La
dolorosa e indignada búsqueda/EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS
Revista Proceso No. 1994, 17 de enero de 2015
CHILPANCINGO,
GRO.- A casi cuatro meses de la matanza de normalistas de Ayotzinapa, sus
padres, estudiantes y activistas comenzaron a buscarlos ellos mismos en Iguala
y otros municipios de la Región Norte, bastión del grupo delictivo Guerreros
Unidos. De manera simultánea, integrantes de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero intensificaron sus acciones de boicot
al proceso electoral, sobre todo en esta capital, donde las autoridades han
sido rebasadas.
El
propio gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, intenta minimizar la
crisis generalizada. Calificó a los maestros disidentes de “reducido grupo de
vándalos” contra los cuales, dijo, se aplicará la ley, e insiste en que sí hay
condiciones para realizar los comicios.
El
domingo 11 la agencia Apro informó sobre las andanzas de Walton Álvarez,
presidenta del DIF de Acapulco, uno de los municipios más violentos del país.
La funcionaria viajó precisamente cuando las autoridades gubernamentales
trataban de revertir la imagen negativa del principal destino turístico de
Guerrero.
Al
día siguiente los integrantes del movimiento social que exige castigo para los
responsables de la barbarie y la presentación de los normalistas desaparecidos
se manifestaron frente a las bases castrenses de Iguala, Acapulco y Florencio
Villarreal, para exigir al gobierno federal que investigue a los militares por
su presunta participación en la cacería de estudiantes.
La
acción más violenta ocurrió en la sede del 27 Batallón de Infantería en Iguala,
ubicado frente a un centro comercial propiedad del exalcalde José Luis Abarca,
presunto autor intelectual del ataque a los normalistas el 26 de septiembre
pasado.
En
esa tercera protesta consecutiva en el mismo cuartel, soldados y manifestantes
se enfrentaron a pedradas y envases de vidrio. El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que las puertas del cuartel bajo sospecha
serán abiertas para “quitar pretextos y polarizaciones”.
“Se
ha acreditado por la PGR una y otra vez que (los militares) no tuvieron
participación. En el sanatorio los militares les ofrecieron auxilio (a los
normalistas) y ese es el único momento en que estuvieron ahí los elementos.
Quieren polarizar, no hay ninguna prueba al respecto.”
“Esos
son elementos suficientes para que el Ministerio Público federal inicie una
línea de investigación contra los mandos del 27 Batallón de Infantería, y la
PGR determine el grado de responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa”,
según el abogado.
Al
día siguiente, familiares y activistas se dividieron en cinco grupos y
recorrieron las colonias marginales de Iguala y algunas comunidades de Taxco y
Tepecoacuilco.
La
zona igualteca por la cual se desplazaron es un cementerio clandestino de
Guerreros Unidos de donde se han exhumado más de 30 cuerpos en las últimas
semanas. Los padres de los normalistas visitaron también poblados de Tetelilla
y Mayanalán de Tepecoacuilco en busca de pistas. Los lugareños les dijeron que
en los últimos meses han visto que hombres armados trasladaron a un grupo de
jóvenes y solían pernoctar en una iglesia.
Simultáneamente,
agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) realizaron un operativo en pleno centro de Iguala, donde
detuvieron a Alfredo Almazán León, un empresario joyero y dueño del equipo de
futbol Cañeros, de la división de ascenso. Éste es suegro de Gonzalo Souza
Neves, El Uruguayo, arrestado en Puebla en julio pasado acusado de trabajar
para Guerreros Unidos.
Según
el gobierno federal, El Uruguayo asumió el control de la banda criminal
afincada en la región Norte de Guerrero y el sur del Estado de México y Morelos
tras la captura del fundador del grupo, Mario Casarrubias Salgado.
Hasta
el momento se desconoce la situación jurídica de Almazán León, propietario de
varios locales en el Centro Joyero de Iguala, propiedad de Abarca, preso
también por sus presuntos nexos con el narco y señalado como autor intelectual
de la masacre y desaparición de los normalistas.
El
empresario igualteco también es señalado como socio de Federico Figueroa, el
hermano del cantante Joan Sebastian, presuntamente vinculado con Guerreros
Unidos.
Al
siguiente día, viernes 16, el gobierno federal anunció la captura de Felipe
Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo, presunto sicario de ese mismo grupo
criminal y señalado como el responsable de ordenar pulverizar los huesos
calcinados de los 43 normalistas de Ayotzinapa antes de que los restos fueran
presuntamente arrojados al río San Juan en Cocula.
Al
Cepillo, detenido en Jiutepec, Morelos, también se le señala como quien dio la
orden de quemar la ropa que los ejecutores de los normalistas traían puesta,
“para que no quedaran rastros”.
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