En el quinientos seis y en el dos mil, también.."Cambalache de Discépolo.
¡Y que decir del siglo XXI!
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"Ordené a las fuerzas armadas de Estados Unidos que lancen ataques de precisión a blancos asociados con la capacidad de armas químicas del dictador Bashar al Assad", dijo Trump este viernes en un discurso desde la Casa Blanca.
EU había anunciado una represalia contra el régimen de Bashar Al Asad, luego de responsabilizarlo de un ataque con armas químicas contra la población civil de la ciudad siria de Duma y que dejó entre 40 y 60 muertos, y cerca de mil afectados por la inhalación de gases.
"EU, el Reino Unido y Francia cometieron un acto de agresión trilateral hacia las 3:55 hora local lanzando unos 110 misiles contra objetivos en Damasco y fuera de esta capital", dice el comunicado de Serguéi Rudskói, dirección de Operaciones del Estado Mayor General ruso,
Ssegún el Ministerio de Defensa ruso estima que la coalición empleó 103 misiles de crucero, bombas guiadas y misiles aire-tierra lanzados desde buques y aviones de combate emplazados en el mar Rojo, el Mediterráneo y la zona de Al Tanaf; la defensa antiaérea siria interceptó 71 proyectiles con sistemas de fabricación rusa S-125, S-200, Buk, Kvadrat y Osá.
El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza la propuesta rusa de condenar la "agresión" a Siria
Putin califica el ataque a Siria como una "agresión a un estado soberano”.
"¡Misión cumplida!”, dice Trump despues de lanzar 110 misiles contra Siria...
Los daños fueron sólo materiales a un centro de investigación científica en el distrito de Barzeh en Damasco.
Los misiles que apuntaron a una posición militar en Homs fueron frustrados, desviados de su trayectoria e hirieron a tres civiles", según la agencia de noticias estatal SANA.
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EPN condena desde Lima ataques en Siria y llama a frenar uso de armas químicas...
Durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas apuntó que “con respecto a los acontecimientos de ayer por la noche en Siria, México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas”.
Expresó: “Hacemos votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo armamento de tan crueles consecuencias”.
También se unió a las expresiones de solidaridad al pueblo de Ecuador; a su presidente, Lenin Moreno, y a los familiares de los periodistas que fueron asesinados en días pasados en ese país. “Es un hecho que condenamos”, enfatizó.
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Los partidos Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano exigieron que sea separado de su cargo el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira, por afectar la imagen de Ricardo Anaya.
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Las columnas políticas, hoy, sábado 14 de abril de 2018..
Templo Mayor de Reforma
UNA DE CAL por las toneladas de arena... pero va quedando claro que en el Tribunal Electoral hay de magistrados a magistrados.
MIENTRAS 4 de los 7 titulares de la Sala Superior hicieron un papelazo al llevar a la boleta presidencial a Jaime Rodríguez "El Bronco", los tres integrantes de la Sala Especializada le pusieron un "estate quieto" a la PGR en el caso de Ricardo Anaya.
LAS MAGISTRADAS Gabriela Villafuerte y Carmen Carreón, junto con el magistrado en funciones Carlos Hernández, determinaron que se dañó la equidad de la contienda electoral por la difusión de tres comunicados y un video de la visita de Anaya a la SEIDO.
ADEMÁS, instruyeron al órgano interno de control de la PGR para sancionar al titular de esa subprocuraduría, Israel Lira, y al vocero de la dependencia, Rafael Lugo, por hacer uso indebido de recursos públicos y de los datos personales del candidato.
ESO SÍ, está por verse si la sanción va en serio... o si en la PGR que comanda Alberto Elías Beltrán el asunto termina con un delicado manazo en las muñecas de sus subalternos.
TAL PARECE que algunas propuestas de Andrés Manuel López Obrador necesitan de una traducción del "Amloñol" al castellano.
AHORA resulta que su promesa de congelar el precio de las gasolinas tiene sus asegunes. De acuerdo con su asesor económico, Gerardo Esquivel, el precio no subiría... por encima de la inflación, pero sí sería ajustado.
¿SERÁ que el asesor anda confundido o que el tabasqueño y su equipo ya se dieron cuenta de que esa idea de controlar los precios nomás no carbura? Es pregunta sin combustible.
CON ESO de que Vicente Fox no se puede quedar callado, cuentan por ahí que pronto podría apoyar públicamente a uno de los candidatos presidenciales que, ténganlo por seguro, no será "ya sabes quién".
UNA DUDA es si, como lo hizo hace seis años, respaldará al aspirante del PRI, o lo hará con el candidato de Por México al Frente, con lo que volvería a su origen panista tras renunciar a ese partido.
LA OTRA DUDA es si José Antonio Meade o Ricardo Anaya en verdad quieren que los apoye públicamente el hombre de las botas, quien no es precisamente un graaan activo político en estos tiempos.
UNA BUENA: Netflix movió una hora el estreno de su serie biográfica sobre Luis Miguel para no interferir con el primer debate presidencial.
UNA MALA (para el INE): ahora ya no tiene a quién echarle la culpa si el ejercicio tiene menos rating que un partido Querétaro vs. Lobos BUAP.
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Frentes Políticos/Excelsior
I. Tómenles la palabra. El PRI, apoyado por Nueva Alianza y el PVEM, presentó una iniciativa de ley para quitar el fuero a los políticos. Fue el priista Carlos Iriarte quien dejó claro que todos enfrentarán la responsabilidad penal o administrativa, sin distinción procesal alguna. “Se trata, en suma, de garantizar lo que ha dicho José Antonio Meade, nuestro candidato del partido, que todo servidor público que cometa algún delito comparezca como cualquier ciudadano ante las autoridades y no pueda ocupar su cargo bajo ninguna circunstancia, no habrá fuero para nadie, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos”, dijo. Jesús Sesma, coordinador del Verde, dejó en claro que es un buen mensaje que da la clase política del país. Pero ¿es posible o sólo una promesa de campaña?
II. ¿Y yo por qué? La frase que hizo famosa Vicente Fox, también le acomoda al exmandatario Felipe Calderón, quien en una conferencia magistral en la Escuela Libre de Derecho defendió la estrategia de seguridad que implementó durante su sexenio y calificó como “pecado” el que no se haya combatido el crimen en tiempo. Enfatizó que su gobierno tuvo como objetivo hacer de México un país de leyes, pues a su llegada encontró una “captura (del) Estado”. Calderón aseguró que su objetivo fue el Estado de derecho, hacer del país un espacio donde las instituciones garantizaran la seguridad pública de las familias. Y es evidente que no cumplió su objetivo. ¿O sí?
III. ¿Si ladra, no muerde? Después de amagar en varias ocasiones a los maestros disidentes, resulta que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán, no tiene atribuciones ni facultades para separar de su cargo a ningún maestro en las entidades federativas, porque desde 1992 la relación laboral del personal docente es con la autoridad educativa estatal. Así lo dio a conocer la SEP en un comunicado de prensa, donde explica los alcances de la sentencia dictada por un Juzgado de Distrito con sede en la Ciudad de México, que ordena sancionar a aproximadamente 60 maestros de Oaxaca por faltas acumuladas en junio de 2015. Detalló que, en todo caso, es el IEEPO el facultado “para emitir los actos jurídicos correspondientes a través de los cuales puede determinar la separación en el servicio al personal docente”. Sin la ley de su parte.
IV. Rey Midas. Algo hay que reconocerle al expresidente de México Vicente Fox: Su habilidad para que todo lo que hace, por absurdo que sea, le salga bien. Esto le sucedió con la crítica que lanzó a Donald Trump en redes sociales mediante un video que se viralizó. Fox fue nominado a los Premios Webby en la categoría Mejor Presentador o Invitado Web, debido a los mensajes y videos que le envió al presidente estadunidense. Los Webby han sido nombrados como los “Oscar del internet”, pues desde hace 22 años son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Digitales. Entre los jueces hay expertos en web, empresarios, y visionarios, además de los miembros asociados y otros profesionales de internet. ¿Quién lo viera?, toda una celebridad virtual.
V. Fuertes señalamientos. En el Senado, el parlamentario José María Tapia Franco hizo un llamado de alerta ante los que calificó de vividores de la política que se aprovechan de las organizaciones civiles para llevar agua a su molino y desprestigiar a esas agrupaciones de la sociedad civil con personajes oportunistas y rapaces de la vida pública. El representante de Sonora ante la Cámara alta arremetió contra quienes buscan escabullirse de esa forma. No se vale aprovecharse de las circunstancias electorales para obtener un beneficio personal, pues desacreditan el proceso político. El senador señala que es el caso de Emilio Álvarez Icaza. El sonorense debe tener argumentos contundentes para expresarse así.
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Encono… (¡Qué miedo!)
Retrovisor/IVONNE MELGAR
Excelsior...
Sabemos que las campañas electorales son peleas rudas que requieren del contraste de biografías, ideas y propuestas.
Pero quienes vivimos la transición de las campañas del seguro candidato ganador del PRI hacia la competencia entre dos o más partidos, estamos en condiciones de advertir que la incertidumbre de hoy va más allá de los votos.
Se trata de un clima de encono que polariza todas las pistas del juego y que contamina a los competidores, árbitros y jueces.
Encono, ése es el término que califica el ánimo de un proceso que esta semana dejó al descubierto el riesgoso antagonismo entre los consejeros del INE, que preside Lorenzo Córdova, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encabeza Janine Otálora.
El problema no son las supuestas trampas cometidas por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y su sorpresiva habilitación como candidato presidencial cuando transcurría el día 11 de la campaña.
El problema es el encono que marca ya la relación entre consejeros y magistrados y lo que desata: Enredadas sospechas telenoveleras de que el trabajo del INE será descarrilado por las impugnaciones del TRIFE hasta telarañosos pronósticos de fraude que serían disfrazados de elecciones anuladas.
¿O qué es entonces lo que transpiramos la noche del lunes 9 de abril, durante la sesión en que los magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante, Mónica Soto y Felipe Fuentes revivieron la candidatura de El Bronco, bajo el argumento de que el INE incurrió en errores?
La escena quedará para el registro de las desavenencias electorales: La presidenta del Tribunal, Janine Otálora, y los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata tomaron distancia con argumentos contrarios a quienes asumieron el costo de herir al árbitro electoral.
El hecho queda y no es poca cosa: El TRIFE votó dividido y dividido quedó por una resolución que dañó al INE y esa podría ser una pauta que caracterice la calificación de la elección presidencial.
Hubo más: El presidente del INE acató, pero ventiló sus inconformidades.
Es una pauta que genera miedo porque extiende la incertidumbre más allá del conteo de los votos.
Y nos advierte del poder de la judicialización del proceso, misma que resulta inevitable y necesaria, como bien lo mostró la otra resolución del TRIFE de esta semana, la que el jueves 12 determinó que la PGR violentó las condiciones de equidad de la contienda presidencial al difundir el video del candidato del Frente, Ricardo Anaya, cuando acudió a esa dependencia ante las denuncias no probadas de lavado de dinero que de ahí salieron para efectos mediáticos.
En ese caso, los magistrados del Tribunal confirmaron los criterios que semanas atrás aplicaron los consejeros del INE al instruir al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que retirara de sus plataformas informativas ese video.
Pero la Procuraduría se inconformó y acudió al TRIFE para alegar que el INE estaba equivocado.
Sin embargo, ante la evidencia del uso de la institución para golpear al candidato opositor, los magistrados dieron la razón a los consejeros.
Paradójicamente, cuando el Tribunal anunciaba esa decisión a favor de Ricardo Anaya, el equipo de la campaña del candidato del PRI, José Antonio Meade, daba una conferencia para pedirle a la PGR que continúe por la ruta que tanto el árbitro como el juez electoral han sancionado.
Y es que ahí también priva el encono, particularmente en el principal vocero de Meade, el expanista Javier Lozano, quien fuera promotor de Anaya cuando buscó la presidencia del PAN en 2015.
Pero ahora convertido en el crítico mayor del candidato frentista, el senador Lozano ha tomado la causa de impugnar a su exdirigente con un caso que no termina de tomar forma judicial.
Dirán los analistas de los hechos en frío que no hay nada personal y que se trata de una simple estrategia en la pelea por el segundo lugar de la contienda.
Lo cierto es que no sólo ahí se respira el encono.
También ese jueves, en la pista de Andrés Manuel López Obrador atestiguamos una escena que pintó de cuerpo entero el momento, cuando declaró a la prensa que deliberadamente abandonó el hotel donde desayunaba en Nayarit para no toparse con Miguel Mancera.
Sin ocultar el malestar, rompiendo su autoimpuesta consigna de “amor y paz”, el puntero en las encuestas dijo que no quería toparse con personas que le caen mal.
Y aunque Mancera no tuvo oportunidad de saludar al candidato, con quien hace seis años compartió campaña, sí estuvo a cuatro mesas de distancia de su exjefe Marcelo Ebrard.
Ninguno, sin embargo, cedió. Ni Mancera, coordinador del proyecto de coalición del Frente, cuya tarea es dialogar con todas las fuerzas para concretar ese propósito.
Ni Ebrard, etiquetado como uno de los mejores operadores de acuerdos de Morena.
Pero la política brilla por su ausencia cuando el encono se impone.
Sí, el encono, ese pantano de sentimientos que el diccionario de la REA define como “animadversión, rencor arraigado en el ánimo”.
Y la lista sigue...
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Salvador García Soto/ columna Serpientes y Escaleras/ El Universal
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“Daño moral” a MeadeArsenal/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
La reaparición de El Bronco como “candidato del Tribunal” (el Copyright es de Margarita Zavala) provocó un “daño moral indirecto” sobre el candidato José Antonio Meade.
No lo decimos nosotros. Es la conclusión del reporte que sobre el polémico tema envió a sus clientes Integralia Consultores, la consultora que encabeza Luis Carlos Ugalde.
El análisis de la consultora parte de la base que en este asunto permeó la narrativa de que la sentencia del TEPJF era fruto de la presión del gobierno federal.
“La enorme crítica al Tribunal es también una alerta de que habría una suerte de conspiración para favorecer al candidato del PRI”, dice el reporte.
Destaca, sin embargo que, el impacto real de todo este asunto en las preferencias electorales, “es todavía incierto”.
Grave asunto. La resolución produjo “la mayor desconfianza” que haya generado el Tribunal Electoral en toda su historia, dice el reporte.
En el ámbito político, la incorporación de El Bronco a la boleta, impacta en doble sentido la contienda electoral:
1.- El continuo desencuentro entre el Tribunal y el INE genera una sensación de desconfianza hacia las instituciones electorales.
2.- Deja en entredicho su capacidad de administrar el proceso electoral más complejo de su historia.
Es también un incentivo perverso para litigar públicamente las diferencias con el Tribunal y culparlo políticamente de la desconfianza respecto al desarrollo del proceso electoral.
Agrega Integralia:
“Se crea la justificación de que un resultado cerrado el próximo primero de julio (menos del 3 por ciento entre el primero y el segundo lugar), sea rechazado por el candidato perdedor, bajo el argumento de que se ha carecido de certeza jurídica y de justicia electoral”, sobre todo si se trata de AMLO.
Los magistrados que le dieron al Bronco su voto a favor defienden la resolución. Insisten en que el INE hizo un trabajo cuestionable y con errores en la contabilización de los apoyos ciudadanos.
Señalan, además, que en su trabajo no se hace política ni se litiga con base en señalamientos de los medios de comunicación.
“¿Quién te mando, eh?”, preguntó Ricardo Anaya, sin apartar de su boca esa sonrisita tatuada que le caracteriza, a Arturo Cetina Bautista, integrante de la asociación Acciones Líderes AC. de Yucatán.
El ciudadano lo acosaba con preguntas sobre las acusaciones de lavado de dinero que pesan sobre el candidato del Frente.
“¡Nadie. Somos una Asociación Civil que hemos denunciado tanto al PRI como al PAN”, respondió Cetina, a quien el PAN calificó de “mercenario al servicio del PRI”.
La escena se produjo en los pasillos del aeropuerto de Mérida, mientras Anaya caminaba apresuradamente rodeado de colaboradores, precedido por algunas cámaras.
El candidato presidencial del Frente nunca se detuvo a atender al ciudadano que, reiteradamente, le preguntaba: “¿No crees primordial dar a conocer a los mexicanos en qué consiste tu fortuna?”
— No sé si te enteraste de que acaba de haber una resolución el día de ayer. ¿Estás enterado?, preguntó Ricardo al yucateco, mientras aceleraba el paso.
— Estamos al tanto. Hemos verificado datos y no concuerdan con tus ingresos—, soltó el de la AC.
Fue entonces que le soltó la acusadora pregunta.
El ciudadano alcanzó a entregarle al candidato una carta de Acciones Líderes, firmada por su presidente Jorge Arturo Cetina Bautista, en la que le dicen que no han encontrado evidencia clara del crecimiento claro de su patrimonio.
“Hay evidencia contundente que lo involucra en la venta de naves industriales fantasmas, moches, entre otros casos. No entendemos por qué al día de hoy no se decide a presentarse ante las instancias correspondientes”.
La extraña exoneración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en plena campaña electoral, ya tuvo consecuencias al interior de la PGR.
Nos dicen que fue cesado Crisógono de Jesús Díaz, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría.
A este hombre lo hicieron responsable de haber alimentado la percepción de que hay complicidad del gobierno federal con Duarte Jáquez.
Quicho, como le dicen, anunció en marzo pasado que no hay elementos para procesar a Duarte por operaciones de recursos ilícitos, delito bancario y defraudación fiscal
La exoneración, que también le pegó a Meade, le costó al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, una seria reprimenda del presidente Peña.#
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La invasión y otras mentiras/Jorge Ramos Ávalos
Reforma, 14 Abr. 2018
Frontera Matamoros-Brownsville.- Tengo el gusto de informarles que no hay ninguna invasión en la frontera sur de Estados Unidos y que tampoco hay oleadas de inmigrantes dispuestos a saltar el muro desde México hacia el norte. Y México, la última vez que chequé, no ha sido declarado como enemigo de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está enviando tropas a la frontera con México?
El problema es la boca de Donald Trump.
Estamos en una época en que ya no sorprende a nadie decir que el presidente de Estados Unidos miente mucho. Y hace poco usó el ejemplo de una caravana de inmigrantes centroamericanos que cruzaba territorio mexicano para sugerir que la seguridad de Estados Unidos estaba en peligro. Y eso no es cierto.
Las detenciones de indocumentados en la frontera han caído a su punto más bajo en 46 años. Además, la población indocumentada se ha mantenido estable en 11 millones por una década. Poblaciones fronterizas como Laredo, Brownsville y El Paso son más seguras que otras en el centro del país. Conclusión: no hay ninguna invasión.
La realidad es que hay menos inmigrantes que intentan llegar ilegalmente hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Trump y a sus políticas antiinmigrantes. Ese es el factor Trump.
El verdadero muro en la frontera se llama Donald Trump. La gente en México y Centroamérica que está considerando venirse a Estados Unidos ve en las redes sociales, en los medios de comunicación y escucha a través de sus familiares el clima de temor e incertidumbre que existe aquí, y lo piensa dos y tres veces antes de partir.
Pero hay personas que no tienen otra opción más que huir de su país. Ese es el caso de las familias de hondureños en la caravana que cruza por México. Huyen de la pobreza, de la violencia, de la represión y de la falta de democracia en un país donde el Presidente torció las leyes y la Constitución para reelegirse. Si tú fueras un papá o una mamá en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, y las maras quisieran reclutar a tu hijo adolescente o tu hija fuera amenazada físicamente, ¿qué harías? Un muchacho entrevistado en un reportaje de Univisión fue muy claro: prefiero estar en una cárcel de Estados Unidos que en mi país, dijo. Por eso se arriesgan tanto.
Pero Estados Unidos, bajo Trump, ha dejado de ser ese refugio tradicional de perseguidos en el mundo y un país que da la bienvenida a los más vulnerables. Estados Unidos se ha convertido desde hace más de un año en una nación hostil y hasta peligrosa para inmigrantes, extranjeros y minorías.
Trump cree que construyendo un muro en la frontera con México y enviando a miles de tropas de la Guardia Nacional va a evitar el paso de indocumentados y drogas. Pero se equivoca. La frontera es mucho más fluida. Así ha sido por siglos. Imagínatela como un río que cambia de rumbo tan pronto le ponen una roca.
Trump dice que la Guardia Nacional se quedará en la frontera hasta que se construya un nuevo muro. Pero es un problema muy largo. De las 1,954 millas de frontera, unas 1,200 millas no tienen muros ni cercas. Pues entonces que se preparen para muchos años -quizás décadas- de espera. Tener ahí a la Guardia Nacional será una monumental pérdida de dinero y de esfuerzo. Tan inútil como construir un muro que muchos indocumentados saltan por avión.
Los inmigrantes seguirán llegando a Estados Unidos -con y sin papeles- mientras haya trabajos para ellos y pobreza/violencia en sus países de origen. Y las drogas seguirán entrando por aduanas, puentes y aeropuertos mientras haya más de 20 millones de estadounidenses que las consuman. Trump nunca entenderá que solo la cooperación con América Latina y una estrategia que considere los históricos flujos migratorios podrán dar resultados positivos en una indómita frontera que siempre se ha rehusado a repetir lo que se ve en los mapas.
Después de reportar en los dos lados de la frontera, cruzando de Brownsville, Texas, a Matamoros, Tamaulipas, y de vuelta, no encontré ningún grupo armado de "bad hombres" que estuviera conspirando para entrar ilegalmente a Estados Unidos. En la frontera México-Estados Unidos no hay ninguna invasión. La única invasión que está ocurriendo es en la cabeza de Donald Trump.
@jorgeramosnews
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Nuestro México/ Jorge Volpi
Reforma,
Nadie espere un final feliz: escuece comprobar cómo las prácticas corruptas no han cambiado.
Sergio Pitol, in memoriam.
En la primera de las dos películas que al fin pude ver este fin de semana, las autoridades se valen de una fachada mediática para ocultar los infinitos vicios que proliferan en el sistema penitenciario mexicano de fines de los años setenta: un montaje semejante al que he explorado en las páginas de mi último libro. La 4ª Compañía (2016) narra una historia inverosímil que sólo podía haber ocurrido en nuestro país: el momento en que los jugadores de Los Perros de Santa Martha, el equipo de futbol americano nacido en este centro de detención, se enfrentan a sus rivales de la Unidad de Motopatrullas arriesgando no únicamente su libertad, sino sus vidas.
La desasosegante cinta dirigida por Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván -a cuyo accidentado rodaje le siguió una accidentada distribución- hubiese podido convertirse en una edulcorada producción hollywoodense, una historia más de superación personal y éxito en un entorno injusto y asfixiante, de no ser porque sucede en México, en nuestro México, y a la épica decisión de Los Perros de desobedecer las órdenes de sus carceleros hay que sumar el entorno del inamovible PRI de la época: el autoritarismo llevado a su extremo y el orden impuesto desde lo más alto, sumado a inenarrables dosis de corrupción y a la tortura o la muerte reservadas a cualquiera que ose desafiar estas reglas.
La 4ª Compañía está situada en los últimos años del lopezportillismo, donde la siniestra figura de Arturo Durazo, omnipotente jefe de la policía, impone cuotas que deben cumplirse a toda costa: Los Perros no son entonces sino parte de un aparato publicitario -semejante al emprendido por su más ilustre sucesor, Genaro García Luna- destinado a ocultar las operaciones criminales que jefes penitenciarios, custodios y presos están obligados a cumplir para llenar los bolsillos y satisfacer el ego del Negro. Que nadie espere aquí, pues, un final feliz: escuece comprobar cómo las mismas prácticas corruptas no han cambiado desde entonces, cómo lo que hoy llamamos desaparición forzada se impone a cualquier rebelde y cómo la tortura continúa siendo una práctica habitual, como si en estos treinta años no hubiese mejorado un ápice nuestro sistema de justicia.
Para comprobarlo, basta con atestiguar los testimonios reunidos en la otra película que tuve ocasión de ver este fin de semana: La libertad del diablo, de Everardo González (2017). Como si se tratase de un complemento tan estremecedor como perfecto de la anterior, el documental reúne las historias narradas por distintos protagonistas de la violencia que nos carcome en estos años de pólvora, una violencia que parecería incluso inverosímil en los oscuros setenta de La 4ª Compañía: una sucesión de víctimas y verdugos, todos ellos cubiertos con unas siniestras máscaras color carne que refuerzan sus miradas y sus gestos, que los hermanan a la vez que los deshumanizan, y que permiten entrever el sufrimiento, la rabia o la maligna indiferencia que caracteriza a unos u otros.
En un entorno casi minimalista, donde solo los claroscuros, la inquietante música de fondo y los rostros semiocultos de los testigos bastan para sumirnos en el horror, oímos una cadena de violencias múltiples, hijas que han contemplado el asesinato de un padre y la desaparición de una madre, autoridades que no ocultan su desprecio hacia la justicia o las tácticas que emplean para torturar, jóvenes sicarios que relatan crímenes cometidos en la adolescencia y apenas se conduelen al rememorar los momentos en que recibieron la orden de matar a niños, o esa madre, esa madre coraje, devastador símbolo final de la película, que no descansó hasta hallar los cuerpos de sus hijos en medio del desierto.
Éste, el México de La 4ª Compañía y de La libertad del diablo, es nuestro México. No el de los candidatos, que fingen vivir en un país normal, sino el de treinta o cincuenta años de abusos de autoridad, corrupción policiaca, tortura, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas.
@jvolpi
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Magistrados a juicio
SOBREAVISO / René Delgado
Reforma 14 Abr. 2018
La suma de impunidad criminal y pusilanimidad política siempre arroja por único resultado una calamidad: el desfiguramiento del Estado de derecho.
Ese es el resumen de las trapacerías cometidas por Jaime Rodríguez Calderón, legalizadas por los magistrados Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez, Mónica Soto Fregoso e Indalfer Infante Gonzales. En conjunto o complicidad, convalidaron y profundizaron la desconfianza en las instituciones que administran y sancionan el complejo proceso electoral en curso.
Bajo el ardid de garantizar el derecho a ser votado de un ciudadano, los magistrados conculcaron la garantía del derecho al voto a millones de ciudadanos, confiando en las instituciones. Hoy, el valor del sufragio carece del amparo de un tribunal imparcial, independiente, vertical y autónomo.
Si el compromiso con la democracia y el Estado de derecho de los otros candidatos y partidos fuera firme y serio, ya estarían solicitando someter a juicio político a los magistrados mencionados. Sólo así se podría reponer un mínimo de confianza en el Tribunal Electoral.
La resolución de fondo y el mensaje de los cuatro magistrados involucrados en el engaño es simple: si el electorado sabe contar, mejor no cuente con nosotros; no somos jueces del proceso, sino jugadores.
Así se va a las elecciones.
Desde su origen, tres de los cuatro magistrados que resolvieron incluir a Jaime Rodríguez en la boleta electoral mancharon de modo indeleble la toga que, al parecer, aún no acaba de confeccionarles el sastre contratado para ello. Si no salen del tribunal y finalmente visten la prenda, la usarán no como símbolo solemne de su investidura, sino como frívolo disfraz del rol que, en realidad, juegan en el concurso.
En octubre y noviembre de 2016, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales juraron en sendas ocasiones -sí, dos veces- aceptar por distintos periodos el mandato otorgado por el Senado de la República. Barrera protestó guardarlo por seis y, luego, por ocho años. Vargas e Infante por tres y, luego, por siete años. Así, como si nadie advirtiera la irregularidad en que senadores y magistrados incurrían.
Hoy quizá ya no lo recuerden, pero los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa, Fernando Herrera y Miguel Barbosa se hicieron de la vista gorda e, incluso, pidieron la dispensa del trámite para modificar sobre las rodillas la duración del encargo conferido a esos magistrados. Y, a título de escuderos del acuerdo cupular, defendieron la chapucería el célebre Raúl Cervantes y el reflexivo Roberto Gil, todavía senadores en aquellos días.
Si los magistrados mancharon su toga sin habérsela puesto y se beneficiaron del acuerdo parlamentario, por qué no iban a conducirse como lo han hecho. Si de origen sabían que torcían la validez de su nombramiento, ni por qué asombrarse si ahora recompensan el gesto.
Ese es el problema de realizar o sancionar nombramientos a partir de la subcultura de la cuota o el canje. En el corto plazo los partidos, a través de sus fracciones parlamentarias, celebran los dividendos inmediatos de la operación realizada, pero en el mediano y largo plazo lamentan o festejan, según les vaya en la feria, la compostura de quienes designaron. Como es natural, los beneficiarios de esas "movidas" actúan no en atención a la importancia del mandato o el puesto que ocupan, sino en razón de los intereses a los que responden y obedecen.
Si candidatos y partidos no llevan a juicio a los magistrados a fin de destituirlos, que entonces renuncien desde ahora a quejarse de las resoluciones que estos impulsen y tomen.
Pueden intentar ahora los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Mónica Soto Fregoso -Indalfer Infante Gonzales calló de pronto- endosar la factura de su desatino a los consejeros electorales.
Si arrastraron el Tribunal al cual pertenecen al descreimiento, pues, por qué no jalar al mismo lugar al Instituto Nacional Electoral que, por lo demás, tampoco las trae todas consigo. Así, la desconfianza ciudadana en las instituciones es pareja. La gravedad del asunto es que -por el carácter definitorio de las elecciones- tolerar la pusilanimidad terminará por llevar al país a una crisis superior a la prevaleciente.
Pensar en un acto de grandeza que llevara a los magistrados señalados a dejar por sí el puesto, es imposible. De ahí que los candidatos presidenciales con representación en el Congreso deberían solicitar llevar a juicio a los magistrados y establecer que, por la importancia de los comicios, el asunto no puede quedarse en la indiferencia, el festejo, la queja o la plañidera. Es grave lo ocurrido.
Cerrar los ojos ante el daño provocado porque de él, éste o aquel candidato habrá de derivar más tarde alguna ganancia, es contribuir al enrarecimiento de la atmósfera de desconfianza que comienza a infectar al concurso electoral. No se puede argumentar que, siendo inapelable la resolución, no resta más que acatarla y darle la bienvenida al presunto delincuente con candidatura o denunciar lo sucedido como una siniestra y perversa operación política urdida en las alturas o aceptar la resolución sin extender un cheque en blanco a la verticalidad y la imparcialidad de los magistrados.
No. No puede quedarse ahí el asunto, es menester someter a juicio a los magistrados, antes que de la calamidad hagan un desastre.
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
Un ciudadano solicitó la información relativa a la obra maestra realizada en el Paso Exprés de Cuernavaca. Le dijeron que sí, siempre y cuando pagara las fotocopias. El ciudadano las pagó y no le entregan la información. ¿Será que falta el monto del fólder?
sobreaviso12@gmail.com
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La agenda de justicia/Ana Laura Magaloni Kerpel
Reforma, 14 Abr. 2018
La sentencia del TEPJF de regresar a la boleta a Jaime Rodríguez, El Bronco, activó la vieja desconfianza colectiva respecto de la fuerza de obligar de las normas jurídicas. En México, todos sabemos que, en caso de conflicto, las normas jurídicas pueden ser negociables y que ello depende de la capacidad de influencia, del dinero o de los intereses en juego. Es decir, la ley no protege ni obliga a todos por igual, sino que ello depende de quién seas. Resulta inexplicable, por más que intenten justificarlo los cuatro magistrados que votaron a favor de la sentencia, que un tribunal pase por alto el conjunto de irregularidades graves que tuvo El Bronco en la recolección de las firmas que le deberían dar derecho a estar en la boleta. El TEPJF decidió que la veracidad de esas firmas no importaba.
Sin embargo, el caso del Bronco no es un caso aislado. En el sistema de justicia mexicano, tal como hoy funciona, un grupo pequeño de personas puede manipular el resultado del juicio, sea a través de su influencia política o su dinero. En franco contraste, para la inmensa mayoría de las personas, la justicia es un lujo al que no se puede acceder. Los honorarios de un abogado y los costos del juicio les son impagables. Para la élite, la posibilidad de que sus intereses prevalezcan en caso de un conflicto con otro es muy alta. En cambio, para más del 50% de la población, la forma de resolver un conflicto con otro es aguantarse y bajar la cabeza, o bien, recurrir a la violencia y la intimidación. El resultado de todo ello es un orden social vertical, excluyente, explosivo e injusto.
El correcto funcionamiento del sistema de justicia es un instrumento clave para cerrar las brechas de la desigualdad social. El primer eslabón, el más básico, de la igualdad social es el trato impersonal de la ley y de eso se encargan las instituciones que resuelven y pacifican conflictos. Por ello, es increíble que en las propuestas electorales de los candidatos no exista ninguna para atender las disfuncionalidades del sistema de justicia, siendo la desigualdad el origen de algunos de los problemas más graves que enfrenta el país.
Por eso me parece un privilegio trabajar para que Claudia Sheinbaum encabece la agenda de justicia más innovadora del país. Ningún gobierno federal o local ha buscado derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza en México. Empoderar a la gente y darle instrumentos de defensa frente a las autoridades y frente a otros debería haber sido una tarea prioritaria de las políticas sociales. El gobierno de Claudia Sheinbaum va a tener el liderazgo en este ámbito, a través de estructurar una política ambiciosa de acceso a la justicia para los grupos sociales excluidos. La Constitución de la CDMX establece la acción efectiva de protección de derechos y el Instituto de la Defensoría Pública. Le tocará a Claudia Sheinbaum bajar a tierra estas dos instituciones, tomando en cuenta las restricciones presupuestales y la enorme demanda de justicia de los capitalinos.
También le tocará a Claudia llevar a cabo una estrategia potente para conducir el tránsito entre la PGJ y la Fiscalía de la CDMX. La Constitución le da un plazo de dos años para hacerlo. A diferencia de la Constitución federal, la de la CDMX establece que la Fiscalía no heredará todos los recursos humanos de la PGJ en automático y que el tránsito entre una y otra institución debe ser gradual. Con ello Claudia tiene la oportunidad de construir la primera Fiscalía en el país al servicio de los ciudadanos.
Finalmente, el próximo gobierno de la CDMX tendrá que lograr que se configure un Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esta ciudad que rompa las redes de corrupción e influencia que tienen sus cabezas para manipular el sentido de las sentencias en algunos de los casos de la élite.
El desafío de todo esto es enorme, pero me parece fundamental que en nuestro país comencemos a intentar resolver disfunciones del sistema de justicia que sirven para preservar y reproducir la exclusión y la desigualdad sociales..
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Alguien tiene que irse/Jorge Alcocer V.
Reforma 13 Abr. 2018
De manera insólita 6 de los 7 magistrados de la Sala Superior del TEPJF ayer dieron conferencia de prensa para acusar al INE y a sus consejeros de graves errores y omisiones en la revisión de los apoyos ciudadanos a los aspirantes a candidato presidencial sin partido. Insólito fue también que a la conferencia de prensa asistieran, y por ende convalidaran lo ahí dicho, 2 de los 3 magistrados que en la sesión nocturna en que se ordenó al INE registrar a Jaime Rodríguez (a) El Bronco argumentaron y votaron en contra de la sentencia.
La respuesta de los consejeros del INE a las acusaciones de que fueron objeto es insuficiente; minimizar ese conflicto, así como la gravedad de la sentencia que lo provoca, sería una irresponsabilidad. Es un asunto de la mayor importancia asumir que, si el INE tiene razón, por primera vez en la historia un presunto delincuente electoral está en la boleta y tiene abierta, al menos en hipótesis, la posibilidad de convertirse en presidente de la República. Señalar lo anterior no es una exageración; el INE ha presentado ante la FEPADE formal denuncia contra Rodríguez Calderón, y también contra Ríos Piter.
Si los magistrados electorales tienen la razón, los consejeros del INE deben renunciar, o ser removidos, conforme a cualquiera de los procedimientos previstos por la Constitución y las leyes; pero si los que han incurrido no solo en una grave distorsión de la justicia, sino en acusaciones falaces en contra de la máxima autoridad electoral administrativa, son los magistrados electorales, son éstos los que deben renunciar o ser separados, cuanto antes, de sus cargos. Alguien tiene que responder por el daño causado. Alguien tiene que irse.
Se dirá que la jornada comicial está demasiado cerca como para pensar siquiera en relevos de ese calibre. Yo digo que sería peor que quienes han causado tan grave daño al proceso electoral siguieran en sus puestos, como si nada hubiera pasado. No se requiere acudir a la fantasía para anticipar el conflicto que estallará la noche del próximo 1o. de julio si uno o más de los perdedores se niegan a reconocer su derrota acusando a los consejeros electorales por errores y omisiones como las que hoy se les señala, o por la desconfianza generalizada que provocará el sólo hecho de que la decisión final sobre la validez de la elección presidencial quede en manos de magistrados electorales que permitieron a un presunto delincuente electoral entrar a la contienda.
Para dirimir la controversia que enfrenta a magistrados y consejeros es necesario que una instancia imparcial y con el más alto prestigio emita una opinión jurídica y técnica sobre el motivo de la diferencia, en el menor plazo posible. Esa instancia podría ser una comisión informal integrada por tres constitucionalistas de reconocido prestigio que revisen tanto la sentencia como lo actuado por el INE.
Subrayo el carácter informal y el peso intelectual que debe tener una comisión como la sugerida, a fin de que su integración no tenga que recorrer los vericuetos y laberintos de los órganos legislativos, dominados por la pasión partidista, o quedar determinada por los intereses y complicidades que cruzarían a la Corte si se le involucra en este asunto.
Una iniciativa así puede encontrar cobijo en la UNAM, en específico en su Instituto de Investigaciones Jurídicas, como un ejercicio cívico que contribuya a lo más importante: dotar de confianza a la ciudadanía.
En 1994 el ex rector de la UNAM Jorge Carpizo supo conducir el proceso electoral para sortear una crisis política de enormes dimensiones. Entre las medidas adoptadas se incluyó la remoción de los consejeros magistrados del entonces IFE y su sustitución por consejeros ciudadanos, que asumieron el cargo el 3 de junio de ese año, faltando apenas 79 días para el de la elección, que tuvo lugar el 21 de agosto.
Más vale enfrentar la crisis de hoy removiendo a quienes hayan incumplido con su responsabilidad que dejar que se convierta en conflicto irresoluble por los cauces institucionales. Aún hay tiempo.
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