Revista
Proceso
# 2070, 3 de julio de 2016...
Nochixtlán:
también la Policía Federal disparó/
JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Fotografías,
testimonios y la investigación de la Fiscalía de Oaxaca revelan que no sólo los
integrantes de la Gendarmería sacaron armas de grueso calibre durante el pasado
desalojo de Nochixtlán. Miembros de la División de Fuerzas Federales también
desenfundaron. Este hecho vuelve a evidenciar el desastre de aquel operativo.
De hecho, la estrategia gubernamental ante la inconformidad de los maestros es
duramente criticada… por los agentes federales.
Las
investigaciones sobre el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, apuntan no sólo
a la Gendarmería, el cuerpo creado por iniciativa del presidente Enrique Peña
Nieto, sino también a las Fuerzas Federales, la división de la Policía Federal
(PF) que desplegó el equipo antimotines y, al igual que la Gendarmería, reforzó
con hombres armados el operativo de desalojo del pasado 19 de junio.
Las
imágenes que han circulado sobre el enfrentamiento muestran tanto a efectivos
de la Gendarmería como de Fuerzas Federales accionando sus armas de cargo.
Algunos fueron captados en posición de tiro, otros en acciones armadas de
retirada o de ofensiva, como la de los federales que entraron con sus rifles al
panteón de la comunidad, donde detuvieron a 18 personas ajenas a los choques
entre civiles y la corporación.
Las
indagatorias a cargo de la Fiscalía de Oaxaca se han centrado en identificar
las armas y calibres que llevaban ambas divisiones de la PF y cuáles fueron
accionadas, así como la de los calibres que provocaron la muerte de ocho
personas. Los primeros reportes oficiales indican que tres policías federales
fueron heridos de bala, calibres .22 y .38.
“Esto
sigue ocurriendo por la falta de controles políticos y jurídicos que no sólo
permitan a las propias instituciones policiales reconstruir los hechos, sino
también asegurar consecuencias a los responsables al determinar cómo fue la
toma de decisión”, dice el internacionalista graduado en Oxford y especializado
en seguridad pública y ciudadana.
Asegura
que México carece de ese sistema de rendición de cuentas, pero también de
sistemas profesionales para que la policía haga un uso proporcional de la
fuerza.
Si
bien la supervisión operativa es una de las mayores dificultades para las
policías en todo el mundo, dice que sí existen sistemas que permiten evaluar si
en un operativo hubo un desatino institucional o si un agente o varios se
salieron de la orden recibida.
Ante
lo ocurrido en Nochixtlán, “la policía sale a decir algo pero no tiene
sustentos técnicos para convencer a la opinión pública. El resultado es una
desconfianza social muy grande, porque hay un vacío entre la poca normatividad
que hay sobre el uso de la fuerza y lo que vemos en las calles”, dice Espriú.
Directo,
señala que México ha renunciado de manera directa al cumplimiento de los
principios y criterios que se han creado desde los noventa en el ámbito
internacional, porque ni ha creado la ley para el uso de la fuerza ni las
plataformas de profesionalización y mecanismos para que sus agentes se apropien
de lo que implica una reglamentación de esta naturaleza.
El
titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, de
quien depende la PF en la Secretaría de Gobernación, aseguró que la Unidad de
Asuntos Internos de la corporación policial investigará lo ocurrido en
Nochixtlán.
El
especialista de Insyde es, por lo menos, escéptico: “No tenemos certeza
respecto de la Unidad de Asuntos Internos. No hay certeza porque ningún externo
ha podido verificar la manera en que opera. Una Unidad de Asuntos Internos con
los más altos niveles internacionales tendría que contar con autonomía de
gestión, de recursos y funcionamiento. En México, no estamos seguros de cómo
funciona”.
Subraya
que en otros países la información incluso es validada por una supervisión
externa a la policía.
Las
dudas, desde dentro
Los
mandos policiales son cuestionados incluso por elementos que participaron en el
fallido desalojo que derivó en acciones de represalia, como la captura y
sometimiento durante más de 12 horas de dos policías federales, el 27 de junio,
por parte de supuestos integrantes de la CNTE.
Ante
la humillación de la que fueron objetos los dos policías, efectivos de la
corporación se inconformaron a través de las redes sociales. La noche de ese
día, en un mensaje anónimo en la plataforma de Facebook, escribieron: “¿Dónde
están aquí los mandos. Qué esperan para rescatar a los compañeros? ¿Dónde está
(el comisionado general) Galindo, (el comisario de la Coordinación de Reacción
Inmediata, José Luis Enrique) Cobián (López), y el de Gendarmería (Castilla
Craviotto)?… Esperan para que los dejen humillar”, escribieron en el muro
titulado El Bunnker.
El
mismo día de los enfrentamientos en Nochixtlán, los propios elementos
antimotines quedaron desprotegidos y en su retirada en dirección a la ciudad de
Oaxaca lanzaron gases lacrimógenos a casas habitacionales. A las seis de la
tarde del 19 de junio, cuando intentaron llegar a Oaxaca, un grupo de
federales, sin armas antimotines, tuvo que ser auxiliado desde el aire para que
pudieran avanzar.
De
acuerdo con el relato de testigos que presenciaron el repliegue policial, en la
localidad Hacienda Blanca, un grupo de agentes se abrió paso auxiliado por un
helicóptero que lanzaba gases sobre el camino, mientras un civil lanzaba
cohetones con dirección al helicóptero. En las calles no sólo había profesores.
También muchos pobladores.
Los
policías se resguardaron parcialmente en una finca, mientras tres civiles les
lanzaron piedras. La PF respondió con gases desde el aire. Intentaban ingresar
a la capital del estado, después del frustrado intento de desalojo en
Nochixtlán.
Para
incursionar en Hacienda Blanca, lanzaron gases a zonas habitacionales y
pudieron abrirse paso entre las barricadas instaladas por los profesores y
simpatizantes, quienes se replegaron ante las bombas lacrimógenas. Los policías
avanzaron así hacia el crucero de Trinidad de Viguera, una de las entradas que
conecta la ciudad de Oaxaca con la Ciudad de México.
Esa
misma noche, un contingente de federales ingresó a la ciudad ante los atónitos
pobladores. Durante unos 10 minutos desfiló un largo convoy de camionetas,
camiones y motocicletas de la Policía Federal. Ya no los escoltaban desde el
aire.
Hacienda
Blanca es el mismo lugar en el que integrantes del magisterio disidente
instalaron un retén el 14 de junio. Ese día mantuvieron retenidos algunos
vehículos pertenecientes a empresas comerciales.
También
retuvieron un camión de la PF que transportaba a cinco agentes, quienes
llevaban uniformes y equipo antimotines a sus compañeros apostados en otras
zonas de bloqueos. Los disidentes se apoderaron del equipo, lo arrojaron al
asfalto y le prendieron fuego, en una acción que, dijeron, forman parte del
reclamo a las autoridades por la detención de los líderes de la CNTE, acusados
de lavado de dinero.
En
Oaxaca, la PF se ha enfrentado también a su propia realidad: elementos
inconformes por falta del pago suplementario.
Desde
que fueron desplegados en Oaxaca (junio del año pasado), los policías de las
tres divisiones de la PF apostados en el lugar denunciaron las condiciones
precarias en que laboran: carencia de comida o bien alimentos en condiciones
insalubres, así como falta de pago.
Incluso
el 27 de julio de 2015 efectivos de las Fuerzas Federales estuvieron a punto de
irse a la huelga: “No se nos ha depositado el bono por operatividad, el cual
debió entregarse el día 21 o a más tardar el 23 de este mes. De ello está
enterado el comisario general Salvador Camacho Aguirre. Sin embargo, no le
importa si nosotros tenemos o no necesidad de disponer de este recurso que ya
nos hemos ganado. Estamos decayendo anímicamente”, señalaron en comunicaciones
internas, de las cuales tiene copia Proceso.
Argumentaban:
“En Oaxaca nos estamos dando en la madre defendiendo intereses políticos igual
que lo hacemos en estados conflictivos como Michoacán, Guerrero y Chiapas. Sin
hacer de menos las demás ciudades (sic), éstas son las de mayor incidencia
delictiva política y social, en donde resguardamos las instalaciones de los
maestros, quienes ya están planeando cómo partirle la madre a nuestros
compañeros”.
En
esa ocasión, el llamado era un exhorto para realizar una huelga en cada uno de
sus servicios. Nunca pararon.
En
otro documento fechado el día 30 de ese mes, inquirían de nuevo a Camacho
Aguirre: “¿Y la operatividad cuándo?, ya que dicho pago no ha sido pagado por
la CNS”.
En
el documento hacen referencia a tres “vertientes” por las que no se ha
realizado el pago de operatividad.
“La
primera apunta a que no se ha solicitado dicho pago por parte de los enlaces de
la División; la otra es que, al parecer, el director general de Recursos
Humanos estaba ‘robando’ el bono que fue aportado incluso por parte del
gobierno de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el cual constaba de
7,000.00 pesos; la última vertiente indica que el personal de la Secretaría
General no está de acuerdo con el pago de este bono a federales, ya que ellos
no lo reciben, por lo que solicitaron una retabulación para que también se les
otorgue.”
Los
agentes le dicen a Camacho que no entienden por qué, a pesar de que son Fuerzas
Federales –la columna vertebral de la PF–, son los más castigados y
menospreciados. Le recuerden que son el grupo que más enfrentamientos ha
tenido, más aseguramientos de drogas y de presuntos narcotraficantes, entre
ellos algunos de los más buscados.
Le
dicen que si compara sus resultados con los de otras divisiones se dará cuenta
de que la mayor parte del trabajo “sucio” lo realiza “Fuerzitas”, como son
conocidos por otras áreas de la CNS.
“Señor
jefe de división, ya es hora de que seamos tratados como se debe, ya es justo
que sea reconocido nuestro trabajo, la razón por la que no pagan la
operatividad y el bono no es cuestión nuestra ni suya, pero recuerde que en
nuestras manos está la seguridad de todo el país. Recuerde que hay compañeros
durmiendo en lugares inapropiados en los estados donde el conflicto magisterial
ha causado estragos, donde las elecciones no dan el resultado que el pueblo
espera.
“Aun
así, los compañeros de Fuerzas Federales están al pie del cañón aguantando
hambre, sueño, mal comidos, y encima están con la zozobra ante la espera de que
sea pagada la operatividad y el bono que usted prometió y que los gobernadores
de los estados ya entregaron a la CNS.
“Sabemos
que este mensaje va a llegar a usted, sabemos que hay un oficio donde tratan de
coartar nuestra libertad de expresión diciendo que estas prácticas –circular
documentos de inconformidad a través de grupos de Whatsapp– están prohibidas, y
sí, lo son, siempre y cuando se revele información que ponga en riesgo la
seguridad nacional o vulnere la vida privada de algún particular, pero no para
expresar lo que pensamos y sentimos, recuerde que ante todo somos ciudadanos
mexicanos con los mismos derechos y garantías que otorga la carta magna.”
Le
recuerdan, eso sí, que el personal de esa división le reitera su subordinación
y respeto tanto a él como al entonces titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido
García.
Más
tarde se enteraron de que Enrique Galindo Ceballos emitió un oficio en el que
pide que se comunique a todo el personal de la PF perteneciente a la División
de Fuerzas Federales que, “en relación con el oficio PF/DFF/CRAI/DGUAOC/7263,
se haga del conocimiento que con fecha 1 de julio (de ese 2015) deja de existir
el bono de riesgo de trabajo denominado Operatividad, con fundamento en los
artículos 112, 114 y 117 Fracciones III, IV y VIII del reglamento de la Policía
Federal, hasta nueva orden”.
Ello
a pesar de que ese bono era para solventar gastos como lavandería, aseo
personal y del armamento, además de alimentos.
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