Mexico Stubbornly Resists Accountability, editorial NYT

Trescientos 87 palabras contundentes en ingles. 

Editorial: Las respuestas que Peña Nieto no le da a México

El 26 de diciembre miles de personas marcharon en Ciudad de México para exigir justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Credit Edgard Garrido/Reuters

Como candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto usó el título de su libro “México, la gran esperanza” para explicar qué tipo de nación quería construir. Pero después de tres años en el cargo, parece bastante probable que será recordado más como un jefe de gobierno que evitó rendir cuentas que como el líder transformador que muchos mexicanos creyeron haber elegido.

Durante su administración, el gobierno mexicano ha tratado de lavarle la cara a varias verdades incómodas y ha minimizado más de un escándalo.

Cuando periodistas mexicanos revelaron que un contratista del gobierno había puesto una casa de lujo a disposición de Peña Nieto y su esposa, el Presidente le encargó la investigación a un amigo cercano. Nadie se sorprendió cuando esa investigación no encontró pruebas de ningún comportamiento indebido por parte del presidente. Los periodistas, que hicieron un trabajo meticuloso e impecable, se quedaron sin empleo.

Cuando el capo del narcotráfico más poderoso del país, Joaquín Guzmán Loera, escapó de prisión en julio muchos mexicanos mostraron su escepticismo frente a la versión oficial, tal vez porque se trataba de la segunda vez que escapaba de prisión. El gobierno ha mantenido que Guzmán huyó a través de un túnel que él y sus cómplices excavaron sin que los guardias lo advirtieran, y descartó la posibilidad de que recibieran ayuda desde el interior del penal. Algunos funcionarios fueron detenidos tras la fuga pero el gobierno aún no ha dado una explicación convincente de lo sucedido.

Más preocupante aún es el intento, a todas luces torpe, de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Septiembre de 2014 que, según todos los indicios, fueron masacrados en el estado de Guerrero. El gobierno sostuvo que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros de un cártel de la droga. Pero en septiembre de este año, un informe preliminar elaborado por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de imágenes de satélite, afirmó que era poco probable que los cuerpos hayan sido incinerados.

Y el hecho de que el gobierno haya negado la petición recurrente para que investigadores internacionales entrevisten a los militares en el lugar de la desaparición no ha servido más que para alimentar el escepticismo de la ciudadanía.

Aún no es demasiado tarde para que el gobierno reconozca que su investigación ha fracasado y les de a los investigadores internacionales acceso a los funcionarios gubernamentales implicados. Quizás, a estas alturas, ni siquiera eso pueda salvar la reputación de Enrique Peña Nieto. Pero es lo mínimo que debe hacer por las víctimas de una de las mayores y más atroces violaciones a los Derechos Humanos en la historia mexicana reciente.

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The Opinion Pages | EDITORIAL

Mexico Stubbornly Resists Accountability

By THE EDITORIAL BOARDJAN. 4, 2016

When he campaigned for the presidency of Mexico, Enrique Peña Nieto used the title of his book, “Mexico, the Great Hope,” to explain the record he hoped to achieve and the nation he hoped to build. More than three years into his presidency, it seems more likely that he will be remembered not as the transformational leader Mexicans thought they had elected, but as a politician who skirted accountability at every turn.

On Mr. Peña Nieto’s watch, the Mexican government has swiftly and systematically whitewashed ugly truths and played down scandals.

After Mexican journalists revealed that a government contractor had made a lavish home available to Mr. Peña Nieto and his wife, the president appointed a friend to investigate the matter. Not surprisingly, the inquiry found no evidence of wrongdoing by the president. The journalists, despite meticulous, unimpeachable reporting, lost their jobs.

When the country’s most powerful drug kingpin, Joaquín Guzmán Loera, escaped from prison in July, Mexicans were rightly skeptical about the official account, not least because it was Mr. Guzmán’s second escape. The government claimed that Mr. Guzmán had slipped out through a tunnel he and his accomplices dug unbeknown to prison officials, dismissing the possibility that he had help from the inside. While some officials were arrested as a result of the prison break, the government has yet to fully explain the lapse.

More troubling is the government’s botched effort at investigating the September 2014 disappearance of 43 college students, who appear to have been massacred in the rural state of Guerrero. The government claimed the students were executed and incinerated by members of a drug gang. A preliminary report issued by a group of international experts from the Inter-American Commission on Human Rights in September, citing satellite images, said it was implausible that the bodies had been incinerated.

Adding to public skepticism, the government has turned down repeated requests to allow the international team to interview military personnel stationed near the site of the disappearance.

It is not too late for the government to acknowledge that its investigation was bungled and to give the international investigators unfettered access to government personnel. That may be too little to salvage Mr. Peña Nieto’s reputation. But it’s the least he can do for the victims of one of Mexico’s worst human rights atrocities in recent history.