Los inútiles pataleos de Javier Duarte

Revista Proceso # 2070, 3 de julio de 2016...

Los inútiles pataleos de Javier Duarte/NOÉ ZAVALETA

Pese a que cada vez se queda más solo, el priista Javier Duarte no se da por vencido. La semana pasada intentó que el Congreso veracruzano aprobara algunos nombramientos para colocar a gente que blinde su salida y lo proteja durante un lustro. Sin embargo, sus propios correligionarios frenaron sus ímpetus; hasta la presidenta nacional sustituta del PRI, Carolina Monroy del Mazo, criticó severamente las maniobras del controvertido gobernador.

 XALAPA, VER.- Inmerso en el desprestigio, Javier Duarte de Ochoa intenta blindar su salida del gobierno, luego de la derrota electoral del pasado 5 de junio y el abandono de su propio partido, el PRI.

 La semana pasada, el mandatario –cuya gestión concluye el próximo 30 de noviembre– envió al Congreso local un paquete de iniciativas que incluyen los nombramientos de funcionarios en puestos clave para la transparencia y rendición de cuentas, pero también emitió varios decretos para maniatar a Miguel Ángel Yunes Linares, su sucesor.

 Pero su partido le dio la espalda. El jueves 30, la Junta de Coordinación Política, dominada por el PRI, maniobró para frenar el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla –un exdiputado priista cercano a Duarte– como nuevo fiscal anticorrupción para los próximos cinco años. Según las valoraciones previas, faltaban cuatro votos de legisladores priistas o afines al partido oficial para tener la mayoría calificada: 34 votos.

 Los diputados José Ramón Gutiérrez, Mónica Robles, Jesús Vázquez y Ricardo Ahued, otrora priistas, se rebelaron contra el mandatario saliente. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política decidieron también postergar el nombramiento del nuevo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y Previsión Social y conocido mapache electoral, era el más perfilado.

 El Congreso estatal sólo le aprobó al gobernador la creación de la Sala Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con 30 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones de legisladores priistas. Aun así, Duarte podrá proponer a tres nuevos magistrados, que serán adscritos a la nueva sala donde permanecerán cinco años.

Los priistas “disidentes” filtraron la versión de que Duarte pretende imponer a la extitular del Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, así como al defenestrado exprocurador de Justicia, Reynaldo Escobar, y al litigante priista Jorge Reyes Peralta. Su propósito, dicen, es tener un blindaje para los próximos cinco años.

Duarte también envió al pleno del Congreso local una reforma al artículo 33 constitucional, fracción XLII, cuyo propósito es dar facultades al Poder Legislativo para la designación del contralor general antes de que concluya el actual sexenio. La propuesta es que el nombramiento se apruebe con las dos terceras partes de los legisladores.

Para Hilario Barcelata, investigador de la Universidad Veracruzana, resulta evidente que Duarte intenta dejarle a su sucesor un funcionario con poder suficiente para obstaculizar su labor y que responda a los intereses del gobierno que se va y no a los de la sociedad veracruzana.

“Más que pensado para vigilar el buen desempeño del próximo gobierno, un contralor heredado sería una presencia permanente para disuadir los intentos de procesar penalmente a Duarte y a sus colaboradores que han sido señalados de corrupción”, sostiene.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por proteger al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, a los extesoreros Vicente Benítez y Mauricio Audirac, así como el excontralor Iván López y al exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, Duarte está cada vez más solo. La propia presidenta nacional interina del PRI, Carolina Monroy del Mazo –prima del presidente Enrique Peña Nieto–, ya le dio la espalda.

“Duarte es un cobarde”

El 29 de junio –un día antes de que el PRI echara atrás el dictamen para votar al nuevo fiscal anticorrupción–, los panistas Ricardo Anaya, Santiago Creel y el gobernador electo Yunes Linares fueron agredidos por una turba de enfurecidos campesinos de los 400 Pueblos, quienes lanzaron piedras, ladrillos, botellas de vidrio y plástico, así como bolsas de orines a los líderes panistas, al tiempo en que le gritaban “asesino” y “corrupto” al gobernador electo.

En la refriega, cuatro reporteros, incluida una fotoperiodista, resultaron lesionados. Joaquín López Dóriga se dio vuelo exhibiendo escenas de la agresión en El Noticiero, de Televisa. Los panistas utilizaron los videos para responsabilizar a Duarte, a quien llamaron cobarde.

También lo hizo María Josefina Gamboa, columnista y diputada local electa, quien estuvo presa en julio de 2014 por conducir ebria y atropellar a un sujeto. Ella grabó un clip en el portal ONEA, Corruptómetro-México, para enfocar sus críticas al gobernador priista.

“Ojala tuvieras los pantalones de hacerlo tú, que lo hicieras tú, sería una canallada, pero… tendrías el valor de dar la cara, pero mandar a mujeres, campesinos, a niños, a gente manipulando su miseria y su ignorancia a agredir, lo que tú no puedes hacer por corrupto y por ratero… porque eres un cobarde”, expresó Gamboa. El video se hizo viral.

Tras la batalla campal en la avenida Encanto, afuera del Congreso local, Anaya, presidente del PAN, telefoneó a varias radiodifusoras para reprochar el “cobarde ataque” orquestado supuestamente desde la oficina principal del gobierno de Veracruz.

Al otro día el inmueble legislativo amaneció sitiado por medio millar de integrantes de los 400 Pueblos, unos 50 uniformados del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y una treintena de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como alrededor de 300 “acarreados”. El despliegue resultó inútil. Ese día el paquete de iniciativas duartistas fue frenado.

El 29 de junio el Comité Ejecutivo Nacional del PRI organizó una conferencia de prensa para dar su punto de vista sobre la violencia suscitada en Veracruz. Monroy del Mazo declaró, en alusión a Duarte, que no es ético promover iniciativas para blindarse. Lamentó también la agresión de los integrantes de la organización campesina de los 400 Pueblos contra dirigentes del PAN.

“El PRI –dijo– sólo estará del lado de la ley, del lado de los veracruzanos, de sus familias. De los que quieren vivir en paz y seguir el camino de la democracia, del camino irrestricto de la legalidad. No estará a favor de la polarización de conductas y acusaciones mutuas, sería razonable encontrar un punto de equilibrio”.

Basificación a discreción

Hace dos semanas, la Gaceta Oficial del Estado publicó un decreto que promueve una basificación masiva del aparato burocrático del estado, haciendo hincapié en los empleados de confianza, quienes normalmente llegan “apadrinados” por el gobernante en turno.

“Se hará justicia laboral a miles de personas que cada seis años viven en la incertidumbre de perder su trabajo”, justifica el documento oficial.

Para los empleados sindicalizados, esa propuesta de basificación es discrecional, pues cada secretario de despacho y la propia oficina de Duarte promueven o recomiendan a quienes quieren basificar, sin considerar antigüedad, experiencia o capacidad para el cargo.

Duarte también elaboró una iniciativa en la que propone donar a “título gratuito” la residencia oficial de gobierno, denominada Casa Veracruz, a la Comisión Estatal para los Derechos Humanos, así como otro predio anexo a la Comisión Estatal para la Atención de Víctimas del Delito y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas.

El panista Julen Rementería usó la tribuna parlamentaria para denunciar el desmantelamiento de inmuebles públicos en Veracruz: Duarte, dijo, “ha resultado muy generoso con bienes que no son suyos”.

El priista Ricardo Ahued también afirmó en el Congreso local que los alrededores de Casa Veracruz, en un fraccionamiento con calles empedradas, no “soportaría” una carga burocrática de más de 200 empleados estatales. Ahí, dijo, no hay ni los servicios ni los cajones de estacionamiento requeridos para albergar a la burocracia; mucho menos para atender a la ciudadanía.

Como colofón, fue aprobada en primera instancia la propuesta de dotar a la Universidad Veracruzana a partir del año entrante de 4% de los fondos de la Ley de Ingresos (4 mil millones de pesos anuales, en promedio), pese a que durante su gestión Duarte siempre intentó asfixiar financieramente a esa institución, la cual ya acumula pasivos por más de 2 mil millones de pesos.