México-Colombia

Conferencia de prensa conjunta:

Sesión de preguntas y respuestas de los Presidentes de México y Colombia en el marco del Mecanismo de Tuxtla

-PREGUNTA: -Buenas tardes, señores Presidentes. Cuando ustedes hablan de la preocupación del desarrollo de iniciativas locales para legalizar el consumo de la marihuana, podríamos entender que al unísono, en bloque, están rechazando el Referendo de California. Y cuando ustedes piden una política coherente, significa que sugieren que se suspenda ese Referéndum.

-PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS: No. Nosotros no estamos sugiriendo que se suspenda el Referendo. Cada país y cada Estado tienen todo el derecho de poner en marcha sus mecanismos de participación democrática. Ahí en eso nosotros no nos estamos metiendo. Lo que hemos dicho es que ese Referendo, y yo lo he dicho no solamente aquí, en esta Cumbre, lo dije en Naciones Unidas, lo he dicho en otros foros. Si ese Referendo se aprueba, eso genera una discusión inmediata, por las contradicciones que se presentarían, en el caso colombiano con nuestros problemas internos frente a un fenómeno externo que nos afecta directamente.
Yo he dicho, en varias formas, que sería interesante que nos explicaran cómo podemos nosotros explicarle, por ejemplo, a nuestros campesinos que si ellos siembran media hectárea de marihuana corren el peligro de irse para la cárcel, y en el Estado más rico de los Estados Unidos se toma la decisión de legalizar la producción, legalizar el tráfico y legalizar el consumo.

Ahí hay una contradicción evidente, una paradoja evidente, que hace difícil que ese enfoque global, esa política coordinada de la lucha contra el narcotráfico sea efectiva, porque entran en unas contradicciones de fondo, y por eso lo que hemos dicho es si ese Referendo se aprueba, y no estamos tomando partido en favor o en contra, ese es un problema de los Estados Unidos, es un problema del Estado de California.

No estamos interfiriendo en esa decisión. Pero sí estamos diciendo que si se aprueba, entonces tenemos que reevaluar la política global de la lucha contra las drogas, porque contradicciones como esa, dificultan y debilitan la lucha contra un fenómeno que nos ha causado tanto daño a los colombianos y que está causando tanto daño en la región.

-PREGUNTA: Yo quisiera insistir en este asunto del impacto de la legalización. Qué repercusiones concretas tendría en la estrategia del combate contra el crimen organizado, en el caso de la región.

Porque cómo pensar en seguir invirtiendo recursos y sacrificando vidas, cuando del otro lado ya sería un negocio lícito.

Pongo un ejemplo, el caso de Tijuana donde se decomisaron 130 toneladas y la represalia del crimen organizado ha comenzado con ejecuciones.

Cómo pensar en esta situación.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Precisamente, el llamado que hacemos el Presidente Santos y un servidor, no sólo nosotros, sino los Presidentes participantes en el Mecanismo de Tuxtla, es precisamente un llamado de alerta y una señal de preocupación por el desarrollo de iniciativas locales, quiero enfatizar.

Creo que fundamentalmente, se refiere ello, a una exigencia de congruencia y de coherencia en las propias políticas públicas, en cualquier país que las practica, y en este caso en Estados Unidos.

Por qué razón. Porque no se puede criminalizar y legalizar al mismo tiempo, o una u otra cosa. Y las repercusiones que pueda tener un eventual plebiscito de esta naturaleza pueden ser múltiples.

Primero. La incoherencia que representa a nivel internacional, como ya señalaba el Presidente Santos, el caso de gente de nuestros países, que mientras allá están acomodando la licitación a su manera para proteger el consumo, pero no hacer nada en el resto de la cadena, que va desde la producción, al transporte, genera, precisamente, una inconsistencia, genera más problemas.

El hecho, también de legalizar el consumo, pues habrá que valorar si eso va a provocar, precisamente, un incremento en la demanda que sí no hay un arreglo coherente e institucional, ya no digamos a nivel internacional, que es lo básico, sino en el propio Estados Unidos, genera un problema adicional al que ya tenemos, un incremento en la demanda sin una modificación estructural en los arreglos del mercado completo, genera, probablemente, una problemática más seria.

Creo que todos estos son temas que tienen que analizarse. Y de lo que estábamos hablando es que tomar medidas parciales, que esto lo sería, son insuficientes e ineficaces, porque éste es un fenómeno claramente transnacional, tiene una estructura de mercado transnacional, internacional y requiere, precisamente, ser analizado en un contexto mucho más amplio que las de un Estado.

Iniciativas locales no sólo nos referimos a ese plebiscito, sino muchas, incluso, que están referidas a, y por ejemplo, la llamada, nuestra tendencia a la llamada finalidad medicinal, o utilidad medicinal de la propia marihuana, independientemente de que eso tendrá que determinarse por parte de los científicos, no quiero entrar en definición en este momento, no faltará quien diga que se trata de una manera en que se está incentivando el propio consumo, y eso, debe recordarse, el consumo de drogas en Estados Unidos es la causa eficiente, la causa originaria de la problemática tremenda que tenemos países como es Colombia y como es México.

Y me parece que esta exigencia de elemental congruencia es obvia. Creo que es importante que las naciones consumidoras como proponemos, se planteen con toda claridad tener una sola política consistente. Pero, insisto, no se puede esperar resultados eficaces si por un lado hay una política de criminalización, y por la otra hay una política abierta o velada de legalización.

Lo que exigimos es congruencia a estos países consumidores.

-PREGUNTA: -Muy buenas tardes. Señores Presidentes:

Si por favor nos pudieran enumerar o esbozar los acuerdos concretos que lograron sus Gobiernos a nivel regional para enfrentar el cambio climático, teniendo en cuenta que han reconocido que hay vulnerabilidad por ser una región que está rodeada por dos océanos.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Básicamente, una de las cosas que fueron trabajadas de manera muy importante por las Comisiones, es el desarrollo de una Estrategia Mesoamericana, pero tiene que ver con varias cosas, son varias políticas, si se quiere por el momento, iniciales, acordes con el tamaño y la dimensión de nuestras economías.

Hay que recordar que los países de la región somos en mayor o menor medida, países en distintos grados de desarrollo, pero por ejemplo, iniciativas como es la ampliación de la política exitosa que ha iniciado Colombia en materia de los biocombustibles, es una medida específica, la sustitución de energía renovable por energía de origen fósil que implicaría, por ejemplo, el llevar a cabo la interconexión eléctrica desde Colombia hasta México, a fin de sustituir energía que se produce a base de carbón por energía producida a base de agua, energía hidroeléctrica es otra medida también específica.

Las distintas medidas, que por ejemplo, en el Programa Nacional contra el Cambio Climático que iniciamos en México, desde la sustitución de refrigeradores, de equipos de aires acondicionados, de luces incandescentes, de programas de eficiencia industrial, hasta la mejora en producción petrolera, la captura de gas en la producción de petróleo y otros.

Todas esas son acciones que parten de programas puestos en práctica por cada país, en este caso puedo hablar únicamente de México, porque es el mío, y sobre él puedo explicar este tema, pero que contribuyen a una política regional que está integrada en este Acuerdo que hemos suscrito para impulsar, precisamente, las políticas contra el cambio climático.

Pero algo más importante que las políticas mismas que pueden ser incipientes, marginales, son dos cosas sobre las cuales quiero refrendar:

Primero. Que las emisiones de carbono de la región, particularmente de Centroamérica, son verdaderamente marginales, son menores al 1 por ciento a nivel global, y sin embargo, hay la voluntad en estos países de contribuir a políticas contra el cambio climático, de mitigación, ciertamente, que es un paso avanzado, pero sobre todo de adaptación y de hecho, ya hoy estamos pagando un  costo enorme en materia de adaptación.

Hablo nuevamente en el caso de México. Tradicionalmente el Fondo de Desastres Naturales que está puesto en práctica en México, tiene en promedio un poco menos de mil millones de dólares al año y siempre queda un remanente para operación.

Este año agotamos el Fondo de Desastres Naturales en el primer semestre del año. Esos son gastos de adaptación contra el cambio climático, que independientemente de lo que se acuerde en Cancún, ya estamos realizando.

Y lo mismo puedo hablar del país hermano de Guatemala, porque lo tenemos cerca, la enorme destrucción que ha caído sobre sus comunidades, sobre sus caminos, sobre sus puentes. De hecho, México ha ayudado a Guatemala, hay un puente mexicano plegable, un puente móvil, que está, precisamente, instalado de manera provisional, no necesariamente breve, en la carretera que une a El Salvador con Guatemala, y lo hemos hecho con mucho gusto, pero finalmente son gastos de adaptación, que forman parte de acciones específicas que está tomando la región contra el cambio climático.

Y finalmente, lo que yo valoro enormemente por iniciativa del Presidente Santos, es el apoyo dado a México para poder impulsar, desde la esfera de influencia de cada uno de los países, acuerdos concretos en la Conferencia de las Partes que tendrá lugar en la Riviera Maya.

Pero que será muy importante este aliento de los países de la región, para poder llegar a los acuerdos posibles que, esperamos, tengan lugar en la reunión de cambio climático, este mes de noviembre.

-PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN: Yo agregaría una cosa muy corta.

Primero, que en Cancún no avanzar, es retroceder. Este problema está tomando unas dimensiones para la humanidad que son graves. Y por eso el llamado es a que el mundo entero tome conciencia de la importancia de avanzar.

Y en segundo lugar. Dentro de las discusiones, también surgió una iniciativa que se va a llevar a cabo, y es que una reunión que va a tener Costa Rica, del llamado Grupo de Cartagena, que son 15 países desarrollados y 15 países en vías de desarrollo, la próxima semana, vamos a buscar que ese Grupo también se una a esta posición que hemos tomado el día de hoy en todos los países de Mesoamérica, en apoyo a unas medidas concretas para que en Cancún podamos lograr unos avances que realmente nos pueda dar algún tipo de esperanza de que el mundo sí es consciente de la gravedad de este problema.

-PREGUNTA: Gracias. Buenas noches, señores Presidentes.

Mi consulta, el año pasado, la anterior sesión de la Cumbre fue en Costa Rica, y en aquel momento uno de los acuerdos fue específicamente solicitarle a los Estados Unidos, mucho más recursos para el Plan Mérida, que es el plan de combate al narcotráfico de México hacia el Sur.

A un año de esa reunión, y apelo a la memoria de sus compañeros de gestión, ha ocurrido de verdad un reforzamiento, porque ustedes prácticamente lo que están concluyendo hoy es que hay una política contradictoria en los Estados Unidos.
Y, bueno, si no hay más fondos, entonces, qué alternativas están sondeando ustedes para reforzar el control en los mares y en las tierras al Sur de los Estados Unidos.

-PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS: Es que yo no estaba el año pasado.

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Muy bueno, buen punto.

Efectivamente, así lo hicimos, y en el caso de México recibimos hacia finales del año pasado una parte del equipo de Iniciativa Mérida que estaba pendiente, básicamente, por ejemplo, les cito algunos helicópteros.

Sin embargo, en honor a la verdad, es que Iniciativa Mérida es un programa trianual que terminaba, precisamente, en 2009, que implicaba, más o menos mil 400 millones de dólares, y de los cuales se han erogado menos de la mitad, menos de 400 millones de dólares.

Tampoco eso es, además, lo verdaderamente relevante. Por qué razón. Yo le puedo decir que en el caso de México, comparado con esos mil 400 millones de dólares en tres años, en el caso de México estamos gastando más de 10 mil millones de dólares en tareas de seguridad por año.

Lo relevante no es simplemente el dinero, ojalá siquiera cumplieran ese compromiso, sino la política de corresponsabilidad, la conciencia de corresponsabilidad, primero; y segundo, la aplicación de políticas públicas que contribuyan a frenar el fenómeno, no sólo del narcotráfico, sino del crimen organizado en general.

Pongo dos casos concretamente. No se trata únicamente de poner dinero. Hay una anécdota que relataba alguno de los Vicepresidentes en la sesión, que alude a que luego, muchas veces, no me refiero al caso de Iniciativa Mérida, pero que muchos programas de asistencia se diluyen en las propias corporaciones y cuerpos burocráticos norteamericanos, y la ayuda al destinatario final siempre se diluye totalmente.

Cierro el paréntesis, sino se trata, también, de acciones que estamos exigiendo y estamos esperando todavía que cumplir. Por ejemplo, detener el tráfico de armas hacia México y hacia la región en general.

En los casi cuatro años de Gobierno que llevo en la Presidencia de la República, el Gobierno Federal ha decomisado cerca de 90 mil armas, de las cuales son 50 mil rifles de asalto, cerca de 8 mil granadas, diez millones de cartuchos, casi un centenar de rifles Barrett calibre 50, lanzamisiles; el 90 por ciento de las armas que son susceptibles de rastrear, es decir, que todavía conservan su número de serie, son armas vendidas en Estados Unidos.

Si Estados Unidos hiciera por lo menos ese esfuerzo, es decir, el esfuerzo que hace hoy para detener migrantes lo aplicara, por lo menos con la mitad, para detener el flujo de armas, otra historia sería.

Porque el  contar con un acceso tan franco por parte de los criminales a un armamento casi limitado es parte del problema que se generó cuando en Estados Unidos no fue ratificada y perdió vigencia la llamada Assault Weapons Ban, la ley que prohíbe el uso de armas de asalto.

Lo que hemos exigido a Estados Unidos es también congruencia en este punto, y que detenga, precisamente, el flujo de armas a los criminales que operan en México y en la región, o bien, en materia de lavado de dinero, también.

Porque, a final de cuentas, si no se detiene el flujo de armas y de dinero a nuestros países, proveniente de actividades ilegales, difícilmente podrá avanzarse de manera determinante en este problema.

Entonces, los Estados Unidos, concretamente, son los principales consumidores,  donde está el origen del problema, insisto. Son los principales proveedores de armas a los criminales y son los principales proveedores de dinero a los criminales.

Si no se actúa en estos frentes es difícil que podamos considerar que se está asumiendo con responsabilidad una tarea sobre un problema que también es común.

Código de Justicia Militar

Columna PLAZA PÚBLICA Código de Justicia Militar

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 27 Oct. 10;

La iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar, presentada al Senado de la República la semana pasada, no cumple la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyo cogollo consiste en impedir la impunidad uniformada (como la llama Human Rights Watch) mediante una reducción severa de la jurisdicción castrense. No se trata, como se dice, de una modificación al fuero militar. Ese permanece intacto en el artículo 13 constitucional, pues allí se establece su verdadera naturaleza, adulterada por la legislación secundaria: "Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar...".
El Estado mexicano ha sido reacio a admitir en la práctica los tratados que en abstracto parece lucidor firmar, ratificar y alabar. Se demora en aplicarlos, como si se ignorara que la dilación de la justicia es injusticia. Después de meses de renuencia, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial, el 9 de febrero pasado, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla, un campesino guerrerense detenido en 1974 por miembros del Ejército que no lo presentaron al Ministerio Público y del que desde entonces jamás se supo nada. Por lo tanto, transcurrieron más de ocho meses antes de que el presidente de la República iniciara la enmienda al artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Igualmente tardío es su acatamiento a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU que en marzo pasado propuso al Estado mexicano "modificar el código de justicia militar a fin de que la justicia (castrense) no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetrados por militares deben tener acceso a recursos eficaces".
El documento de la ONU es una recomendación, susceptible de ser aceptada o no. En cambio, la sentencia de la Corte Interamericana es eso, el fallo de un tribunal que debe ser cumplido en sus términos, no de cualquier manera. Para que así ocurra, ese tribunal internacional estableció criterios como el que "la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas armadas", que "la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y en su caso sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria" y que "si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por los tribunales ordinarios".
La iniciativa propone excluir de la definición de delitos contra la disciplina militar, y por ende poner a sus autores a disposición de la justicia ordinaria, tres ilícitos: desaparición forzada, tortura y violación. Es una lista breve, correcta, pero insuficiente. Es sano que en esta coyuntura, donde tanto se practica ese delito, el Ejecutivo reconozca la necesidad de poner ante tribunales del fuero común a los responsables de desaparición forzada (privación ilegal de la libertad practicada por agentes del Estado y con encubrimiento igualmente estatal, sin que se ponga al detenido a disposición de una autoridad competente). Es evidente que por el fallo en el caso Radilla el Estado mexicano no podía mantener esa práctica en la jurisdicción militar. Igualmente colocó en semejantes condiciones el delito de violación porque ése fue uno de los agravios cometidos por miembros del Ejército contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en cuyo caso también la Corte condenó al Estado mexicano.
De inmediato organizaciones civiles y aun gubernamentales atentas al respeto a los derechos humanos pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar la iniciativa. La Comisión de Derechos Humanos del DF, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron necesario que se amplíe el catálogo de los delitos juzgables en tribunales del fuero común. Luis Arriaga, del Centro Pro, propuso que conforme a los criterios de la Corte Interamericana cualquier delito cometido por militares sea juzgado en los tribunales ordinarios.
Para Amnistía Internacional (que lamentó la insuficiencia de la iniciativa) ésta "sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan". Quedan fuera de la reforma las ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria, así como el genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Preocupa especialmente a AI "el papel asignado al ministerio público militar para la determinación del delito en la investigación inicial para ser remitido a la justicia civil en caso de que se configuren los elementos del tipo penal...este mecanismo puede actuar como un candado que permita bloquear la actuación de la justicia civil, incluso en los delitos que quedan excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa".
Puede el Senado por lo pronto, y el Congreso todo, completar el proyecto del Ejecutivo. Las Cámaras están obligadas también por la justicia internacional para enmendar la legislación. Y si la Presidencia lo hizo menos que a medias, el Legislativo debe ir más allá.
Cajón de Sastre
Pocas veces se muestran tan claramente los intereses materiales beneficiados por una legislación ad hoc como en la reforma a la seguridad social conseguida ayer por una coalición de poderes e influencias que obtendrán amplia ganancia política y económica. La iniciativa del Partido Verde, el más inescrupuloso de los partidos en México, lo que ya es decir, para que el IMSS pague en efectivo la compra de medicamentos que no surta a sus derechohabientes es un negociazo para varias ramas de la familia González Torres (una de las cuales es propietaria de este partido), que manejan extensas cadenas de farmacias, las cuales venderán medicamentos a precios de menudeo con perjuicio para el erario (que a la postre financiará esa operación) es decir de los contribuyentes, que pagarán dos veces los fármacos que el IMSS les niegue.

Mezquita en Milán

 La mezquita divide Milán

La posibilidad de construir un centro religioso para musulmanes crea polémica en la capital económica de Italia

LUCIA MAGI - Milán - 27/10/2010

Los musulmanes de Milán no saben dónde rezar. La alcaldesa de la capital económica de Italia que se saca brillo para albergar la Expo en 2015, vuelve a calentar los ánimos del electorado derechista sobre la cuestión que divide la opinión pública y centra la campaña electoral para las municipales de 2011: Milán no tiene mezquita. "Y no la vamos a construir hasta que el Gobierno no lo pida y no prepare una ley que nos de garantías al respeto", dijo Letizia Moratti , que espera ser reelegida. Frente la audiencia de los votantes de Silvio Berlusconi reunidos en su ciudad, no tiene mucha capacidad de movimiento, con la Liga Norte que amenaza con presentar a su propio candidato en primavera y gna fuerza, en una época dura para Il Cavaliere. "En Milán ya existen lugares de culto para los islámicos". Ovación.
Fuera de allí los casi 100.000 musulmanes que residen en la ciudad (1.300.000 habitantes) peregrinan de un gimnasio alquilado a un sótano prestado, de un viejo cine a una carpa. Lugares improvisados para fieles fantasmas. Zaccaria se arrodilla con cautela sobre la bolsa del supermercado y apoya en el barro sus zapatos inmaculados con una bandera italiana en el centro. Durante la noche ha llovido y el campo de fútbol donde el viérnes se reùne un millar de musulmanes, está mojado. En la oración de la tarde, el quinceañero de las Adidas flamantes rezará en un garaje - paredes pintadas de azul y olor a humedad - en la misma calle Padova. La zona donde viven arrinconados los extranjeros de la capital de la moda y del diseño parece hallarse a mil leguas del Milán de la Bolsa, los palacios del poder, las tiendas de lujo y los aperitivi, pero son cuatro paradas de metro. Aquí se juega el futuro político y social de la ciudad, suspendido al hilo de una vieja polémica que acaba de volver a la actualidad. La comunidad islámica pide la construcción de una Mezquita en plena regla. La Iglesia, por boca del arzobispo Dionigi Tettamanzi, también lo hizo más veces.
De momento, la administración de centro derechas, coalición de Pueblo de la Libertad y Liga Norte, no se da por aludida. Con la bendición del Gobierno central, por supuesto. En 2009 el titular de Interior Roberto Maroni (Liga) cerró el centro islámico de Viale Jenner. Era una nave industrial convertida en lugar de culto, seguramente decadente, poco segura según el ministro, pero acogía a parte de los fieles de Alá. Desde entonces, como peregrinos fantasmas, rezan entre gimnasios, carpas, salas alquiladas un par de horas cada viernes o garajes. Como en via Padova, donde don Piero, sacerdote de la parroquia de San Giovanni, reza y actùa para la integración: "Cada ser humano tiene derecho a profesar su fe. Mi arzobispo me apoya en el camino del respeto". Por eso deja el campo de fùtbol adyacente a su iglesia a los musulmanes que residen en la zona norte. Zacaria es uno de ellos.
La administración reacciona sin pelos en la lengua por boca del vicealcalde leghista, Riccardo De Corato, que explica su contrariedad a la construcción de una mezquita: "La cuestión no es urbanística ni de libertad religiosa. El problema es la seguridad". Y no se refiere sólo el orden público, sino directamente el terrorismo islámico.
"¿Qué es más seguro: miles de personas rezando en espacios improvisados o dejar que acudan a un lugar oficial?". Ali Abushwaima es presidente e imán del centro islámico de Segrate. La única mezquita digna de este nombre en el Norte de Italia: un minarete de apenas 10 metros, un par de edificios blancos, donde se apiñan cada viernes 2.000 fieles. Hombres, mujeres y muchos niñitos morenos llegan desde el centro: 20 minutos de metro, más 10 de autobús, para alcanzar el extremo noreste de la ciudad. Linda con la exclusiva urbanización Milano 2, creación inmobiliaria de Silvio Berlusconi en los setenta: edificios ordenados, geranios en los balcones, todoterrenos aparcados tras las rejas, cámaras que vigilan, jardines sobre que pasean perros microscópicos con correa firmada. "Nunca hubo problemas desde que compramos en 1974 - sigue el imán - pero ya no cabemos". Su homólogo de Viale Jenner, Abdel Hamid Shaari, subraya: "No pedimos ni un duro, sólo nos indiquen dónde construir". En la entrada de cada gimnasio, patio, garaje ocupado por los fantasmas milaneses de Alá, hay una caja con un cartel: "para la Mezquita", el gran sueño colectivo. Además hay financiadores privados y dinero del otro lado del Mediterráneo. Stefano Boeri, ilustre arquitecto y urbanista candidato a las primarias del Pd para las municipales, eligió este tema para su primera declaración pública, con talante práctico: "Es indispensable. ¿Qué van a pensar los hombres de negocio islámicos que lleguen para la Expo de 2015, cuando les acompañen a rezar en un garaje?".
Mientras en Milán se discute, cuarenta minutos de metro al norte del Duomo, se decide. Y contra corriente. En Sesto San Giovanni, 80 mil habitantes, el 13% extranjeros, sobre 11 millones de metros cuadrados, las calles están dedicadas a Gramsci, a Marx, a la Resistencia. Coronas de laurel y placas recuerdan a los partisanos. Es la Estalingrado de la Lombardía, oveja roja en un rebaño devoto al Cavaliere y - cada cita electoral más - a la Liga Norte. Allí surgieron las primeras grandes industrias y llegaron los primeros inmigrantes (del Sur Italia, mucho antes que de África, Albania y China). La acerería de la familia Falck, hoy cerrada, empleaba en los años sesenta a 30 mil personas. El alcalde Giorgio Oldrini del Partido Democrático (suportado por la coalición de centro izquierdas que cosechó en 2007 el 62% de los votos), acaba de conceder el permiso para construir una mezquita a los cerca de 3.000 islámicos. Siembra indignación entre la oposición: "Vendrán desde Milán y será un sin vivir. No es la primera vez que la ciudad soluciona sus problemas de emigración descargándolos aquí, donde el alcalde dice que sí a todos", espeta Antonio Lamiranda, del PdL.
"La gente está preocupada. No le voy a pintar un cuadro de ensueño - comenta Oldrini en su despacho, bajo un retrato de Marx y una foto del Presidente de la República -. Organizamos asambleas. Yo me trago los insultos, explico que no podemos dejar que nuestros vecinos recen bajo una escalera, con tuberías que gotean, en una situación humillante y poco segura. Muchos están en contra, pero hay que educarles". Oldrini, alcalde desde 2002, está organizando un foro sobre el diálogo entre occidente e Islam. Aunque acaba de gastar 292 mil euros para construir una reja de 400 metros para impedir que los gitanos acampen en un área próxima al ferrocarril. Había frecuentes robos y mucha suciedad, cuentan unánimes los vecinos e indican un halo negro en el punto donde se encendían fuegos. Dos niños murieron arrollados por un tren Milán-Monza. Las presiones de comités cívicos y de la derecha llevaron al alcalde a pedir la financiación estatal y cerrar el área. Los gitanos - una veintena - están ahora al otro lado de los raíles. "Les propusimos plazas en centros de asistencia municipales. Nadie quiso: un fracaso de la política". Misma conclusión, con distintas motivaciones, en boca de Lamiranda: "La política ha fallado. En lugar de construir muros, había que evitar que entrasen en Italia". "La comunidad islámica, al revés, es muy activa, legal y colaboradora", dice el alcalde, que fue 10 años corresponsal de L'Unità en Cuba, tiene a una hija magistrado en Pamplona y a un chaval con novia extranjera. "El mundo se ha ampliado, es diverso, bonito". ¿No tiene miedo a perder las elecciones en 2012? "Yo tengo mi conciencia y con ella hago mi trabajo". La mirada aquiescente de Marx le sonríe desde la pared.

Reunión en Cartagena de Indias

El Presidente de Colombia en la Cumbre del Mecanismo de Tuxtla

2010-10-26 | Discurso

Cartagena de Indias, Colombia

Excelentísimo señor Felipe Calderón, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Excelentísima señora Laura Chinchilla, Presidenta de la República de Costa Rica; Excelentísimo señor Álvaro Colom, Presidente de la República de Guatemala.

Excelentísimo señor Porfirio Lobo, Presidente de la República de Honduras; Excelentísimo señor Jaime Morales, Vicepresidente de la República de Nicaragua; Excelentísimo señor Juan Carlos Varela, Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; Excelentísimo señor Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República Dominicana.

Su Excelencia señor Roger Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de la Delegación de El Salvador y Jefe Delegación; sus Excelencias señores Ministros de Estado, Embajadores, Comisionados y demás miembros de las Delegaciones Oficiales; su Excelencia señor Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano del Desarrollo.

Honorable señor Nick Rischbieth, Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica; honorables señores representantes de corporaciones y organismos internacionales; invitados especiales; queridos amigos:

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.

Permítanme, apreciados colegas, empezar esta mañana con poesía, citando los versos más conocidos del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, extractados de su famosa Canción de la Vida Profunda.

Porque esta reunión de los países de la Región Mesoamericana, me recuerda inevitablemente, la obra y trayectoria de este artista, que simboliza la unión de Colombia con México y Centroamérica.

En efecto, Barba Jacob, que escribió en la primera mitad del siglo XX, fue un hombre trashumante, que trabajó y vivió durante muchos años en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador y en México; país este último, donde exhaló su último suspiro.

Como Barba Jacob, hoy los colombianos también miramos con afecto, con entrañable aprecio, a los países hermanos y amigos de la Región Mesoamericana, incluida la República Dominicana. Nos sentimos, por eso, muy honrados, muy honrados de acoger por primera vez en un país de Sudamérica la XII Cumbre del Mecanismo de Tuxtla, como miembros oficiales del mismo.

Sean bienvenidos, muy bienvenidos, amigos Presidentes y Representantes de las Naciones que conforman este Mecanismo, así como de los organismos internacionales que lo apoyan a esta histórica Cartagena, Cartagena de Indias, que engalana, y se engalana con su visita.

Colombia, privilegiadamente, está ubicada en la esquina Norte de Sudamérica, tiene no sólo una cercanía geográfica, sino una vocación de amistad con México, con los países de Centroamérica, y todos aquellos que conforman la Cuenca del Caribe.

Por eso, participamos desde el 2004 como observadores del Proyecto Mesoamérica, al que nos incorporamos como miembros plenos en el 2006. Nos sentimos muy honrados y muy comprometidos al haber asumido en este segundo semestre del 2010, la Presidencia Pro Témpore de este proyecto.

Igualmente, recibimos con enorme complacencia, nuestra incorporación y la de República Dominicana, como miembros en pleno derecho al Mecanismo de Tuxtla, que se decidió el año pasado en la Cumbre de Guanacaste, en Costa Rica.

Qué alegría sentimos hoy al tenerlos a ustedes en nuestra casa, que esperamos consideren como la suya propia. Para nosotros es fundamental esta vinculación y esta cooperación con los Estados del Mecanismo de Tuxtla, que el próximo año cumple dos décadas desde su creación, porque estamos convencidos de que la cooperación efectiva es la mejor manera para elevar la calidad de vida de nuestros pueblos.

Como país puente entre Sudamérica y Centroamérica, queremos también ofrecer toda, toda nuestra capacidad para servir como articuladores positivos entre los intereses mesoamericanos y los sudamericanos. Al fin y al cabo, somos todos América Latina.

Somos un Continente que se cansó de ser promesa y está decidido a realizar sus sueños y su potencial. En la reciente Asamblea de las Naciones Unidas manifesté ante el mundo que la década que inicia debe ser la década de América Latina. Y hoy, ante mis colegas, quiero reafirmarme en esta sentencia.

Tenemos todo lo que el mundo necesita: biodiversidad, alimentos, agua y energía, y si trabajamos juntos en cooperación, podemos aprovechar en beneficio de nuestra gente, las oportunidades que se nos abren.

Los inversionistas del mundo miran hacia nosotros, y depende de nosotros presentar un panorama propicio a la inversión con instituciones sólidas, seguridad física y jurídica, adecuada infraestructura, moderna conectividad y procesos respetuosos del medio ambiente.

Esos son, precisamente, los temas que nos congregan. Cómo podemos cooperar más efectivamente entre nosotros para lograr una región Mesoamericana más próspera, más competitiva y, sobre todo, más justa con su población.

Quisiera avanzar apenas unas pinceladas sobre algunos de estos temas. Un tema fundamental de esta reunión tiene que ser ineludiblemente el cambio climático, porque el cambio climático es una realidad y ya no de una simple hipótesis científica. Sabemos que está ocurriendo y que se va a empeorar.

No sabemos qué tan rápido se producirá, pero sí sabemos que si no lo tomamos con la mayor seriedad, la calidad de vida de las próximas generaciones y de las actuales, se verá afectada de manera drástica.

Nuestros países por su posición geográfica y su riqueza natural, tenemos enormes potenciales para contrarrestarlo y también, vulnerabilidad por nuestra ubicación entre dos océanos.

Albergamos cerca del 10 por ciento de la riqueza biológica del mundo, y tenemos climas tropicales que permiten un crecimiento más rápido, más eficaz, de árboles y plantas que contrarresten naturalmente la emisión de gases contaminantes.

Hoy quiero proponerles que enfoquemos nuestros esfuerzos conjuntos a hacer de nuestros bosques una parte fundamental de la solución al calentamiento global.

Hay estudios que indican que la reforestación es tres veces más efectiva en términos de costo-beneficio, que el uso de la energía nuclear para enfrentar el problema de las emisiones.

Busquemos entonces, y que sea un propósito común entre nosotros, idear mecanismos de cooperación para incentivar la reforestación en nuestros países.

Exijamos en la próxima Cumbre Ambiental de Cancún un mayor compromiso de la comunidad internacional, pero al mismo tiempo, demostremos que somos capaces de asumir nuestro propio compromiso.

Usted, Presidente Calderón, podrá decirnos qué más necesita para asegurar el éxito de tan trascendental Cumbre. De nuestra parte, cuente con toda, toda nuestra disposición y vocación para colaborarle.

También, el tema de la seguridad y del combate efectivo a la criminalidad transnacional, como el narcotráfico, es crucial para nuestro futuro.

Muchos países de los aquí representados están pasando por dificultades y problemas como las que hemos tenido que enfrentar en Colombia por la acción del narcotráfico y sus nefastos efectos en la sociedad.

Nosotros seguimos combatiendo este fenómeno y lo hacemos, porque para nosotros, es un tema de Seguridad Nacional, que hemos sido el país que tal vez más ha sufrido este flagelo y lo seguimos combatiendo cada vez con mejores resultados; con una policía profesional y capacitada como pocas en el mundo y estamos más que dispuestos a cooperar con los países de la región para ayudarlos a establecer policías, políticas eficaces y policías también eficaces, y para poder llevarles a nuestros ciudadanos seguridad.

El problema mundial de las drogas ilícitas, infortunadamente, más que desaparecer, se desplaza y ahora somos testigos con preocupación, su exacerbación en otros países de la región.

En Colombia sabemos bien lo que es esto. Hemos puesto muchos, muchísimos muertos y hemos hecho muchos sacrificios para combatir este flagelo y ahora queremos cooperar, porque somos conscientes más que nadie, de que sólo con cooperación, sólo trabajando unidos, podremos obtener resultados tangibles.

Los criminales son cada vez más sofisticados, desarrollan redes transnacionales para mantener sus negocios y escapar de la ley. Y nos toca a nosotros, como Estados, establecer redes sólidas y efectivas de cooperación para enfrentarlos y cerrarles el paso.

Tenemos una responsabilidad compartida para trabajar entre nosotros y proteger a nuestros ciudadanos. En febrero de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su gran preocupación sobre la amenaza que el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas representan para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo.

Por eso, es confuso para nuestra gente, ver que mientras perdemos vidas e invertimos ingentes recursos en la lucha contra el narcotráfico, en países consumidores se promueven iniciativas como la del Referendo de California, para legalizar la producción, la venta y el consumo de marihuana.

Me pregunto si la octava economía del mundo, que promueve con tanto éxito su tecnología de punta, sus películas y su buen vino, va a permitir, entonces, la importación de marihuana a su llamativo mercado.

Si no actuamos de manera consistente en este asunto, si todo lo que estamos haciendo es enviar a nuestros conciudadanos a prisión mientras que en otras latitudes se legaliza el mercado, entonces, debemos preguntarnos: No es hora de revisar la estrategia global, porque tiene que ser global, frente a las drogas.

Ayer me reuní con el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, el señor James Steinberg, quien me confirmó la oposición del Gobierno Federal al referendo. Pero, si este resulta aprobado, y lo sabremos la próxima semana, tendremos que asumir el debate. Tenemos la autoridad moral, la autoridad moral para exigir una conversación franca que defina hacia dónde vamos como socios, e iguales, en esta lucha.

También estamos listos, y así lo vamos a enfatizar en su momento, para incrementar nuestra oferta de energía limpia, de energía confiable y competitiva a los países de la Región Mesoamericana. Ello será posible una vez que se ponga en marcha el esquema de interconexión eléctrica, acordado con Panamá el año 2008.

De nuestra parte, tenemos toda la disposición para avanzar tan rápido como sea necesario en los procesos técnicos y jurídicos que se requieren; y empecemos a pensar, por qué no, en construir alianza regional para la generación de energía renovable, ya sea eólica, geotérmica, solar u otras similares, con aportes internacionales que subsidien el costo de los montajes.

Nuestro deber ante los nuevos retos, es pensar en grande, ser creativos y trabajar en cooperación. Resalto, finalmente, la importancia de que estimulemos en nuestros países el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Necesitamos Estados con democracias modernas, ágiles, participativas, transparentes, si queremos de veras insertarnos con éxito en el mundo global.

Estados con mecanismos de participación ciudadana, donde la democracia no se limite al ejercicio del derecho del voto, sino que se refleje en cada aspecto de la vida. Estados con equilibrio y armonía entre sus poderes públicos, con acatamiento a la legalidad, y absolutamente respetuosos de los derechos humanos. Nuestra cooperación debe, también, ir dirigida a ese propósito.

Pero son muchos, demasiados, los temas que nos convocan, y no quiero agotarlos en esta introducción. Quiero simplemente, saludarlos y darles la bienvenida, con toda la calidez y todo el afecto; agradecerles su presencia en nuestra Patria, y desear que esta Cumbre produzca resultados positivos y perdurables para nuestros pueblos.

Comencé citando al poeta colombiano Barba Jacob, que se enamoró de las tierras, al Norte de Panamá, y que vivió y murió en ellas. Y ahora termino recordando un pensamiento suyo, que viene como anillo al dedo para ambientar el propósito de esta reunión.

Decía Barba Jacob: Nuestro ideal hispanoamericano es el de una comunión con el destino continental para el esfuerzo hondo y puro de la vida; el de una dilatación augusta del espíritu; el de un ritmo humano nuevo; el de un nuevo coro de la más profunda tonalidad que haya resonado en la historia.

Muchas gracias.

Chihuahua

De cómo se perdió Chihuahua...Patricia Dávila
Proceso # 1773, 24 de octubre de 2010;

Antes del secuestro que sufrió su hermano el jueves 21, la exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González, ofreció a este semanario su versión sobre lo que falló en el Operativo Conjunto Chihuahua. Aunque no admite que haya sido un fracaso total, dice que “está agotado” y critica el “error” de sacar al Ejército de Ciudad Juárez. Ahora, advierte, si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles.

En Chihuahua las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de la sobrevivencia del cártel de Juárez, se consolidó ahí el de Sinaloa, y ni siquiera pudo disminuirse la violencia en Ciudad Juárez… Tal es el desalentador balance de Patricia González Rodríguez, procuradora de Justicia del estado durante la administración de José Reyes Baeza, que concluyó el lunes 4 de octubre.

En entrevista, atribuye esa situación al “error” de cambiar drásticamente la estrategia del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) en marzo pasado y a la “infiltración” del narco en las policías de los tres niveles de gobierno. 

También responde los señalamientos contra ella, principalmente los del ahora expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien consideró “fallida” la guerra contra el narcotráfico debido a la “impunidad con que la procuraduría (estatal) permitió que se movieran los delincuentes” y al hecho de que esa institución “liberó” a 9 mil 500 detenidos que le entregó la policía municipal (Proceso 1771).

A González Rodríguez se le involucró en el asesinato del periodista Armando Rodríguez, El Choco, reportero de El Diario ejecutado por un comando el 13 de noviembre de 2008. También se le señaló como la persona que en el municipio de Namiquipa contrató a policías para realizar ejecuciones. Se le atribuyó igualmente haber protegido al cártel de Juárez. 

Ella rechaza todas las acusaciones. Se dice maestra universitaria “de toda la vida” y afirma que presentará una demanda por daño moral contra Reyes Ferriz, por sus declaraciones: “No voy a permitir que esta persona dañe mi imagen como académica”.

Relata que recibió la procuraduría con niveles altísimos de corrupción y que incluso los policías usaban botas, sombrero y cadenas de oro. Ahora, asegura, universitarios de varias disciplinas trabajan en la investigación criminal. Enseguida entrega a la reportera una relación de gastos en la cual consta que el gobierno del estado le asignó 270 millones de pesos al OCCH. “Reyes Ferriz, destinó 400 millones, sí, pero es el presupuesto normal para la corporación, no puso un peso adicional”. 

Aclara que no fue el expresidente municipal –a quien califica de “misógino”– el que solicitó la intervención federal: “En marzo de 2008 me encontraba en Juárez entrenando a peritos que iniciaban el Sistema Penal Acusatorio. Veíamos que se suscitaba un homicidio tras otro. Llamé al gobernador (José Reyes Baeza) y le dije: ‘Oye, ¡esto está terrible! El año pasado hubo 309 homicidios y ahorita va una cifra cercana. ¡Es inusitado! Necesitamos pedir apoyo a la federación’”.

De inmediato, dice, Reyes Baeza convocó a una reunión con oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 3 de abril de aquel año se reunieron el Gabinete de Seguridad federal y el estatal para revisar los términos del operativo. “Reyes Ferriz no fue, hubo que mandarlo llamar”, enfatiza la exprocuradora. 

“En esa reunión se molestó porque le dije que tenía que sanear la policía. Le comenté que yo incluiría a la Policía Estatal y a la Ministerial, aunque llevábamos casi cuatro años de depuración. Para entonces buscábamos mecanismos para detectar a los policías miméticos, ya que algunos eran extraordinarios para mentir y pasaban los exámenes de confiabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP)”.

Ahí estaba presente el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Le dije: ‘Tiene que cooptar el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), porque desde ahí los policías dirigen las ejecuciones’. Me preguntó: ‘¿Cómo podemos ver eso?’ Le dije: ‘Vaya y aprópiese del CERI’. Cuando logramos entrar, nos pusieron en un cuarto diferente al de los radio operadores, quienes concentraban y manipulaban los sistemas de comunicación. Por lo tanto, nuestras pantallas registraban la imagen de un asesinato una hora después de que lo reportaban”, cuenta González Rodríguez.

En apoyo de su versión, la exprocuradora entrega la declaración de Hugo Valenzuela Castañeda, El Vale, integrante del cártel de Juárez que fue detenido el 18 de junio de este año. Ahí, él narra: “Mi función en la organización es la de enlace con la policía municipal. Yo les pedía que se movieran del lugar cuando perjudicaban algún punto de venta de droga o alguna ejecución… soltar a los miembros de La Línea, en caso de que fueran detenidos”. 

Prosigue el detenido: “Entre los policías que apoyan las labores de La Línea están el sargento Escobar y El Pigüi, del agrupamiento pedestre, ambos del Distrito Delicias; un teniente también apellidado Escobar, de Babícora; el policía Rafael y el teniente Aguirre, de Cuauhtémoc; el teniente Salazar, de Benito Juárez; y del Distrito Chihuahua, el policía Benavides, El Traca, a quien hace dos meses cambiaron a la policía especial”. La Línea le pagaba a El Vale 3 mil pesos por semana y los policías municipales de enlace recibían mil 500. 

Por eso considera a la policía de Ciudad Juárez “altamente peligrosa”. Por ejemplo, se enteró de que la Sedena revisó el banco de armas y encontró que carecía de un registro individualizado, por lo que cualquier policía usaba una un día y al siguiente otra. “Con esas armas se cometían muchos delitos”, afirma.

En cuanto a los 9 mil 500 detenidos que según Reyes Ferriz fueron liberados por la procuraduría, González Rodríguez aclara que durante el OCCH –coordinado hasta abril pasado por el general Felipe de Jesús Espitia– hubo 384 detenidos por homicidio, secuestro y robo de vehículo. De ellos, 40% recibió sentencia condenatoria. Los restantes esperan un juicio oral privados de su libertad. Añade que 178 detenidos confesaron su intervención y la de otros en mil 600 homicidios cometidos por la delincuencia organizada.

De acuerdo con los registros del Sistema Gestor de la Reforma Penal –continúa la polémica exprocuradora–, a través de la justicia penal alternativa se solucionaron 18 mil 36 casos del fuero común por lesiones, homicidio imprudencial o abuso de confianza, mientras que 56 mil se concluyeron con “un alto grado de satisfacción” de las víctimas que decidieron la terminación del procedimiento penal.

No obstante, este punto sigue dando de qué hablar en Ciudad Juárez. El domingo 17, El Diario publicó que, a decir del fiscal de zona Jorge González Nicolás, existían nueve casos cuyo plazo legal para la aportación de pruebas estaba por concluir, lo que podría provocar que el presunto responsable sea liberado. Mencionó 35 casos de personas detenidas por las policías federal y municipal y que después fueron liberadas por el Ministerio Público (dependiente de la procuraduría estatal) a pesar de que había elementos de prueba en su contra, que ahora se investigan para solicitar una orden de aprehensión.

Infiltración total

En opinión de la exprocuradora, la violencia asesina “no ha podido ser combatida”. Ofrece números: en 2008 hubo mil 849 muertes, en 2009 se reportaron 2 mil 736 y hasta el 30 de septiembre de este año iban 2 mil 414.

–¿Por qué no pudieron contener esa violencia?

–En una estrategia los cambios no deben ser radicales, de lo contrario se pierden información y liderazgo. Eso sucedió en abril de este año, cuando sacaron al Ejército de Juárez y lo sustituyeron por la Policía Federal. Lo hicieron bajo el argumento de que los soldados violaron los derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero no tenían que dejarlos sólo como cerco de seguridad en la periferia, la central camionera, el aeropuerto, puentes internacionales y el Valle, cuando ya dominaban la región y la forma de operar de los cárteles.

“En su lugar llega la PF con un contingente muy fuerte de 5 mil agentes. Eso es bueno, pero cuando hay un gran desconocimiento de una realidad como la de Ciudad Juárez, puede pasar un año para conocer la problemática. 2008 fue un aprendizaje para el Ejército; 2009 fue un año de buenos resultados porque dominaron la operación y estructura de los cárteles; en 2010 podría dar golpes precisos contra líderes de ambos cárteles.”

Explica: “Desde su llegada, la PF asumió el mando del OCCH. Sin embargo, la investigación la realizaban 15 o 20 horas después de haber hecho la detención. Hasta que ponían al detenido a nuestra disposición. A nosotros nos acortaban el tiempo porque teníamos 48 horas para poner a los detenidos a disposición del juez de garantías”.

–¿Cómo están constituidos los grupos delictivos?

–Existe un gran disimulo y respaldo social a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Tenemos mapas criminológicos de cada una de las colonias y calles de Juárez en donde existe una gran impunidad en la comisión de delitos, sobre todo de homicidio.

–¿Entonces nunca hubo una limpia de la policía?

–Estuve presente en una reunión en la que Genaro García Luna (titular de la SSP federal) le dijo al exalcalde (Reyes Ferriz) que tenía que ser muy drástico en la depuración y que tenía que empezar con quitar a los mandos medios, pero nunca los quitó, y siguen respaldando y operando a los grupos criminales.

En cambio, en las corporaciones estatales, “iniciamos en 2004; ahora contamos con más de 500 policías profesionistas que nada tienen que ver con el pasado. Pero los cárteles no sólo asesinan a los malos policías, también asesinan a los buenos, y este es el caso de la subprocuradora de Control Interno, Sandra Ivonne Salas García, asesinada el 1 de julio pasado, y del director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, a quien el grupo armado Los Linces, del cártel de Juárez, ejecutó el 11 de agosto de 2009.

La Policía Judicial del Estado estaba infiltrada, al grado de que El Diego, uno de los líderes de La Línea, fue agente judicial. La PF, dependiente de la SSP, no se salva. La entrevistada dice que también está infiltrada, y nuevamente se apoya en el testimonio de El Vale, quien fue ahorcado en su celda al mes de ser recluido: 

“El 11, también conocido como El Zucaritas, es el enlace de La Línea con la Policía Federal. Estuvo preso en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, salió libre hace tres meses y El Diego le dio trabajo en La Línea. El Diego comentó por la frecuencia que estaba arreglada la Policía Federal. En la Ciudad de México El JL le dio a un alto funcionario de esta corporación 320 mil dólares para que dejara trabajar en Ciudad Juárez a La Línea. La cuota que se paga aquí en la ciudad (Juárez) es de 140 mil dólares semanales para que no detengan a nadie, y si los detienen, que los dejen ir.”

Entra en detalles sobre el método de pago a los federales: “El 35 (José Armando Acosta Guerrero, detenido el pasado 16 de julio) recoge el dinero al 16, al 51 y al 12 los días martes de cada semana. El 35 es quien deposita el dinero en un banco”, desconoce en cuál.

González Rodríguez asegura que policías federales intentaron forzar a El 35 para que la involucraran a ella con La Línea, pero rechaza que el gobierno federal esté protegiendo al cártel de Sinaloa: “No creo que esté protegiendo a ningún cártel. Más bien, hay policías que trabajan para las organizaciones. Hablar de manera general es un error, por eso en México los cárteles de la droga se han fortalecido”.

–¿Cuánto resistirá el cártel de Juárez, después de menguar su poder frente al de Sinaloa?

–No mucho tiempo. A lo mejor dos años.

–Si no existió un control real de la violencia, ¿qué le espera al operativo?

–El operativo ya se agotó. Cuando lo iniciamos se trataba de una contención, pero faltó incorporar apoyos de tipo social y de participación ciudadana. Ahora el desafío es para la PF. Si realmente hay un saneamiento de las corporaciones, pienso que en dos años hay posibilidades, no de eliminar a los cárteles, pero sí de bajar la violencia.

–¿Felipe Calderón no se da cuenta de ello?

–A veces los políticos están muy arriba y los engañan.

–¿Tiene miedo?

–No. Procedí igual con la gente de ambos cárteles. Nunca he recibido dinero. Vivo de mi salario como académica. No tengo carro, poseo una casa y un terreno que adquirí cuando trabajaba en la Judicatura. ¿Por qué no me investigan? Mi familia la conforman personas respetables, profesionistas.

La entrevista se realiza el lunes 18, en las oficinas de Proceso en la Ciudad de México. Al mediodía del jueves 21 la exprocuradora recibió la noticia de que Mario, su hermano, había sido secuestrado. Al cierre de la edición, aún no había sido liberado. l