Crece
la rabia: que por lo menos investiguen al Ejército/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Revista Proceso No. 1994, 17 de enero de 2015
En
la última semana los ánimos se exacerbaron en Guerrero. Los padres de los
normalistas de Ayotzinapa, cansados del desdén de las autoridades a su petición
de investigar al Ejército, arremetieron contra las instalaciones del 27
Batallón de Infantería en Iguala. Ese evento terminó por doblar a las autoridades
federales. El martes 13, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
se comprometió a abrir las puertas del cuartel a los agraviados, e invitó a la
CNDH a acompañarlos. Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh,
dice que el largo historial de abusos militares obliga a las autoridades
civiles, por lo menos, a investigar al Ejército.
Las
escenas de confrontación entre padres de los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos y soldados el lunes 12 frente a las instalaciones del 27 Batallón
de Infantería de Iguala, son muestra de su desesperación por saber dónde están
sus hijos.
El
desdén de las autoridades federales para atender institucionalmente su petición
y la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto a abrir una línea de investigación
sobre el Ejército alimentaron el encono de los padres, sostiene Santiago
Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que los representan.
“Los
papás han estado insistiendo mucho en este punto (la revisión de los cuarteles)
desde hace tiempo. En ese sentido, lo que pasó el lunes 12 en Iguala se explica
porque no se le ha buscado un cauce institucional a su petición”, comenta
Aguirre Espinosa a Proceso.
Esa
inquietud por buscar a sus hijos en instalaciones militares ha sido una
constante, insiste. El 29 de septiembre, por ejemplo, acudieron al 27 Batallón
y preguntaron al comandante José Rodríguez Pérez sobre la refriega del 26 de
septiembre.
El
militar les dijo que se había enterado “al último” y rechazó que los soldados a
su cargo hubieren participado en las detenciones de normalistas o de policías
agresores. Pero los padres no han quitado el dedo del renglón.
El
martes 13, en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los padres
de los jóvenes desaparecidos lograron el compromiso de las autoridades para
ingresar a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Horas después la
invitación se hizo extensiva al presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Debe
investigarse al Ejército
En
tanto se definen los términos y condiciones del ingreso al cuartel, el
subdirector del Centro Prodh advierte que la negativa del gobierno federal a
abrir una línea de investigación sobre el Ejército ha exacerbado los ánimos.
“No
concordamos con la PGR de que no hay un solo elemento en el expediente que
justifique investigar al Ejército”, sostiene Aguirre Espinosa. Y explica: si
bien es cierto que “hasta ahora no hay elementos para decir que (tropas del
Ejército) actuaron de manera directa en la desaparición, sí los hay para
hablar de su participación en todo el contexto previo.”
Al
recordar la revisión que Proceso hizo del expediente de la PGR en su edición
1992, el abogado advierte que en los documentos oficiales hay pistas para
“estimar que deben investigarse los vínculos del 27 Batallón de Infantería con
el Cártel de Guerreros Unidos”.
La
clave está, dice, en la declaración ministerial del exdirector de Seguridad
Pública de Cocula, el mayor retirado Salvador Bravo Bárcenas, quien fue
efectivo del 27 Batallón.
Según
el testimonio rendido por Bravo Bárcenas el 15 de octubre pasado, en agosto de
2013 él denunció ante el comandante del cuartel de Iguala, Juan Antonio Aranda
Flores, a varios de sus subalternos, entre ellos su segundo, César Nava
González, de presuntos nexos con Guerreros Unidos. Sin embargo, los policías
sólo comenzaron a ser investigados a partir de la desaparición de los
normalistas.
Para
Aguirre, eso demuestra que “lejos de generar una investigación, el Ejército
protegió a César Nava”, identificado como uno de los principales responsables
del ataque armado contra los estudiantes y de su desaparición.
Reconocer
ese contexto previo “implicaría abrir una línea de investigación y agotarla
para determinar si hubo alguna participación directa del Ejército el 26 y 27 de
septiembre; no puede descartarse, en la medida en que sí están probados los
vínculos Ejército-Guerreros Unidos”, sostiene el abogado del Centro Prodh.
A
este escenario de sospechas se suma un largo historial de violaciones a los
derechos humanos por parte del Ejército, un patrón de detenciones arbitrarias y
resistencia a rendir cuentas a las autoridades civiles, agrega Aguirre.
“Como
Centro Prodh –dice– estamos convencidos de que en México sí existe un patrón de
detenciones ilegales y en muchos casos de desaparición forzada cometidas en
instalaciones militares, patrón acreditado desde la Guerra Sucia. Sin embargo
nunca ha sido formalmente reconocido por el Ejército, porque nunca ha habido un
proceso serio de justicia transicional de investigación de esos delitos.
Historias
de los marinos
La
utilización ilegal de las instalaciones militares en la Guerra Sucia está
acreditada en la recomendación 26/2001 de la CNDH y es “una práctica que no se
ha eliminado”, apunta.
Tras
señalar que el Centro Prodh acompaña también casos cometidos durante la Guerra
Sucia y el combate al narcotráfico, Aguirre Espinosa advierte que el patrón de
detenciones arbitrarias en instalaciones castrense está siendo replicado por la
Secretaría de Marina (Semar).
Así
lo demuestra el caso de Claudia Medina Tamariz, cuyo domicilio en Veracruz fue
allanado por marinos el 7 de agosto de 2012. Ella y su marido Isaías Flores
Pineda fueron trasladados a las instalaciones de la Marina. Ahí Claudia fue
torturada sexualmente y obligada a firmar una declaración autoinculpatoria. Día
y medio después ella fue presentada ante los medios con armas y personas que no
conocía; también se le acusó de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva
Generación.
Ante
el Ministerio Público los marinos dijeron que Claudia fue detenida a las 0:30
horas del 8 de agosto, pero el documento firmado por sus captores fue recibido
12 horas más tarde, dato que fue considerado por el Juzgado Decimoséptimo de
Distrito.
En
la resolución de amparo contra la orden de aprehensión por delincuencia
organizada se advierte que por lo menos durante esas 12 horas Claudia estuvo en
las oficinas de la Semar, “lugar donde le elaboraron los dictámenes médicos y
los formatos de cadena de custodia” presentados por la dependencia.
Pese
a la existencia de este patrón documentado de detenciones arbitrarias en
instalaciones de las Fuerzas Armadas, hay una negativa para reconocerlas,
particularmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al
menos así lo ha demostrado el Centro Prodh en el litigio llevado en el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
contra la opacidad de la Sedena, asunto en el que el organismo autónomo dio la
razón a la organización civil.
El
28 de julio de 2014 los abogados del Centro Prodh ingresaron 79 solicitudes de
información a oficinas de regiones, zonas y batallones militares para requerir
relaciones de civiles, hombres y mujeres “detenidos en flagrancia por elementos
de la Sedena, por haber solicitado una autoridad ministerial civil durante la
fase de averiguación previa, aduciendo alguna cuestión de seguridad o por
cualquier otra razón, de 2006 a la fecha”.
Cuenta
Aguirre: “Hicimos las solicitudes a partir del acompañamiento de víctimas de
violaciones graves de derechos humanos cometidos en instalaciones militares,
partiendo de que obviamente el Ejército registra cualquier ingreso a sus
instalaciones y considerando también que existe hoy la obligación de las
autoridades mexicanas de hacer un registro de la detención”.
El
16 de agosto, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, Luis
Crescencio Sandoval González, dio respuesta en un documento a las 79
solicitudes en un resolutivo de “inexistencia”. Su argumento fue que “durante
las operaciones que realiza el personal militar… en términos de lo establecido
por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano, 2/o fracción IV y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales,
las personas detenidas en flagrancia delictiva sin demora son puestas a
disposición inmediatamente ante la autoridad ministerial correspondiente, quien
conforme a sus facultades es la que acuerda su detención”.
El
espaldarazo del IFAI
El
28 de septiembre el Centro Prodh impugnó la resolución de la Sedena, a la cual
considera “lisa y llanamente falsa”, tomando en cuenta registros de la CNDH.
Además
de citar la recomendación 26/2001 sobre las graves violaciones de derechos
humanos cometidas por militares en instalaciones castrenses durante la Guerra
Sucia, el Centro Prodh hizo referencia en su escrito a la Agenda Nacional de Derechos
Humanos 2013, del mismo organismo, en la cual hay mil 155 quejas por
“retenciones en instalaciones militares”, de 2005 a 2012.
En
los alegatos se incluyó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a favor de Israel Arzate Meléndez, detenido y torturado por militares en
el Vigésimo Regimiento de Ciudad Juárez, para ser acusado de participar en la
masacre de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010,
así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra
México por el caso de los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera, retenidos en instalaciones militares en 1998.
El
recurso fue admitido por el pleno del IFAI, expedientes 4164/14 y 4269/14, que
estudiaron los comisionados Joel Salas Suárez y Areli Cano, respectivamente.
El
3 de diciembre pasado, el pleno del IFAI aprobó el proyecto de Salas Suárez,
según el cual de la respuesta de la Sedena “no puede considerarse que hubo una
búsqueda exhaustiva de la información” en las instalaciones militares, ni en
oficinas de la dependencia como la Dirección General de Derechos Humanos, con
facultades para conocer de ese tipo de datos.
El
ponente complementa las referencias que hizo el Centro Prodh con algunas
recomendaciones emitidas por la CNDH “con motivo de la participación de
personal militar en retenciones ilegales”.
Tomando
tres ejemplos de la larga lista de recomendaciones, el comisionado determinó
que “ha habido casos de retención en instalaciones militares”, así como
“acuerdos de retención” entre el Ministerio Público federal y el Ejército, para
que civiles sean custodiados por personal castrense.
Por
esos antecedentes y porque la propia Sedena tiene en su sitio en internet un
apartado con la relación de recomendaciones recibidas de la CNDH, el IFAI falló
a favor del solicitante de información.
En
el resolutivo, notificado el 9 de diciembre al Centro Prodh, reconocen la
necesidad de “reforzar el deber que tiene el sujeto obligado de llevar a cabo
esfuerzos razonables para reunir información… toda vez que, tratándose de
violaciones a derechos humanos, las víctimas y la sociedad en general tienen
derecho a saber las razones, circunstancias y, en general, toda la información
sobre los hechos constitutivos de los delitos”.
Los
comisionados aprobaron por unanimidad el proyecto de Joel Salas por el que se
instruye a la Sedena “a que realice una nueva búsqueda respecto de la cantidad
de personas retenidas temporalmente en las instalaciones militares”.
El
pleno del IFAI encomendó a la Sedena a publicar en su sitio en internet y
proporcionar los datos a los solicitantes de información para que tengan
acceso.
“Hasta
el momento no hemos sido notificados del cumplimiento del resolutivo, pero
estimamos que se debe a que falta por resolverse el recurso que está siendo
analizado por la comisionada Areli Cano, que esperamos que resuelva en el mismo
sentido que el comisionado Salas”, apunta el abogado Aguirre.
Esta
muestra de reticencia de los mandos castrenses por transparentar lo que ocurre
en los cuarteles militares, e incluso ante órganos del Estado como el IFAI,
dice, explican en parte el recelo manifiesto de familiares de los normalistas
de Ayotzinapa y organizaciones sociales que los acompañan.
“La
solicitud de los padres de que se abran los cuarteles es un reflejo de la
exigencia de que el Ejército reconozca que tiene un historial de graves
violaciones a los derechos humanos, que debe generar otras pautas de
transparencia”, señala.
Esa
exigencia de los agraviados, recalca, “nos muestra que todavía está pendiente
en la agenda tener unas Fuerzas Armadas de verdad comprometidas con los
derechos humanos. Ese es uno de los muchos temas en los que la alternancia no
generó cambios, pues la transición no tocó al Ejército”. Proceso
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