Se retrasa la ayuda antinarco/
Homero Campa, reportero
Homero Campa, reportero
Revista Proceso, 1638, 23/03/2008;
El Congreso de Estados Unidos aún no aprueba los 500 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008, pero el gobierno mexicano ya tiene previsto cómo va a gastar otros 450 millones para 2009.
Un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores desglosa los montos de la Iniciativa Mérida para 2009, así como los cuatro rubros generales para los que serían destinados: 238 millones 306 mil dólares (52.96%) para “la cooperación antinarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza”; 158 millones 500 mil dólares (35.22%) para “seguridad pública y procuración de justicia”; 30 millones 694 mil dólares (6.82%) para “fortalecimiento de instituciones”, y 22 millones 500 mil dólares (5%) para “apoyo a programas”.
La Iniciativa Mérida prevé un presupuesto total de mil 400 millones de dólares que Estados Unidos aportaría a México en equipo, tecnología y capacitación de personal que labora en dependencias dedicadas a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Estos recursos se ejercerían durante tres años y están sujetos a la aprobación anual del Congreso de Estados Unidos.
México recibiría 500 millones de dólares en 2008. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, los incluyó en su proyecto de presupuesto de defensa que envió el año pasado al Congreso de su país, pero lo hizo bajo el rubro de “recursos suplementarios” para las operaciones militares en Irak y Afganistán (189 mil 300 millones de dólares).
El Congreso estadunidense, sin embargo, aún no aprueba la aplicación de dichos recursos. Es más, no existe un borrador de ley que incluya esa asignación presupuestal, y su eventual aprobación podría aplazarse hasta el próximo 26 de mayo, fecha en que podrían agotarse los fondos del Pentágono para cubrir los gastos en Irak y Afganistán.
Además, algunos congresistas han expresado sus reservas sobre el destino de los recursos para la Iniciativa Mérida y han advertido que pondrán condicionantes para liberarlos. Carl E. Meachan, uno de los principales asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en enero pasado (Proceso 1629) que varios congresistas pedirán al Departamento de Estado que informe con regularidad sobre “los avances” del combate de México contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Engolosinamiento
El pasado 4 de febrero el presidente Bush envió al Congreso estadunidense el presupuesto para el año fiscal 2009 (de octubre de 2008 a septiembre de 2009). En el apartado alusivo al Departamento de Estado incluyó 550 millones de dólares para la Iniciativa Mérida: 450 millones para México y 100 millones para los países de Centroamérica.
De acuerdo con el citado documento de la SRE, de ese monto total, 147 millones 550 mil dólares (32.79%) se destinarían a la Secretaría de Seguridad Pública y se distribuirían de la siguiente forma: 106 millones para adquirir helicópteros Black hawk que proporcionarán “capacidad de respuesta rápida” en “misiones antinarcóticos”; 10 millones para adquirir “aeronaves ligeras de ala fija” dedicadas a labores de “vigilancia”; 26 millones para equipo de rayos gamma; 4 millones 800 mil dólares para instalar rayos X en camionetas de la policía, y 750 mil dólares para crear 90 equipos de “manejadores” de perros especializados en la detección de drogas.
La Secretaría de la Defensa Nacional –que en 2008 absorbió la mayoría del presupuesto de la Iniciativa Mérida debido a que le fueron destinados ocho helicópteros Bell 412 EP–, en esta ocasión sólo se le otorgarían “aparatos móviles de rayos gamma para inspección no invasiva”, que costarían 20 millones 200 mil dólares.
A la Secretaría de Marina se le dotaría de “aeronaves de vigilancia marítima” con un costo de 100 millones de dólares (22% del total).
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) absorbería 8 millones 864 mil dólares. De esta suma, 3 millones están etiquetados como “entrenamiento antiterrorista”. Al respecto, el documento precisa: “equipo de contrainteligencia (cámaras, monitores, detectores) para el proyecto de entrenamiento antiterrorista”.
Además, el Cisen dispondría de 1 millón 350 mil dólares para “equipo que se instalará en salas de entrevistas tácticas, así como equipo pericial de análisis para computadoras y de análisis de datos”; además de 1 millón 514 mil dólares para adquirir “equipo especializado en el manejo y desactivación de explosivos” y 3 millones para “programas de análisis de datos” por computadora.
Equipo de rayos gamma, así como “perros entrenados para la intercepción” de drogas y explosivos, con costo de 38 millones 400 mil dólares, serían transferidos al Sistema de Administración de Aduanas.
El documento prevé 60 millones 470 mil dólares para el Instituto Nacional de Migración. Más de la mitad de este dinero (39 millones 535 mil dólares) serían utilizada para “ampliar y modernizar la base de datos del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM)”.
También prevé 5 millones 872 mil dólares para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales se utilizarían en “infraestructura de seguridad que monitoree las actividades en centros de distribución del Servicio Postal Mexicano”, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, y en el reforzamiento de la “capacidad de seguimiento satelital del transporte de distribución postal”.
Según el documento, para la Procuraduría General de la República (PGR) estaría destinada la mayor parte de los 30 millones 694 mil dólares etiquetados como “fortalecimiento de instituciones y procuración de justicia”. Destacan las siguientes áreas: “modernización de laboratorios periciales federales, particularmente en balística, análisis químico-biológico y cibernético” (8 millones 529 mil dólares); apoyo a “los esfuerzos previos de digitalización de las labores de los ministerios públicos, instalando el sistema de administración de casos en toda la PGR” (7 millones 600 mil dólares); equipo, asistencia técnica y entrenamiento para modernizar el sistema penitenciario federal, así como para la “preservación de evidencia”, “desarrollo de la ‘cadena de custodia’” y “promoción del fortalecimiento de instituciones y el estado de derecho” (5 millones 500 mil dólares).
Pero toda esa distribución detallada de recursos tendría que esperar a que el Congreso de Estados Unidos apruebe sin modificación alguna el proyecto de presupuesto para 2009 que le envió Bush.
El documento de la SRE lo reconoce: “Por lo que se refiere al presupuesto para el año fiscal 2009, que incluye el segundo tramo de transferencias para la Iniciativa Mérida, no se espera que el Congreso de Estados Unidos actúe antes de las elecciones de noviembre (en ese país). Es decir, tocará a la próxima legislatura confirmar la instrumentación del segundo tramo de la Iniciativa Mérida hacia principios del próximo año (2009)”.
Un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores desglosa los montos de la Iniciativa Mérida para 2009, así como los cuatro rubros generales para los que serían destinados: 238 millones 306 mil dólares (52.96%) para “la cooperación antinarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza”; 158 millones 500 mil dólares (35.22%) para “seguridad pública y procuración de justicia”; 30 millones 694 mil dólares (6.82%) para “fortalecimiento de instituciones”, y 22 millones 500 mil dólares (5%) para “apoyo a programas”.
La Iniciativa Mérida prevé un presupuesto total de mil 400 millones de dólares que Estados Unidos aportaría a México en equipo, tecnología y capacitación de personal que labora en dependencias dedicadas a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Estos recursos se ejercerían durante tres años y están sujetos a la aprobación anual del Congreso de Estados Unidos.
México recibiría 500 millones de dólares en 2008. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, los incluyó en su proyecto de presupuesto de defensa que envió el año pasado al Congreso de su país, pero lo hizo bajo el rubro de “recursos suplementarios” para las operaciones militares en Irak y Afganistán (189 mil 300 millones de dólares).
El Congreso estadunidense, sin embargo, aún no aprueba la aplicación de dichos recursos. Es más, no existe un borrador de ley que incluya esa asignación presupuestal, y su eventual aprobación podría aplazarse hasta el próximo 26 de mayo, fecha en que podrían agotarse los fondos del Pentágono para cubrir los gastos en Irak y Afganistán.
Además, algunos congresistas han expresado sus reservas sobre el destino de los recursos para la Iniciativa Mérida y han advertido que pondrán condicionantes para liberarlos. Carl E. Meachan, uno de los principales asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en enero pasado (Proceso 1629) que varios congresistas pedirán al Departamento de Estado que informe con regularidad sobre “los avances” del combate de México contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Engolosinamiento
El pasado 4 de febrero el presidente Bush envió al Congreso estadunidense el presupuesto para el año fiscal 2009 (de octubre de 2008 a septiembre de 2009). En el apartado alusivo al Departamento de Estado incluyó 550 millones de dólares para la Iniciativa Mérida: 450 millones para México y 100 millones para los países de Centroamérica.
De acuerdo con el citado documento de la SRE, de ese monto total, 147 millones 550 mil dólares (32.79%) se destinarían a la Secretaría de Seguridad Pública y se distribuirían de la siguiente forma: 106 millones para adquirir helicópteros Black hawk que proporcionarán “capacidad de respuesta rápida” en “misiones antinarcóticos”; 10 millones para adquirir “aeronaves ligeras de ala fija” dedicadas a labores de “vigilancia”; 26 millones para equipo de rayos gamma; 4 millones 800 mil dólares para instalar rayos X en camionetas de la policía, y 750 mil dólares para crear 90 equipos de “manejadores” de perros especializados en la detección de drogas.
La Secretaría de la Defensa Nacional –que en 2008 absorbió la mayoría del presupuesto de la Iniciativa Mérida debido a que le fueron destinados ocho helicópteros Bell 412 EP–, en esta ocasión sólo se le otorgarían “aparatos móviles de rayos gamma para inspección no invasiva”, que costarían 20 millones 200 mil dólares.
A la Secretaría de Marina se le dotaría de “aeronaves de vigilancia marítima” con un costo de 100 millones de dólares (22% del total).
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) absorbería 8 millones 864 mil dólares. De esta suma, 3 millones están etiquetados como “entrenamiento antiterrorista”. Al respecto, el documento precisa: “equipo de contrainteligencia (cámaras, monitores, detectores) para el proyecto de entrenamiento antiterrorista”.
Además, el Cisen dispondría de 1 millón 350 mil dólares para “equipo que se instalará en salas de entrevistas tácticas, así como equipo pericial de análisis para computadoras y de análisis de datos”; además de 1 millón 514 mil dólares para adquirir “equipo especializado en el manejo y desactivación de explosivos” y 3 millones para “programas de análisis de datos” por computadora.
Equipo de rayos gamma, así como “perros entrenados para la intercepción” de drogas y explosivos, con costo de 38 millones 400 mil dólares, serían transferidos al Sistema de Administración de Aduanas.
El documento prevé 60 millones 470 mil dólares para el Instituto Nacional de Migración. Más de la mitad de este dinero (39 millones 535 mil dólares) serían utilizada para “ampliar y modernizar la base de datos del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM)”.
También prevé 5 millones 872 mil dólares para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales se utilizarían en “infraestructura de seguridad que monitoree las actividades en centros de distribución del Servicio Postal Mexicano”, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, y en el reforzamiento de la “capacidad de seguimiento satelital del transporte de distribución postal”.
Según el documento, para la Procuraduría General de la República (PGR) estaría destinada la mayor parte de los 30 millones 694 mil dólares etiquetados como “fortalecimiento de instituciones y procuración de justicia”. Destacan las siguientes áreas: “modernización de laboratorios periciales federales, particularmente en balística, análisis químico-biológico y cibernético” (8 millones 529 mil dólares); apoyo a “los esfuerzos previos de digitalización de las labores de los ministerios públicos, instalando el sistema de administración de casos en toda la PGR” (7 millones 600 mil dólares); equipo, asistencia técnica y entrenamiento para modernizar el sistema penitenciario federal, así como para la “preservación de evidencia”, “desarrollo de la ‘cadena de custodia’” y “promoción del fortalecimiento de instituciones y el estado de derecho” (5 millones 500 mil dólares).
Pero toda esa distribución detallada de recursos tendría que esperar a que el Congreso de Estados Unidos apruebe sin modificación alguna el proyecto de presupuesto para 2009 que le envió Bush.
El documento de la SRE lo reconoce: “Por lo que se refiere al presupuesto para el año fiscal 2009, que incluye el segundo tramo de transferencias para la Iniciativa Mérida, no se espera que el Congreso de Estados Unidos actúe antes de las elecciones de noviembre (en ese país). Es decir, tocará a la próxima legislatura confirmar la instrumentación del segundo tramo de la Iniciativa Mérida hacia principios del próximo año (2009)”.
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