El caso del caso de Rafael, hijo de Judith Valenzuela Ortiz, reportera de @Riodoce_mx en la mañanera de hoy..; lo expone @M_OlgaSCordero .
La jueza que llevó el caso es María del Socorro Castillo Sánchez....*(abajo el perfil)
¿Y la reparación del daño? ¿Qué dice el CJF?
Por cierto, esa juzgadora, jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca dejó en libertad el 1 de julio de 2020, al presunto líder del Cártel Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, señalado como responsable de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; Sin embargo, cuando salía del penal de Almoloya, el supuesto líder criminal fue detenido por policías de investigación, debido a una orden ministerial de presentación que obtuvo la FGR.
Mi amigo el periodista Rogelio Hernández abordó el tema en su columna “Miradas de Reportero”, en Eje Central.
http://fredalvarez.blogspot.com/2020/12/el-caso-del-caso-de-rafael-hijo-de.html#more
"Estuve hace 15 días con usted exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo, porque la he vivido y la he sufrido 13 años.
"También, sé que desde hace tres años él ya pagó su condena y que aún así lo mantienen retenido dice usted que por cuestiones legales del Poder Judicial. El juzgado esta cerrado...
Judith Valenzuela finalizaría su participación en la mañanera lanzando una última pregunta a López Obrador y a Sánchez Cordero.
"Quiero que me respondan por qué mi hijo que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace tres años debía estar ya conmigo libre, con su familia, en libertad, por qué sigue preso. Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes. Yo quisiera saber si esto es un Estado de Derecho, señor Presidente".
El Mandatario federal se dirigió entonces directamente a la Secretaria de Gobernación pidiéndole que le explicara si él, en su figura como Ejecutivo, podría indultar a Rafael.
"Nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez Cordero. ¿Puedo como titular del Poder Ejecutivo indultarlo? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo", preguntaría López Obrador mirando directamente a Sánchez Cordero.
Sánchez Cordero se levantó de su lugar y tomó el micrófono para responder la pregunta del Presidente.
"La respuesta, Presidente, es la siguiente: El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema, estamos tratando de ver porque estamos muy de la mano con la defensoría pública.
"La Segob y la defensoría pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos, pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, señor Presidente. No hay sentencia y si me permite vamos a ver cuáles alternativas tenemos".
Tras la respuesta de la titular de la Segob, López Obrador nuevamente dirigió la mirada a Judith Valenzuela, quien aún se encontraba de pie esperando una respuesta, y le dijo que hoy hablará con Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte.
"Te parece que el lunes te demos una respuesta aquí. Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta", aseveró.
Minutos después, Olga Sánchez Cordero le dijo a López Obrador que sí podría indultar al hijo de Judith Valenzuela, por lo que prometió que lo hará.
"No sólo es desgraciadamente el único caso, hay muchos otros. Y ahora me está diciendo (Olga Sánchez Cordero) que puedo indultar, lo voy a hacer", sentenció el Presidente...
Ver vídeo..., gracias a Reforma
https://www.youtube.com/watch?v=asb1MVSSdT4&feature=emb_logo
Textual, mañanera:
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OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Con su venia, señor presidente.
Muy buenos días a todas y a todos.
La independencia judicial en México y la protección de los derechos de todos son asuntos en los que, como ustedes saben, he ocupado mi vida personal y profesional. Por ello, tengo en muy alta estima ambos valores y nunca, nunca voy a dejar de lado, me encuentre donde me encuentre. Por eso fui juzgadora por más de dos décadas y me precio de haber conservado una independencia a prueba de todo.
Me precio, igualmente, de haber contribuido con algunos criterios al debate de muchos temas jurídicos; particularmente, el debate de los derechos con una visión garantista. Por eso sé lo valioso que resulta preservarlo.
Digo lo anterior y me disculpo en lo que cabe por el uso de la primera persona, pero también he defendido la indispensable necesidad, y por eso estamos aquí el día de hoy, la imperiosa necesidad de discutir con profundidad los temas que los jueces resuelven de manera razonada y con argumentos.
Por eso es que, a solicitud del señor presidente de la República, recibimos a diversas personas, algunas dedicadas al oficio periodístico, como ustedes, que fueron atendidas desde el mismo día en que fue expuesto en este espacio su caso.
De uno de ellos es que quiero dar cuenta esta mañana. Se trata del señor Rafael, así lo llamaré convencionalmente por su protección de datos personales, hijo de una periodista que aquí expuso su caso.
Antes de hacerlo, quisiera dejar en claro dos cosas:
Que las opiniones que expresaré en este espacio público son a título personal y como servidora pública del gobierno federal, pero las vierto con todo el respeto a la autonomía del Poder Judicial.
Que esta intervención busca sólo fomentar un debate necesario en toda democracia participativa y deliberativa respecto de aspectos relevantes de la vida pública, como son los procesos judiciales y la participación de abogados y jueces en ellos.
Dicho lo anterior, trataré de ser breve en exponer algunos pormenores del asunto, que se pueden extraer de la información a la que hemos tenido acceso.
En 2008, Rafael fue detenido en Valle de Bravo, donde se le aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como droga. Tras esa detención, fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
En 2013 se le dictó sentencia, imponiéndole un total de 17 años de prisión y el pago de 350 días de multa, misma que, revisada con posterioridad, quedó reducida a 16 años.
Posteriormente promovió un incidente conocido como incidente de simultaneidad de penas, por virtud del cual el órgano jurisdiccional que conoció del asunto determinó descontar el tiempo de prisión preventiva que había compurgado hasta entonces por ambos delitos.
Dicha resolución fue impugnada por la fiscalía, pero fue confirmada por un tribunal unitario y con ello la pena de prisión quedó determinada en 10 años computables a partir de la fecha de su detención.
En posteriores recursos, uno de los cuales llegó al conocimiento de la Suprema Corte, se llevaron a cabo distintas alegaciones que concluyeron en la determinación de la incorrección de los tribunales acerca del alegato de tortura.
La Suprema Corte consideró que esto debía haber sido revisado por los tribunales colegiados y el unitario y el juez de distrito, y le ordenó revisar y ordenó volver a analizar este alegato de la tortura a la luz de la doctrina constitucional que durante años la Corte ha venido construyendo, inclusive cuando yo integraba la Suprema Corte.
Esto tuvo como consecuencia la reposición de procedimiento con un efecto en la libertad del sentenciado, quien, de no haber mediado esta resolución, por supuesto ya en este momento podría haber alcanzado su libertad.
Hace poco, su defensa promovió una petición urgente de libertad, misma que fue negada, aduciendo que no existía sentencia firme que estableciera el quantum de la pena y que por esta razón no se podía acordar favorablemente esta petición.
Aquí me detengo un minuto para señalar un par de cuestiones que en derecho son siempre debatibles, dos posturas divergentes que subrayan la necesidad de este debate que hoy propongo:
La posición de una visión formalista del derecho contra una visión garantista que ponga, por delante de los formalismos, pero siempre de las mismas reglas del derecho, argumentos más dúctiles que favorezcan los derechos de las personas.
Esta postura, recogida de algún modo en el artículo 1º constitucional, otorga la posibilidad al derecho de practicar la justicia y no los meros formalismos.
¿A qué voy?
A que en el caso concreto la consideración, desde luego ajustada a derecho, desde un cierto ángulo interpretativo de que la pena, por virtud del interlocutor que resolvió el incidente de simultaneidad, quedó reducida a 10 años aproximadamente, es el criterio que debería de haber privado, pues incide directamente sobre la libertad del sentenciando y no aquel el que considera como inexistente la sentencia que lo determinó por haber sido dejado sin efecto en virtud de la revisión constitucional.
En esa virtud y bajo un orden de ideas, una visión muy estricta, la sentencia quedó sin efectos y con ello la determinación de cuántos debía pasar en prisión; pero desde otra visión menos formalista, se lograría que, con la reposición del procedimiento, no le impusieran una pena mayor a la que ya había obtenido y que había compurgado conforme al incidente de simultaneidad y penas.
Una cuestión jurídica debatible ciertamente, pero fáctica, indubitable, es que ya ha pasado más tiempo en prisión del que había determinado una sentencia interlocutoria; es decir, esta persona prácticamente -o no prácticamente- ya había compurgado toda la pena de la sentencia interlocutoria y hoy, por la reposición del procedimiento y por la decisión de los jueces de que ya no existía esa sentencia, sigue en prisión y privado de su libertad.
Esto, porque el tribunal de alzada precisó en la inteligencia que, de reiterarse la sentencia de condena, atenta al principio de non reformatio impetus, no reformar para peor, no podría agravarse el sentenciado su condición; es decir, que, de dictarse otra sentencia condenatoria, esta no debería imponerle más pena de la que ya fue impuesta.
Soy consciente de que en derecho las cuestiones interpretativas son difíciles de dirimir de manera definitiva, pero también estoy convencida de que es posible buscar alternativas dentro del derecho que favorezcan situaciones justas que tutelen con mayor eficacia los derechos.
Creo que la Suprema Corte, con estos criterios en los que yo participé, resolvió adecuadamente en el sentido de que esta persona… Que se investigara la tortura, porque esta persona alega, incluso ya se le habían practicado los protocolos de Estambul, alega haber sido torturada.
Así que, para cumplir con la instrucción presidencial, se dio atención al caso que hoy comento en la Secretaría de Gobernación por distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos -aquí presente el señor subsecretario Alejandro Encinas- llegando a la conclusión de que se traten asuntos que se encuentran en conocimiento de órganos jurisdiccionales y con el respeto que he antepuesto y que siempre voy a defender a la autonomía y a la independencia de los jueces, simplemente he puesto en el contexto de ustedes.
Con esto, señor presidente, le informo que desde el primer día hemos dado cumplimiento a su instrucción de atender y que desde esta tribuna pública hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de solución, no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal.
Sirva esta interpretación para hacer también un llamado a dejar muy claro que el papel de los abogados es muy importante, sobre todo en los procesos penales, y que debe ser mejorado en muchos sentidos, principalmente en el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces.
Debemos estar muy pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México. Este ejercicio propositivo sólo tiene por objeto generar un debate democrático sobre cuestiones esenciales para cualquier democracia, como son los debates sobre las sentencias de los juzgadores.
Muchas gracias, señor presidente:
(Mininutos despues, alzó la voz, la reportera, madre de de Rubén..-):
PREGUNTA: Muchas gracias.
Estuve aquí hace 15 días con ustedes exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo, porque la he vivido y la he sufrido 13 años.
Una precisión para la señora secretaria es que, sí, lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas; y usted dijo que por traer droga y no, no fue así, no había droga.
Bueno, yo no sé mucho de leyes, pero lo que yo tengo claro es que mi hijo Rafael tiene 13 años encarcelado siendo inocente, que, como dijo usted, señora secretaria, se repuso el procedimiento para que se investigara la tortura que él denunció y que después de cuatro protocolos de Estambul que le han practicado se concluyó que sí fue torturado.
Y también sé que, luego de analizar el caso, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño.
También sé que desde hace tres años él ya pagó su condena y que aun así lo mantienen retenido. Dice usted que por cuestiones legales, que son procedimientos legales del Poder Judicial, etcétera, okey.
Precisamente por eso hace 15 días yo le dije a usted, señor presidente, que quizás esto podía ser que usted me dijera: ‘No, es que esto tiene que ver con el Poder Judicial y que no le correspondía al Ejecutivo.’ En parte está bien, pero también me dijo que sí hay una responsabilidad de que haya un Estado de derecho, respetando, claro, la autonomía de los otros poderes.
Yo creo que se requiere más que conocimientos jurídicos para hacer justicia, yo creo que… Como usted, yo me quedo en este momento… Usted dice: ‘Se abre el debate’, está bien, se abre al debate el tema ¿y mientras?, ¿yo voy a seguir esperando a que mi hijo salga?, ¿cuántos años más, cuantos meses más? El juzgado está cerrado, las investigaciones de tortura siguen encarpetadas.
Entonces, yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir, acudí con usted porque millones de personas votamos por usted y creemos en que en verdad va a haber un cambio, en que va a haber un cambio. Usted ha hablado de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y que no va a haber impunidad.
También sé que usted firmó un acuerdo en abril pasado, un acuerdo en donde a través de la Secretaría de Gobernación se han liberado a más de 40 personas para que no les dé COVID. En la fiscalía son muchos más, a través de la fiscalía, que es independiente.
Entonces, yo creo que este caso tiene que ver también con voluntad política.
Y bueno, por último, yo sólo quiero que usted o quienes están ahí me responda: ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 13 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, por qué sigue preso?, ¿y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si esto es un Estado de derecho, señor presidente.
PRESIDENTE: Nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez Cordero: ¿puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo?
OLGA SÁNCHEZ CORDERO: ¿Me permite, señor presidente?
PRESIDENTE: Porque, si puedo, lo voy a hacer hoy mismo.
OLGA SÁNCHEZ CORDERO: De verdad que el asunto que nos trae aquí la mamá de Rafael es verdaderamente una injusticia por todos lados por los que se vea, porque la reposición del procedimiento es precisamente para investigar la tortura y ya hay cuatro protocolos de Estambul que determinaron que efectivamente fue torturado.
Entonces, es paradójico que, por una parte, ya estuvo 10 años cumpliendo la sentencia del incidente, ahora tiene 13 años privado de su libertad y ya las sentencias son inexistentes en virtud de la revocación que ese hizo para reponer el procedimiento.
La respuesta, presidente, es la siguiente:
El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema.
PRESIDENTE: ¿Y no hay…?
OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Estamos tratando de ver, porque estamos muy de la mano con la Defensoría Pública. La Secretaría de Gobernación y la Defensoría Pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos, pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente, no hay sentencias.
Entonces, si me permite, vamos a ver cuáles alternativas tenemos. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva.
Entonces, déjeme analizar y con muchísimo gusto traemos una respuesta a la señora. Y desde luego estamos viendo todas las posibilidades jurídicas para obtener la libertad de su hijo.
PRESIDENTE: ¿Te parece que el lunes te demos una respuesta aquí?
OLGA SÁNCHEZ CORDERO: Presidente ¿me permite? Yo creo que, con el tema de tortura, presidente, un juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato, con los protocolos de Estambul, se lo otorgaría de inmediato.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta.
(/...),,
¿Quien es la jueza Máría de socorro Castillo Sánchez?
Jueza del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México
Nació en Toluca, Estado de México.
Estudios: Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma del Estado de México, (1998-2003). Fecha de titulación: 13 de julio de 2004.
CARGOS DESEMPEÑADOS DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Oficial Judicial, y actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales ;
Secretaria Ejecutiva y Oficial Administrativa, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito;
Oficial Administrativa, Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal;
Oficial Administrativa, Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal;
Secretaria, Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal;
Jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos;
Jueza Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; y,
Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Ocupa el Cargo de Jueza de Distrito a partir de abril de 2016.
Fecha de Titulación: 2004/07/13
No. de Cédula Profesional: 4332047
Fuente CJF
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