La corrupción como amenaza para la seguridad internacional

La corrupción como amenaza para la seguridad internacional/Fernando Valdés Verelst. Experto en seguridad y relaciones internacionales y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Colaborador de Opex (Fundación Alternativas).

 Fundación Alternativas | 23 de enero de 2015

Hemos cerrado un 2014 especialmente convulso tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Los efectos electorales de la crisis y las políticas de austeridad en Europa, los conflictos de Siria y Libia, la aparición de la amenaza del Estado Islámico o el estallido de la guerra en Ucrania, son sólo algunos ejemplos de lo ocurrido el año pasado y que sin duda han condicionado la agenda política. Pero además, el año 2014 ha estado marcado por la corrupción. Han sido tantos los casos de corrupción en nuestro país, que resulta complicado relacionarlos todos de una vez.

Según el último informe de Transparencia Internacional (Índice de Percepción de la Corrupción, IPC 2014), España ha venido a consolidar la puntuación que recibió en 2013, demostrando que, en su conjunto, nuestro país no tiene corrupción sistémica, sino múltiples escándalos de corrupción política en los niveles superiores de los partidos y en los gobiernos locales y autonómicos.

Pero la corrupción no sólo hizo estragos en nuestras fronteras, sino que 2014 confirmó la tendencia de ejercicios anteriores, afectando de manera muy intensa a otros muchos países, convirtiéndose ya en uno de los principales factores de inseguridad internacional. Así lo ha constatado el prestigioso centro de investigación estadounidense Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) en su informe “Corruption The Unrecoanized Threat to International Security“. Este documento de trabajo pone de manifiesto que tanto gobiernos como multinacionales no han tenido en cuenta la corrupción en la elaboración de sus políticas internacionales y de seguridad, o en sus operaciones de inversión. Todavía hoy subestimamos los efectos que las formas más agudas de corrupción tienen en la seguridad internacional. La corrupción sistémica, en efecto:

Debe entenderse no como un fracaso o distorsión de las instituciones gubernamentales, sino como un sistema plenamente funcional en el que los gobernantes utilizan todos los instrumentos a su disposición para secuestrar los flujos económicos existentes. Este esfuerzo a menudo limita el resto de actividades relacionadas con el eficaz funcionamiento del Estado.

Provoca indignación en la población, siendo un factor que sin duda contribuye al malestar social y en ocasiones a la insurgencia.

Favorece el agravamiento de otras amenazas para la seguridad internacional, caso del crimen organizado, el terrorismo o las graves perturbaciones económicas.

No sólo es capaz de catalizar esas amenazas, sino que se combina con otros factores de riesgo como son los conflictos étnicos, religiosos o lingüísticos, así como las profundas desigualdades económicas, para aumentar la inseguridad.

Tradicionalmente los gobiernos occidentales han priorizado otras preocupaciones en su acción exterior antes que la lucha contra la corrupción. La política exterior europea, y también la española, no han sido una excepción. La agenda de seguridad, los intereses comerciales y económicos, el control de los flujos migratorios o incluso la política de desarrollo han homologado, cuando no legitimado regímenes corruptos, y con ello, agravado los riesgos preexistentes. El realismo en las relaciones internacionales ha relativizado un problema que con el tiempo se ha demostrado gigantesco. Según fuentes del Banco Mundial, los flujos financieros ilícitos, como la corrupción, el soborno, el robo y la evasión fiscal, tienen un coste anual para los países en desarrollo superior al billón de dólares, lo que equivale a los productos interiores brutos combinados de Suiza, Sudáfrica y Bélgica. Con esta cantidad de recursos se podría sacar de la extrema pobreza a más de 1.400 millones de personas durante seis años.

Si se superponen dos índices tan conocidos como son el relativo al seguimiento de la corrupción, de una parte, y el que mide la violencia o inestabilidad de un Estado, de otra, se observa una correspondencia evidente entre ambos. De este modo, los países con elevados índices de corrupción suelen sufrir conflictos o acaban engrosando la lista de Estados fallidos (ver el siguiente cuadro). Según el informe del CEIP, doce de los quince países peor clasificados en Índice de Transparencia Internacional de 2013 son actualmente escenario de insurrecciones, albergan grupos extremistas, o plantean otras graves amenazas a la seguridad internacional.corrupcion

Muchos analistas aseguran que entre las causas que explican lo ocurrido en Mali, algunos países árabes, Ucrania, Tailandia o Iraq, por ejemplo, se encuentra un sistema organizado de corrupción en favor de las élites gubernamentales, que funcionan como auténticas cleptocracias.

Centremos nuestra atención por un momento en el auge del Estado Islámico en Iraq y en la dificultad del gobierno iraquí para defender plazas tan estratégicas como Mosul y Tikrit. Cómo es posible, tal y como se pregunta Zaid Al-Ali en un artículo de Foreign Policy (How Maliki Ruined Iraq), que, en cuestión de días, esta organización terrorista fuese capaz de derrotar a las fuerzas armadas iraquíes, fuerzas entrenadas por los Estados Unidos y que supuestamente contaban con más de un millón de efectivos y habían recibido más de 20.000 millones de dólares de financiación desde 2006. La respuesta debemos encontrarla en la depredación y el sectarismo de las élites nacionales, con Al-Maliki al frente. Su gobierno fue incapaz de construir instituciones políticas y sociales competentes, por no hablar de su ejército. El sector de la seguridad, con un presupuesto anual superior a los presupuestos combinados de educación, salud y medio ambiente, fue objeto de una supervisión internacional mínima. Los soldados se alistaron y recibieron su nómina mensual sin presentarse al servicio. Haider al-Abadi, actual primer ministro iraquí, ha informado que hasta hace poco tiempo el Estado pagaba salarios de 50.000 soldados que no existían. Tal cantidad de nombres falsos en el registro del personal militar generó un gasto ficticio, supuestamente embolsado por generales y oficiales, próximo a los 30 millones de dólares mensuales. De otra parte, en febrero de 2011, cuando miles de iraquíes tomaron las calles del país para denunciar la corrupción y el sectarismo étnico del gobierno de Al-Maliki, fueron tildados por medios oficiales de extremistas y reprimidos duramente por las fuerzas de seguridad. A nadie ha de extrañar que tres años después, esos mismos que denunciaban la corrupción y abandono por parte del gobierno central, hayan hecho poco por evitar la toma de regiones enteras por el Estado Islámico.

También la exasperación llevó a muchos ciudadanos ucranianos a la plaza del Maidan para denunciar la corrupción imperante en el gobierno de Viktor Yanukovychy y la falta de esperanza para una inmensa mayoría de la población. Fue precisamente la ocupación de la plaza de la independencia en Kiev el detonante de todo lo ocurrido desde entonces en esa región.

En otros casos, la inseguridad ha sido fruto de la competencia entre distintas facciones políticas o militares por el control de los escasos recursos nacionales, o por hacerse con el control de los ingresos derivados de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. Así ha ocurrido en Mali o Guinea Bissau y, hasta cierto punto, en Afganistán.

Puede ocurrir también que la corrupción se convierta en uno de los principales causantes de la desmotivación de las tropas regulares en su lucha contra movimientos insurgentes. Según Johnnie Carson, miembro del Instituto norteamericano para la Paz (USIP), esto es lo que está ocurriendo en Nigeria. A pesar de que el gobierno nigeriano combate en tres frentes: al norte contra una de las peores insurgencias del continente africano, Boko Haram, y en el centro y sur del país contra otros movimientos separatistas, la corrupción institucionalizada no sólo alimenta estos conflictos, sino que erosiona la voluntad de combatir y las capacidades del ejército nigeriano, el más numeroso de ese continente. Nigeria gasta un cuarto de su presupuesto anual en sus fuerzas de seguridad y, sin embargo, hay evidencia suficiente que confirma la connivencia de los oficiales del ejército con las bandas organizadas que se dedican al robo de petróleo y su venta en el mercado negro. El caso es que la corrupción en ocasiones evita que suministros tan básicos como el rancho, la munición o el transporte lleguen al campo de batalla, secuestrados para beneficio de instancias superiores del ejército.

Para algunos gobiernos e inversores occidentales, la corrupción se ha percibido, equivocadamente, como un inconveniente inevitable y, en ocasiones, necesario para mantener la estabilidad de las instituciones y el statu quo entre las élites extractivas, en referencia al concepto acuñado por Acemoglu y Robinson en su célebre ensayo ¿Por qué fracasan los países? La historia nos dice que los tradicionales enjuagues que la comunidad internacional ha hecho en favor de la seguridad energética, la lucha contra el terrorismo y el radicalismo, o, por ejemplo, en favor de intereses comerciales, han resultado contraproducentes con el paso del tiempo. Al relativizar la corrupción sistémica para alcanzar esos objetivos, subestiman los efectos de estas prácticas corruptas en la desigualdad social y en la estabilidad de instituciones.

Paradójicamente, puede llegar a ocurrir que los flujos financieros internacionales para luchar contra el terrorismo en países como Argelia, Yemen, Egipto o Paquistán, ofrezcan un incentivo perverso para los altos estamentos de estos gobiernos, interesados en mantener cierta actividad terrorista para asegurarse la captación y el aprovechamiento de esos recursos. Tal y como reconoce el grupo de trabajo del CEIP, es indispensable aceptar que gobiernos corruptos nunca harán honor a los compromisos adquiridos en materia de cooperación militar.

Es hora de que los decisores públicos y privados promuevan una mejor comprensión de la corrupción como sistema organizado en muchos países, y que se otorgue la merecida importancia a la interacción que esa corrupción tiene con otros factores de riesgo y que conducen de forma combinada a un incremento exponencial de las amenazas a la seguridad internacional. Así, el documento de trabajo del instituto norteamericano concluye con una serie de recomendaciones que bien podrían incorporarse a un programa electoral o al plan estratégico de gobiernos y corporaciones transnacionales, y que se puede resumir en los siguientes puntos:

Hay que mejorar el análisis de los riesgos. De este modo, analizar lo ocurrido en países como Túnez o Egipto antes de la revueltas ciudadanas de 2011, donde, a pesar de la supuesta estabilidad, era evidente el malestar social con la corrupción imperante, puede ayudar a anticipar la evolución de los acontecimientos en otros países como Angola, Etiopía o Uzbekistán. Este análisis puede, incluso, llevar a establecer condiciones en las políticas de inversiones y en las relaciones diplomáticas.

Es necesario realizar un cálculo más preciso de los intercambios reales cuando entran en conflicto distintos intereses de la política exterior. En este sentido, deben elaborarse análisis detallados sobre cómo diferentes intervenciones (la cooperación militar, la inversión privada, o por ejemplo la ayuda para el desarrollo) operan en entornos marcados por la corrupción sistémica. Este cálculo permitirá anticipar y responder eficazmente ante los resultados de nuestras intervenciones.

Hay que incorporar la corrupción como factor transversal de análisis en todas las disciplinas que afectan a las relaciones internacionales, incluidos ámbitos tan dispares como la inteligencia, la ciberseguridad o el cambio climático.

Una comprensión más minuciosa de la corrupción como sistema organizado puede reducir ostensiblemente la necesidad de intervenir militarmente una vez que estallen las crisis, orientando su resolución por medios no militares más eficaces y antes de la verdadera detonación del conflicto.

Y finalmente, con referencia a España, si es cierto que la lucha contra la corrupción se ha convertido en prioridad nacional para las principales formaciones políticas de nuestro país, ésta debería ocupar también un lugar destacado en nuestra política exterior.