En el pleito panista, Madero aniquila a Calderón

 En el pleito panista, Madero aniquila a Calderón/ÁLVARO DELGADO

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

Felipe Calderón critica en Gustavo Madero, el presidente del PAN, lo que él ejerció cuando estuvo en Los Pinos: su poder unipersonal, y hasta amenaza con abandonar el partido –como declaró en entrevista desde Davos, Suiza, la semana pasada– y buscar una nueva opción política de largo plazo. En su ofuscamiento, el exmandatario acusa a Madero de cerrar las puertas a los ciudadanos. Para el exsenador Marko Cortés, Calderón y su grupo no entienden que su tiempo ya pasó.

Acostumbrado a controlar y manipular a personajes como Germán Martínez y César Nava, a quienes impuso como presidentes del Partido Acción Nacional (PAN) con todo el poder que tenía como jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón quiso hacer lo mismo con Gustavo Madero. No pudo.

Y ese es el origen de una guerra en la que Madero le ha ganado todas las batallas a Calderón, quien perfila ya su capitulación con el anuncio, justo en medio del proceso electoral, de su eventual renuncia al PAN para construir una nueva “opción política” de largo plazo.

Arizona sucumbe a la heroína mexicana

Arizona sucumbe a la heroína mexicana/J. JESÚS ESQUIVEL

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

La heroína mexicana del Cártel de Sinaloa se convirtió en una “epidemia mortal” en Estados Unidos. En algunas zonas, hasta 20% de los jóvenes son adictos a esa droga, se asienta en el documental Enganchados, producido por la Universidad de Arizona. Y lejos de disminuir, el problema crece: en sólo un año se duplicó el tráfico de drogas duras desde Sinaloa a Arizona, y las propias autoridades estadunidenses admiten que el fenómeno los sobrepasó.

WASHINGTON.- Enganchados es el título de un documental producido por la Universidad Estatal de Arizona que considera una epidemia mortal el consumo de heroína mexicana en Estados Unidos y evidencia el creciente poder del Cártel de Sinaloa en ese país.

El jueves 15 Enganchados –Hooked– se transmitió al mismo tiempo en todos los canales de televisión de Arizona y sacudió a la población de esa entidad, considerada la mayor narcobodega del Cártel de Sinaloa en el extranjero, según la Administración Antidrogas (DEA).

Expediente Tlatlaya Encubrimiento militar& reportaje

Expediente Tlatlaya Encubrimiento militar/Gloria Leticia Díaz

Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

El martes 13, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, declaró que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos y abrió al público el voluminoso expediente de la PGR en el que se menciona a los generales Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León, así como al coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, a quienes no se les señala en la Recomendación 51/2014 emitida por la CNDH en octubre pasado. Al principio, la Sedena manifestó su disposición a colaborar con la investigación, pero tras la decisión de González Pérez y conocerse el papel que jugaron esos militares, la dependencia optó por callar.

 Las inconsistencias sobre la masacre del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya abundan en las miles de páginas de la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).

 En el voluminoso documento abundan declaraciones contradictorias de las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicadas en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en ese municipio mexiquense, así como protección a altos mandos castrenses y la falta de transparencia sobre la participación de integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en los hechos.

 Todo ese material se condensó en 139 puntos de la Recomendación 51/2014, emitida por el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva el 21 de octubre pasado dirigida a la Sedena, la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

 Sin embargo, Luis Raúl González Pérez, quien sustituyó semanas después a Plascencia Villanueva en la CNDH, consideró que en Tlatlaya hubo “violaciones graves” a los derechos humanos.

Esa decisión del nuevo ómbudsman nacional tomada el martes 13 permitió a Proceso revisar una versión pública del expediente abierto de oficio el 11 de julio de 2014, 11 días después de que la Sedena y el gobernador Ávila Villegas celebraron que integrantes del Ejército abatieron a 22 civiles en un “enfrentamiento” en el que un soldado resultó herido.

Guerrero: el riesgo de ser sacerdote

Guerrero: el riesgo de ser sacerdote/Rodrigo Vera

Revista Proceso No. 1995, 24 de enero de 2015

En Ciudad Altamirano las bandas criminales se han ensañado con el clero, igual que con el resto de la gente. Tras el asesinato de cuatro sacerdotes, sus compañeros ya consideran la zona como una “tierra de misión”, donde su prédica puede tener consecuencias fatales. El vocero de la diócesis correspondiente, Fidencio Avellaneda, considera que la razón es simple: los delincuentes “no tienen ningún respeto por la Iglesia”. Pero el obispo Maximino Martínez no duda en definir esa ciega violencia: “¡Es el mal! ¡El mal!”.

 Triste por los recientes asesinatos de cuatro sacerdotes de su diócesis, Maximino Martínez, obispo de Ciudad Altamirano, comenta: “Esos crímenes me duelen profundamente. Son golpes muy duros, durísimos, pues mis sacerdotes son como mis hijos o mis hermanos. Pero debo hacerme fuerte y reponerme. Ni modo, me tocó desempeñar mi ministerio en esta violenta zona de Guerrero”.

–Los informes señalan que a escala mundial su diócesis es la más peligrosa para ejercer el sacerdocio. ¿Es cierto?

–Al menos en los últimos meses no conozco otra donde se haya dado tanto crimen y tanta violencia contra el clero. ¡No la conozco! Quizás en algunos lugares convulsos del oriente islámico exista una violencia parecida, pero no en el mundo católico.

En su reporte de 2014, El riesgo de ser sacerdote en México, el Centro Católico Multimedial asegura que, por lo menos en América, el país más peligroso para la Iglesia Católica es México, donde “la tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza”. Sólo en los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, ejemplifica, los ataques aumentaron 100% respecto del mismo periodo del sexenio anterior.­

Desarman las acusaciones contra Nestora

Desarman las acusaciones contra Nestora/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso No. 1995,, 24 de enero de 2015

Los defensores de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, confían en el que fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, se desista de la acusación para que ella recupere la libertad. El diputado perredista Roberto López Suárez relata las maniobras del exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien movió incluso a la señora Isabel Miranda de Wallace y a Alejandro Martí para impedir la liberación de Nestora, y de paso exhibe las turbias andanzas del exfuncionario.

Nestora Salgado García afectó el negocio del grupo criminal Los Rojos en Olinalá y detuvo la trata de personas en la región, concluye la comisión plural de diputados federales que promueve la liberación de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), quien desde el 21 de agosto de 2013 está presa en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

 El diputado perredista Roberto López Suárez, quien encabeza los trabajos de defensa con el gobierno de Guerrero y las autoridades federales, advierte que la inminente liberación de Salgado inquieta a personajes como el exsubprocurador de Atención a Víctimas de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, quien ha “operado” para que Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí se manifiesten contra la detenida.

 Después de que el año pasado un juez federal ordenó la liberación inmediata de Salgado García –al no encontrar elementos para configurar los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se le imputan–, falta que el gobierno local, encabezado por el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, resuelva en el mismo sentido.

 El jueves 8, Ortega Martínez pidió al fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, “el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado”, a quien incluso consideró presa política. Hasta el viernes 23 Godínez aún no tomaba una determinación.