Detener la crispación ¡ya!

Oportuno editorial de La Jornada: Detener la crispación, 19 de julio del 2006.

La intimidación de que fue víctima ayer el aún candidato presidencial de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, en el centro de esta capital, es una acción incivilizada, condenable por sí misma y porque contribuye a tensar los ánimos políticos, de por sí crispados, y a ahondar la polarización social. Es de lamentar que la dirigencia de la coalición Por el Bien de Todos no lo haya comprendido así y se haya negado a repudiar un conato de agresión que en nada ayuda a la causa de su aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ni a la reivindicación de un nuevo recuento de los sufragios emitidos durante la cuestionada elección del pasado 2 de julio.

Es lamentable, también, que el Estado Mayor Presidencial (EMP), que recientemente reforzó de manera ostensible la seguridad en torno al político michoacano, no haya podido o no haya querido impedir que los que se presentaron como impugnadores de Calderón llegaran hasta el vehículo de éste. Semejante deficiencia es imperdonable no sólo porque podría implicar cierta desidia en el cumplimiento del trabajo encomendado a ese organismo militar ­y una consiguiente vulnerabilidad de Calderón Hinojosa­ sino porque la falla contribuye a alimentar sospechas en un entorno que está sobrado de ellas.

Por otra parte, debe considerarse que el denuesto y el hostigamiento directo contra protagonistas del proceso de sucesión que aún no concluye es sólo el último eslabón en una cadena de provocaciones, la consecuencia y no la causa del enrarecimiento en el ambiente político, y que tal fenómeno comenzó mucho antes de los comicios, desde que el gobierno federal se inmiscuyó en forma desembozada en las campañas y desde que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) no quiso o no pudo controlar los excesos, los golpes bajos y las guerras de lodo, ni las intromisiones ilegales de grupos empresariales en el terreno de la propaganda partidista para descalificar en forma no muy sesgada a López Obrador e inducir el voto por Calderón Hinojosa.

La siguiente gran provocación fue el comportamiento incoherente e inverosímil de la presidencia del IFE el día mismo de los comicios y a lo largo de los siguientes. El golpe más devastador a la credibilidad de esa institución no fue propinado por quienes hoy cuestionan las cuentas oficiales de votos, sino por el propio Luis Carlos Ugalde y el resto de los consejeros, quienes hasta la fecha han sido incapaces de explicar de manera convincente las muchas inconsistencias y contradicciones de los dos conteos realizados.

A esos elementos ha de agregarse la nueva campaña propagandística lanzada por los propietarios de medios de información nacionales y extranjeros y por algunas cúpulas empresariales, para descalificar las protestas de la coalición Por el Bien de Todos. Canales televisivos, estaciones de radio, agencias publicitarias, opinadores y supuestos pilares de la objetividad noticiosa en el mundo vuelven ahora a la carga con la misma cantinela: López Obrador es un peligro para México, y así lo demuestran las movilizaciones populares a las que ha convocado.

El obsesivo empeño por identificar las manifestaciones y las marchas con prácticas ilegales, próximas a la ilegalidad o "peligrosas" es una ofensa para los cientos de miles de mexicanos que han ejercido sus derechos de esa manera; es, también, una distorsión mayúscula de la letra y el espíritu de las leyes que fundamentan la institucionalidad, y constituye, por añadidura, una manera particularmente perversa de exacerbar las diferencias en la sociedad hasta llevarlas al linchamiento moral y político, o tal vez más, de los millones de ciudadanos que cuestionan, con todo el derecho del mundo, las débiles cifras que dan por ganador de la contienda presidencial a Calderón Hinojosa, y reclaman un recuento de los sufragios.

Los detractores corporativos de las expresiones de descontento poselectoral no tienen más argumentos, en el fondo, que la defensa de un "orden público" que ni siquiera ha sido vulnerado por las manifestaciones y que deja escapar cierto aroma de porfirismo. Otra directriz que los unifica es singularizar en la persona de López Obrador un movimiento que abarca a millones ­los que votaron por él, los que salen a las calles, los que repiten la consigna del recuento voto por voto, todos esos a los que el presidente Fox aludió con el calificativo de "renegados"­ y que constituye, a pesar de lo que digan los analistas del oficialismo, algo más que una simple muchedumbre: las masivas impugnaciones a los números del IFE y a los intentos de Acción Nacional y del gobierno por aplicar una política de hechos consumados no se sustentan en presuntos delirios del ex gobernante capitalino, sino en la lucidez de quienes se han identificado en un proyecto de nación diferente al que le ha sido impuesto al país desde hace tres sexenios. Menospreciar la inteligencia de esos millones de mexicanos y pretender que el descontento actual es mero capricho de mal perdedor del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos es, además de un insulto, una provocación mayúscula.

Si realmente existe el propósito de calmar los ánimos políticos y partidistas, es necesario que el México oficial ­las beligerantes cúpulas empresariales, los dueños y concesionarios de medios informativos, el gobierno y su partido­ se vea en el espejo de su propaganda sucia y suspenda su campaña de descalificación contra algo más de un tercio del electorado. Las agresiones son injustificables, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten. No se pueden permitir intimidaciones como la sufrida ayer por Calderón Hinojosa, pero es también inadmisible que los dueños de los micrófonos pretendan intimidar a quienes no hacen más que ejercer sus derechos ciudadanos y proponen cursos institucionales y legales para resolver la incertidumbre y la crispación política.