue es presionar a los legisladores para que dictaminen, debatan y voten la iniciativa popular que cuenta con el respaldo de 634 mil mexicanos. Si usted es de los que está indignado porque en México no pasa nada, escríbale a su congresista exigiéndole que vote a favor de la #Ley3de3 y, si vive en un estado donde habrá elecciones, sólo dele su voto a aquellos candidatos que hayan publicado sus tres declaraciones en la plataforma tresdetres.mx.
Twitter: @leozuckermann
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