El “boom” de los Mouriño/
Jesusa Cervantes y Rosa Santana, reporteras
Pubicado en la revista Proceso, 1638, 23/03/2008;
Las dos administraciones federales panistas han bendecido de sobra a Juan Camilo Mouriño y su familia. Una investigación de Proceso revela que las empresas de este clan se triplicaron en dicho período y mantienen extraordinarios contratos con el sector público, además de allegarse apoyos económicos gubernamentales denominados Pymes, que debieran destinarse sólo a las pequeñas y medianas empresas. Las licencias de las que ha gozado el secretario de Gobernación para hacer negocios personales al amparo del poder público explican por qué el presidente Calderón le asignó la encomienda de negociar la reforma energética del Ejecutivo federal.
La presencia del PAN en la Presidencia de la República, desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, ha dado grandes dividendos a los negocios de Juan Camilo Mouriño Terrazo y sus familiares: en ese lapso, las empresas del ahora secretario de Gobernación y los suyos no sólo se triplicaron, sino que se convirtieron en proveedoras frecuentes de dependencias gubernamentales y actualmente se proponen crecer como contratistas de obra pública dentro de las estructuras de los gobiernos federal, estatal y municipal en todo el país.
Documentos obtenidos por Proceso desmienten lo que, el 28 de febrero, declaró el secretario de Gobernación respecto a una de sus empresas más boyantes, que firmó contratos con Pemex-Refinación por más de 100 millones de pesos: Transportes Especializados Ivancar.
“Esta línea del negocio –dijo Mouriño ante millones de televidentes– prácticamente no ha crecido desde su inicio. La expansión del grupo empresarial se ha dado en la administración de franquicias y en negocios inmobiliarios desde mucho antes de que yo ingresara al servicio público.”
Pero sólo por lo que respecta a las unidades especializadas de Ivancar dedicadas a transportar y suministrar productos de Pemex, éstas pasaron de 10 iniciales –algunas de las cuales tenían hasta 12 años de antigüedad– a 43 unidades nuevas entre 2001 y 2005.
Y aunque ciertamente las demás firmas del grupo empresarial empezaron a expandirse “mucho antes” de 2003, no habían crecido tanto como en la etapa que va del ingreso de Mouriño a la legislatura de Campeche hasta la fecha.
Fue una semana después de que Andrés Manuel López Obrador denunció que Juan Camilo Mouriño jugaba el doble papel de servidor público y contratista del gobierno federal cuando el recién estrenado secretario de Gobernación afirmó que él es servidor público a partir de 2003, al ingresar a la “administración pública”, sin tomar en cuenta que de 1997 a 2000 fue diputado local de Campeche; de 2000 a 2003, legislador federal; este último año, asesor de Felipe Calderón como director de Banobras, primero, y como secretario de Energía después, para finalmente fungir como subsecretario de Electricidad hasta noviembre de 2004, año en que se integró al equipo calderonista en la búsqueda de la candidatura presidencial por el PAN.
Cuando Mouriño se estrenó como legislador de Campeche, su familia tenía, aparte de Ivancar, 18 gasolinerías en el sureste. Para el año 2000, las estaciones de gasolina llegaban a 21 y, para este 2008, suman 38. Y no sólo eso, sino que en el mismo lapso el clan Mouriño constituyó el Grupo Energético del Sureste, Esges, Gasovales GES, Inmobiliaria GES, Grupo Maritimo Mouriño, Tesorera GES, Naviera Isla de Tris, Restaurantes Sub, Grupo Acuícola del Sureste y Urbanizadora la Marina. Además de adquirir 10 franquicias de Burguer King, una de Church’s Chicken, dos de Tortas Locas Hipocampo, tres de Baskin Robbins, dos de Tintorería Max y tres de Autolavado GES Autowash.
Esta información –obtenida por Proceso en el Registro Público de Campeche– refleja entre otros hechos que sólo desde el gobierno panista de Vicente Fox –a quien Carlos Mouriño Atanes apoyó y promovió entre los empresarios del sureste– el clan duplicó el número de gasolinerías, cada una de las cuales requiere de una inversión de 10 millones de pesos, e instaló dentro de las mismas 31 Tiendas GES de Conveniencia.
Por lo que respecta a las franquicias de alimentos mencionadas, fueron adquiridas después de 2003, justo el año en que, según el secretario de Gobernación, decidió “dedicarse por completo al servicio público”.
De modo que desde 1997, las empresas de Mouriño y sus parientes se han triplicado, al pasar de 22 a 70. Esto, sin contar las 31 Tiendas GES de Conveniencia que se han establecido en las gasolinerías.
“Hacia finales del 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública –manifestó también Mouriño– tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público (…) El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano y también dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país.”
Y, en efecto, Proceso confirmó que, en noviembre de 2003, Mouriño sólo renunció a las acciones de GES, al que se refirió como “uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano”, pero en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Campeche no hay evidencias de que haya renunciado al resto de los negocios, a los cuales se incorporó cumpliendo el papel de socio, tesorero o apoderado.
Obligado por el escándalo que significaron los documentos exhibidos por López Obrador para someter a juicio político al secretario de Gobernación, después de una semana de silencio, Mouriño hizo las declaraciones referidas y, el 11 de marzo, entregó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública los siete contratos –más un convenio modificatorio– que Ivancar firmó con Pemex-Refinación y que eran la materia del debate.
Fuera dejó los contratos que otras de sus empresas han firmado con dependencias federales y organismos descentralizados mientras él ha sido, de 2003 a 2007, funcionario de la “administración pública”.
Haciendo historia
En el mensaje que dirigió el 11 de marzo a los medios de comunicación, Mouriño señaló que la relación entre Ivancar y Pemex inició cuando él apenas tenía 14 años, en 1985, aunque omitió decir que en 2003, al ingresar a lo que llama “la administración pública” (es decir, Banobras y Sener), sus empresas familiares y su propio padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, se convirtieron en los proveedores predilectos de varias delegaciones de las secretarías de Estado en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
En sus dos declaraciones públicas el secretario de Gobernación sólo se refirió a los contratos que Transportes Especializados Ivancar firmó con Pemex Refinación, pero nada dijo de las firmas Esges, fundada en 2000; Gasovales Ges, creada en 2003, e Inmobiliaria GES, constituida en 2005.
De acuerdo con la investigación realizada por este semanario, Esges y Gasovales Ges han sido las proveedoras del área central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Pesca de Campeche y de la Comisión Nacional del Agua (a partir de 2003), del IMSS (desde 2004), de la SCT (de 2005 a 2007), del ISSSTE (hasta 2007), de la Sedeso (Oportunidades, 2006 y 2007), de Diconsa (2007), de Nafin (2005) y del Colegio de la Frontera Sur (2007).
Los montos de los contratos extendidos por el gobierno federal al clan Mouriño van desde los 25 mil hasta los 5 millones de pesos.
Todas las licitaciones referidas –de las cuales Proceso tiene copia– desaparecieron ya de la página electrónica de Compranet del gobierno federal, aunque varias de ellas aún podían consultarse hace tres semanas.
En 1999, mientras Juan Camilo Mouriño fungía como diputado estatal, recibió el poder para “comparecer ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar todo tipo de diligencia” en relación con la empresa Naviera Isla de Tris, según consta en el número 4483 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Campeche.
Seis años después, los Mouriño conformaron la empresa Inmobiliaria GES, uno de cuyos objetos sociales es ofertar al gobierno todo tipo de servicios, desde bacheo y transporte de vallas metálicas hasta construcción de puentes y tendido de vías de ferrocarril.
En el Registro Público de la Propiedad de Campeche queda claro que el gobierno federal es el principal objetivo de empresas como Naviera Isla de Tris e Inmobiliaria GES. Y también, que Juan Camilo Mouriño no ha dejado de ser socio de ésta última.
El objeto social de Inmobiliaria GES, dicen los registros, es “contratar y subcontratar obras de señalamientos a cualquier tipo de vías de comunicación o cualquier otra naturaleza; contratar o subcontratar obras de construcción con personas físicas y morales; con los gobiernos federal, estatal o municipal, así como empresas paraestatales y empresas e instituciones del sector público o privado; participar en concursos de asignación de obra de construcción ante dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, instituciones y personas físicas y morales, sean públicas o privadas y ante entidades paraestatales”.
Pero esto no significa que Juan Camilo Mouriño y sus parientes descuiden las relaciones económicas con los gobiernos estatales, aunque actúen de manera irregular, como en el caso de la licencia para “casa habitación” que la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán (Cousey) otorgó en 2007 a la Inmobiliaria GES, con el fin de que ésta edificara un fraccionamiento llamado “plataforma logística”.
El hecho es que en el terreno de 200 mil metros cuadrados que Inmobiliaria GES compró a la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán, en 7 millones de pesos, en lugar del fraccionamiento convenido está construyendo una fábrica de torres eólicas de última generación, el llamado “negocio del futuro”.
Se trata de un área que el propio gobierno del panista Patricio Patrón Laviada quiso convertir en zona industrial, pues se encuentra ubicada cerca del puerto de altura de Progreso, de la carretera y de las vías del ferrocarril. En cuanto a los privilegios que reciben de la administración pública los negocios de la familia Mouriño, está documentado el caso de 48 empresas que, sólo en Campeche, reciben apoyos económicos gubernamentales denominados Pymes, que debieran destinarse sólo a las pequeñas y medianas empresas. Dichos apoyos los obtiene, entre otros, el consorcio Grupo Energético del Sureste, el que, además, ha incumplido sus obligaciones fiscales.
De acuerdo con los datos que aparecen en el folio mercantil número 9329, el Servicio de Administración Tributaria “trabó embargo (a GES) por un millón 295 mil 340 pesos” el 17 de diciembre de 2001, por haber faltado a sus obligaciones fiscales.
Los registros no dan cuenta del pago ni del levantamiento del embargo, pero nadie ignora que GES sigue creciendo, e inclusive Juan Camilo Mouriño recibió dividendos de la misma por 450 mil pesos en 2003, antes de donar sus seis acciones a su papá...
La presencia del PAN en la Presidencia de la República, desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, ha dado grandes dividendos a los negocios de Juan Camilo Mouriño Terrazo y sus familiares: en ese lapso, las empresas del ahora secretario de Gobernación y los suyos no sólo se triplicaron, sino que se convirtieron en proveedoras frecuentes de dependencias gubernamentales y actualmente se proponen crecer como contratistas de obra pública dentro de las estructuras de los gobiernos federal, estatal y municipal en todo el país.
Documentos obtenidos por Proceso desmienten lo que, el 28 de febrero, declaró el secretario de Gobernación respecto a una de sus empresas más boyantes, que firmó contratos con Pemex-Refinación por más de 100 millones de pesos: Transportes Especializados Ivancar.
“Esta línea del negocio –dijo Mouriño ante millones de televidentes– prácticamente no ha crecido desde su inicio. La expansión del grupo empresarial se ha dado en la administración de franquicias y en negocios inmobiliarios desde mucho antes de que yo ingresara al servicio público.”
Pero sólo por lo que respecta a las unidades especializadas de Ivancar dedicadas a transportar y suministrar productos de Pemex, éstas pasaron de 10 iniciales –algunas de las cuales tenían hasta 12 años de antigüedad– a 43 unidades nuevas entre 2001 y 2005.
Y aunque ciertamente las demás firmas del grupo empresarial empezaron a expandirse “mucho antes” de 2003, no habían crecido tanto como en la etapa que va del ingreso de Mouriño a la legislatura de Campeche hasta la fecha.
Fue una semana después de que Andrés Manuel López Obrador denunció que Juan Camilo Mouriño jugaba el doble papel de servidor público y contratista del gobierno federal cuando el recién estrenado secretario de Gobernación afirmó que él es servidor público a partir de 2003, al ingresar a la “administración pública”, sin tomar en cuenta que de 1997 a 2000 fue diputado local de Campeche; de 2000 a 2003, legislador federal; este último año, asesor de Felipe Calderón como director de Banobras, primero, y como secretario de Energía después, para finalmente fungir como subsecretario de Electricidad hasta noviembre de 2004, año en que se integró al equipo calderonista en la búsqueda de la candidatura presidencial por el PAN.
Cuando Mouriño se estrenó como legislador de Campeche, su familia tenía, aparte de Ivancar, 18 gasolinerías en el sureste. Para el año 2000, las estaciones de gasolina llegaban a 21 y, para este 2008, suman 38. Y no sólo eso, sino que en el mismo lapso el clan Mouriño constituyó el Grupo Energético del Sureste, Esges, Gasovales GES, Inmobiliaria GES, Grupo Maritimo Mouriño, Tesorera GES, Naviera Isla de Tris, Restaurantes Sub, Grupo Acuícola del Sureste y Urbanizadora la Marina. Además de adquirir 10 franquicias de Burguer King, una de Church’s Chicken, dos de Tortas Locas Hipocampo, tres de Baskin Robbins, dos de Tintorería Max y tres de Autolavado GES Autowash.
Esta información –obtenida por Proceso en el Registro Público de Campeche– refleja entre otros hechos que sólo desde el gobierno panista de Vicente Fox –a quien Carlos Mouriño Atanes apoyó y promovió entre los empresarios del sureste– el clan duplicó el número de gasolinerías, cada una de las cuales requiere de una inversión de 10 millones de pesos, e instaló dentro de las mismas 31 Tiendas GES de Conveniencia.
Por lo que respecta a las franquicias de alimentos mencionadas, fueron adquiridas después de 2003, justo el año en que, según el secretario de Gobernación, decidió “dedicarse por completo al servicio público”.
De modo que desde 1997, las empresas de Mouriño y sus parientes se han triplicado, al pasar de 22 a 70. Esto, sin contar las 31 Tiendas GES de Conveniencia que se han establecido en las gasolinerías.
“Hacia finales del 2003, al asumir mi primera responsabilidad en la administración pública –manifestó también Mouriño– tomé la decisión más importante de mi vida: dedicarme por completo al servicio público (…) El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano y también dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país.”
Y, en efecto, Proceso confirmó que, en noviembre de 2003, Mouriño sólo renunció a las acciones de GES, al que se refirió como “uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano”, pero en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Campeche no hay evidencias de que haya renunciado al resto de los negocios, a los cuales se incorporó cumpliendo el papel de socio, tesorero o apoderado.
Obligado por el escándalo que significaron los documentos exhibidos por López Obrador para someter a juicio político al secretario de Gobernación, después de una semana de silencio, Mouriño hizo las declaraciones referidas y, el 11 de marzo, entregó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública los siete contratos –más un convenio modificatorio– que Ivancar firmó con Pemex-Refinación y que eran la materia del debate.
Fuera dejó los contratos que otras de sus empresas han firmado con dependencias federales y organismos descentralizados mientras él ha sido, de 2003 a 2007, funcionario de la “administración pública”.
Haciendo historia
En el mensaje que dirigió el 11 de marzo a los medios de comunicación, Mouriño señaló que la relación entre Ivancar y Pemex inició cuando él apenas tenía 14 años, en 1985, aunque omitió decir que en 2003, al ingresar a lo que llama “la administración pública” (es decir, Banobras y Sener), sus empresas familiares y su propio padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, se convirtieron en los proveedores predilectos de varias delegaciones de las secretarías de Estado en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
En sus dos declaraciones públicas el secretario de Gobernación sólo se refirió a los contratos que Transportes Especializados Ivancar firmó con Pemex Refinación, pero nada dijo de las firmas Esges, fundada en 2000; Gasovales Ges, creada en 2003, e Inmobiliaria GES, constituida en 2005.
De acuerdo con la investigación realizada por este semanario, Esges y Gasovales Ges han sido las proveedoras del área central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Pesca de Campeche y de la Comisión Nacional del Agua (a partir de 2003), del IMSS (desde 2004), de la SCT (de 2005 a 2007), del ISSSTE (hasta 2007), de la Sedeso (Oportunidades, 2006 y 2007), de Diconsa (2007), de Nafin (2005) y del Colegio de la Frontera Sur (2007).
Los montos de los contratos extendidos por el gobierno federal al clan Mouriño van desde los 25 mil hasta los 5 millones de pesos.
Todas las licitaciones referidas –de las cuales Proceso tiene copia– desaparecieron ya de la página electrónica de Compranet del gobierno federal, aunque varias de ellas aún podían consultarse hace tres semanas.
En 1999, mientras Juan Camilo Mouriño fungía como diputado estatal, recibió el poder para “comparecer ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar todo tipo de diligencia” en relación con la empresa Naviera Isla de Tris, según consta en el número 4483 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Campeche.
Seis años después, los Mouriño conformaron la empresa Inmobiliaria GES, uno de cuyos objetos sociales es ofertar al gobierno todo tipo de servicios, desde bacheo y transporte de vallas metálicas hasta construcción de puentes y tendido de vías de ferrocarril.
En el Registro Público de la Propiedad de Campeche queda claro que el gobierno federal es el principal objetivo de empresas como Naviera Isla de Tris e Inmobiliaria GES. Y también, que Juan Camilo Mouriño no ha dejado de ser socio de ésta última.
El objeto social de Inmobiliaria GES, dicen los registros, es “contratar y subcontratar obras de señalamientos a cualquier tipo de vías de comunicación o cualquier otra naturaleza; contratar o subcontratar obras de construcción con personas físicas y morales; con los gobiernos federal, estatal o municipal, así como empresas paraestatales y empresas e instituciones del sector público o privado; participar en concursos de asignación de obra de construcción ante dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, instituciones y personas físicas y morales, sean públicas o privadas y ante entidades paraestatales”.
Pero esto no significa que Juan Camilo Mouriño y sus parientes descuiden las relaciones económicas con los gobiernos estatales, aunque actúen de manera irregular, como en el caso de la licencia para “casa habitación” que la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán (Cousey) otorgó en 2007 a la Inmobiliaria GES, con el fin de que ésta edificara un fraccionamiento llamado “plataforma logística”.
El hecho es que en el terreno de 200 mil metros cuadrados que Inmobiliaria GES compró a la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán, en 7 millones de pesos, en lugar del fraccionamiento convenido está construyendo una fábrica de torres eólicas de última generación, el llamado “negocio del futuro”.
Se trata de un área que el propio gobierno del panista Patricio Patrón Laviada quiso convertir en zona industrial, pues se encuentra ubicada cerca del puerto de altura de Progreso, de la carretera y de las vías del ferrocarril. En cuanto a los privilegios que reciben de la administración pública los negocios de la familia Mouriño, está documentado el caso de 48 empresas que, sólo en Campeche, reciben apoyos económicos gubernamentales denominados Pymes, que debieran destinarse sólo a las pequeñas y medianas empresas. Dichos apoyos los obtiene, entre otros, el consorcio Grupo Energético del Sureste, el que, además, ha incumplido sus obligaciones fiscales.
De acuerdo con los datos que aparecen en el folio mercantil número 9329, el Servicio de Administración Tributaria “trabó embargo (a GES) por un millón 295 mil 340 pesos” el 17 de diciembre de 2001, por haber faltado a sus obligaciones fiscales.
Los registros no dan cuenta del pago ni del levantamiento del embargo, pero nadie ignora que GES sigue creciendo, e inclusive Juan Camilo Mouriño recibió dividendos de la misma por 450 mil pesos en 2003, antes de donar sus seis acciones a su papá...
La indagatoria, una farsa
Jesusa Cervantes, reportera.
Jesusa Cervantes, reportera.
Revista Proceso, no, 1638, 23/03/2008;
En su intento por limpiar la imagen del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el gobierno federal incurrió en un acto “ilegal y contrario a la Constitución”, en tanto que la Cámara de Diputados vició el procedimiento “violentando el espíritu” de la Carta Magna.
Para el abogado Jaime Cárdenas Gracia, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y para el constitucionalista Elisur Arteaga, estas maniobras muestran que el objetivo de las autoridades es uno solo: exonerar al funcionario.
En entrevistas por separado, ambos critican la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), que el martes 11 inició una averiguación previa para esclarecer los hechos que involucran a Mouriño en el posible tráfico de influencias, toda vez que, dicen, fungió como proveedor del gobierno federal a la vez que se desempeñaba como servidor público.
Arteaga señala: “La PGR actúa a solicitud de Mouriño y lo hace como cómplice para exculparlo. Lo que está haciendo es violatorio de la Constitución. Se va a convertir en una instancia legitimadora de la ilegalidad de Mouriño.”
Y explica: El artículo 16 de la Carta Magna establece que debe existir una querella o denuncia para que se pueda abrir una averiguación previa, pero en este caso no la hay.
A su vez, Cárdenas sostiene que el anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese mismo martes –en el sentido de que “hará un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, el origen y la legalidad de los contratos que fueron suscritos por Pemex Refinación y por la empresa Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V.” y de la cual el aún secretario de Gobernación firmó como apoderado legal– no tiene sentido.
“Si partimos del comunicado emitido –dice– (la dependencia) va a dejar de cumplir con su función, que consiste en analizar la conducta del servidor público llamado Juan Camilo Mouriño, no la legalidad de un contrato”.
E insiste en que se debe investigar si la conducta del secretario de Gobernación viola o no la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. “Es engañoso lo que dice el comunicado, porque toda contraloría sí analiza actos jurídicos, pero lo hace en función de las conductas de los servidores públicos”, agrega.
Según Cárdenas, los procesos emprendidos por la PGR y la SFP para investigar los contratos que firmó Mouriño no son creíbles, sobre todo porque el presunto investigado no se ha separado aún de su cargo, lo que, agrega, “inhibe la actuación de ambas instancias y no hace creíbles las posibles indagatorias”.
Más: los encargados de PGR y la SFP “dependen jerárquicamente, no de manera formal pero sí políticamente, de Juan Camilo Mouriño”, explica.
Y el constitucionalista Arteaga comenta que en el caso de la PGR es todavía más grave, pues Mouriño es el jefe del Gabinete de Seguridad y el procurador Eduardo Medina Mora es su subalterno. “Aquí hay una incongruencia”, afirma.
Solapamiento de la PGR
Después de que Ana Lilia Pérez, reportera de la revista Contralínea, informó la segunda quincena de febrero sobre los ocho contratos entre Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. y Pemex Refinación (en los que Mouriño firmó como apoderado), y de que Andrés Manuel López Obrador entregó al PRD, al PT y a Convergencia “el expediente Mouriño”, el secretario de Gobernación empezó a ser cuestionado en los medios de comunicación. Incluso acudió el jueves 6 al Noticiero de Joaquín López Dóriga para sostener que los contratos que él firmó “son legales”.
Pocos le creyeron. Según una encuesta realizada por el diario Milenio el lunes 10, el 85% de los entrevistados respondió que, “legal o no, no es ético su actuar (de Mouriño)”, mientras que el 68% opinó que el funcionario “debe renunciar”.
Al día siguiente, Mouriño entregó a la PGR y a la SFP los contratos que firmó su empresa y, con una prontitud inusual, ambas instancias emitieron su respuesta. La primera informó que había abierto una averiguación previa; la segunda, que iba a empezar la investigación en torno a la legalidad de los contratos.
Cárdenas sostiene que la celeridad con que actuó la PGR la llevó a violar la Constitución y a convertir la supuesta investigación en un absurdo. “El artículo 16 de la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
E insiste: “Para iniciar una averiguación previa –como afirma la PGR– debe existir una querella o denuncia, y no hay tal.”
Entonces, dice, lo absurdo es que no hay quién denuncia ni se sabe qué se denuncia; por lo tanto la PGR no sabe qué es lo que va a investigar, no sabe qué posible conducta ilícita se le está imputando a Mouriño.
“Todo esto huele a estrategia política y no jurídica para exonerarlo y para que se diga ante la opinión pública que los contratos son legales, lo cual llevará a que no se revise el actuar de las 80 empresas que tiene (la familia Mouriño) ni los contratos que pudiera haber firmado con cualquier otra dependencia de gobierno”, asegura Cárdenas.
Y advierte que la prontitud con la que actuó la PGR y la forma procesal tan errática en que lo hizo, puede llevar a esta dependencia a determinar que como nadie presentó una denuncia el asunto se archive. También, dice, hay una violación al artículo 20 constitucional, según el cual el inculpado, en este caso el secretario de Gobernación, debe tener el derecho de audiencia y saber “el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria”.
“Aquí –dice Cárdenas– Mouriño no sabe quién lo está acusando porque no hay denunciante; entonces también se viola este precepto.”
A su vez, Elisur Arteaga sostiene que la PGR está actuando de manera ilegal, pues usurpa funciones que no le corresponden.
Según el organigrama de la PGR, el área que debe realizar la indagatoria es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), que está a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Por cierto, este funcionario fue quien, el 29 de noviembre de 2006, determinó “el no ejercicio de la acción penal” en contra de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por la denuncia sobre posible tráfico de influencias que interpuso un grupo de legisladores encabezados por el entonces diputado federal Jesús González Schmal.
Muñoz Vázquez fungía entonces como subalterno del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, quien hoy es subordinado de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación.
Los otros amigos
En el caso de la indagatoria que abrió la SFP, según su comunicado del martes 11, el propósito es “hacer un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, origen y legalidad de los contratos”.
Para Jaime Cárdenas, sin embargo, ese es un ardid y la secretaría está faltando a sus funciones, pues no sólo debe investigar si Mouriño violó las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a los funcionarios que participaron en la firma de esos contratos: desde el entonces director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio –quien hoy es senador y goza de fuero constitucional, lo cual impide someterlo a cualquier juicio– hasta Felipe Calderón, quien durante el tiempo que se firmaron los contratos era secretario de Energía y jefe de Mouriño.
Por el contrario, Arteaga afirma que si bien la SFP no falta a la ley, es poco creíble que se realice una verdadera investigación. Y explica que el titular de esta secretaría, Salvador Vega Casillas, forma parte del grupo político de Calderón-Mouriño y del presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares.
Durante la LVIII Legislatura, en la que estuvieron Calderón y Mouriño, Vega Casillas fue diputado federal, y al inicio del sexenio calderonista era subsecretario de la SFP, precisamente cuando el titular de esta dependencia era Germán Martínez.
Y si a esto se le suma que Vega Casillas es esposo de la subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Gladys López Blanco, quien se encarga de comprobar que las gasolinerías no violen la norma y vendan al consumidor “litros de a litro”, el asunto se vuelve menos creíble aún, consideran Cárdenas y Arteaga.
Su sospecha se debe a que Mouriño admite que es dueño, junto con su familia, de 80 empresas, de las cuales por lo menos 40 son gasolineras.
Mientras PGR y la SFP actuaron con prontitud para abrir una averiguación previa e investigar el caso Mouriño, la Cámara de Diputados hubo de esperar nueve días antes de constituir la comisión especial del caso. l
En su intento por limpiar la imagen del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el gobierno federal incurrió en un acto “ilegal y contrario a la Constitución”, en tanto que la Cámara de Diputados vició el procedimiento “violentando el espíritu” de la Carta Magna.
Para el abogado Jaime Cárdenas Gracia, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y para el constitucionalista Elisur Arteaga, estas maniobras muestran que el objetivo de las autoridades es uno solo: exonerar al funcionario.
En entrevistas por separado, ambos critican la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), que el martes 11 inició una averiguación previa para esclarecer los hechos que involucran a Mouriño en el posible tráfico de influencias, toda vez que, dicen, fungió como proveedor del gobierno federal a la vez que se desempeñaba como servidor público.
Arteaga señala: “La PGR actúa a solicitud de Mouriño y lo hace como cómplice para exculparlo. Lo que está haciendo es violatorio de la Constitución. Se va a convertir en una instancia legitimadora de la ilegalidad de Mouriño.”
Y explica: El artículo 16 de la Carta Magna establece que debe existir una querella o denuncia para que se pueda abrir una averiguación previa, pero en este caso no la hay.
A su vez, Cárdenas sostiene que el anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese mismo martes –en el sentido de que “hará un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, el origen y la legalidad de los contratos que fueron suscritos por Pemex Refinación y por la empresa Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V.” y de la cual el aún secretario de Gobernación firmó como apoderado legal– no tiene sentido.
“Si partimos del comunicado emitido –dice– (la dependencia) va a dejar de cumplir con su función, que consiste en analizar la conducta del servidor público llamado Juan Camilo Mouriño, no la legalidad de un contrato”.
E insiste en que se debe investigar si la conducta del secretario de Gobernación viola o no la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. “Es engañoso lo que dice el comunicado, porque toda contraloría sí analiza actos jurídicos, pero lo hace en función de las conductas de los servidores públicos”, agrega.
Según Cárdenas, los procesos emprendidos por la PGR y la SFP para investigar los contratos que firmó Mouriño no son creíbles, sobre todo porque el presunto investigado no se ha separado aún de su cargo, lo que, agrega, “inhibe la actuación de ambas instancias y no hace creíbles las posibles indagatorias”.
Más: los encargados de PGR y la SFP “dependen jerárquicamente, no de manera formal pero sí políticamente, de Juan Camilo Mouriño”, explica.
Y el constitucionalista Arteaga comenta que en el caso de la PGR es todavía más grave, pues Mouriño es el jefe del Gabinete de Seguridad y el procurador Eduardo Medina Mora es su subalterno. “Aquí hay una incongruencia”, afirma.
Solapamiento de la PGR
Después de que Ana Lilia Pérez, reportera de la revista Contralínea, informó la segunda quincena de febrero sobre los ocho contratos entre Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. y Pemex Refinación (en los que Mouriño firmó como apoderado), y de que Andrés Manuel López Obrador entregó al PRD, al PT y a Convergencia “el expediente Mouriño”, el secretario de Gobernación empezó a ser cuestionado en los medios de comunicación. Incluso acudió el jueves 6 al Noticiero de Joaquín López Dóriga para sostener que los contratos que él firmó “son legales”.
Pocos le creyeron. Según una encuesta realizada por el diario Milenio el lunes 10, el 85% de los entrevistados respondió que, “legal o no, no es ético su actuar (de Mouriño)”, mientras que el 68% opinó que el funcionario “debe renunciar”.
Al día siguiente, Mouriño entregó a la PGR y a la SFP los contratos que firmó su empresa y, con una prontitud inusual, ambas instancias emitieron su respuesta. La primera informó que había abierto una averiguación previa; la segunda, que iba a empezar la investigación en torno a la legalidad de los contratos.
Cárdenas sostiene que la celeridad con que actuó la PGR la llevó a violar la Constitución y a convertir la supuesta investigación en un absurdo. “El artículo 16 de la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
E insiste: “Para iniciar una averiguación previa –como afirma la PGR– debe existir una querella o denuncia, y no hay tal.”
Entonces, dice, lo absurdo es que no hay quién denuncia ni se sabe qué se denuncia; por lo tanto la PGR no sabe qué es lo que va a investigar, no sabe qué posible conducta ilícita se le está imputando a Mouriño.
“Todo esto huele a estrategia política y no jurídica para exonerarlo y para que se diga ante la opinión pública que los contratos son legales, lo cual llevará a que no se revise el actuar de las 80 empresas que tiene (la familia Mouriño) ni los contratos que pudiera haber firmado con cualquier otra dependencia de gobierno”, asegura Cárdenas.
Y advierte que la prontitud con la que actuó la PGR y la forma procesal tan errática en que lo hizo, puede llevar a esta dependencia a determinar que como nadie presentó una denuncia el asunto se archive. También, dice, hay una violación al artículo 20 constitucional, según el cual el inculpado, en este caso el secretario de Gobernación, debe tener el derecho de audiencia y saber “el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria”.
“Aquí –dice Cárdenas– Mouriño no sabe quién lo está acusando porque no hay denunciante; entonces también se viola este precepto.”
A su vez, Elisur Arteaga sostiene que la PGR está actuando de manera ilegal, pues usurpa funciones que no le corresponden.
Según el organigrama de la PGR, el área que debe realizar la indagatoria es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), que está a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Por cierto, este funcionario fue quien, el 29 de noviembre de 2006, determinó “el no ejercicio de la acción penal” en contra de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por la denuncia sobre posible tráfico de influencias que interpuso un grupo de legisladores encabezados por el entonces diputado federal Jesús González Schmal.
Muñoz Vázquez fungía entonces como subalterno del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, quien hoy es subordinado de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación.
Los otros amigos
En el caso de la indagatoria que abrió la SFP, según su comunicado del martes 11, el propósito es “hacer un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, origen y legalidad de los contratos”.
Para Jaime Cárdenas, sin embargo, ese es un ardid y la secretaría está faltando a sus funciones, pues no sólo debe investigar si Mouriño violó las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a los funcionarios que participaron en la firma de esos contratos: desde el entonces director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio –quien hoy es senador y goza de fuero constitucional, lo cual impide someterlo a cualquier juicio– hasta Felipe Calderón, quien durante el tiempo que se firmaron los contratos era secretario de Energía y jefe de Mouriño.
Por el contrario, Arteaga afirma que si bien la SFP no falta a la ley, es poco creíble que se realice una verdadera investigación. Y explica que el titular de esta secretaría, Salvador Vega Casillas, forma parte del grupo político de Calderón-Mouriño y del presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares.
Durante la LVIII Legislatura, en la que estuvieron Calderón y Mouriño, Vega Casillas fue diputado federal, y al inicio del sexenio calderonista era subsecretario de la SFP, precisamente cuando el titular de esta dependencia era Germán Martínez.
Y si a esto se le suma que Vega Casillas es esposo de la subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Gladys López Blanco, quien se encarga de comprobar que las gasolinerías no violen la norma y vendan al consumidor “litros de a litro”, el asunto se vuelve menos creíble aún, consideran Cárdenas y Arteaga.
Su sospecha se debe a que Mouriño admite que es dueño, junto con su familia, de 80 empresas, de las cuales por lo menos 40 son gasolineras.
Mientras PGR y la SFP actuaron con prontitud para abrir una averiguación previa e investigar el caso Mouriño, la Cámara de Diputados hubo de esperar nueve días antes de constituir la comisión especial del caso. l
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