Revista
Proceso
# 2070, 3 de julio de 2016...
Los inútiles
pataleos de Javier Duarte/NOÉ ZAVALETA
Pese
a que cada vez se queda más solo, el priista Javier Duarte no se da por
vencido. La semana pasada intentó que el Congreso veracruzano aprobara algunos
nombramientos para colocar a gente que blinde su salida y lo proteja durante un
lustro. Sin embargo, sus propios correligionarios frenaron sus ímpetus; hasta
la presidenta nacional sustituta del PRI, Carolina Monroy del Mazo, criticó
severamente las maniobras del controvertido gobernador.
Los
priistas “disidentes” filtraron la versión de que Duarte pretende imponer a la
extitular del Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, así
como al defenestrado exprocurador de Justicia, Reynaldo Escobar, y al litigante
priista Jorge Reyes Peralta. Su propósito, dicen, es tener un blindaje para los
próximos cinco años.
Duarte
también envió al pleno del Congreso local una reforma al artículo 33
constitucional, fracción XLII, cuyo propósito es dar facultades al Poder
Legislativo para la designación del contralor general antes de que concluya el
actual sexenio. La propuesta es que el nombramiento se apruebe con las dos
terceras partes de los legisladores.
Para
Hilario Barcelata, investigador de la Universidad Veracruzana, resulta evidente
que Duarte intenta dejarle a su sucesor un funcionario con poder suficiente
para obstaculizar su labor y que responda a los intereses del gobierno que se
va y no a los de la sociedad veracruzana.
“Más
que pensado para vigilar el buen desempeño del próximo gobierno, un contralor
heredado sería una presencia permanente para disuadir los intentos de procesar
penalmente a Duarte y a sus colaboradores que han sido señalados de
corrupción”, sostiene.
Sin
embargo, pese a los esfuerzos por proteger al secretario de Seguridad Pública,
Arturo Bermúdez, a los extesoreros Vicente Benítez y Mauricio Audirac, así como
el excontralor Iván López y al exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos,
Duarte está cada vez más solo. La propia presidenta nacional interina del PRI,
Carolina Monroy del Mazo –prima del presidente Enrique Peña Nieto–, ya le dio
la espalda.
“Duarte
es un cobarde”
El
29 de junio –un día antes de que el PRI echara atrás el dictamen para votar al
nuevo fiscal anticorrupción–, los panistas Ricardo Anaya, Santiago Creel y el
gobernador electo Yunes Linares fueron agredidos por una turba de enfurecidos
campesinos de los 400 Pueblos, quienes lanzaron piedras, ladrillos, botellas de
vidrio y plástico, así como bolsas de orines a los líderes panistas, al tiempo
en que le gritaban “asesino” y “corrupto” al gobernador electo.
En
la refriega, cuatro reporteros, incluida una fotoperiodista, resultaron
lesionados. Joaquín López Dóriga se dio vuelo exhibiendo escenas de la agresión
en El Noticiero, de Televisa. Los panistas utilizaron los videos para
responsabilizar a Duarte, a quien llamaron cobarde.
También
lo hizo María Josefina Gamboa, columnista y diputada local electa, quien estuvo
presa en julio de 2014 por conducir ebria y atropellar a un sujeto. Ella grabó
un clip en el portal ONEA, Corruptómetro-México, para enfocar sus críticas al
gobernador priista.
“Ojala
tuvieras los pantalones de hacerlo tú, que lo hicieras tú, sería una canallada,
pero… tendrías el valor de dar la cara, pero mandar a mujeres, campesinos, a
niños, a gente manipulando su miseria y su ignorancia a agredir, lo que tú no
puedes hacer por corrupto y por ratero… porque eres un cobarde”, expresó
Gamboa. El video se hizo viral.
Tras
la batalla campal en la avenida Encanto, afuera del Congreso local, Anaya,
presidente del PAN, telefoneó a varias radiodifusoras para reprochar el
“cobarde ataque” orquestado supuestamente desde la oficina principal del
gobierno de Veracruz.
Al
otro día el inmueble legislativo amaneció sitiado por medio millar de
integrantes de los 400 Pueblos, unos 50 uniformados del Instituto de la Policía
Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y una treintena de
la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como alrededor de 300
“acarreados”. El despliegue resultó inútil. Ese día el paquete de iniciativas
duartistas fue frenado.
El
29 de junio el Comité Ejecutivo Nacional del PRI organizó una conferencia de
prensa para dar su punto de vista sobre la violencia suscitada en Veracruz.
Monroy del Mazo declaró, en alusión a Duarte, que no es ético promover
iniciativas para blindarse. Lamentó también la agresión de los integrantes de
la organización campesina de los 400 Pueblos contra dirigentes del PAN.
“El
PRI –dijo– sólo estará del lado de la ley, del lado de los veracruzanos, de sus
familias. De los que quieren vivir en paz y seguir el camino de la democracia,
del camino irrestricto de la legalidad. No estará a favor de la polarización de
conductas y acusaciones mutuas, sería razonable encontrar un punto de
equilibrio”.
Basificación
a discreción
Hace
dos semanas, la Gaceta Oficial del Estado publicó un decreto que promueve una
basificación masiva del aparato burocrático del estado, haciendo hincapié en
los empleados de confianza, quienes normalmente llegan “apadrinados” por el
gobernante en turno.
“Se
hará justicia laboral a miles de personas que cada seis años viven en la
incertidumbre de perder su trabajo”, justifica el documento oficial.
Para
los empleados sindicalizados, esa propuesta de basificación es discrecional,
pues cada secretario de despacho y la propia oficina de Duarte promueven o
recomiendan a quienes quieren basificar, sin considerar antigüedad, experiencia
o capacidad para el cargo.
Duarte
también elaboró una iniciativa en la que propone donar a “título gratuito” la
residencia oficial de gobierno, denominada Casa Veracruz, a la Comisión Estatal
para los Derechos Humanos, así como otro predio anexo a la Comisión Estatal
para la Atención de Víctimas del Delito y la Comisión Estatal para la Atención
y Protección de Periodistas.
El
panista Julen Rementería usó la tribuna parlamentaria para denunciar el
desmantelamiento de inmuebles públicos en Veracruz: Duarte, dijo, “ha resultado
muy generoso con bienes que no son suyos”.
El
priista Ricardo Ahued también afirmó en el Congreso local que los alrededores
de Casa Veracruz, en un fraccionamiento con calles empedradas, no “soportaría”
una carga burocrática de más de 200 empleados estatales. Ahí, dijo, no hay ni
los servicios ni los cajones de estacionamiento requeridos para albergar a la
burocracia; mucho menos para atender a la ciudadanía.
Como
colofón, fue aprobada en primera instancia la propuesta de dotar a la
Universidad Veracruzana a partir del año entrante de 4% de los fondos de la Ley
de Ingresos (4 mil millones de pesos anuales, en promedio), pese a que durante
su gestión Duarte siempre intentó asfixiar financieramente a esa institución,
la cual ya acumula pasivos por más de 2 mil millones de pesos.
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