¡Valor por Tamaulipas, Valor por México!
El narco, ahora
contra las redes/LA REDACCIÓN
Revista
“Proceso” No. 1894, 17 de febrero de
2013
En
el discurso del gobierno que se estrena en el poder federal, todo cambió para
que todo siguiera igual… Contundente prueba de que la inseguridad continúa
siendo tan inmanejable como durante las administraciones panistas, la violencia
se recrudece en el país. El caso de Tamaulipas se destaca como una sucesión
aterradora de asesinatos, extorsiones, robos, amenazas que ya obligaron a la
prensa local a callar… Nada de este infierno, pues, ha cambiado desde que
Enrique Peña Nieto se instaló en el poder federal. Los ciudadanos, hartos,
encontraron en las redes sociales una alternativa para expresarse y tomar
precauciones. Pero en la impunidad de la que disfruta, el narco ya advirtió: va
contra quienes las utilicen.
CIUDAD
VICTORIA, TAMPS.- Uno de los dos cárteles que operan en esta entidad puso
precio a las cabezas de los administradores de las páginas y cuentas de Valor
por Tamaulipas en Facebook y Twitter: Repartió cientos de volantes en ésta y
otras ciudades del estado, en los que ofrece una “recompensa” de 600 mil pesos
a quienes ayuden a identificarlos.
Valor
por Tamaulipas se ganó el odio de la mafia sólo porque se ha dedicado a alertar
a la población sobre las “situaciones de riesgo” que cotidianamente tienen
lugar en el estado: tiroteos, secuestros, extorsiones… El hecho no tuvo
respuesta de las autoridades de esta entidad, donde el Cártel del Golfo (CDG) y
Los Zetas imponen su ley.
En
Tamaulipas no se publica nada sobre la inseguridad y la violencia si esos
cárteles no lo autorizan. Los medios que antes se atrevían a informar fueron
callados a base de bombas o ráfagas de cuernos de chivo. Eso le pasó varias
veces al periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, hasta que decidió suprimir todo
lo relativo al crimen organizado.
Después
de someter a los grandes medios, las mafias siguieron con los blogs que
denunciaban sus acciones. En septiembre de 2011 también callaron esas voces
luego de que Los Zetas colgaron de un puente de Nuevo Laredo a dos jóvenes
blogueros y asesinaron y descuartizaron a otra, una periodista que en internet
se identificaba como La Nena de Nuevo Laredo.
Ahora
amedrentan a los ciudadanos que usan las redes sociales para protegerse:
“600,000 mil pesos para el que aporte datos exactos del dueño de la página de
Valor por Tamaulipas o en su caso familiares directos, ya sean papás, hermanos
o hijos o esposa”, dice el volante. El texto precisa que se entregará el dinero
a la persona que proporcione información que los identifique, para “callarles
el hocico a estos pendejos que se creen héroes”.
El
volante proporciona un número de teléfono celular para que se entregue la
información y les advierte a los ciudadanos que se abstengan de “hacer mamadas”
si aprecian la vida de sus familiares.
La
página de Facebook Valor por Tamaulipas nació hace más de un año. Ahora tiene
más de 133 mil seguidores y a ella suben información cientos de personas que
alertan sobre los hechos de violencia en el estado.
Lo
que los narcos parecen ignorar es que la página es alimentada incluso por
personal de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa; los soldados
decidieron usar esa herramienta de internet para alertar a los tamaulipecos
sobre las áreas donde hay enfrentamientos entre el Ejército y los sicarios.
Los
administradores de Valor por Tamaulipas reaccionaron. En su página publicaron
una respuesta: “Creen que todos los ciudadanos nos tenemos que rendir ante
ustedes y eso no es así. (…) En nuestro estado son incontables los casos de
quienes se han resistido a ustedes, en la mayoría de los casos los buenos son
los que terminan perdiendo. Pero por lo menos esa gente tiene más dignidad que
aquellos que deciden agachar la cabeza y aceptar la tiranía y el esclavismo a
que nos tienen sometidos”.
Hay
otra página en Facebook, Esperanza por Tamaulipas, creada en meses recientes
por decenas de familiares de personas levantadas o secuestradas. Su sitio da
cuenta de más de 120 personas desaparecidas entre 2010 y 2012.
Pero
a partir del 12 de noviembre de 2012 algunos de los números telefónicos que se
mostraban en la página comenzaron a ser retirados por las llamadas
intimidatorias que recibieron: “Los tuvimos que retirar por amenazas. Ahora a
todos los que pusieron su teléfono les están llamando para extorsionarlos; una
manera más de intimidar a la gente para que no denuncie”, cuenta a Proceso uno
de los organizadores de la página.
Recorrido
por la zona de guerra
Los
ciudadanos de Hidalgo, Llera, Villagrán, Padilla, Güémez y Xicoténcatl dicen
que los dos grupos que operan en el estado –Los Zetas y el CDG– queman las
casas de quienes se niegan a entregar sus propiedades o a pagar extorsiones.
Hablan también de la existencia de narcofosas con decenas de cadáveres y de
constantes enfrentamientos entre grupos rivales.
Destacan
que la mayor tragedia de Tamaulipas son los secuestros y levantones de
personas, que en muchos casos nunca regresan.
Para
confirmar esa información Proceso recorrió algunos de esos municipios donde los
cárteles han impuesto su ley. Los ciudadanos muestran fotografías y evidencias
de los daños en las zonas arrasadas por la delincuencia. Sin embargo en
Tamaulipas no hay que ir a lugares apartados para ver la barbarie criminal, ya
que los cárteles actúan en las ciudades importantes, como la capital, Tampico,
Reynosa o Nuevo Laredo.
Los
habitantes del corredor Llera-Xicoténcatl dicen que Los Zetas “mantienen
campamentos importantes que permanecen activos durante meses”, por lo que los
ciudadanos sufren constantes violaciones, robos de vehículos, secuestros y, en
los peores casos, “asesinatos brutales”. “A cada rato les encuentran
narcofosas”, aseguran. Confirma lo anterior un reporte reciente de la IV Región
Militar sobre la “Operación Noreste”.
El
informe precisó que en enero se “localizaron cinco fosas clandestinas”. Cuatro
“fueron ubicadas en Tamaulipas: una en el municipio de Hidalgo y tres en el de
Llera, con un total de siete cadáveres”, dice a Proceso un teniente de la IV
Región Militar.
En
septiembre de 2012 las autoridades estatales confirmaron el hallazgo de una
narcofosa en el municipio de Xicoténcatl. “La Secretaría de Seguridad Pública y
la Procuraduría General de Justicia del Estado comunican que el jueves 6 de
septiembre, alrededor de las 14:50 horas, recibieron un reporte sobre la
localización de seis cuerpos en estado de descomposición en el rancho conocido
como Pepe, ubicado por la carretera Xicoténcatl-Calles”, precisó un comunicado
oficial.
Lo
que no informaron las autoridades fue que en días posteriores sacaron de esa
narcofosa alrededor de 80 cadáveres.
Los
ciudadanos de Lleras señalan que el capo que controla la región es El Rokolas,
y muestran fotografías de sus principales cómplices. “El propietario del billar
de Llera colabora con los delincuentes y en su local se reúne la gente del
Rokolas”, denuncian.
“Nunca
he visto que haya una estrategia de largo plazo aquí. Están un rato y se
retiran los militares, sabiendo que es un área muy controlada por el crimen
organizado”, dice uno de los entrevistados.
Ciudadanos,
militares y empresarios denuncian que el corredor Reynosa-Matamoros está bajo
el poder del CDG, que controla la venta de gasolina a gran escala e incluso su
distribución al menudeo.
La
forma de saqueo a Pemex es cada vez más sofisticada. Un vocero de la oficina
regional de la paraestatal informa que este mes fueron localizadas “tres tomas
clandestinas herméticas”. Explica que éstas son las más difíciles de detectar,
pues no derraman el combustible, evitan que baje la presión en los ductos y las
válvulas de control no perciben la ordeña. Además están escondidas: Extraen la
gasolina con mangueras que van enterradas y desembocan en depósitos
clandestinos ubicados a varios metros de las tomas.
Otro
negocio del CDG en Reynosa es el tráfico de personas. También controlan “muchos
bares” y venden y distribuyen alcohol y cigarros que introducen de contrabando;
asimismo cobran “impuestos” a transportistas y taxistas.
En
la ciudad fronteriza de Matamoros hay un mercado sobre ruedas del CDG que se
instala todos los jueves en una colonia popular para vender lo robado a los
camiones de transporte. Ofrecen incluso artículos básicos, como azúcar y huevo.
Tampico,
con más de 300 mil habitantes, es controlado por el CDG. Las constantes
incursiones de Los Zetas desde el norte de Veracruz han colocado a la ciudad
–según cifras oficiales– en el tercer lugar en secuestros a escala nacional.
El
CDG controla aquí decenas de bares, centros nocturnos y discotecas; también
maneja la venta de pollo y la compraventa de metales; cobra piso a líneas de
transporte de personal y a microbuses, y acaba de empezar su propia cadena de
tortillerías.
La
capital estatal, con poco más de 300 mil habitantes, es de Los Zetas, quienes
han hecho del secuestro su principal negocio, aunque también han abierto bares
y restaurantes, controlan los depósitos de cerveza y su distribución, incluso
en el estadio del equipo de futbol Correcaminos.
Aquí
nadie se salva de ser levantado. Hace poco un capitán del Ejército que viajaba
en un auto con placas de Puebla fue privado de su libertad por hombres armados.
Al mismo tiempo otros cuatro hombres que venían de Michoacán fueron plagiados.
Los cadáveres de los cinco aparecieron luego en la vieja carretera a Mante.
Después
del asesinato del capitán aparecieron dos jóvenes ejecutados a la entrada del
cuartel del regimiento local con un narcomensaje firmado por Los Zetas, quienes
reivindicaron los crímenes, aunque acotaron que ellos “no se meten” con el
Ejército. Los cuatro michoacanos eran empresarios que fueron a Ciudad Victoria
a comprar vehículos. Sus secuestradores pidieron y obtuvieron un rescate por
ellos, pese a lo cual los asesinaron.
Todo
esto ocurre ante la inmovilidad o presunta complicidad de las autoridades. El gobernador
Egidio Torre Cantú es conocido porque, mientras el estado se sumerge en la
inseguridad y la violencia, “él dedica gran parte de su tiempo a jugar golf”,
acusan los ciudadanos que hablaron con este semanario.
Las
víctimas
Hugo
Juárez Martínez, de 30 años, y dos amigos suyos viajaron a la frontera de
Tamaulipas el 6 de noviembre de 2012 para comprar vehículos. A bordo de tres
camionetas emprendieron luego el regreso a su lugar de origen, San Salvador el
Seco, Puebla. Nunca llegaron.
La
mañana del 24 de julio de 2011 Coral Pérez, una modelo de 24 años originaria de
Reynosa, salió de paseo en su camioneta junto con cinco amigas. Ninguna
regresó.
El
24 de diciembre de ese año 15 centroamericanos se preparaban para disfrutar una
cena navideña en la Casa del Migrante San Juan Diego y Francisco de Asís, de
Matamoros. Alrededor de las 16:00 horas llegó un grupo armado y se los llevó.
El
sacerdote Francisco Gallardo, responsable del refugio, interpuso la denuncia
por privación ilegal de la libertad de los migrantes ante la delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR). Hasta la fecha no se ha sabido nada
de ellos.
La
mayor tragedia de Tamaulipas son los plagios de cientos de personas –lo peor es
que no se informa de ellos– y la actitud de las autoridades, que también se
niegan a informar al respecto.
Tamaulipas
tiene el número más alto de personas desaparecidas en México, de acuerdo con
estadísticas de la PGR. Son cerca de 400 casos de los mil 302 reportados ante
esa dependencia en 2012.
Para
Gallardo los migrantes son las víctimas más desprotegidas, y “nosotros (la
iglesia) somos su voz”, dice. Comenta que los que llegan al refugio cuentan
historias de los levantones que sufren. “No me atrevería a mencionar un número
de los casos que ocurren por mes. Pero eso está sucediendo constantemente en
Tamaulipas”, concluye.
La
gran cantidad de desaparecidos en el noreste del país puso en jaque a Nuevo
León, Coahuila y Tamaulipas, pero sólo las autoridades de los dos primeros
estados respondieron a las presiones de las familias que se organizaron para
exigir justicia.
“Coahuila
y Nuevo León trabajan en un proyecto para recolectar un banco de ADN de las
familias con personas extraviadas”, informa a Proceso Juan José Yáñez Arreola,
subprocurador de Coahuila para la Investigación y Búsqueda de Personas no
Localizadas.
Para
conocer la versión de las autoridades de Tamaulipas sobre el particular, este
semanario solicitó al Departamento de Comunicación el número de personas
reportadas como desaparecidas, así como lo que se hace para encontrarlas.
También se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos información en
torno a las denuncias de esos casos en el último año. En ninguna de las dos
instancias hubo respuesta.
Las
autoridades no sólo se niegan a dar información, sino que intentan ocultar los
hechos relacionados con la violencia, como ocurrió cuando un comando llegó a
una clínica regional para levantar y asesinar a la doctora Érika Sánchez
Marroquín, quien atendió a un herido de un cártel rival.
Algunos
medios intentaron confirmar esa información en la procuraduría estatal. La
respuesta oficial fue que “desconocían el hecho”, pese a que el cadáver de la
doctora fue recogido por personal de esa dependencia.
*+++*
Zetas
vs. “golfos”: tres años de hostilidades
LA
REDACCIÓN
MATAMOROS,
TAMPS.- Según las estadísticas de las procuradurías estatales, en febrero de
2010 comenzó la narcoguerra que hasta ahora ha dejado alrededor de 10 mil muertos
en el noreste del país y en el norte de Veracruz, entre ellos cientos de
inocentes, además de los desaparecidos y desplazados.
Hoy
amplias regiones del noreste mexicano están desoladas. Los negocios cerrados se
cuentan por decenas, la vida nocturna apenas reúne a algunos parroquianos en
Monterrey y muchos poblados sobreviven en medio de la precariedad y la
violencia.
El
antecedente de esta escalada violenta se puede fechar el 25 de enero de 2010
con la ejecución de Víctor Peña Mendoza, Concord 3, sicario zeta en Reynosa, a
manos de Samuel Flores Borrego, El Metro 3, operador del Cártel del Golfo (CDG)
que mantenía el control en la ciudad. El Metro 3 fue ejecutado poco después. Su
cuerpo apareció en un vehículo abandonado en la carretera Reynosa-Monterrey. A
su lado estaba el de Eloy Lerma García, un agente de la Policía Ministerial
estatal.
Los
días posteriores al asesinato del Metro 3 sus seguidores levantaron un extraño
monumento en el bulevar Hidalgo, uno de los más importantes de la ciudad, con
la figura de un gallo de más de un metro de altura y una ofrenda floral con la
leyenda: “Siempre a sus órdenes”.
En
febrero de 2010 comenzaron los grandes enfrentamientos entre sicarios del CDG y
Los Zetas. Las calles de las ciudades fronterizas de Tamaulipas se llenaron de
camionetas blindadas con sicarios armados.
La
Ribereña, una vía de dos carriles y amplio acotamiento que conecta a Reynosa
con Nuevo Laredo, con una extensión de 240 kilómetros, fue escenario de las más
cruentas batallas a partir de marzo de ese año. Por esa carretera circularon
cientos de camionetas Hummer, GMC, Lobo, Durango, Suburban con las siglas de
los dos cárteles en pugna colocadas en los parabrisas.
Camargo,
Ciudad Mier, Miguel Alemán y Guerrero fueron testigos de los enfrentamientos,
en los cuales llegaron a participar hasta 70 vehículos por bando con al menos
cinco pistoleros cada uno. Los choques duraron meses, algunas veces las
balaceras y granadazos se prolongaron 24 horas.
La
narcoguerra provocó escenarios inéditos: Tres cuartas partes de los habitantes
de Ciudad Mier huyeron de ese “pueblo mágico”; algunos se refugiaron en
albergues de Miguel Alemán y otros se fueron a Estados Unidos. La Secretaría de
la Defensa estableció incluso un cuartel para un batallón de 600 hombres en ese
municipio. Las tropas continúan vigilando La Ribereña por tierra y aire.
Las
bajas
Y
aunque los enfrentamientos cesaron a finales de 2010, aun hoy se observan
decenas de fachadas de casas y negocios, algunos de ellos abandonados, con las
huellas de los disparos. También quedan los restos de las camionetas
incendiadas y capillas con la figura de la Santa Muerte, incluida la que se
encuentra en la entrada a Miguel Alemán, viniendo de Reynosa.
Los
enfrentamientos se extendieron a ciudades y poblados de Tamaulipas, Coahuila,
Veracruz y Nuevo León, sobre todo a Monterrey, la ciudad pionera en alta
tecnología, la más grande e importante del norte del país, con prestigiadas
universidades, miles de industrias y sede de los principales corporativos nacionales.
Según
la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en los tres últimos años
hubo más de 4 mil 400 asesinatos violentos, 80% de ellos relacionados con la
delincuencia organizada. En Tamaulipas y Coahuila hubo en promedio mil por año.
La
violencia también enlutó a las principales ciudades de Coahuila, Tamaulipas,
San Luis Potosí y Veracruz, incluidas sus capitales.
Muchos
capos del CDG fueron detenidos o ejecutados, presumiblemente por traiciones de
sus propios sicarios, entre ellos los seguidores del Coss, conocidos como Los
Erres o Rojos, y los de los Cárdenas Guillén, Los Metros.
El
otrora poderoso CDG vio caer a manos de efectivos de la Marina a sus máximos
líderes: Eduardo Costilla, El Coss, y Mario Cárdenas Guillén, ambos en la zona metropolitana
de Tampico, en septiembre de 2012.
Los
Zetas se dividieron. Una facción la encabeza Iván Velázquez Caballero, El
Talibán; otra es liderada por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40. La
organización perdió a su principal líder, Heriberto Lazcano Lazcano, El Z-14,
en un enfrentamiento con la Marina el 7 de octubre de 2012 en Progreso,
Coahuila. En ese grupo corre la versión de que Lazcano fue “puesto” por sus
propios compañeros.
Poco
después cayó Salvador Martínez Escobedo, La Ardilla, jefe regional del cártel
en el noreste y tercero en el mando zeta. Él fue el principal operador de la
matanza de los 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en
2010.
En
los tres años de narcoguerra Los Zetas perdieron a varios de sus líderes, entre
ellos Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito; Jaime González Durán, El Hummer;
y Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky.
También
dejaron de controlar Monterrey tras la detención de Carlos Oliva Castillo, La
Rana, quien operaba desde Saltillo. A esta captura le siguieron las de tres
capos posicionados en la zona metropolitana de la capital nuevoleonesa: Roberto
Carlos López Castro, El Toruño, aprehendido en Jalisco a finales de septiembre
de 2011; José Loera Rodríguez, El Voltaje, capturado en Monterrey por la
Policía Federal, y Francisco Medina Mejía, El Quemado, muerto en un
enfrentamiento con el Ejército en Nuevo Laredo.
Muchas
células quedaron acéfalas y se dedicaron al secuestro y la extorsión mientras
otras optaron por sumarse al CDG. La división de Los Zetas continúa en
Monterrey. Prueba de ello es la matanza de los integrantes del grupo Kombo
Kolombia.
Según
el testimonio de un presunto halcón que fue detenido tras el crimen, los
autores fueron Los Zetas, a pesar de que ellos financiaban al representante del
grupo. La razón: Los músicos amenizaban fiestas privadas de comandantes zetas
que se pasaron al CDG.
Pese
a que ambos bandos están divididos y debilitados, aún tienen fuerza e intentan
expandir sus dominios. Los Zetas, por ejemplo, tienen presencia en las
principales ciudades del noreste del país y de otras regiones. Sus rivales del
CDG controlan Matamoros, Reynosa, Tampico, así como Monterrey y varios
municipios de Nuevo León, y mantienen una alianza con el Cártel de Sinaloa, que
encabeza Joaquín El Chapo Guzmán
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