Contra las
desapariciones, sólo paliativos/MARCELA TURATI
Revista
“Proceso” No. 1894, 17 de febrero de
2013.
“Las personas no se desvanecen en el viento”,
afirma en entrevista el subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas
No Localizadas de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola, quien describe las trabas
y obstáculos que deben superarse para encontrar a los desaparecidos. Aclara:
para resolver este problema, que se propaga como un cáncer en el tejido social,
hace falta la coordinación interinstitucional.
A
diferencia de lo que sucede en estados del país donde se niega el fenómeno de
la desaparición de personas, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, admitió
que en su entidad esa feroz epidemia había arrancado de su vida y de sus
familias a mil 835 personas.
Este
reconocimiento no es fortuito. Desde finales de 2009, decenas de familias
comenzaron a organizarse para exigir la búsqueda inmediata de sus seres
queridos mediante plantones, movilizaciones y actos de presión a los gobiernos
federal y estatal (entonces presidido por Humberto Moreira, hermano del
gobernador actual).
Luego
de asumir la gubernatura, Rubén Moreira aceptó la propuesta de las familias
aglutinadas en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
Coahuila (Fundec) de atender recomendaciones de un grupo de expertos nacionales
e internacionales, en el que participaría la ONU, que planteara directrices de
búsqueda. Además, acordaron reunirse cada dos meses con él, los agentes
investigadores y los representantes de las fuerzas de seguridad estatal y
federal para intercambiar información y presentar avances.
“Todos
los presentes en la reunión, hasta el gobernador, reconocieron que no se dio
suficiente atención a la problemática cuando empezó y que tardaron mucho en
responder”, dijo Diana Iris García, madre integrante de Fundec, después de la
reunión que sostuvieron el sábado 9.
Del
intercambio entre autoridades y familias, la procuraduría estatal prometió que
integraría un registro de personas desaparecidas o extraviadas que será
consultado en internet. También anunció que realiza un banco de datos genético
y el establecimiento de un convenio con un investigador que contrastará las
muestras genéticas con las tomadas a los cadáveres, registrará con detalle los
datos de los cuerpos enviados a la fosa común y atenderá las denuncias de
nuevas desapariciones que llegan al teléfono 066 o que se difunden por otros
medios, como las redes sociales.
Esa
es la información que proporcionó a la Secretaría de Gobernación federal el
titular de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No
Localizadas de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola, el pasado 16 de enero, en el
Palacio de Covián, a donde lo citaron para que presentara a los nuevos
funcionarios su modelo de búsqueda.
Entrevistado
tras la reunión informó que con ese método de trabajo, a partir de 2012, han
encontrado a 513 personas (90% de ellas con vida), de las cuales 81 eran
menores de edad. Calculó que la mitad de las personas encontradas estaba
relacionada con el crimen organizado. Aún quedan mil 380 por ubicar.
Yáñez
habló con Proceso de los lugares donde las personas fueron encontradas, las
tendencias que han encontrado durante las investigaciones, las trabas que
enfrentan los ministerios públicos para indagar el paradero de las personas
desaparecidas (falta de coordinación entre procuradurías estatales y la
lentitud de la PGR), así como la importancia de la coadyuvancia de los
familiares y de la creación de una legislación nacional en torno al tema.
En
la entrevista admitió que existen datos que permiten creer en la hipótesis que
manejan muchas familias, en el sentido de que algunas de las víctimas fueron
reclutadas a la fuerza, y actualmente son trabajadores esclavos de los cárteles
de la droga.
En
contraparte, el abogado Juan Pérez, asesor legal de Fundec, mostró desconfianza
hacia los hallazgos anunciados por el subprocurador, pues indicó que no ha sido
encontrada ninguna persona buscada por esa organización, que tiene 320 casos
documentados.
“Puede
haber resultados, pero son mínimos y poco claros. Creemos que el subprocurador
se refiriere a personas extraviadas o ausentes (que salen de su casa y no
quieren ser localizadas), pero en la mayoría de los casos no se refiere a lo
que entendemos por desaparecidos (personas llevadas por la delincuencia organizada)”,
afirmó en entrevista.
El
abogado planteó que aunque el gobierno estatal aún no puede presumir resultados
exitosos, Fundec reconoce como un gran avance que Rubén Moreira admitió la
gravedad del problema al dar a conocer la cifra de desaparecidos y manifestó
voluntad política al aceptar la creación del espacio de trabajo que integran
las familias y los expertos.
Y
agrega: “No hemos visto un solo resultado los últimos meses que nos lleve a la
recuperación de la persona, el esclarecimiento del hecho, que el culpable no
quede impune y la reparación del daño”.
El
cálculo más aceptado sobre las desapariciones ocurridas el sexenio pasado es
de, al menos, 25 mil personas registradas en la base de datos filtrada por
funcionarios de la PGR a varios medios de comunicación. En la lista Coahuila
aparece con un subregistro que arroja únicamente 270 desapariciones, mil 500
menos de las que reconoce el gobierno estatal.
Tipología
de desapariciones
En
la entrevista, el subprocurador Yáñez explicó que algunas de las personas
desaparecidas huyeron de sus casas por problemas familiares. Otras fueron
encontradas en penales federales de varios estados (principalmente Nayarit),
pues se les detuvo en operativos de la Marina o el Ejército, pero sus familias
no fueron notificadas, y otras murieron en enfrentamientos porque estaban con
grupos delictivos.
“Derivado
de las investigaciones se ha logrado establecer que unos están trabajando en la
delincuencia organizada, hay testimonios de gente que los ha visto. Unos se fueron
por su cuenta, otros son reclutados a la fuerza, como algunos profesionales que
se han llevado, como ocurre con los médicos o ingenieros de telefonía. O se los
llevaron por equivocación, porque estuvieron en el lugar equivocado y no tenían
nada que ver.”
Al
preguntársele acerca de los reclutamientos forzados mencionó el caso de un
grupo de personas de Chihuahua que fueron contratados como jornaleros pero, al
llegar a Coahuila, fueron llevados a una casa de seguridad donde les enseñaron
a usar las armas y los pusieron a “sicarear”.
“No
nos consta, a estas personas que denunciaron esto no las conocemos, pero esta
información está en unas declaraciones”, dice el funcionario.
Aunque
la mayoría de las personas desaparecidas en el país son hombres, el fenómeno
también afecta a mujeres. Unas de ellas –explica– forman parte de bandas
criminales, otras fueron llevadas a la fuerza o eran novias de delincuentes.
Del
total de los hallados, la mayoría estaba dentro del estado, ya sea en Torreón,
Saltillo o Piedras Negras, y otros en entidades como Veracruz, San Luis Potosí,
Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.
Llama
la atención que no menciona a Durango, a pesar de que las ciudades de Torreón
(Coahuila) y las duranguenses Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, forman una misma
área metropolitana y algunas vialidades las conectan.
“Hay
estados que colindan con Coahuila que no nos dan información, y batallamos
tanto. No sabemos si no tienen gente para hacerlo o si ahí no pasa nada”, se
quejó Yáñez. Aunque no mencionó el estado al cual se refería, quedó claro que
la queja era contra Durango.
Este
funcionario, que trabajó en el gobierno durante la administración anterior,
aseguró que desde la llegada de Rubén Moreira comenzaron a tomarse medidas para
atacar el problema, tales como la creación de la Subprocuraduría de
Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas; un operativo casa por casa
para levantar un censo real de personas desaparecidas; las reformas legales
para tipificar delitos como la desaparición (pero cuya definición –según el
abogado López– no satisfizo a las familias), el “halconeo” contra quienes dan
información a la mafia y la trata, así como la sanción por circular en
automóviles con placas sobrepuestas o en los que no se hizo el cambio de
propietario.
También
pretenden cerrar todos los casinos y table dance; se limitó la venta de alcohol
hasta las dos de la mañana, y se creó una red de difusión de boletines de
extravíos que enlaza medios de comunicación, hospitales o centrales de
autobuses.
Para
la búsqueda incorporaron métodos informales –que las familias solicitan que se
formalicen– como pedir al Ejército y a la PGR que permitan entrevistar a los
detenidos por delincuencia organizada antes de que los trasladen fuera de
Coahuila, para preguntarles por el paradero de los reportados como
desaparecidos.
“En
esas entrevistas obtenemos resultados. Si llega la federación y no nos
enteramos y se lo llevan, se pierde una oportunidad. Por eso pedimos la
autorización de declararlos de inmediato, porque es cuando dan la información;
les mostramos el catálogo con las fotos y ahí dicen: ‘a ese fulano se lo echó
tal, a este otro lo matamos porque creíamos que era de los otros, éste debía
una lana o se lo echaron otros’. A veces dicen en qué lugar hay ‘cocinitas’
–dice en referencia a los lugares dedicados a la incineración de personas– o
casas de seguridad.”
En
diciembre fue la última vez que lograron que el Ejército les permitiera hacer
una declaración de detenidos, quienes confesaron que habían asesinado a cuatro
jóvenes y el lugar exacto donde estaban enterradas. Gracias a ese dato –dijo–
rescataron sus restos en el municipio de Castaños, y a otras cuatro personas
que mantenían cautivas.
En
el lugar señalado encontraron los tambos en que disuelven los cadáveres (que él
llama “cocinas”), restos humanos enterrados y otros cremados, más de 100
prendas de vestir y 800 casquillos, además de los cuatro prisioneros.
“Si
no nos hubieran dejado declararlos se hubieran ido (a una cárcel federal) por
portación de armas y droga y no nos hubiéramos enterado del paradero de los
vivos y de las enterradas”, dijo.
Además
de ese rancho, otros lugares donde la procuraduría ha detectado entierros
clandestinos son San Buenaventura, Viesca, donde se encontraron restos de
personas que fueron amarradas antes de morir, en el área rural de Saltillo
(rumbo a Zacatecas) donde ubicó otra “cocina”.
Según
Yáñez, la estrategia de combate frontal al narcotráfico y delincuencia
organizada dictada por el gobierno de Felipe Calderón no fue la mejor para el
tema de las desapariciones, y expuso: “¿Para qué me sirve un muerto si no vamos
a poder interrogarlo? ¿O si una instancia hace investigación, si no va a
compartir la información?”.
Trabas
Lo
que se sabe hasta el momento es que las personas desaparecidas no se esfuman
con el viento. Alguien los arrancó de su vida, y generalmente dejó huellas que
en las procuradurías estatales nadie investiga. Las más frecuentes son las
llamadas que se siguen haciendo desde los teléfonos celulares de las víctimas o
los retiros de dinero en cajeros automáticos con sus tarjetas de crédito, así
como las grabaciones en las videocámaras instaladas en las carreteras.
El
subprocurador comentó que las compañías de telefonía celular tardan hasta ocho
meses en proporcionar la lista de llamadas hechas desde los aparatos de las
personas buscadas, y que la Comisión Nacional Bancaria se rehúsa a proporcionar
los videos de las personas que acceden a los cajeros automáticos.
Los
encargados de las carreteras tampoco proporcionan información al argumentar que
las cámaras seguramente no funcionaban cuando ocurrió el delito.
Las
muestras de ADN también han sido un problema, ya que la PGR tarda meses en
compararlas con las de cadáveres encontrados. Eso ocurre en el caso de una
persona muerta y “entambada” que es reclamada por unas personas como su
familiar, pero la PGR demoró más de nueve meses en contrastar la sangre de las
familias con las muestras.
Cada
estudio cuesta 15 mil pesos si se manda a hacer a un laboratorio privado. Por
eso, explicó que el gobierno estatal optó por firmar un convenio con un experto
neoleonés que con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realiza
el cotejo genético, sin costo para el estado.
El
Instituto Nacional de Migración también pone obstáculos al no dar información o
mostrar fotos de las personas recluidas en las estaciones migratorias.
Apuntó
que debe encontrarse el canal para enviar preguntas a los narcotraficantes
convertidos en testigos protegidos o extraditados a Estados Unidos, como Sergio
Villarreal, El Grande, quien seguramente tendrá información sobre el paradero
de personas buscadas por sus familias, pues fue “jefe de la plaza”.
El
subprocurador planteó que el gobierno de Enrique Peña Nieto debe intervenir
para lograr la colaboración de esas empresas e instancias cuya información
podría ayudar a localizar personas con vida y más rápidamente.
Al
preguntársele acerca de su reunión en Gobernación indicó: “Propusimos que la
Secretaría de Gobernación concentrara la información y que se creara un grupo
de trabajo formado por autoridades estatales y federales y legisladores para
avanzar en la legislación homologada que se deba tener con las particularidades
que se requieren en cada estado”.
Agregó
que espera tener una buena colaboración con este gobierno, ya que con el
anterior no prosperó la coordinación con la PGR.
“Creemos
que debe haber una legislación homologada a nivel nacional en el tema de
desapariciones; que exista una buena base de datos nacional de personas
desaparecidas (con fotos, huellas dactilares, información) y de las ya
localizadas, y que los estados estén obligados a subir información. Necesitamos
una inversión importante para que se creen en los estados laboratorios
genéticos; que se permita entrevistar a los delincuentes sobre las
desapariciones; que exista una base de datos nacional de cada muerto no
identificado que sea consultable en cada procuraduría, y que se comparta
información de los vehículos robados, porque éstos se utilizan para secuestrar.
Nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos unir información con
otros estados”, expresó.
Una
de sus reflexiones fue que para obtener buenos resultados es necesario
involucrar a las familias como coadyuvantes de las investigaciones; hacerlas
aliadas, darles copia de las averiguaciones previas, permitirles aportar pistas
y tomar en cuenta las sugerencias que hacen sobre las acciones a seguir.
Entrevistada
sobre los anuncios del subsecretario, Diana Iris García, una de las madres
integrante de Fundec, expuso que la organización considera que los datos de los
hallazgos difundidos por el subprocurador son actos publicitarios, ya que la
mayoría corresponden a personas que salieron de sus casas y no querían ser
localizadas, y no de quienes permanecen en poder de grupos armados.
Rechazó
que la mitad de los desaparecidos estén vinculados a grupos delictivos y
aseguró que antes de manchar el nombre de las personas se deben realizar
investigaciones a fondo.
“La
respuesta de la subprocuraduría no está a la altura de los compromisos del
gobernador. Al subprocurador le encanta hacer declaraciones mediáticas que sólo
confunden a las familias. Y en la última reunión pedimos que si no tenía
novedades que informar, que mejor no dijera nada, y permaneció callado”, sentenció.
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