18 abr 2010

La libertad de la novela

Libertad de la novela
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 04/07/2009
Babelia, 4/ de julio de 2010;
Una novela es la libertad. El acto físico de abrirla es tan simple, tan rotundo, tan cargado de sentidos posibles, como el de abrir una puerta, una puerta de salida y una puerta de entrada. Hasta la tapa del libro parece una puerta que se abre. Salimos de algo y entramos en algo, cruzamos un umbral que se despliega entre nuestras manos, y al principio, como en algunos lugares misteriosos, nos encontramos en la sombra, y sólo gradualmente se acostumbran los ojos a la nueva claridad que irradia del interior del libro. En la casa de veraneo de sus abuelos Proust se encerraba a leer en un retrete con una pequeña ventana desde la que veía el campanario del pueblo. Juan Carlos Onetti leía de niño encerrado en un armario, a la luz de una linterna, acompañado por un gato al que acariciaba tan silenciosamente como pasaba las páginas, y decía que la causa de su mala vista era haber gastado los ojos leyendo en aquel refugio. Muchas tardes de verano yo he leído en un granero lleno de trigo recién cosechado, y en el tacto del papel había residuos del polvo de la trilla.
Empezar a leer se parece mucho a empezar a escribir: es encontrar un hilo y seguirlo, escuchar una voz y dejarse hechizar
Pero no siempre logra uno ese estado de encierro gustoso, de inmersión en aguas muy profundas, ese fervor de libertad en el interior de una novela. Tan necesarias como el libro en sí son las circunstancias: muchas páginas y mucho tiempo por delante, sin distracciones, sin estorbos, con un grado de concentración que según nos dicen cada vez es más difícil, pero sin el cual la experiencia integral de la novela no llega a cumplirse. A lo largo de dos viajes sucesivos en tren y de las ocho horas de un vuelo transatlántico yo he tenido esa oportunidad de lectura perfecta, y también la suerte de haber hallado el libro preciso para satisfacerla, una novela recién publicada que un amigo me trajo de Londres justo cuando preparaba el equipaje, The Winter Vault, de Anne Michaels.
Yo no sabía nada de esta autora. Tan sólo recordaba el título de una novela anterior, Piezas en fuga, que tuve en casa y no leí cuando se publicó hace años en español. Después he sabido que no es partidaria de dar demasiada información sobre su propia vida para que ese conocimiento no interfiera en el encuentro del lector con el libro, que debería ser lo más limpio posible. "De verdad creo que leemos de manera distinta un libro cuando sabemos incluso los detalles más banales de la vida de su autor", ha dicho. Es verdad que yo me he beneficiado de mi ignorancia: el deseo de la lectura lo despertó el título de la novela, La bóveda de invierno, y también un indicio sobre el argumento: en 1964 un ingeniero recién casado viaja con su mujer a la región del Alto Nilo para trabajar en el salvamento del templo de Abu Simbel, que habría sido anegado por las aguas de la presa de Asuán. Nada más. La libertad de la novela es también nuestra potestad de entrar en ella sin obligaciones ni prejuicios y decidir soberanamente si seguiremos leyendo o la dejaremos al cabo de unas páginas, porque en ese reino privado no obedecemos a nadie ni nos dejamos coaccionar por la opinión de otros que parezcan saber más y ni siquiera por la presión inmensa de lo que parece gustarle a todo el mundo. De nuestras preferencias o rechazos soberanos no tenemos que dar cuenta a nadie. La novela existe para nosotros en ese espacio de intimidad que nos protege tras la puerta cerrada de la lectura.
En el fondo, empezar a leer se parece mucho a empezar a escribir: es encontrar un hilo y seguirlo, escuchar una voz y dejarse hechizar y guiar por ella. La voz de Anne Michaels, despojada de biografía, de información, de prejuicios a favor o en contra, empecé a escucharla con una claridad singular cuando abrí su novela junto a la ventanilla del tren que me llevaba al norte, y luego me acompañó en la habitación de un hotel y en otra travesía de vuelta por los verdes cantábricos que se disolvían después en los ocres y amarillos de las llanuras de Castilla. Subí al avión y en cuanto me abroché el cinturón de seguridad ya abrí la novela para que la voz me acompañara, y mi viaje sobre el Atlántico se correspondía con los que emprenden los personajes de la novela, el ingeniero Avery y su mujer, Jean, sus idas y vueltas entre Canadá y Egipto, entre el dulce amor compartido y la desgracia y el remordimiento, y también los viajes que se cuentan el uno al otro, los que se enredan con sus vidas y los que les dieron origen y permitieron que se encontraran. La voz de la novela está hecha en realidad de muchas voces que se escuchan también en ella, y que no se pierden en el clamor general, tan poderoso sin embargo como el de los ríos que alimentan literalmente el fluir de la trama, el San Lorenzo, en Canadá, el Nilo, y de golpe -con esa sorpresa de la lectura que sólo es plenamente efectiva cuando se carece de información previa- el Vístula, el río de Varsovia. En 1945, al otro lado del Vístula, las tropas soviéticas permanecían detenidas mientras los alemanes aplastaban sanguinariamente la sublevación de los polacos y mientras metódicamente minaban y demolían una ciudad entera ya convertida en cementerio.
"No hay dos hechos tan apartados entre sí que no puedan juntarse", dice uno de los héroes de la novela, otro ingeniero, el padre de Avery, que alentó en su hijo desde que era niño el amor por las máquinas y por las grandes obras públicas, por la capacidad humana de comprender y transformar el mundo. La nieve de las cumbres que se ven a lo lejos desde el interior de una selva africana será luego el agua del gran río que fluye por el desierto. El empeño colosal de domar su corriente para que haga fértiles campos de cultivo y produzca la electricidad que mejorará las vidas de millones de personas también traerá consigo una escala de destrucción formidable: paisajes, aldeas, formas de vida, mundos enteros arrasados, miles o centenares de miles de otras personas que son despojadas de todo sin que se les pida su opinión en nombre de un progreso del que ellas no se benefician. Los ingenieros desmontan piedra por piedra el templo de Abu Simbel y lo reconstruyen en otra parte, pero el templo ya es una falsificación. Terminada la guerra la Ciudad Vieja de Varsovia es levantada de nuevo por los supervivientes, pero cuando más se parece a la que fue destruida más mentiroso resulta el simulacro.
La novela es la libertad: Anne Michaels acumula en la suya vidas inventadas, hechos históricos, informaciones sobre ingeniería y sobre botánica, exactitudes de la poesía y de la ciencia, y en esa acumulación hay un desbordamiento de abundancia y un rigor de arquitectura sin peso. La puerta de la novela da a las latitudes del mundo y a las bóvedas más secretas de la experiencia humana.
Piezas en fuga. Punto de Lectura. Madrid, 2001. 400 páginas. 7,60 euros.

Las simples cosas

Canción de las simples cosas
Uno se despide/
insensiblemente de pequeñas cosas,
lo mismo que un árbol en tiempos de otoño/
muere por sus hojas.
Al fin la tristeza es la muerte7
lenta de las simples cosas,
esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida,
y entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas.
Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso,
que el amor es simple,/
y a las cosas simples las devora el tiempo.
Demorate aquí, en la luz mayor de este mediodia,
donde encontrarás con el pan al sol la mesa servida.

La Cuenta Pública 2008

2008: Las malas cuentas de Calderón
Jesusa Cervantes
Revista Proceso # 1746, 18 de abril de 2010;
La Auditoría Superior de la Federación detectó un manejo discrecional de los excedentes financieros del gobierno federal en 2008 para forzar el equilibrio presupuestal. La administración panista, con más recursos a su disposición, no cumplió con las metas inflacionarias y, más aún, aumentó la deuda pública.
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa maquilló las cifras de su gasto de 2008, incurrió en subejercicios injustificados, realizó transferencias indebidas a diversos fondos e impidió que los millonarios recursos adicionales que obtuvo por ingresos excedentes llegaran a la población, destinándolos al mantenimiento del costoso aparato burocrático.
Desde la llegada del panismo al gobierno federal, los ingresos por excedentes petroleros y tributarios han alcanzado niveles sin precedente; para 2008 sumaban ya 1 billón, 281 mil 902 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de la alta burocracia: en los últimos 10 años, el número de plazas en el gobierno federal se incrementó en más de 1000%.
Lo anterior se desprende del análisis de la cuenta pública federal 2008 que realizan la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la Unidad de Evaluación y Control de ésta, y los informes cuatrimestrales de ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la interpretación de los documentos que hacen legisladores del PRI y del PT, especializados en el manejo del gasto público.
Año tras año, la Cámara de Diputados autoriza una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos para el gobierno federal. En 2008, los legisladores autorizaron un gasto de 2 billones 894 mil 806 millones de pesos a la administración calderonista. De esa cantidad, 85% corresponde a pagos ine­ludibles, como programas sociales, mantenimiento de escuelas, salarios de maestros y médicos y pago de la deuda, entre otros.
Por lo tanto, sólo 434 mil 220 millones de pesos pudieron ser etiquetados por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón realizó un manejo discrecional de esos recursos, e incluso fuera de la ley, para mantener el llamado “equilibrio presupuestal” al que está obligado como administrador de las contribuciones que pagan los mexicanos, de la venta de petróleo y la aplicación de programas sociales, y evitar que se dispare la inflación o que crezca la deuda.
Dinero perdido
De los 434 mil 220 millones de pesos que manejó libremente el gobierno calderonista, 315 mil 476 millones de pesos (72.6%) fueron captados por la venta de excedentes petroleros y recursos tributarios no previstos. Los legisladores no tienen certeza del uso de esos recursos, pues no cuentan con la justificación correspondiente.
Mario di Costanzo, diputado federal del Partido del Trabajo y exfuncionario de Hacienda, detalla que más de la mitad de esos recursos se empleó en el gasto corriente de la administración de Calderón, esto es, pago de salario de altos funcionarios y el mantenimiento del aparato, como compra de vehículos y gasolina. En contraste, la inversión pública cayó 40% y la deuda creció 650 mil millones de pesos, asegura.
“Un ciudadano común no puede entender cómo con más ingresos en el país la inflación y la deuda crecieron en lugar de disminuir. Y la respuesta está en que poco más de la mitad de ese dinero se fue al pago de salarios y al mantenimiento del aparato burocrático”, expone.
El informe de la ASF señala que la mayoría del gasto neto devengado se destinó al gasto corriente, “en el que los servicios personales representaron la mayor parte”.
A su vez, el diputado del PRI Sebastián Lerdo de Tejada, especialista en la elaboración de presupuestos, acusa al gobierno panista de estar “engañando” a la población, pues el número de plazas de nivel superior –dice apoyado en datos de la Secretaría de Hacienda– ha crecido por encima de 1000% desde el arribo del PAN a la Presidencia. Por ejemplo, en 2001 había 89 funcionaros que ganaban como subsecretarios de Estado o titulares de entidad. Para 2009, el número aumentó a mil 11 funcionarios, es decir, un crecimiento de 1036%.
En el mismo periodo, de 4 mil 446 directores de área que había en 2001, la cifra llegó a 38 mil 427, y de 69 jefes de unidad o titular de entidad se pasó a mil 212.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, el costo total del aparato burocrático del gobierno federal en 2008 fue de 185 mil 44 millones de pesos, de los cuales 6 mil 500 millones se emplearon para el pago de salarios; el resto (134 mil millones) en gasto corriente.
La ASF encontró que el gobierno federal erogó 126 mil 877 millones de pesos (poco más de 40% de los excedentes petroleros y tributarios) para “otros gastos corrientes”.
Paradójicamente, la Cámara de Diputados obligó al gobierno federal a “racionalizar su gasto de operación” y le ordenó “compactar su estructura administrativa”, según estableció en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.
Lo anterior implica la reorganización del Poder Ejecutivo federal, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones, la reducción de los niveles salariales equivalentes en subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales “que no tenga dichos cargos” y la posible reducción de direcciones generales adjuntas.
En lugar de cumplir con el mandato, el gobierno de Felipe Calderón envió lo que fue considerado por priistas y petistas como “una burla”: un plan de austeridad por tres años que comprende el ahorro de 40 mil 100 millones de pesos (13 mil 366 millones de pesos por año), cifra que contrasta con los 185 mil millones de pesos que gastó tan sólo en 2008 para el mantenimiento del aparato burocrático.
Simulaciones
La Auditoría Superior de la Federación detectó que en el llamado ramo 23 (“previsiones salariales”) existió un sobregiro de 126 mil 877 millones de pesos, según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2008.
De acuerdo con el informe, Hacienda “autorizó la reasignación de gasto por 9 mil 538 millones de pesos a diversas entidades y fideicomisos, aun cuando, por lo avanzado del ejercicio fiscal, no era factible que dichos recursos se devengaran”.
Además, “se realizaron transferencias de recursos por 67 mil 587 millones de pesos a diversos ramos, sin que para ello hubiesen justificado las contingencias o gastos urgentes, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
El ramo 23 concentra recursos para contingencias, como desastres naturales o aumentos salariales no previstos, y su aplicación debe estar siempre justificada. En realidad, el gobierno federal lo utiliza como una caja chica, considera el diputado Mario di Costanzo.
“En este caso, nada de los más de 126 mil millones de pesos utilizados fue justificado”, puntualiza.
La auditoría también llama la atención sobre el registro de recursos que el gobierno federal transfiere a diferentes fondos como “inversión física”, pero que “son destinados al gasto corriente por sus ejecutores finales, como son los gobiernos estatales o municipales, razón por la cual se sobreestima el gasto de inversión”.
Un ejemplo: según el informe de la auditoría, se dejaron de invertir 41 mil 331 millones de pesos en infraestructura; sin embargo, a esa cantidad hay que restarle 5 mil millones de pesos que supuestamente habían pasado al llamado Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y que debían haberse utilizado para la infraestructura rural y urbana. Aunque fueron registrados en las cuentas del gobierno federal como inversión física y etiquetados para ese propósito, fueron usados “para gasto corriente”.
A esto se suman los llamados subejercicios, es decir, dinero que la federación dejó de ejercer injustificadamente en diversos programas sociales, dice por su parte el diputado Lerdo de Tejada, lo que para él es “una muestra plena de la ineficiencia en el ejercicio de los ingresos y el gasto público de parte del gobierno panista”.
Peor aún: dice que las cuentas de la administración calderonista contienen “simulaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo federal para ocultar millonarios subejercicios en el gasto”.
Reclama que el gobierno federal recurrió a la alquimia financiera “para que se alcanzara el equilibrio presupuestario y no se reflejara un subejercicio mayor al cierre de 2008”.
Denuncia que Hacienda autorizó distribuir remanentes presupuestales por 44 mil 542.3 millones de pesos, de los cuales 9 mil 537.7 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de depósitos en la Tesorería de la Federación (Tesofe)”.
Ofrece otros datos que él considera “preocupantes” sobre el manejo de las finanzas federales:
“En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encontraron recursos no devengados de los convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos a entidades federativas por 2 mil 100 millones de pesos.
“En el Programa Enciclopedia, la ASF detectó que la Secretaría de Educación Pública reportó indebidamente mil 300 millones de pesos como ejercidos, siendo que hasta octubre de 2009 se encontraban depositados en la Tesofe en una cuenta a favor de esa dependencia. También se realizaron transferencias por mil 73 millones de pesos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados para cubrir los capítulos de servicios personales y gastos de operación.”
Lo que es más, la administración calderonista recurrió a la figura de fideicomisos para ejercer dinero de manera discrecional, sin la autorización de la Cámara de Diputados, como lo demuestran las auditorías financieras y de cumplimiento con el manejo de los llamados “aprovechamientos” (el dinero que ingresa a la federación por el cobro de usufructo de algunos bienes, al margen de la tributación que paga cada ciudadano) y de la recuperación de capital por venta de bienes.
El gobierno federal reportó a la ASF 353 fideicomisos, cifra menor que los existentes durante la administración de Vicente Fox. No obstante, los recursos depositados en estos instrumentos ascienden a 506 mil 946 millones de pesos.
Sin embargo, dice Lerdo de Tejada, en 2008 “había 992 instrumentos jurídicos con disponibilidad de 601 mil 681 millones de pesos”, según la información proporcionada por los tres poderes, órganos autónomos, instituciones públicas de educación superior y gobiernos estatales.
El “escándalo” –como lo llaman tanto el priista Lerdo de Tejada como el petista Di Costanzo– radica en el manejo discrecional de esos recursos.
Lerdo de Tejada sostiene que esos instrumentos financieros han servido al gobierno para “desviar recursos” y utilizarlos con fines distintos para los que fueron autorizados.
Un ejemplo de lo anterior es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), constituido por Hacienda “en una cuenta de depósito de terceros en la Tesofe, mediante un acto que denominaron ‘acto jurídico análogo a mandato’, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar de formalizarlo como un fideicomiso público. Una parte de los recursos del FARP los destinó Hacienda para atender la insuficiencia en el presupuesto original del ISSSTE en el rubro de pensiones y jubilaciones. Además, los rendimientos financieros de los recursos del FARP fueron depositados en cuentas distintas a las de dicho fondo”, reportó la Auditoría Superior de la Federación.
El colmo, según el legislador Sebastián Lerdo de Tejada, es que “Hacienda obligó a Banobras a retirar 5 mil millones de pesos de su capital –depositado en el Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral de 2006–, y que lo regresara a la Tesofe para que ésta lo inscribiera en la Ley de Ingresos de la Federación como si fuera parte de los ingresos que se obtienen por impuestos o aprovechamientos o excedentes petroleros”.
Lerdo de Tejada califica esta maniobra financiera como “una simulación para lograr un equilibrio presupuestal”, como lo evidencia la propia ASF:
“La SHCP utilizó posteriormente dichos recursos para alcanzar un equilibrio presupuestal en las finanzas públicas, y en el ejercicio siguiente para autorizar un mayor gasto, sin la intervención y aprobación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Hacienda continuó manejando discrecionalmente los fideicomisos, mandatos y actos análogos para canalizar recursos públicos excedentes enterados en la Tesofe y reasignados en la Ley de Ingresos de la Federación.”
“A esto sólo se le puede llamar un fraude a la nación”, sostiene Di Costanzo, en tanto que el priista Lerdo de Tejada especula sobre la posibilidad de que los millonarios recursos manejados discrecionalmente en distintos fideicomisos, sostenidos con subejercicios, formen parte del “guardadito” para utilizarlo en la elección presidencial de 2012.

Abusos en arraigos

Jueces, corresponsables de abusos en arraigos
Jorge Torres entrevista a Marat Paredes Montiel, segundo visitador de la CNDH
El Universal, 18 de abril de 2010
Entrevistado por EL UNIVERSAL, Marat Paredes explica que en 2009 las quejas contra el Ejército sumaron mil 792 y 42 contra la Marina, y que en los primeros tres meses de 2010, ya suman más de 400 quejas por violaciones a los derechos humanos contra la Secretaría de la Defensa Nacional.
-¿Cuál es la posición de la CNDH sobre el arraigo?
La figura del arraigo es polémica, a partir de esto y de que es una figura constitucional, la Comisión no la puede cuestionar de manera directa, puesto que es una figura constitucional.
-¿Tienen cifras sobre los casos de arraigos que se han efectuado?
Una cifra concreta no la hay; realmente no tenemos muchos números en relación con esto. (Mmm)
-¿Se han incrementado los arraigos a partir de la lucha antinarco?
-Sí, desde luego.
-¿Cuentan con cifras de arraigos en cuarteles del Ejército?
-Lo que sabemos es que es una práctica; los militares detienen a alguien e invariablemente lo llevan a instalaciones militares, lo cual es anticonstitucional; el artículo 16 dice que se podrá capturar a alguien en flagrancia e inmediatamente deberá ser puesto ante a la autoridad ministerial. Aquí lo que tenemos es que los detienen, los llevan al cuartel y los certifican médicamente.
-¿Es legal en el país que se arraigue en los cuarteles militares?
-Sobre eso no podemos hacer un pronunciamiento, es una cuestión jurisdiccional. La decisión la toma un juez, el ministerio público le solicita al juez el arraigo en tal lugar y el juez es quien decide y da la autorización.
-¿La CNDH ha documentado que se tortura en los cuarteles militares, les preocupa el arraigo en las instalaciones del Ejército mexicano?
-Eventualmente podría ser preocupante, pero desgraciadamente no tenemos la competencia constitucional para manifestarnos en contra; sí es un hecho probado en donde la tortura no sólo no ha sido desterrada, sino que va en aumento y con métodos que se creían superados, pero la competencia constitucional no permite hacer un pronunciamiento respecto al asunto.
-¿Ni siquiera para alertar sobre esto?
-Nosotros podemos intervenir si hay una queja, pero por la condición en la que se realiza el arraigo, no podemos intervenir sobre la autorización del juez para que se hiciera en los cuarteles.
-¿Les preocupa?
-Es una situación que nos debe preocupar a todos; es una competencia del Poder Judicial, y esto que pasa en las instalaciones militares sí preocupa, pero aquí finalmente ya hay un juez que lo autorizó, ya hay una verificación jurisdiccional, ya hay un ingreso oficial, ya hay una certificación a la hora de que ingresa y puedes monitorear de manera mucho más clara lo que sucede en el transcurso del arraigo.
-¿Garantiza que ya no haya tortura?
-No, puede suceder.
Se han detectado algunos casos en los que militares interrogan a los civiles detenidos.
-¿Cuál es la posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
-El hecho de que estén arraigados en las instalaciones militares no autoriza a que los militares sean los que los interroguen; ahí desde luego habría una situación irregular; finalmente el juez lo que autoriza es que el arraigo se lleve a cabo dentro del cuartel castrenses del país, pero jamás le da alguna autorización para que sean los militares los que conduzcan la investigación.
-¿Tiene la policía y el Ejército manuales de interrogatorio?
-Ese es uno de los problemas; la falta de estos protocolos; lo que propicia es una actuación discrecional y en muchos casos arbitraria, porque los interrogatorios los hacen como quieren, no hay un procedimiento a seguir para hacer los interrogatorios a detenidos.
-El secretario de la Defensa Nacional le ha solicitado al Congreso facultades de investigación para el Ejército, ¿esto es conveniente?
-No pareciera lo más recomendable.
-¿Por qué la CNDH no ha sido tan crítica como lo han sido Naciones Unidas y la CIDH respecto al arraigo en cuarteles militares?
-Nosotros no tenemos la competencia constitucional; la Corte Interamericana puede decir que una constitución viola la convención americana, puede decirle a un país que reforme su constitución, pero tiene la jurisdicción para hacerlo, nosotros no tenemos la competencia para cuestionar a la propia Constitución (del país).
-Pero la Constitución no habla de arraigos en los cuarteles del Ejército.
-Pero tenemos la otra incompetencia de no poder pronunciarnos respecto de lo que autoriza un juez.
-¿Se sigue torturando en los cuarteles de los militares?
-Sí, y con mayor frecuencia.
-¿Entonces tendrían los jueces y el Ministerio Público que dejar de arraigar en los cuarteles militares?
-El hecho de que un juez autorice el arraigo… creo que los jueces también deberían de estar preocupados por esa situación, y mientras la norma no se reforme, ellos tienen una facultad discrecional y ellos también deben leer el contexto del país para tomar la decisión de autorizarlo o no (un arraigo), creo que sí hay una responsabilidad de quien autoriza el arraigo.
-¿Cuántas quejas contra el Ejército se han presentado en la CNDH?
-En 2009 fueron mil 792 quejas de Sedena y 42 de Marina; de Sedena tengo un aproximado de 404 quejas de enero a marzo.

Irregularidades en la Cuenta Pública 2008

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados solicitará la comparecencia del gabinete de Seguridad a fin de que explique el ejercicio del gasto aprobado por la Cámara de Diputados para el combate de la delincuencia e informe sobre la estrategia nacional en esta materia; concretamente analizaron la Cuenta Pública 2008 en materia de seguridad y procuración de justicia
La presidenta de este órgano legislativo, Esthela Damián Peralta (PRD) informó que los funcionarios que componen dicho gabinete acudirán de forma escalonada, siendo el primero de ellos el de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dijo que es oportuno el acuerdo sobre la comparecencia del gabinete de Seguridad dadas las inconsistencias en el ejercicio del gasto, denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante el análisis al informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, la ASF informó a los diputados que en materia de seguridad se registraron diversas irregularidades.
Por ejemplo en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, las entidades federativas cumplieron el 49 por ciento de las metas y ejercieron el 53 por ciento de los recursos transferidos para la Plataforma México, y en Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) los municipios alcanzaron el 73 por ciento de las acciones con el 84 por ciento de los recursos otorgados.
Asimismo, dijo la ASF que no controló ni supervisó la aplicación de los recursos federales otorgados a las entidades federativas en 2008, ya que sólo se ejercieron 4 mil 298 millones de pesos de un total de 7 mil 902 millones autorizados a los Fondos de Seguridad Pública (Foseg), lo que representó un subejercicio del 46 por ciento.
Se detectaron diversas irregularidades en el ejercicio del gasto y cita como ejemplo un subejercicio por 3 mil 603.6 millones de pesos en las entidades federativas, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De esa misma auditoría se desprende que las 5 entidades federativas con mayor subejercicio fueron: Querétaro (89.3 por ciento), Baja California Sur (68.9 por ciento), Sinaloa (61.8 por ciento), Distrito Federal (60.1 por ciento) y el Estado de México (60.1 por ciento). Mientras que los 5 estados con menor subejercicio fueron: Colima (16.3 por ciento), Yucatán (16.6 por ciento), Tabasco (16.9 por ciento), Sonora (20.4 por ciento) y Tlaxcala (28.8 por ciento).
Entre otras, señaló la ASF, el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no logró consolidar los registros del Sistema Nacional de Información.
Además, añadió la ASF, la Secretaría de Seguridad Pública no estableció políticas de inversión de los recursos del patrimonio del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, realizó adquisiciones sin cumplir la normativa y omitió el registro contable de erogaciones por mil millones de pesos.
Destacó que en la auditoría practicada a la Policía Federal Preventiva se determinaron deficiencias en materia de partidas presupuestales, materiales para seguridad pública, maquinaria y equipo de defensa por 240 millones de pesos, además de ausencia de lineamientos para la adquisición de armamento y municiones, así como para la compra de camionetas y unidades médicas móviles que no se destinaron a lo que fueron adquiridas.
“Los fideicomisos para el manejo de la Plataforma México no han rendido cuentas ni cumplido con sus obligaciones”.
Por lo que respecta a la Procuraduría General de la República, la ASF dijo que se detectó que los recursos del Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia no se aplicaron para los fines que fueron destinados; no se incorporaron en el Subsistema de Recaudación, como ingresos de ley, los rendimientos por 68 millones de pesos obtenidos por las inversiones asignadas al mandato ni tampoco se registraron en la contabilidad de la dependencia.
Además, se observó que el valor de los inventarios del activo fijo de la dependencia no coincidía con los registros, y al cierre de la auditoría, aún continuaban en conciliación y depuración cuentas por 400 millones de pesos.
Asimismo, refirió que la PGR omitió registrar 258 millones de pesos en la cuenta de “Bancos”. Por su parte, la Agencia Federal de Investigación (AFI) no reportó en la Cuenta Pública 755 millones de pesos ejercidos en servicios personales y generales.
En relación a los tratados sobre temas de combate al narcotráfico, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores no dispusieron de información para evaluar el impacto de la cooperación internacional.
La ASF determinó que en 2008 existían 466 policías por cada 100 mil habitantes, lo que significó un aumento del 218 por ciento con respecto a 1999. Añadió que las auditorías demostraron la falta de profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad: el 50 por ciento de los policías no estaban calificados para desarrollar sus funciones de manera óptima; el 21 por ciento tenían una escolaridad inferior al nivel básico, sólo 3 de cada 10 superaban ese nivel y el 14 por ciento no era apto psicológicamente.
En cuanto a los sistemas de información, dijo la ASF, después de 13 años del mandato para conformar el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, los registros que lo integran se encuentran inconclusos: el de personal de seguridad pública con un avance del 97 por ciento; el de seguridad privada 80 por ciento; el de procesados y sentenciados, 57 por ciento; el de armamento y equipo no reportó avance y la información sobre los mandamientos judiciales y huellas dactilares era inconsistente.
Por lo que respecta a las fuerzas armadas, la ASF reportó que en 2008 la Secretaría de la Defensa Nacional pagó percepciones por 65 millones de pesos correspondientes a 2 mil 848 plazas no autorizadas por la Secretaría de Hacienda; además, no cubrió el impuesto local sobre nómina por 568 millones de pesos.
“En el fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar no se registraron adecuadamente operaciones por mil 558 millones de pesos, asimismo se otorgó un anticipo del 40 por ciento a un proveedor sin justificación”.
A su vez, dijo, en la Secretaría de Marina se identificaron ajustes contables por 13 mil 243 millones de pesos que no fueron debidamente documentados, así como diferencias entre los registros contables y los inventarios físicos. También se registraron como ejercidos mil 442 millones de pesos, pendientes de devengar y pagar por la Agregaduría Naval en Washington, D.C.
Por otra parte, la ASF indicó que en materia de política interior, la Secretaría de Gobernación no integró el Registro Nacional de Población, ni definió procedimientos para incorporar a mexicanos residentes en el extranjero. Tampoco depuró la base de datos de la CURP, pues esta contabilizó 152 millones de habitantes a diferencia de los 106 millones cuantificados por el Consejo Nacional de Población, ni estableció un plan para cumplir con la meta del Programa Sectorial de Gobernación de expedir 80 millones de cédulas de identidad para 2012.
En su análisis, la ASF mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no asignó la CURP al cien por ciento de las actas de nacimiento (47 mil 754) ni al 99 por ciento de los 966 mil 617 certificados de matrículas consulares y al 99 por ciento de los pasaportes (un millón 78 mil 177).
Durante su intervención, el diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia), presidente de la Comisión de Marina, indicó que el informe en materia de seguridad y justicia es abrumador. Al mismo tiempo, dijo, vemos otro aspecto preocupante: a partir de ese año, el Presupuesto para la SSP pasa de 9 mil millones a 32 mil millones en 2008. Cada vez que se da más dinero a este sector los resultados son más catastróficos”
Reconoció que no existe capacidad para poner orden no sólo en el gasto, sino en los resultados. “Estamos creando un monstruo, ya casi es una guerra santa, en la cual nada más hay muertos y resultados negativos. Resulta que un periodista puede encontrar a un capo y una Plataforma (México) de 30 mil millones de pesos no puede hacerlo. Y más grave aún, ya no se le puede tomar cuentas a quienes ejecutan el gasto porque están protegidos por el halo de la opacidad”.
Gertz Manero señaló que un 97 por ciento de las adquisiciones de armamento de la Secretaría de Seguridad Pública no están ya sujetas al control de licitaciones y ahora lo hace a través de adjudicación directa.
“También la partida 4310, correspondiente a gastos que se denominan secretos, merece un análisis de auditoría muy serio, porque en estos ámbitos se destinan para la compra de armamento y equipos cientos de millones de pesos y llegan quizá a miles, sin ningún tipo de comprobación”.
Por su parte, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada dijo que son graves los niveles de opacidad y “de cinismo”, que escudados en una norma bien intencionada, para proteger a la seguridad nacional, nos podríamos llevar la sorpresa de que alguien está haciendo un gran negocio.
Pidió a la Auditoría Superior de la Federación profundizar en este tema y abordarlo como un aspecto central por parte de la Comisión de Vigilancia. “Es un tema que no puede quedar en la anécdota y a nadie le conviene”.
Asimismo, la ASF informó sobre las revisiones a los poderes Judicial y Legislativo. Indicó que el valor del patrimonio inmobiliario del primero se incrementó en 16 por ciento, al pasar de 4 mil 969 millones de pesos en 2007 a 5 mil 888 millones en 2008. No obstante, agregó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se coordinaron con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para registrar el total de inmuebles a su cargo en el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal.
Además, el Consejo de la Judicatura Federal no realizó los procedimientos para acreditar jurídicamente la propiedad de 24 de sus 122 inmuebles.
En la reunión celebrada esta semana participaron los diputados José Francisco Rábago Castillo, Marcela Guerra Castillo y María Esther Sherman Leaño, del PRI; Gastón Luken y Daniel Ávila Ruiz, del PAN y Pablo Escudero, PVEM.
Al final de la reunión, la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Esthela Damián Peralta solicitó al auditor Juan Manuel Portal Martínez ser más estricto en cuanto a la subsanación o presentación de documentación de las irregularidades por parte de las dependencias auditadas en materia de seguridad pública.

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