Debate en San Lázaro; Ley del Sistema Penitenciario

Sesión plenaria en la Cámara de Diputados, martes 17 de abril de 2012

Por fin –muchos meses después- , este martes 17 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 311 votos - 12 en contra y 5 abstenciones-, el dictamen que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
No hubo ningún debate, sólo los posicionamientos de los legisladores de todos los partidos. El único que hablo en contra fue el Diputado Fernández Noroña; el diputado del PRD Arturo Santana Alfaro manifestó de las "sensibilidad" que tuvieron los presidentes de las comisiones ya que "tomaron en consideración las observaciones que el Partido de la Revolución Democrática hizo en relación a la construcción de este importante dictamen..."
La minuta fue enviada al Senado de la República, para sus efectos constitucionales; llegará al pleno mañana jueves 19 de abril, de ahí será turnada a comisiones y después –antes del 30 de abril, deberá convertirse en ley si no le hacen observaciones

La votación quedo de la siguiente manera: de los 312 votos; 149 fueron del PRI, 96 del PAN; 42 de PRD; 17 de PVEM; 4 del PT-; 3 del PANAl, y uno del Movimiento Ciudadano (Convergencia):
En contra: doce votos: 7 del PRD:
1: César Francisco Burelo Burelo
2:Victor Manuel Castro Cosío
3: Teresa Incháustegui Romero
4: Ramón Jiménez López
5:Rodolfo Lara Lagunas
6:Florentina Rosario Morales, y
7: Riogoberto Salgado Vázquez
Y cinco del Partido del Trabajo:
1: Laura Itzel Castillo Juárez
2: Mario Di Costanzo Armenta
3: Herón Agustín Escobar García
4: José Fernández Noroña, y
5: Teresa Guadalupe Reyes Sahagun
Abstenciones; 4; uno del PRI; Felipe Solís Acero; dos del PRD; Agustín Guerrero y Avelino Méndez Rangel; y uno del PT Salvador Caro Cabrera.
Presidió el diputado Guadalupe Acosta Naranjo  (PRD) y Bonifacio Herrera Rivera (PAN).
Este fueron los posicionamientos (textual).
1.- Humberto Benítez Treviño (PRI), presidente de la Comisión de Justicia fundamentó el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas, compañeros diputados: a nombre de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Seguridad Pública, someto a consideración de todos ustedes el presente dictamen para expedir la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, y para adicionar el artículo 50 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En síntesis este dictamen establece un nuevo paradigma en el Sistema Penitenciario Mexicano. Tenemos que partir de la premisa de que el Sistema Penitenciario Mexicano es un fracaso, en los 431 establecimientos que hay en el país priva la corrupción, priva la desorganización, priva la falta de clasificación de los internos, y en algunos ominosamente tenemos gobiernos paralelos de los delincuentes que están privados de su libertad.

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 ordena un nuevo sistema en materia penal para establecer el sistema acusatorio oral, contradictorio y adversarial. Establece que de los 230 mil internos que hay en el país, el 5 por ciento son mujeres, el 20 por ciento pertenecen a la competencia federal, y el 75 por ciento al fuero común. Establece que las mujeres deben de estar separadas de los hombres y se encuentran juntos, compañeros.

Que los adolescentes deben de estar separados de los adultos y se encuentran juntos en universidades del crimen. Establece que los procesados deben de estar separados de los sentenciados y están juntos, que debe haber establecimientos especializados para la delincuencia organizada y están juntos.

Por eso, compañeros, la reforma a la que hoy me refiero, la nueva Ley del Sistema Penitenciario, constituye un gran avance para este país. Estamos dotando al gobierno de la república de instrumentos adecuados para que verdaderamente la reinserción social, que es un mito el día de hoy, se convierta en una realidad.

La nueva ley establece cinco ejes rectores para la reinserción social. El trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte.

Pero poco podemos hacer cuando tenemos un 30 por ciento de sobrepoblación en los penales del país. Poco podemos hacer cuando las aulas están convertidas en dormitorios, cuando los talleres están convertidos en dormitorios, cuando no hay centros de salud al interior de los establecimientos. Una bondad más, compañeros, de la nueva ley federal que hoy se somete a su consideración. Establece la figura de jueces ejecutores de sanciones.

Por eso la reforma al artículo 50 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le dota al Ejecutivo de la administración de los establecimientos penitenciarios, pero solamente son los jueces porque así lo establece el mandato constitucional quienes evalúan duración, disminución o concesión de beneficios para las sentencias de los internos. Por eso les pido su voto aprobatorio para este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

2.- José Luis Ovando Patrón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública (PAN):

Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores, el dictamen que hoy se somete a su consideración tiene como propósito ser inicio de una nueva era en el sistema de justicia penal mexicano, específicamente en aquello que se refiere al sistema penitenciario y de ejecución de sanciones.

Una de las principales deficiencias de las cárceles de nuestro país es su situación de sobrepoblación. Tan sólo en el año 2007 la población de internos en cárceles federales alcanzaba los 3 mil internos, cuatro años después hay 12 mil 450 sólo en centros controlados por el gobierno central, lo que supone un incremento de 345 por ciento.

El déficit de plazas penitenciarias se extiende a las más de 400 cárceles que operan en el país, los municipios y sobre todo las entidades. El promedio de ocupación carcelaria en México es de 137 por ciento. Estos niveles se consideran como violaciones a los derechos humanos y afectan sobre todo a quienes se encuentran en prisión preventiva.

En la actualidad, los jueces están mandando a prisión a ladrones de poca monta, como se dice, no a grandes criminales, de manera que gran parte de la población reclusa hasta en un casi 50 por ciento, está compuesta por detenidos a la espera de resolverse sus cuentas frente a la justicia.

La actual política penitenciaria debe de ser atendida, debe de ser modificada y debe de ser replanteada. Por lo tanto, los integrantes de las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Justicia planteamos ante ustedes un dictamen que lleva varios meses trabajándose, el cual contempla diversas iniciativas presentadas por diversos partidos políticos, compañeras, compañeros legisladores e incluso el Poder Ejecutivo federal.

Debo compartirles que uno de los aspectos que más vale recalcar de esta nueva ley es el trabajo de un amplio consenso, de un amplio esfuerzo para incluir todas estas iniciativas en un solo dictamen que hoy ponemos a consideración, que además de ser ampliamente debatido y discutido en las comisiones unidas, y que repito, contempla iniciativas de diversos grupos parlamentarios y del Poder Ejecutivo federal, fue aprobado en el seno del trabajo de comisiones unidas por unanimidad de los grupos ahí representados.

Uno de los aspectos más importantes que se atienden en esta nueva ley es el de hacer realidad la reinserción social. Hoy en día sabemos, reconocemos que la principal problemática en el sistema penitenciario de nuestro país es la falta de un esquema de control para poder brindar las condiciones suficientes para que cuando un ciudadano incurrió en un delito, este ciudadano tenga la real posibilidad de ser reinsertado en la sociedad y con ello poder pagar su pena y ser un ciudadano normal, un ciudadano de bien.

Quiero destacar de esta iniciativa, que se establecen los lineamientos para que sean evaluados los internos de manera objetiva mediante la utilización de valoraciones técnicas por los especialistas en las áreas de salud mental, médica, educativa y laboral, y para con ello revisar su comportamiento y poder revisar también la compurgación de su pena.

Se contempla también en esta iniciativa, en esta nueva ley, la clara separación, la diferenciación de los reos por el nivel de peligrosidad. No queremos ya más mezclas de reos que están por un robo pequeño con violencia, sentados, viviendo junto a un violador, viviendo con secuestradores o con asesinos. Necesitamos nosotros lograr presentar las condiciones, para que esto sea atendible y remediable.

Por último, es importante plantear, y por eso les solicitamos su voto a favor de este dictamen, que este dictamen sentará las bases para que las entidades puedan también modificar su sistema penitenciario local y con ello podamos remediar una problemática que se vive a nivel nacional y entonces les estemos dando a los ciudadanos certeza de que quienes están en las cárceles son quienes deben estar y que además están bajo las condiciones de seguridad, para la comunidad, para nuestra vida en sociedad.

Y por último, que además les estamos entregando también las condiciones para reinsertarse, si así es su esfuerzo y el Estado en ello los acompañe.

Por lo tanto, les pedimos su voto a favor de este dictamen y con ello estaremos cumpliendo un gran pendiente de la reforma constitucional en seguridad y justicia de 2008, que tenemos todavía que cumplirles a los ciudadanos. Gracias, diputado presidente. Gracias, compañeros legisladores.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor diputado. Está a discusión en lo general y para tal efecto se concede la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Laura Arizmendi Campos, para fijar postura por parte del Partido Movimiento Ciudadano.

3.- Laura Arizmendi Campos (MC): Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, uno de los aspectos más olvidados por las políticas públicas y por los ordenamientos jurídicos lo constituye la readaptación social de sentenciados, de ahí la importancia de la ley que este día se somete a la votación de esta soberanía.

Durante muchos años, la función penitenciaria y la ejecución de la pena estuvieron aisladas de los cambios democráticos que han transformado a nuestras instituciones públicas. El último cambio profundo y significativo se realizó en 1971, con la publicación de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, cambio que desafortunadamente nunca concretó en los resultados esperados.

Derivado de estas problemáticas, desde principios de esta Legislatura surgió entre diputadas y diputados de las diversas fuerzas políticas, representadas en esta soberanía, la necesidad de impulsar reformas para impulsar el desarrollo de los centros penitenciarios, señalando las competencias, obligaciones y atribuciones en la atención del sector de la población, recluidos en centros de readaptación social.

En la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones; y la adición al artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se retoma la iniciativa que expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, cuyo objeto es garantizar la necesidad de formular un cambio al paradigma de seguridad y justicia que ha imperado en nuestro país.

La ley corrige la experiencia negativa de un sistema que deja muchas lagunas a la discrecionalidad y a la interpretación, más que al análisis científico y, por lo tanto, no cumple con su tarea de redimir al sentenciado y prepararlo para enfrentar la excarcelación.

Las libertades anticipadas en sus diversas modalidades, entre ellas, la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y los tratamientos pre liberatorios deberán otorgarse puntualmente.

En ese aspecto no debe caber la discrecionalidad de las autoridades sino que debe cumplirse con el proceso de plena readaptación social que integre a los sentenciados a la sociedad, una vez que obtengan su libertad, en el aspecto tanto productivo como en el núcleo familiar.

Por ello, el dictamen en comento tiene como finalidad crear condiciones carcelarias más humanas, que tengan como base la reparación del daño a través del trabajo comunitario y productivo, así como la responsabilidad de capacitar y educar al sentenciado para que obtenga o incremente sus conocimientos, genere ingresos con su trabajo y pueda ser reintegrado a la sociedad, después de cubrir a la víctima el monto de los daños causados con su conducta.

La discusión del dictamen nos mete de lleno, una vez más, en la cuestión de impulsar una reforma integral en materia de seguridad y justicia, como la que presentó movimiento ciudadano al inicio de esta Legislatura, que incluía diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social. La Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados. La Ley de Justicia Cívica, el Código Penal Único, el Código de Procedimientos Penales Único y diversas disposiciones de las Leyes Federales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Nosotros, en Movimiento Ciudadano apoyamos y celebramos que se hagan estas iniciativas y se dictaminen favorablemente, porque es parte de nuestra esencia. Lo hemos comentado, lo hemos puesto en público por mucho tiempo, desde el inicio de esta Legislatura y nos congratulamos de que ahora se haga esta reforma. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Bonifiacio Herrera Rivera: Gracias, diputada. Para fijar postura tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

4. - Pedro Vázquez González (PT): Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en relación con el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sentencias y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en Materia de Ejecución de Sentencias, me permito, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo formular los siguientes comentarios.

El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario oficial de la Federación el decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando, para el tema que nos ocupa, la reforma al artículo 18 en su segundo párrafo, y el tercer párrafo del artículo 21.

Más aún, el artículo transitorio quinto del decreto de reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 estableció que el nuevo sistema de reinserción entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que se pueda acceder al plazo de tres años. A la fecha esta soberanía lleva nueve meses de retraso en la expedición de dicha ley.

El presente dictamen por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones tiene su fundamento en los artículos constitucionales ya citados, al igual que el transitorio quinto.

El propósito central del dictamen en discusión es establecer un sistema penitenciario, en el que se puedan cumplir las finalidades que la Constitución establece para reinsertar al delincuente a la sociedad y evitar que reincida en sus conductas contrarias a la sociedad.

El propósito de lograr la reinserción será a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, así como el respeto a los derechos humanos. En tal virtud esta nueva ley establece todo lo correspondiente al manejo de los penales federales, así como los principios fundamentales que regirán el sistema penitenciario con sujeción a lo que la propia Constitución establece.

Por primera vez un juez denominado de ejecución es al que le corresponde entre otras cosas ser el responsable del cómputo de la duración de las penas o su modificación. Debemos destacar la importancia de la existencia de este juez, integrante del Poder Judicial de la Federación, que va a sustituir a las autoridades administrativas que se encargan hasta la fecha de esta importante tarea.

Podemos establecer una saludable división de funciones en esta materia, por un lado al órgano jurisdiccional imponer las penas, al juez de control manejar lo correspondiente a la modificación de las mismas y a las autoridades administrativas encargarse de la administración y funcionamiento de los centros penitenciarios.

Nos parece muy acertado el contenido del artículo 5o., que establece que los servicios de seguridad, administración, dirección y de más, que correspondan prestar a la secretaría de los complejos centros e instalaciones penitenciarias, no podrán ser subrogadas en forma alguna. Éste es un aspecto que lo compartimos y lo apoyamos en sus términos.

Sin embargo, con el propósito de impedir que particulares pudieran participar en funciones del manejo penitenciario, propusimos solamente que los asuntos relacionados con la alimentación y vestimenta de los internos pudieran ser contratados hacia particulares.

Con excepción de estos dos temas no habrá mayor intervención de particulares en las cárceles federales, por desgracia en muchos penales a lo largo y ancho del país permea la corrupción y los directores y custodios de dichos centros son más bien empleados de la delincuencia.

Los centros federales en mayor o menor medida no están exentos de esta situación. La fuga del Chapo Guamán del penal de Puente Grande es prueba fehaciente de ello. Con esta nueva ley se tendrá que eliminar el autogobierno de los penales y que las autoridades federales ejerzan las atribuciones que esta nueva ley les está otorgando.

De igual forma nos parece conveniente la clasificación o características que se hacen de lo complejos y centros penitenciarios, dado que no es conveniente mantener reunidos a reos de baja peligrosidad con los reos peligrosos o de la delincuencia organizada.

Para concluir, queremos insistir en que estamos de acuerdo en que la educación y el trabajo son aspectos fundamentales para lograr la reinserción de las personas en sociedad, al igual que la salud, que tienen que ser debidamente proporcionados a todos los internos.

Por tanto, coincidimos en lo general con la propuesta contenida en el presente dictamen y no podemos pasar por alto que el Sistema Penitenciario es la respuesta que el Estado pretende brindar a la sociedad para garantizar que los delincuentes purgarán sus condenas en las cárceles; pero para ello hay que abatir los altos niveles de impunidad de los que goza la delincuencia. Es cuanto, señor presidente; por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor diputado. Para fijar la postura del Partido Verde, se le concede la palabra a la diputada Adriana Sarur Torre, hasta por cinco minutos.

5.- Adriana Sarur Torre (PVEM): Con su venia, diputado presidente. El México de hoy nos reclama mayor seguridad para sus ciudadanos. El México de hoy nos exige acabar con la impunidad y con la corrupción que amenaza el presente y el futuro de todos los mexicanos.

El ocio, la corrupción, el autogobierno, la violencia, la insalubridad, la venta de drogas, la prostitución, la trata de personas, son los vivos ejemplos que imperan en nuestros corruptos e ineficaces sistemas penitenciarios.

Cada día que pasa es una estocada a nuestro sistema de justicia, si no hemos avanzado aún en la reforma al Sistema Penitenciario de nuestro país. Cada hora parece una sentencia por la que México no podrá alcanzar nunca la paz y la seguridad deseada, si no contamos con una ley eficaz para someter a las prisiones al imperio de la ley.

Cada motín es un paso lento hacia la muerte, así como cada minuto que pasa un inocente en la cárcel, es una duda a nuestro sistema de justicia y una deuda de la sociedad con la reinserción social del individuo.

Del futuro y presente de las instituciones, de eso se trata la reforma a la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones que hoy votaremos.

Hoy, el Congreso debe decidir por aprobar una reforma que representa una oportunidad de vida que transformará la dimensión de la seguridad pública en México y que generará por primera vez en su historia un nuevo esquema legal que suma al Poder Judicial de la Federación para que, a través de jueces especializados, se determinen las penas y se adopte un esquema acorde con el nuevo sistema acusatorio.

Hay que estar frente a un muro para entender que la prisión no es sólo una especie de depósito de criminales. Es necesario reconocer que las prisiones son también un instrumento de transformación de la reinserción social del individuo.

Soluciones definitivas es lo que aporta este dictamen, un órgano de administración y seguridad penitenciaria federal, capaz de dirigir y operar los centros e instalaciones penitenciarias para que no haya más fugas ni motines en las prisiones; un programa de reinserción diseñado al amparo de una serie de estrategia que terminen con la ociosidad y los vicios en las prisiones, una atención técnica interdisciplinaria que aplique correctivos y que sea capaz de evitar la profesionalización de las conductas delictivas.

Con esta Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, damos paso a la auténtica reinserción social del individuo y ponemos el acento a una nueva figura: el juez de ejecución, el cual deberá decidir sobre las penas y medidas de seguridad, siempre bajo la más estricta aplicación del principio de legalidad.

Esta nueva Ley del Sistema... prevé el diseño de una infraestructura y tecnologías penitenciarias acode con los niveles de seguridad y custodia que permitirán resguardar, proteger y asistir al individuo privado de la libertad.

Esta ley vislumbra el nuevo papel de los juzgadores para procurar la reparación del daño en las victimas a través del juez de ejecución.

Por primera vez se regula el tema de mujeres en reclusión, garantizándoles instalaciones adecuadas a su género y trato digno.

Se establece la creación de los servicios coordinados de salud y medicina penitenciaria para garantizar el bienestar de los internos, sin vulnerar la seguridad y orden de los centros penitenciarios.

Para mayor seguridad se crean los penales de máxima seguridad, se crea el Sistema de Información Penitenciaria, se establecen niveles de seguridad, custodia y de intervención; se regulan los traslados nacionales e internacionales de internos.

Pensando en las víctimas, se les otorga facultad para inconformarse ante la concesión de algún beneficio preliberacional.

Sin duda esta reforma que impulsó el Partido Verde es una reforma que transforma la vida que se vive en el infierno de las prisiones. Es una reforma que logrará que la gente que está en la cárcel, la que hoy no conoce la esperanza ni la razón bajo un sistema que debe transformarse, sepa hoy que erigimos un sistema carcelario con rostro humano, con respeto a los derechos humanos, con opciones de libertad, con derechos y oportunidades verdaderas de reinserción social.

De eso se trata esta Ley Federal del Sistema Penitenciario. Es una reforma que por primera vez establece la profesionalización penitenciaria, establece mecanismos para la reubicación de los centros penitenciarios estatales al prohibir que internos federales sean trasladados a dichos centros.

Compañeros diputados, este dictamen regula por primera vez el sistema penitenciario nacional, respetando la dignidad, las garantías individuales y derechos humanos de los procesados, sentenciados y preliberados.

Este dictamen permitirá garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los complejos y centros penitenciarios federales, bajo una administración eficiente, transparente y coordinada de todas las autoridades.

Por lo anterior, invito a todas las fracciones políticas en esta Cámara, para que votemos a favor de este dictamen y demos un paso más en la ruta de reinserción social y prevención del delito en México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, para fijar la postura por parte del PRD.

6. - Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD): Con su permiso diputado presidente. Compañeras y Compañeros diputados: el presente dictamen es una de las reformas más importantes de los últimos años en materia penitenciaria.

Desde 1971, año en que se expidió la Ley de Normas Mínimas, no se ha emitido ordenamiento alguno que pretenda transformar radicalmente el sistema penitenciario en nuestro país el cual, como todos sabemos, se encuentra colapsado y presenta en varios de los centros de reclusión una situación de sobrepoblación y de autogobierno.

De aprobarse este dictamen, se modificarían sustancialmente las fallas estructurales que prevalecen en los 431 establecimientos penitenciarios que hay en nuestro país, donde no existe una clasificación correcta de las personas que se encuentran ahí recluidas y los procesados conviven con sentenciados de diferentes niveles de peligrosidad, así como con mujeres, niñas y niños.

Esto es así porque el espacio es insuficiente para llevar a cabo su clasificación, lo que trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de organizaciones nuevas para delinquir al interior de los propios centros penitenciarios.

A ello habrá que agregar que algunos internos gozan de privilegios y tratos especiales como son el acceso a estancias amplias y la posesión de teléfonos celulares y armas para cometer delitos. Motines, evasión de reos, corrupción, tráfico de drogas, posesión de armas, hacinamiento, mal estado de las instalaciones, deficiencia en la alimentación, entre otras fallas, demuestran el colapsado sistema penitenciario de nuestro país e impiden la reinserción social de los reclusos.

En los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contenidos en la recomendación general número 18 sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la república mexicana se encuentra que la población penitenciaria del país asciende a alrededor de 224 mil 749 internos; sin embargo, los 431 centros penitenciarios existentes tienen una capacidad para albergar a cerca de 173 mil, por lo que la sobrepoblación es de 51 mil 689 internos, lo que representa el 29.86 por ciento.

De ahí la importancia de este dictamen, el cual propone establecer un nuevo sistema penitenciario que mandata la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, limitando las facultades del Poder Ejecutivo únicamente a la organización de las prisiones y otorgando nuevas atribuciones al Poder Judicial para ejecutar las sentencias mediante los denominados jueces de ejecución, así como un nuevo sistema de reinserción social a través de programas y tratamientos con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Es mediante esta división que se le dotará a cada ámbito de poder lo que le corresponde. Al Ejecutivo la administración de las prisiones y al Poder Judicial la de ejecutar las sentencias con garantías del debido proceso para el sentenciado, lo que implica salvaguardar los derechos humanos de los internos y corregir los abusos que hasta ahora se vienen cometiendo.

Asimismo, este dictamen establece las obligaciones y derechos de los internos procesados y sentenciados, regula el tema de las mujeres en reclusión y la permanencia con sus hijos durante las etapas postnatal y de lactancia hasta que la niña o el niño hayan cumplido los seis años de edad.

Contempla, además, la carrera penitenciaria como un sistema obligatorio y permanente conforme al cual el personal penitenciario será sujeto a procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, promoción, conocimiento y certificación.

Se establece un régimen disciplinario que aplicará las sanciones en el caso de incumplimiento al catálogo de deberes al personal penitenciario, que será sustanciado por un consejo de desarrollo penitenciario. Parte importante de esta reforma es que el Sistema Penitenciario contará con una plataforma tecnológica de información y seguridad, como instrumento para el registro y procesamiento de los datos que genere, así como para la ejecución de los mecanismos de control.

Contiene un programa de industria penitenciaria, que permite por una parte que el interno obtenga un empleo para reparar el daño causado a la sociedad, contribuya a su manutención, la de su familia y le permita generar un ahorro personal que facilite su reinserción a la comunidad.

Como observamos es una ley que fue realizada por el consenso de todos los grupos parlamentarios, donde el Partido de la Revolución Democrática comprometido con las demandas de esta sociedad y cumpliendo con uno de sus compromisos en su agenda es que propuso también una ley y es ésta que está contenida en estas reformas que estamos planteando, por lo que les solicito a todas y a todos, y especialmente a quien está gritando, que por favor emita su voto a favor y que así cumpla con su labor legislativa.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Para fijar la postura del Partido Acción Nacional en este dictamen, se le concede la palabra hasta por cinco minutos, al compañero Camilo Ramírez Puente.

7. - Camilo Ramírez Puente (PAN): Con su venia, señor presidente. Con el permiso de ustedes, compañeros diputados, compañeras diputadas. Efectivamente, diputada Dolores Nazares, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincide completamente con lo expuesto, tal y como fue también establecido en el seno de las Comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.

El tema que el día de hoy tocamos creo que no tiene la más mínima duda de lo consecuentes que debemos de ser con la reforma dada en junio de 2008 precisamente a nuestra Constitución federal.

El establecimiento de una ley que cree precisamente el Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones no es tan solo necesario, es imprescindible, a todos y a todas nos consta la grave deficiencia de nuestro sistema de administración penitenciaria que no existe actualmente en México.

Creo que ésta es una deuda que el día de hoy saldaremos como Cámara de Diputados. El día de hoy –porque estoy seguro todos la vamos a aprobar– tenemos ante sí la oportunidad de crear precisamente el juez de ejecución de sanciones. ¿Y qué significa esto? Significa verdaderamente profesionalizar el sistema penitenciario, el sistema carcelario.

No es una reforma simple y llana la que vamos a hacer a una disposición de este tipo administrativa. Vamos, precisamente, a establecer en la figura de los jueces, precisamente, que lleven a cabo esta tarea no tan solo con honestidad, sino con profesionalismo.

Que quede atrás la venta de toda la administración penitenciaria como en la mayor de las veces se ha venido haciendo en nuestro país en todas y cada una de las cárceles que tenemos.

Y donde tal y como lo mencionaba hace un momento el diputado Humberto Benítez Treviño, así como José Luis Ovando, verdaderamente el trabajo que se ha venido a hacer es en conciencia. Verdaderamente establecer, casuísticamente, el cómo vamos a llevar esta reforma a cabo.

Quiero ser claro, a los escépticos, que los hay, y con justa razón, éste es un avance. Esta ley es de avanzada, no la tenemos. Y propugnarla es precisamente para iniciar algo a lo que no le hemos dado solución.

Estoy convencido de que con ella vamos a lograr avanzar. No con la rapidez que todos quisiéramos, pero volvemos al camino que hemos dicho. Vamos a tocar el tema y vamos a trabajar sobre él, y estoy seguro que así vamos a construir hacia el futuro.

De lo que sí estamos convencidos en Acción Nacional es que esta ley viene a poner fin a ése desorden que existe actualmente en el sistema carcelario en nuestro país, donde ni existe administración ni existe supervisión y menos vigilancia.

Esto viene a ser verdaderamente una tarea que tenemos nosotros que darle, el beneficio de la duda en este momento, pero sí tenemos que ser claros. Como sociedad tenemos que estar obligadamente al pendiente de que las autoridades a las que se les dan estas facultades cumplan con ello, y si no lo hacen denunciarlas, porque volvemos a lo mismo. No estamos ya en México para seguir creando legislaciones que sean exclusivamente vigentes, pero no positivas, es decir que existan, pero que no se apliquen.

Eso debe de exigirlo toda la sociedad, no tan solo esta Cámara. Esperamos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional el voto a favor, y antes de que me silben, gracias a todos.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Flores Rico, para fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional.

7.- Carlos Flores Rico (PRI): Gracias, señor presidente. Estimadas y estimados compañeros diputados, el día de hoy asistimos a una de estas cosas satisfactorias que mucho honran al Poder Legislativo; hoy vamos a llevar a la realidad un sueño de reforma que viene a ser fundamental para más de 229 mil mexicanos que están recluidos en 431 centros a lo largo de todo el país.

Fíjense ustedes lo triste de esta situación que hoy puede tener un destino diferente. De los 229 mil internos que tiene el sistema penitenciario mexicano, hay 100 mil que no tienen sentencia, que están ahí en prisión preventiva esperando si son culpables o no lo son, pero que están purgando penas ahí como lo están haciendo otros afuera con penas alternativas o con formas diferentes de cumplir su responsabilidad con la sociedad.

La reforma del día de hoy, esta nueva ley permite renovar, darle una nueva visión, un nuevo concepto al sistema penitenciario mexicano y le da al cumplimiento a la rendición de cuentas de quien incumplió con la sociedad, una manera digna de hacerlo sin perjuicio de sus derechos fundamentales y de la calidad humanitaria que deben tener.

Hoy se establece, por ejemplo, la traslación de atribuciones que actualmente tiene el Poder Ejecutivo, de administrar las penas, de cambiar las penas, de transformarlas con medidas alternativas, al Poder Judicial, con la figura como aquí se ha estado estableciendo, del juez de ejecución. Pero ésa es una de las tantas cosas buenas que esta ley trae.

Otras más, por ejemplo, se restablece en la práctica el concepto ya en la Constitución, de la reinserción social. Esta idea que ha venido evolucionando por los años y los años desde la anterior regeneración, luego la readaptación social y a partir de 2008 y a partir realmente de esta ley, de la reinserción social.

Por eso ahora van a encontrar nuevos conceptos, como por ejemplo el de la industria penitenciaria, que permite preparar al interno para regresar a la sociedad.

Otra por ejemplo, la incorporación en los hechos de los servicios de salud, de educación, de capacitación y de deporte, que van a ayudar a que el interno encuentre un ambiente que le permita más pronto y de manera más real, reinsertarse en la sociedad de la cual él tuvo un incumplimiento.

Ho y en día el sistema es vengativo, es completamente opresivo, es completamente inducivo para prepararse para hacer más daño. Hoy entran, de los 100 mil que están en la cárcel esperando sentencia, la mitad por robos menores a mil pesos, y salen como doctores en delitos. Creo que es tiempo de cambiar las cosas y darle a estos mexicanos un nuevo destino y una forma distinta de ver la prisión, no como una vía para hundirse más, sino como una opción de encontrarse con su sociedad.

Hoy vemos también que esta nueva ley permitirá también profesionalizar a todo el personal de penitenciarías, es decir, no serán más improvisados o prácticos que han crecido con las costumbres perniciosas que un sistema opresivo ha creado, sino verdaderos servicios profesionales de custodia.

Por otra parte, también se podrá hacer la modernización de la seguridad de las prisiones, para que éstas tengan la tecnología, la adecuada organización para ser más seguras y, al mismo tiempo, más dignas, pero además de todo eso, se podrá encontrar ahora un tratamiento distinto y especial para quienes padecen riesgo de salud o inclusive problemas de salud mental.

Creo entonces que hablamos de una reforma humanitaria, profundamente inscrita en la nueva y contemporánea discusión de la doctrina penal, y finalmente una opción para que los mexicanos que ahora cumple una pena, salgan con opciones de una nueva vida. Muchas gracias.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias a usted, señor diputado. En términos del artículo 104 de nuestro Reglamento, se han registrado para participar en esta discusión los siguientes diputados: en contra el diputado Gerardo Fernández Noroña; a favor, los diputados Arturo Santana Alfaro, diputado Luis Carlos Campos Villegas, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado y el diputado Emilio Serrano.

Se le concede el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al diputado Gerardo Fernández Noroña.

8.- José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Deberían concedérmelo por cinco, por lo menos, con tantos hablando a favor.

Jaime Cárdenas no se encuentra, está recibiendo un reconocimiento en el Senado, por su extraordinaria labor en esta LXI Legislatura, junto con Cervantes, que es también un muy buen senador de Acción Nacional, y junto con Beltrones, que no sé por qué se lo dan, porque además dicen que elogio en boca propia en vituperio, y está fácil que sea designado el propio Senado, pero bueno, así está la vida.

Compañeros, sobre este tema, ya me gasté medio minuto en ocho. No les creo. A la mayoría que se han subido aquí los he escuchado en tribuna con un discurso fascista, endureciendo las penas de cadena perpetua disfrazada, de pena de muerte, de condiciones totalmente clasistas, racistas, fascistas y hoy vienen a decir que están preocupados de la situación del sistema penal penitenciario mexicano.

No modifican todo el proceso previo que lleva a la gente a la cárcel, que hace que pobres, que inocentes, que minorías, que líderes sociales vayan a los penales inclusive de alta seguridad. Hay dirigentes campesinos, dirigentes sindicales en penales de alta seguridad, cuyo delito es reivindicar sus derechos y sus prestaciones.

Y hoy nos vienen a plantear un diagnóstico que comparto, sin duda, pero que no toca ninguna de las columnas fundamentales de la corrupción del deterioro de la no rehabilitación, de la falta de oportunidades para la gente en la sociedad y que se reproducen con mayor brutalidad y dureza en los penales de nuestro país.

Además, después de lo que pasó la semana pasada, que en un dictamen sobre radios indígenas y comunitarias metieron un regalo para las televisoras, ya me dan ganas de votarles todo en contra, sin revisar nada, porque aquí quitaron lo de la privatización de las cárceles, pero son capaces de meter cualquier perversidad en dictámenes planteados con muy buena voluntad.

Así es que en estas dos semanas, poco menos de dos semanas que nos quedan, pues tenemos que estar muy atentos de lo que pasa al pleno, ya que meten por la puerta trasera cosas totalmente incorrectas.

Así es que, qué les digo, no les creo sus buenas intenciones, compañeros. No han planteado ninguna modificación. Es más, lo que están trabajando para el Código Penal es otra vez violatorio de derechos y garantías constitucionales, de tratar a los presuntos delincuentes como si estuviéramos en otra época totalmente atrasada, del desarrollo en la historia de la humanidad y por estas razones, aunque han planteado muy buenas intenciones, votaré en contra de esta iniciativa. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra, para hablar en pro, al diputado Arturo Santana Alfaro.

9.- Arturo Santana Alfaro (PRD): Con su permiso, diputado presidente.

Una de las cosas que quiero resaltar en esta intervención es la sensibilidad con la que ambos presidentes, tanto el presidente de Justicia, mi amigo el diputado Benítez Treviño y el diputado José Luis Ovando Patrón tomaron en consideración las observaciones que el Partido de la Revolución Democrática hizo en relación a la construcción de este importante dictamen que sin duda, a diferencia de lo que ha expuesto mi amigo y compañero Fernández Noroña, evidentemente, generará los cambios que se requieren en este país, en el sistema penitenciario.

Hay que recordar y hay que resaltar que la ley vigente data de 1971, es decir, tenemos una ley obsoleta, una ley que no regula para nada el sistema penitenciario. Y que con esta nueva ley que el día de hoy le está entregando la Cámara de los Diputados al Ejecutivo federal, citaremos aspectos fundamentales a la vanguardia.

Todas las leyes son perfectibles, y evidentemente, en el transcurso de su aplicación iremos manejando las deficiencias que se puedan presentar, tal y como lo ha expuesto aquí el compañero Fernández Noroña. Pero es falso también decir que es una ley que resulta con falta de credibilidad.

Ya han expuesto los compañeros y compañeras que me han antecedido en el uso de la voz, diversas bondades. Pero yo quiero destacar una, decirles a todos ustedes, a las organizaciones de la sociedad civil que se acercaron con un servidor, con la preocupación de que estábamos construyendo una ley que iba a privatizar el sistema penitenciario.

Falso, es una ley que se analizó, evidentemente hubo algunas opciones, hubo algunas opiniones en el transcurso de la discusión que así lo apuntaban. Pero decirles también a ustedes que gracias a esta sensibilidad se construyó una ley, evidentemente, apegada a la doctrina, a los fundamentos y a los principios fundamentales del derecho.

Comentarles a ustedes que es una ley que ya trata la manera en que se va a desarrollar el procedimiento que se instaure en contra de los presos extranjeros. Era una ley, al principio, que no establecía este procedimiento y el día de hoy se encuentra insertada en un artículo, ex profeso, el tratamiento que se le debe de dar a los extranjeros. No podemos olvidar el caso que nos está metiendo en discusión, es el caso de Florence Cassez. Y precisamente hoy venimos a proporcionarle esas herramientas al Estado mexicano.

No tengo más tiempo, podríamos mencionar una serie de bondades, una serie de cuestiones que van a situar a la vanguardia al sistema penitenciario en nuestro país. Simple y sencillamente llamamos a votar a favor a todos los grupos parlamentarios para que hoy se apruebe este importante instrumento jurídico que, reitero, se le entrega hoy al Ejecutivo federal.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente, por alusiones personales.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Desde su curul se le concede la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña.

10.- José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No tengo problema en hablar desde mi curul. Primero agradecerle al diputado Santana su intervención y la alusión, porque el tiempo es muy corto. Pero, miren, la verdad es que es esquizofrenia pura, hay una cadena perpetua disfrazada, todavía no ha pasado nadie de los que votaron a favor de la Ley Antisecuestro a demostrarnos con cifras que el endurecimiento de las penas mejoró y bajó la criminalidad. No bajó absolutamente nada.

Todas las iniciativas que se han aprobado aquí, violatorias de derechos y garantías constitucionales, están ahí vigentes. No ha habido ninguna reforma al sistema judicial que garantice la impartición de justicia. Los niveles de corrupción son monstruosos, no está acompañado de un planteamiento de un nuevo sistema penal, de la construcción de centros con otra orientación.

Y, por citar un ejemplo, el problema de las drogas ni siquiera está tocado. El consumo de drogas en los centros penitenciarios es altísimo y es uno de los principales problemas de corrupción existente en el sistema penitenciario.

Compañero Téllez se cree reloj de la Cámara de Diputados. No sabe que le toca a la Mesa Directiva marcar el tiempo. Termino.

Entonces, creo que en el mejor de los casos es una buena intención, en el peor es una simulación esta iniciativa, que no va encaminada a tocar de fondo los principales pilares de corrupción, de injusticia, de maltrato, de racismo, de clasismo que está vigente en el sistema penitenciarios nacional. Les agradezco mucho su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Carlos Campos Villegas para hablar en pro.

11. Luis Carlos Campos Villegas (PRI): Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de la asamblea. El dictamen que hoy se presenta se inscribe en el marco de los principios, ideas y valores que animan la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008 y en el contenido de las diversas disposiciones normativas que esta Cámara de Diputados ha discutido y aprobado a lo largo de esta LXI Legislatura.

La Cámara de Diputados, depositaria de la soberanía nacional, es parte fundamental del sistema democrático mexicano y debe actualizar y modernizar el régimen jurídico, y particularmente el que se refiere al sistema penitenciario.

Esta nueva ley es un instrumento eficaz para complementar la acción del Estado mexicano en las políticas públicas tendientes a buscar la paz y la tranquilidad social; el bienestar de la comunidad, la equidad y la justicia para el pueblo de México.

Se debe castigar a quien transgrede y lastima los principios y valores fundamentales del conjunto social, pero a la vez se debe buscar la rehabilitación y la reinserción social de aquéllos que se apartaron del bueno camino e incurrieron en actos delictivos.

La ley que hoy se dictamina facilitará la aplicación de una moderna política criminal, con una organización penitenciaria basada en normas e instrumentos que permitan una estricta ejecución de las penas privativas de la libertad, de las medidas especiales de seguridad y vigilancia, así como el seguimiento y control de quienes obtuvieron algún beneficio o preliberación; pero también que impulse la rehabilitación de los internos mediante el trabajo, la educación, el deporte, la salud y el sano esparcimiento.

La Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, atiende a los parámetros contenidos en los artículos 18, segundo párrafo; y 21, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se faculta al Poder Ejecutivo para atender la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad; y al Poder Judicial mediante el juez de ejecución, para atender la modificación y duración de las penas. El juez de ejecución tendrá a su cargo la vigilancia y control de la legalidad en la ejecución de las penas y medidas de seguridad, así como el pleno respeto a los derechos humanos.

Por todo esto, compañeros diputados y diputadas, solicitamos respetuosamente su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Permítame, señor diputado. La diputada Laura Itzel Castillo desea hacerle una pregunta, ¿la acepta usted?

El diputado Luis Carlos Campos Villegas: No la acepto, señor presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias. Se le concede el uso de la palabra para hablar en pro hasta por tres minutos, a la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.

12.- María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI): Muchas gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: realmente el dictamen que hoy se aprueba por esta Cámara es una ley importante para México.

Es una nueva ley que teníamos pendiente y que no podíamos irnos de esta legislatura sin aprobarla. México requiere de un sistema penitenciario que cumpla con todas las condiciones para poder avanzar en este tema tan importante. Las tareas propias para alcanzar un sistema penitenciario eficiente, no es posible con la actual ley.

Fueron muchas las iniciativas que se presentaron en este tema, iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios y todos preocupados por el sistema penitenciario en México. Se hizo un solo dictamen.

La Comisión de Justicia de esta Cámara, cuyo titular es el diputado Humberto Benítez, la Comisión de Seguridad Pública, cuyo titular, presidente es el diputado José Luis Ovando, ambas comisiones trabajando de manera conjunta y viendo las bondades de esta ley.

Esta ley que vemos que actualmente los recursos humanos, materiales, las condiciones de insalubridad, la violencia, la violación a los derechos humanos que tanto se ha repetido, no es posible que bajo estas circunstancias estemos trabajando en los reclusorios en México.

Ya hemos dicho aquí que son más de 44 mil reos. De esos 44 mil reos la Federación únicamente tiene a su cargo 9 mil 494 reos. Es importante que con esta nueva ley la Federación se haga cargo de los reos federales, que los reos federales ya no sean un cargo para los estados de este país.

También es importante señalar aquí que en este dictamen se reconoce el derecho de las madres reclusas a participar en el desarrollo de sus hijas y de sus hijos, lo cual ostenta el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

También es importante señalar que esta nueva ley reconoce los esfuerzos que hizo esta Legislatura cuando el pasado 27 de abril del 2010, aprobamos una reforma a la Ley que Establece las Normas Mínimas de Readaptación de Sentenciados, la cual fue ratificada por el Senado el 6 de octubre del 2011. Ésta también fue una reforma importante, impulsada por la compañera Teresa Incháustegui, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo y una servidora, porque también es importante darle a nuestros niños, sobre todo este mes que es el mes de los niños, darles a ellos el reconocimiento a sus derechos humanos.

Compañeras y compañeros diputados: de veras que la ley que hoy aprobamos es una ley importante, es una ley que estábamos esperando en el sistema penitenciario mexicano. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Compañera diputada, permítame. La compañera diputada Laura Itzel Castillo desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: No, muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Se le concede la palabra al diputado Emilio Serrano para hablar en pro, hasta por tres minutos.

13.- Emilio Serrano Jiménez (PRD): Muchas gracias, con su venia, diputado presidente. No solamente en justicia hacen falta reformas; hay que actualizarnos en todos los temas, hay que ponernos a la altura de los requerimientos de la sociedad.

Le digo al diputado Fernández Noroña que la aprobación de la cadena perpetua no fue para inhibir los delitos o a los delincuentes; es para evitar que quienes hacen daño a la sociedad no estén afuera para seguir dañándola. Cometieron delitos, están comprobados, tienen reingresos en varias ocasiones. Que permanezcan ahí hasta que se mueran para no seguir dañando a la sociedad.

Por otra parte, coincido en que en las cárceles la mayor parte de los que están ahí están por pobres, no por el delito que hayan cometido. Por no haber tenido 500 pesos para darle al policía, dos mil pesos al Ministerio Público o darles cinco mil o 10 mil pesos al juez y están ahí por pobres. Yo creo que no se van a rehabilitar, se van a perfeccionar en el delito.

Es importante que estas leyes que estamos reformando ahora sirvan para cambiar el sistema, para mejorarlo, para dar más garantías y seguridad a nuestra sociedad, a la que nos debemos.

Le pido al diputado Benítez Treviño que ojalá podamos trabajar en una iniciativa para que principalmente los primo delincuentes no se vayan a perfeccionar, sino que salgan con la posibilidad de rehabilitarse porque todos los que salen de la prisión salen con un sello y nadie les da trabajo, y si nadie les da trabajo, cómo se van a ocupar. Se les está obligando a delinquir nuevamente y por eso la sugerencia es que se haga un seguro de desempleo para los que salen de las penitenciarias. Creo que de esta manera vamos a tener la posibilidad de que se re habiliten de a de veras.

Felicito al diputado Benítez Treviño, a las compañeras, a los compañeros diputados que trabajaron en esta iniciativa que podemos decir que se va a aprobar por mayoría: dos, tres votos creo que no van a marcar gran diferencia. Felicidades y mi voto va a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Bonifacio Herrera Rivera: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Mariano Quihuis Fragoso: Señor presidente, se emitieron 311 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular por 311 votos, el proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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Artículo 3, del dictamen.

La aplicación de las disposiciones de la presente Ley es competencia del Poder Judicial de la Federación y de la Secretaría, a través del Órgano, en los siguientes términos:

A. Corresponde al Juez:

I. Realizar el cómputo de la duración de las penas o medidas de seguridad tomando en consideración la información técnico-jurídica que le proporcione el Órgano;

II. Modificar las penas, basándose en el dictamen emitido por el Órgano, que contendrá al menos los niveles de intervención aplicados a los sentenciados en los cinco ejes de la reinserción, así como el resultado de la Atención Técnica Interdisciplinaria, y en su caso, con las pruebas que ofrezca el interno;

III. Solicitar al Órgano cualquier información relativa al Programa de Reinserción aplicado a los Internos;

IV. Aplicar la ley más favorable a los sentenciados, modificando la pena, cuando les resulte benéfica;

V. Tramitar y resolver los incidentes promovidos en materia de modificación y duración de las penas, en el procedimiento jurisdiccional de ejecución;

VI. Conocer y resolver sobre las propuestas de solicitudes de reconocimiento de beneficios que supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena;

VII. Ordenar la detención del sentenciado en libertad que, en los términos de la presente Ley, no cumpla con las condiciones impuestas para gozar del beneficio preliberacional;

VIII. Garantizar a los sentenciados su defensa en el procedimiento de ejecución, informándoles su derecho a designar un defensor; en caso de no hacerlo, se le nombrará un defensor público;

IX. Decretar como medida de seguridad, a petición del Órgano, la custodia del Interno que padezca enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor debidamente acreditado, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar;

X. Otorgar el sustitutivo penal, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos aplicables, y

XI. Aquéllas que determine la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.

B. Corresponde al Órgano:

I. Aplicar el procedimiento de clasificación y reclasificación a fin de determinar la Atención Técnica Interdisciplinaria y el nivel de seguridad, custodia e intervención más apropiado para los Internos;

II. Entregar al Juez la información técnico-jurídica para la realización del cómputo de la duración de las penas;

III. Emitir el dictamen que contenga al menos los niveles de intervención aplicados a los sentenciados en los cinco ejes de la reinserción, así como del resultado de la Atención Técnica Interdisciplinaria;

IV. Enviar a la autoridad jurisdiccional la información requerida respecto de la Atención Técnica Interdisciplinaria que se aplique a los sentenciados;

V. Enviar a la autoridad jurisdiccional la información que le sea requerida respecto del sistema de reinserción que se aplique a los Internos;

VI. Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los Complejos, Centros e Instalaciones Penitenciarias, quienes deberán acatar sin excepción en todo momento las disposiciones reglamentarias y de seguridad aplicables;

VII. Imponer las sanciones a los Internos por violación al régimen de disciplina;

VIII. Realizar las propuestas o hacer llegar las solicitudes de reconocimiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de los Internos;

IX. Presentar a la autoridad jurisdiccional, el diagnóstico en que se determine el padecimiento físico mental crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente un Interno;

X. Solicitar a la autoridad jurisdiccional el externamiento del Interno que padezca enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible; se entenderá por externamiento, al acto a través del cual se autoriza la salida del Interno del Complejo Centro, o Instalación Penitenciaria;

XI. Ejecutar, controlar y vigilar las sanciones privativas de la libertad que imponga la autoridad jurisdiccional competente;

XII. Verificar y controlar el cumplimiento de la vigilancia personal y monitoreada a los procesados en libertad y preliberados;

XIII. Proponer, en el ámbito de su competencia, la celebración de convenios con sus homólogas de las entidades federativas;

XIV. Aplicar las sanciones penales impuestas por órganos jurisdiccionales del fuero común y que se cumplan en establecimientos federales en virtud de los convenios establecidos para ello;

XV. Determinar la Atención Técnica Interdisciplinaria aplicable para la ejecución de la sanción penal impuesta por la autoridad jurisdiccional competente y que sea aplicada por la autoridad penitenciario de las entidades federativas, sobre la base de los convenios respectivos;

XVI. Dirigir, organizar, supervisar y controlar el funcionamiento y operación de los Complejos, Centros e Instalaciones Penitenciarias;

XVII. Atender la petición de la autoridad jurisdiccional o ministerial competente para reubicar a Internos a quienes deban aplicarse medidas especiales de protección para garantizar su integridad, con motivo de la investigación o proceso correspondiente, y

XVIII. Aquéllas que determine la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.