Andorra, connection/Ernesto Hernández Norzagaray

Andorra, connection/Ernesto Hernández Norzagaray

Rio Doce, 20 de febrero de 2017...

Lavar dinero en la Unión Europea (UE) puede ser un exceso de confianza o una soberana estupidez. La UE tiene quizá el control más estricto de los flujos de dinero en el mundo. Las instituciones financieras funcionan eficazmente porque la consideran un factor de equilibrio de la economía supranacional. Han creado para ello mecanismos capaces de detectar cualquier dinero sospechoso que aparezca en el sistema bancario y no solo eso, no titubean, y van contra el dueño o los dueños de las cuentas para pedir que aclaren la procedencia de sus bienes monetarios.

Eso deben saber los ejecutivos de cualquier banco que maneje cuentas de clientes interesados en proteger su dinero comprando monedas fuertes como el euro, el dólar o la libra esterlina, incluso, lo deben saber quienes buscan la protección de techos seguros para guardar su dinero en tiempos de turbulencia, y certidumbre en las tempestades financieras. No saberlo compromete seriamente a sus clientes y sobre todo el dinero depositado.

Pero no, hay quienes abusan de la confianza que ofrecen los paraísos fiscales o las malas prácticas que existen en nuestros países. Una u otra cosa es lo que está detrás de la pesquisa de Canolic Mingorance, la instructora de la investigación del banco privado de Andorra, que ha pedido desde febrero de 2016 a la PGR su auxilio para que dé mayor información sobre el personaje y la procedencia del dinero de alguien que todo indica que es Oscar Lara Aréchiga, pero lo único que ha obtenido son evasivas leguleyas. Y en sintonía su partido, el PRI, inmediatamente se ha deslindado y lo deja solo en manos de las autoridades competentes de México y Andorra.

La primera reacción del hoy bajo sospecha es que no es la persona reclamada, sino otra la dueña de ese dinero. Flaco favor, pues fue desmentido parcialmente por la propia autoridad ibérica al presentar un retrato hablado de Lara Aréchiga. Lo que podría complicar su situación en ese principado que ha sido durante décadas un paraíso fiscal.

Ahora tendrá que hacer frente a su negativa como a la procedencia del dinero sujeto a aclaración. Tanto porque fue el Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Juan Millán y Jesús Aguilar Padilla y lo más grave, es que se dice que el mencionado banco había sido utilizado por el Cártel de Sinaloa para lavar sus activos europeos.

Entonces el problema es mayor, tanto para el país, su gobierno, su partido, la imagen pública y sus negocios que, me informan, tiene especialmente en el ramo de las gasolineras. No será fácil evadir el bulto. En algún momento saldrá el nombre del priista “desconocido” y tendrá que aclarar lo que haya que aclarar.

No hay que olvidar que el presunto dueño de esa cuenta fue precandidato del PRI al gobierno del estado y luego coordinador de campaña de Quirino Ordaz, lo que significa que el PRI le permitió entrar al juego sucesorio en 2016 en Sinaloa. Afortunadamente no llegó a ser candidato, y tampoco gobernador, si no estaríamos ya en un serio predicamento internacional.

Ahora bien, el asunto permite suponer que tiene raíces sinaloenses, sea por el origen de la transferencia de recursos públicos, la evasión fiscal o peor del crimen organizado, lo que significa que el gobierno del estado debe tomar previsiones en el caso de que suceda lo que en Coahuila sucedió cuando dinero público fue a parar a cuentas de funcionarios públicos.

Además, pone en entredicho una vez más el nuevo sistema anticorrupción que no logra alcanzar a ningún político priista, aun con todas las evidencias del cargo. Y menos todavía, cuando pudieran tener vínculos con el crimen organizado, lo que habla de narcopolítica.

Quizá resulte exagerado para algunos pensar que este asunto estalla inmediatamente después de la extradición del Chapo Guzmán y la llegada de Trump al poder con sus amenazas, pero no se debería descartar ninguna posibilidad que explique la actitud pasiva de la PGR como el activismo internacional contra corrupción.

Como tampoco la posible broma de 6 millones de dólares que alguien está haciendo para complicar la vida de quien sea el que dicen que es.

En fin, no necesariamente todas son estupideces.

Al tiempo.
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Por qué, en Sinaloa no/Ernesto Hernández Norzagaray
Rio do e,  27 febrero, 2017
Luego de semanas de llamados de la sociedad civil para que el nuevo gobierno presentara el estado en que recibió las finanzas estatales y de buscar evadir la respuesta, finalmente Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas, dio conferencia de prensa donde de entrada reconoció que solo tienen información parcial.
Sin embargo, pese a la parcialidad de la información, fue suficiente para darnos cuenta de que las finanzas públicas están literalmente en quiebra. Que no se ve cómo puede ser viable el funcionamiento del gobierno estatal.
Lo que sorprende es la pasividad de Quirino Ordaz para fincar responsabilidades a quienes de entrada no se ajustaron a los protocolos de entrega-recepción previstos en la ley. Que dejaron literalmente las llaves de la oficina sobre el escritorio. Y seguramente se han llevado papelería que debería estar en manos del gobierno.
Es por eso que la declaración hecha por Ortega Carricarte no solo lleva a la certeza de nuestras sospechas, sino deja en medio del azoro. No hay la iniciativa que hemos visto en Nuevo León, Veracruz, Sonora o Chihuahua, donde los ex gobernadores fueron acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito.
No, aquí para decirlo suavemente, se ha dejado a la buena de dios y los malovistas están felices. Dice el tesorero del estado con una tibieza celestial que: “Si (de las auditorías), de ahí deriva que hubo algún peculado, algún mal uso del recurso, yo creo que procede una denuncia penal y se lleva un procedimiento penal, entonces tienen que surgir de las mismas revisiones que hacen estos órganos y las instancias fiscalizadoras”.
Pero la política no es un asunto exclusivamente administrativo, es de legitimidad, de percepción de que se quieren hacer las cosas de forma diferente. Que hay liderazgo. Que no existen los pactos de impunidad. Que se va contra quienes para empezar, no se ajustaron a la ley.
Quirino está perdiendo la gran oportunidad de ganar legitimidad en acciones contra la corrupción. Quiere ganar tiempo pero en realidad lo está perdiendo. ¿Cómo asumir los costos que representa y representará la gran deuda heredada y la bomba de presión que significa no tener dinero para el funcionamiento del gobierno?
Qué va a hacer cuando los pensionistas se le planten en el Palacio de Gobierno. Que va a hacer cuando los acreedores del gobierno exijan que se les paguen los adeudos. Que va a hacer cuando escalen los problemas derivados de la nómina estatal, de las aportaciones a los ayuntamientos o a los organismos autónomos.
En fin, qué va a hacer cuando el agua le llegue al cuello. Y todo por no quedar mal con su antecesor. Qué le debe, que no quiere actuar como lo ha hecho la Pavlovich en Sonora; Yunes en Veracruz; Corral en Chihuahua o el Bronco en Nuevo León. A quienes no hace mucho fue a visitarlos para aprender de viva voz la experiencia de sus gobiernos y proyectos estratégicos.  Y que al final sirvió  de poco.
¿Acaso es cierto lo que dicen algunos suspicaces en la calle de que no actúa con decisión porque le debe a Malova la gubernatura? ¿Qué acaso no se rumoró que venía con todo el apoyo de Los Pinos para no depender de los actores locales? ¿Y que eso le daría autonomía para hacer un buen gobierno y para ir contra quienes se volverán un estorbo por acción u omisión?
Malova y su grupo político son esa omisión que ahora frena al gobierno y si no se actúa, lo habrá de seguir frenando. Va a acabar por hundir el gobierno de Quirino. Por eso y más, nos preguntamos: Por qué en Sinaloa no.