Las columnas políticas hoy, 1 de mayo de 2026

Soberanía: la muralla y sus grietas

Hay mañanas en las que el lenguaje de la diplomacia abandona el terciopelo para volverse piedra. Hoy, la narrativa desde el atril presidencial no fue de concesiones, sino de definiciones cortantes. Ante el ruido denso que llega del norte —ese eco turbio que arrastran el caso Sinaloa y los operativos en Chihuahua— la Presidenta Sheinbaum ha trazado una línea en la arena. No es una postura reactiva; es una hoja de ruta cimentada en cuatro pilares: soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y, por encima de todo, una cooperación que se niega rotundamente a la subordinación.

Escuchamos una voz que intenta proyectar que la seguridad no es una moneda de cambio, sino un ejercicio entre iguales. "Nadie es más y nadie es menos", sostiene la mandataria, recordándonos que el entendimiento entre vecinos solo florece cuando las cercas están bien puestas y el respeto deja de ser un adorno retórico para convertirse en una práctica cotidiana.

Sin embargo, la atmósfera se espesa cuando surgen los nombres propios: Rubén Rocha Moya y los agentes caídos en Chihuahua. Aquí, la crónica se desplaza del tablero diplomático al terreno ético-jurídico. La Presidenta apela a la esencia del Estado de Derecho: la presunción de inocencia. Frente a las acusaciones que cruzan la frontera, la respuesta es el refugio institucional: que la Fiscalía investigue, que las pruebas hablen.

Es en este punto donde la memoria política asoma su ironía más afilada. Resulta inevitable notar el contraste de los tiempos: mientras hoy la presunción de inocencia se erige como un escudo inexpugnable para los propios, en el pasado reciente —con figuras como García Luna— la narrativa oficial se decantó por la sentencia sumaria. Parecería que, en el ajedrez del poder, la vara de la justicia suele medir según el color del cristal con que se mira, o según el lado de la historia en el que se esté parado.

Pero más allá del temple y el discurso, la realidad tiene otros datos, unos que no emanan de la voluntad política, sino de los mercados. Mientras en la capital se habla de soberanía, en las mesas de análisis de Nueva York se habla de riesgo. La calificadora Standard & Poor’s ya ha puesto la nota de Sinaloa en revisión negativa. La desconfianza no solo se traduce en titulares; se materializa en el encarecimiento del dinero para un estado que ya caminaba con la liquidez al límite.

Estamos ante un guion donde las frías cifras de los balances financieros narran la misma incertidumbre que los expedientes judiciales. La economía de un estado es, en última instancia, un acto de fe. Si esa fe se quiebra en las cortes estadounidenses, el impacto termina sintiéndose, tarde o temprano, en los bolsillos de quienes habitan la tierra de los once ríos.

En este escenario, la figura de Trump vuelve a proyectarse como una sombra sobre el horizonte comercial. Las acusaciones no ocurren en el vacío; alimentan la retórica de quienes buscan utilizar la seguridad como palanca para forzar la revisión del T-MEC o amagar con aranceles. La soberanía, ese concepto tan defendido desde el micrófono, se enfrenta ahora a la crudeza de un mundo interconectado donde, cuando la confianza se rompe, las fronteras se elevan y el margen de maniobra se estrecha peligrosamente.

Sheinbaum afirma estar "tranquila", asegurando que en México decidimos los mexicanos. Es el mensaje de quien busca mostrarse imperturbable ante la tormenta. Queda por ver si esa calma basta para detener el oleaje de una crisis que ha dejado de ser meramente política para empezar a calar en la estructura misma de la solvencia nacional. En la política, como en la crónica, los silencios del pasado suelen ser, a la larga, el eco más ruidoso del presente.

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Sinaloa: El Peso de la Sospecha y el Vértigo de los Mercados

La política y las finanzas suelen habitar mundos distintos, pero hoy se han encontrado en un cruce peligroso para el noroeste mexicano. Lo que comenzó como un estruendo judicial en los tribunales de Estados Unidos ha terminado por golpear la puerta de las calificadoras, transformando la incertidumbre política en un riesgo financiero tangible.

La Calificación en el Alambre

La agencia Standard & Poor’s no ha esperado a que las aguas se asienten. Ha colocado la nota crediticia de Sinaloa (‘mxA’) en una revisión especial negativa. No es un movimiento menor; es el termómetro que indica que el entorno para conseguir dinero se está volviendo "desafiante".

Para el estado, la liquidez ya era un paciente con pronóstico reservado, calificada como "menos que adecuada". Ahora, con el anuncio del pasado 29 de abril, el acceso a la banca comercial se percibe como un camino lleno de obstáculos.

El pulso de la deuda:

Al cierre de 2025, Sinaloa cargaba con una mochila de 7 mil 182 millones de pesos.

Largo plazo: 4 mil 487 millones (respaldados por el Fondo General de Participaciones).

Corto plazo: 2 mil 695 millones (deuda quirografaria con Banorte, Santander y BBVA).

La gran pregunta que flota en el aire no es solo si el estado podrá pagar, sino si los bancos querrán seguir siendo sus aliados mientras la sombra judicial persista.

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La FGR y la herida abierta de Sinaloa

Hay silencios que aturden más que el estruendo mismo de las balas. En la política, como en la vida, la inacción no es un vacío; es una decisión que arrastra consigo el peso de la complicidad o, peor aún, del olvido administrado.

Hoy, la crónica de nuestra justicia nacional suma un capítulo amargo. El reporte de Abel Barajas en Reforma nos pone frente a un espejo incómodo: la Fiscalía General de la República camina sobre un terreno minado de inconsistencias, donde el nombre de Rubén Rocha Moya aparece como una sombra constante, pero extrañamente intocable.

Recordemos aquel fatídico 25 de julio de 2024. Mientras el país intentaba procesar la noticia de la "extracción" de Ismael “El Mayo” Zambada, en Culiacán se apagaba la vida de Héctor Melesio Cuén. Lo que al principio quisieron vendernos como un burdo intento de robo en una gasolinera —un montaje que se desmoronó por su propia fragilidad— terminó revelándose como una tragedia de dimensiones épicas en la finca Huertos del Pedregal.

Ese lugar ya no es solo un punto geográfico a las afueras de Culiacán; se ha convertido en el símbolo de una herida abierta en la psique nacional. Es el escenario donde el destino de un capo legendario y el de un líder universitario se cruzaron en un pacto de sangre que aún clama por respuestas.

Es desolador observar este duelo de versiones. Por un lado, la fiscal local de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, se lava las manos con el rigor de la burocracia, delegando todo al ámbito federal. Por el otro, una FGR que parece haber entrado en un letargo sospechoso. Tras la tempestad de las cartas de Zambada y las revelaciones judiciales, lo que prevalece no es el rigor de la ley, sino una pausa que asfixia la esperanza de transparencia.

Al leer estos hechos, queda esa sensación amarga de que se prefiere administrar el impacto político antes que desentrañar la verdad. No hay rostros tras las rejas por el montaje inicial, ni claridad sobre los vuelos que cambiaron nuestra historia reciente.

Como diría el poeta, a veces el tiempo no cura, solo entierra. Pero en este drama sinaloense, la justicia no puede ser una moneda de cambio. Porque cuando la ley se vuelve esquiva, termina siendo cómplice del calendario. Al parecer, en este laberinto de omisiones, el único que camina con paso firme y sin obstáculos es, lamentablemente, el olvido.

PD: El 26 de julio de 2024, un día después de los hechos, la FGR abrió la carpeta de investigación SON/HSO/0001/882/2024, por los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro y traición a la patria. La  FGR lleva el caso  desde agosto de 2024  (Evade FGR investigar a Rocha desde 2024/, Nota de Abel Barajas; Reforma, 1 de mayo de 2026..

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Aquella narcolelección de 2021

La crónica de una advertencia ignorada comenzó en Washington D.C. el 23 de agosto de 2021. Aquel día, una comitiva de líderes de la oposición mexicana —integrada por los dirigentes del PRI, PAN y el entonces PRD— entregó un expediente de 53 páginas ante organismos internacionales como la OEA y el Departamento de Estado de EE. UU., denunciando lo que calificaron como una “narcoelección”.

(Nota  de Antonio López Cruz, reportero de El Universal, 1 de mayo de 2026)

El informe detalla una jornada electoral marcada por el miedo y la precisión militar del crimen organizado, con un enfoque especial en el estado de Sinaloa. Entre los relatos más crudos destaca el secuestro de José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI, quien fue golpeado durante 50 horas para obtener información sobre la estructura electoral. Según el documento, comandos armados operaron para desarticular a la oposición bajo una consigna directa: “Si no gana Rocha los vamos a matar a todos”.

La violencia tuvo rostros y nombres en diversos municipios:

En Badiraguato, la candidata Guadalupe Iribe Gascón se vio obligada a retirarse tras el secuestro de sus operadores.

En Concordia, el candidato del PRD fue agredido en su domicilio y forzado a abandonar el estado.

En Guasave, diversos funcionarios fueron retenidos por grupos criminales hasta el cierre de las casillas.

El saldo de aquel proceso electoral 2020-2021 fue devastador a nivel nacional, con 102 homicidios dolosos de figuras políticas y 1,066 delitos registrados.

Años después, lo que inició como una denuncia política cobró una vigencia inquietante. Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —quien ganó aquella elección con el 56.60% de los votos—, se encuentra bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las investigaciones actuales sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa parecen alinearse con las piezas del rompecabezas que la oposición intentó armar en aquel expediente de 2021.

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Las columnas políticas hoy, 1 de mayo de 2026

 REFORMA

NO QUEDA CLARO si la Presidencia de la República está buscando ganar tiempo para tomar decisiones y pedir la detención de Rubén Rocha Moya o si, de plano, se asumió que van a atrincherarse y aguantar el vendaval estadounidense tope donde tope.

MÁS DE UNO se pregunta, inclusive dentro de la 4T, qué es lo que gana Claudia Sheinbaum al poner el pecho para defender al gobernador morenista de Sinaloa de las acusaciones por narcotráfico de EU.

QUIENES CRITICAN esta postura dicen que la Presidenta está poniendo en riesgo a todo "el movimiento"... por un personaje que ya tiene un laaargo historial de asegunes truculentos.

LO QUE SÍ queda claro es que, si el gobierno federal hubiera continuado con las pesquisas sobre el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada y el asesinato de Melesio Cuén, opositor de Rocha y quien murió el mismo día, otro gallo cantaría.

LA FGR ya había advertido inconsistencia de la investigación de la fiscalía estatal sobre esos hechos, así como encubrimientos alrededor del crimen. Las pesquisas se congelaron cuando estaban las evidencias en la mesa. Es decir, que era suya y la dejaron ir.

POR CIERTO que quien debe estar sudando la gota gorda y no sólo por la ola de calor, sino por los nervios, es el tamaulipeco Américo Villarreal.

EL HOY GOBERNADOR fue el delegado de Morena en Sinaloa, precisamente, para coordinar la elección de Rocha Moya, en la que "Los Chapitos" realizaron operativos de financiamiento y acarreo en favor de Morena, así como intimidación en contra de las y los candidatos de oposición.

UNA DE las versiones que ya se manejaba desde antes era que Américo había hecho que fluyera dinero del facturero Sergio Carmona a la campaña de Rocha Moya. Y ahora se sabe que también el Cártel de Sinaloa fue uno de los patrocinadores del partido oficial. 

LOS MORENISTAS en el Senado estaban muy satisfechos de que los cuestionamientos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y que llevaron incluso a citarla a comparecer, les estaban dando muy buenos resultados en sus encuestas y en redes sociales.

UNO DE LOS más entusiasmados era Adán Augusto López, quien rompió su aislamiento para encabezar en el salón de plenos la ofensiva contra la chihuahuense. Obviamente su interés era electoral para promover a su candidata, la senadora Andrea Chávez.

DE UN DÍA A OTRO la euforia se convirtió en pesar cuando vino el balde de agua fría desde Nueva York y tocó al mismísimo recinto senatorial. El sinaloense Enrique Inzunza, uno de los más activos en pedir la comparecencia de Campos, resultó acusado de narcotráfico en los papeles estadounidenses. Y todo se derrumbó.

DE AHÍ QUE Campos se desquitara ayer y dijera que no vendrá a comparecer al Senado, pues quienes la iban a cuestionar estaban en las listas negras de la colaboración con el narco. ¡Ouch!

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Estrictamente Personal

El inolvidable Día del Niño/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, mayo 01, 2026 |

La conferencia mañanera de ayer terminó de manera festiva: a ritmo de “Chin chin el que se mueva”, un rock and roll infantil lanzado en 2008, la presidenta Claudia Sheinbaum brincó y bailó por unos momentos con dos decenas de menores para celebrar el Día del Niño. Junto a ella estaba el secretario de Educación, Mario Delgado, que también dio unos cuántos brincos. Qué diferente parecía el humor con el que había comenzado su conferencia diaria casi dos horas antes, cuando fijó su posición ante la acusación de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y 10 funcionarios sinaloenses, de trabajar y proteger a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

La presidenta abrió la mañanera con un posicionamiento sobre Rocha Moya, utilizando un tono duro, como era de esperarse, ante la imputación criminal más grave, profunda y de incalculables repercusiones en la historia de la relación con Estados Unidos. El mensaje era necesario para mantener la cohesión dentro de su partido y darse días para seguir analizando y revisando los escenarios para tener una respuesta que compagine la pretensión estadounidense con los intereses y temores del régimen, que en este momento parecen totalmente incompatibles.

El problema no fue este saque, sino algunas palabras que utilizó, como plantear que si no existen pruebas contra el gobernador, no lo extraditará, porque se contradice con varios casos anteriores, en particular el del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, donde en lugar de pedirlas durante siete años lo linchó el régimen y lo usó para acusar de narcotraficante al expresidente Felipe Calderón. Si no hay pruebas, afirmó la presidenta, se demostrará que la acusación no es jurídica, sino política.

No necesita haber pruebas: la acusación del Departamento de Justicia es política.

El fenómeno de la narcopolítica en México tiene una dimensión de seguridad nacional en Estados Unidos no solo por la crisis del fentanilo, sino porque, de acuerdo con la investigación de las agencias de inteligencia y policiales de ese país, el expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó una economía criminal paralela aliado a los enemigos de Washington: los cubanos, los rusos y los chinos.

Cubanos y rusos, de acuerdo con la premisa de la investigación, diseñaron la corrupción de las Fuerzas Armadas mediante su involucramiento en obras y negocios, y en el establecimiento de una relación estructural con los cárteles para traficar con el fentanilo chino a ese país. Hugo Chávez en Venezuela, fue su primer caso de éxito; López Obrador en 2018, el segundo. La acusación contra Rocha Moya y la estructura política y de seguridad y procuración y administración de justicia en Sinaloa, de esta forma, es un estudio de caso de lo que sucedió en el país durante el sexenio anterior.

Está claro que no está claro que la presidenta conciba el fenómeno de la narcopolítica como un asunto de geopolítica. Por lo mismo, no ve cosas fuera de la caja. Por esta razón fue sorprendente la forma como terminó la mañanera, de manera divertida para aparentar normalidad -probablemente una estrategia trazada en sus reuniones sobre la gestión de esta crisis-, pero con una señal que, o fue producto de un error en sus análisis, o como mensaje de guerra a Washington, anunciando la defensa por la soberanía de Morena y la sobrevivencia del régimen, que es lo que quedó bajo amenaza el miércoles en Nueva York.

En el juego de los símbolos, la presencia del secretario Delgado junto a ella, como único acompañante en la mañanera, dibujó el blasón del régimen. Para efectos de argumentación, asumamos que no se trató de una increíble torpeza, sino que fue un movimiento cuidadosamente calculado para desafiar al gobierno de Trump.

La acusación en la Corte Sur de Manhattan, que lleva los asuntos criminales de cuello blanco y crimen organizado -bajo los supuestos de la Ley RICO-, menciona que Rocha Moya llegó a la gubernatura de Sinaloa en 2021 con el apoyo financiero de los chapitos, los hijos de Guzmán Loaera (se puede consultar en la página 3 de la versión en español de la acusación en esta liga: https://urli.info/1oM0r). Esta acusación permite platear la hipótesis que el siguiente que podría ser acusado públicamente es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que era el estratega político en la campaña de Rocha Moya.

Villarreal conecta con el caso que se lleva en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, de la red del huachicol del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones en 2021. Un voluminoso documento confidencial de la Marina mexicana con información de la DEA, muestra que Carmona tenía como socios a su hoy viuda, Villarreal, y Ricardo Peralta, a quien López Obrador le autorizó, cuando era subsecretario de Gobernación, que estableciera contacto con los cárteles de la droga, para supuestamente bajar la violencia.

Debajo de Carmona, como su operador político, se encuentra en ese organigrama criminal Erasmo González, que era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien presentó al empresario huachicolero con Delgado, en ese entonces líder de Morena. Según el documento de inteligencia, Delgado financió con ese dinero ocho gubernaturas en el centro y norte del país -incluida la de Rocha Moya-, y varias candidaturas a diputados, incluida una que formó parte del cuarto de guerra en la campaña presidencial de Sheinbaum.

Visto desde la perspectiva de las investigaciones federales en Estados Unidos, la aparición de Delgado en la mañanera es equivalente a mostrarlo como la persona que engarza a las cortes en Manhattan y San Antonio pero que a través de la semiótica mañanera, sintetiza el respaldo presidencial. La presidenta no es ingenua ni, en este caso, desinformada. El informe confidencial está en sus manos desde su campaña presidencial, pero no hizo nada con las personas en su entorno que aparecían en él, ni dejó de apoyarlas políticamente.

En los casos de los políticos presuntamente vinculados al crimen organizado a quienes les vayan a aplicar la Ley RICCO, también pasarán por el tamiz más pernicioso: la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas -firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca-, que le da la extraterritorialidad a la justicia estadounidense para que, en caso de existir una orden de aprehensión, puedan ir a capturarlos en donde se encuentren, como lo hicieron con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

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Es deplorable la reacción oficial

El asalto a la razón/Carlos Marín

Milenio.

 La solicitud de captura con fines de extradición de Rubén Rocha y nueve de sus funcionarios y exfuncionarios coloca al gobierno mexicano ante una prueba de temple institucional que ha comenzado mal.

No se trata de validar ni descalificar la acusación, sino de responder con la sobriedad que exige un procedimiento de tan sensible naturaleza.

La argucia de que la petición “no trae las pruebas” no alcanza para esquivarla.

Es una solicitud de captura, un acto procesal sustentado en determinaciones judiciales previas de un tribunal federal, donde un “gran jurado” consideró que hay elementos suficientes para emitir las órdenes de aprehensión.

Tampoco puede ser una ocurrencia exprés por el caso Chihuahua.

Patalear porque “faltan las pruebas” es desconocer o fingir que se ignora cómo funciona el sistema de justicia estadunidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum desaprovechó una salida institucional impecable: pudo decir que México, en ejercicio de su soberanía (aquí sí), atenderá la solicitud por los cauces establecidos, y que la Fiscalía General de la República procederá como corresponda, partiendo, claro, de la presunción de inocencia.

Nada de insinuaciones defensivas que apestan a protección de presuntos delincuentes.

La presunción de inocencia fue ignorada por el obradorato cuando el exsecretario federal de Seguridad Genaro García Luna fue detenido y procesado en EU, donde bastaron los testimonios (tacos de lengua) de criminales confesos para hallarlo culpable y condenarlo. Y desde que fue capturado (finales de 2019), el oficialismo dio por cierta su culpabilidad y no ha dejado de lincharlo.

En Estados Unidos, conviene saber, se consideran “evidencia” las versiones de testigos protegidos, haya o no soporte documental (el hallazgo de fortunas colosales en bancos o bienes que nadie descubre, por ejemplo).

Pero determinar la validez de las “pruebas” no corresponde al gobierno mexicano y ni siquiera a la Fiscalía General de la República, excepto si se llegara a juicios de procedencia y extradición.

Eso compete sólo al Tribunal en Nueva York donde fueron presentadas.

Lo procedente no es descalificar ni convalidar, sino solicitar acceso a los detalles clave de la acusación para cumplir con el acuerdo binacional de extradición.

En ese contexto, la insistencia en el episodio de los agentes de la CIA resulta no sólo irrelevante, sino contraproducente.

Mezclar asuntos distintos —uno en curso judicial y otro insondable, porque el secreto murió con el director de la Agencia Estatal de Investigación–– ensombrece la claridad que exige el momento y más cuando la imprevisibilidad de Trump aconseja prudencia, no bravatas discursivas.

Todo lo demás —incluida la tentación de convertir el caso en alegato político— es ruido que entorpece, no defensa que fortalece.

México no pierde soberanía por atender una solicitud de extradición conforme a derecho; la pierde cuando politiza la justicia o simula no saber las reglas del juego internacional…

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Lealtad al fantasma/Juan Villoro 

REFORMA 01 mayo 2026

En diciembre de 2022, la librería Sándor Márai, que acababa de abrir sus puertas en la ciudad de Chihuahua, fue clausurada con el pretexto de que faltaba una placa que indicara el aforo. "En México es mucho más seguro poner un antro o un table dance que una librería", comentó el escritor Enrique Serna, que estaba ahí para presentar su libro Lealtad al fantasma.

La verdadera causa del atropello parecía ser política. La gobernadora María Eugenia Campos tenía en la mira a su antecesor, Javier Corral, dueño de la librería. Curiosamente, la clave podía ser hallada en los relatos de Serna, que tratan de los oscuros impulsos que llevan a hacer actos insólitos.

En ocasiones, alguien no puede desprenderse del fantasma que impulsa su conducta y a la gobernadora se le atribuía uno especial, César Duarte, que gobernó el estado de 2010 a 2016 y fue acusado de desviar fondos de la Tesorería del Estado por mil millones de pesos.

En solo dos años, Duarte hizo 163 vuelos a Estados Unidos en aviones oficiales con fines turísticos. Cuando dejó el poder, su "nómina secreta", con la que sobornó a cerca de cien funcionarios, fue encontrada en una caja fuerte.

Duarte llegó a tener veinte órdenes de captura y el PRI lo expulsó de sus filas en 2016. Estuvo prófugo de 2017 a 2020, fue detenido en Florida y extraditado a México en junio de 2022, donde purgó dos años de prisión preventiva. Al dejar la gubernatura, era dueño de "El Saucito", rancho que a pesar del diminutivo consta de seis kilómetros cuadrados. Además, se le atribuían otras seis propiedades rurales.

En buena medida, esto se supo por las investigaciones de su sucesor, Javier Corral, quien no terminó su mandato coleccionando ranchos, sino dispuesto a abrir un centro cultural: la librería Sándor Márai.

El cierre de ese espacio tenía un tinte de venganza. ¿Qué motivación podía impulsar a la gobernadora? Se estima que fue una de las personas beneficiadas con la "nómina secreta" de César Duarte. Como en México es difícil consultar autoridades judiciales, me dirigí a la inteligencia artificial, que ofrece la siguiente información: "Investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que Campos recibió de 9-10 millones de pesos cuando era diputada para garantizar apoyo político".

María Eugenia Campos ha vuelto a ser noticia por la muerte de dos miembros de la CIA en Chihuahua en un accidente de carretera, después de que participaran en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

El gobierno federal ignoraba esa acción de la CIA en el país. Claudia Sheinbaum ha pedido información tanto a Campos como a la Agencia Central de Inteligencia y advirtió que puede tratarse de una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Una fuerte opacidad rodea el caso. Por lo que se sabe, cuarenta elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) participaron en el operativo contra el laboratorio, junto con cuatro personas no identificadas (dos de ellas resultaron ser espías extranjeros, identidad que se reveló con su muerte). El fiscal del estado, César Jáuregui, renunció sin aclarar la función del personal de la CIA en territorio mexicano.

En el accidente también murió Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI. No es descabellado suponer que la responsabilidad de los hechos se le atribuya a quien ya no puede hablar.

Por el momento, la fiscal designada para investigar el caso, Wendy Chávez, perfecciona la confusión. De acuerdo con ella, no hay indicios de que "las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera". En otras palabras: los agentes secretos estuvieron ahí, pero no demostraron ser agentes secretos (lo cual, por supuesto, confirma su profesión). La explicación rinde tributo a Cantinflas y recuerda su definición de la palabra "cohecho": "Un hecho contra hecho al que no hay derecho".

CNN ofreció datos que contradicen a Wendy Chávez. A pesar de que siempre tuvieron cubierto el rostro, los agentes fueron identificados en fotos en las que llevan el uniforme de la Fiscalía General del Estado.

Parece difícil que la verdad sobre el caso provenga del gobierno de Chihuahua. Cerrar una librería y ejercer la impunidad pertenecen a la misma lógica. Enrique Serna tiene razón: ciertos actos sólo se entienden por el fantasma que los provoca.

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