Carta de Kamel Nacif

Carta de Kamel Nacif a la opinión pública

A LA OPINIÓN PUBLICA

Hasta hoy había decidido tramitar la denuncia que promoví en contra de la señora Cacho bajo las más estrictas reservas de ley, litigando precisamente ante las instancias idóneas como lo son los tribunales y no los medios, pero los hechos acontecidos hace unos días en los que se divulgan grabaciones obtenidas ilícitamente de mis líneas telefónicas hacen necesaria esta carta abierta ante la opinión pública.

Nunca imaginé que lo expresado de manera privada fuera a hacerse público, fundamentalmente por el entorno en que se difundieron mis palabras. Moralmente no hay otra responsable que mi persona, soy yo quien habló en esas conversaciones y las expresiones ofensivas son mías, insisto, en diálogos que eran de carácter privado. Sí soy un empresario, sí, sí hice bromas desmesuradas, burdas y machistas pero repito, en el ámbito de la privacidad de una línea telefónica, éstas fueron bromas y sugerencias estúpidas entre varones, que jamás se cumplieron. En el ámbito de la privacidad y en exceso de balandronería me ufané en sugerir actos de autoridad que evidentemente no tengo el poder para cumplir. No soy pederasta, soy un industrial, fui un jugador públicamente conocido en Las Vegas y así me asumo, pero quiero aclarar que toda la vergüenza y la infamia que hoy padezco deriva de grabaciones obtenidas ilícitamente.

La opinión pública y los afectados tienen derecho a saber el origen de las mismas. A partir de la explicable sorpresa sobre su difusión o igualmente explicable el agravio de los afectados y de la opinión pública, se han hecho señalamientos como responsables de su generación y propalación a terceros que nada tienen que ver y hasta a las instituciones del Estado que realizan actividades de inteligencia han sido señaladas. No es el caso, y nuevamente lamento mucho que así haya acontecido o interpretado. Las grabaciones fueron ordenadas a causa de una diferencia de carácter personal en mi matrimonio. Ella, la señora Irma Benavides, con un propósito por demás delictivo, ahora lo sé, igualmente decidió grabar todas mis conversaciones telefónicas con el fin de obtener de mi parte concesiones ventajosas en la negociación de la liquidación de una supuesta sociedad conyugal, hoy en litigio.

Por otra parte, en julio del año pasado denuncié a la señora Lydia Cacho por los señalamientos que con relación a mi persona realizó en su libro, y también por las imputaciones que me hizo en un programa noticioso de proyección nacional, concretamente en el noticiario del señor Carlos Loret de Mola, en el que señaló que el suscrito tenía más de cien denuncias de acoso sexual presentadas por sus trabajadoras de las plantas textiles de Puebla de las que por cierto, no existe ni una, según consta en autos. Esta denuncia la presenté en el mes de julio del año próximo pasado y deseo destacar que la orden de aprehensión se ejecutó seis meses después en el mes de diciembre.

A más de las acusaciones que estoy señalando, también he sido acusado por la señora Cacho en múltiples ocasiones de haber ejercitado tráfico de influencia en la tramitación de la citada averiguación penal. Seis meses entre la presentación de la denuncia y la ejecución de la orden de aprehensión acreditan que no existió tráfico de influencia, los videos grabados durante su detención, que obran en poder de la PGR, así lo demuestran.

Hace aproximadamente mes y medio la señora Lydia Cacho contrató los servicios del señor licenciado Javier Olea Peláez, quien desde entonces a la fecha dicho profesionista ha venido divulgando en distintos medios de comunicación que va a presentar denuncias en contra mía por lavado de dinero, por tráfico de influencia y crimen organizado, hasta hoy no tengo informes o citatorios de autoridad que me convoque a declarar sobre la interposición de las mismas; sin embargo, ahora sí tengo indicios de las motivaciones que animan al licenciado Javier Olea Peláez.

El licenciado Javier Olea Peláez a últimas fechas también asesoró a la señora Irma Benavides en la posible interposición de una denuncia en contra mía. El licenciado Javier Olea Peláez la semana pasada a través de terceros hizo contacto con mis abogados, a efecto de proponer un arreglo, consistente en el pago de USD 25,000,000 (VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES 00/100 USCy) de mi parte a la señora Irma Benavides a cambio de no divulgar las cuatro grabaciones que aparecieron en los medios informativos la semana pasada. Toda vez que evidentemente me negué a la extorsión que pretendían los representantes de la señora Irma Benavides, entregó y divulgaron a los medios de comunicación las tres cintas publicadas el martes pasado.

La transacción que propuso el abogado Javier Olea Peláez por conducto de los señores Efraín Cárdenas y Eduardo Amerena fue rechazada en el momento mismo en que les fue notificado a mis representantes legales y acto seguido se amplió la amenaza con la declaración de que se me informara que me atuviera a las consecuencias, ya que esas cuatro grabaciones que pronto escucharía y leería en los medios, sólo constituían una pequeña demostración del enorme arsenal que de materiales de la misma índole que desde años obran en poder de la señora Irma Benavides. Amenazó también con que el daño que me harían sería de proporciones tales que me garantizaban que nunca más nadie realizaría operaciones de negocios conmigo, e incluso me volverían a tomar una llamada. Hoy lo han cumplido.

Por lo delicado del tema y por no ser elemento sustancial de esta información a la opinión pública, me abstendré de abordar los detalles de mi separación matrimonial. Toda persona tiene derecho a la intimidad y mis diferencias con la señora Irma Benavides pertenecen a este espacio. Si hago del conocimiento público el origen de las grabaciones es para precisar un tema que daña a terceros y a las mismas instituciones. Ya he cometido suficientes errores en esta materia de comunicaciones y no es mi deseo hilvanar uno más, que para el efecto de este asunto es completamente irrelevante.

De mi parte, ratifico la presunción de inocencia y reitero que nunca terminaré de avergonzarme ante mis hijos, mis nietos, mis amigos y la sociedad toda, por el lenguaje soez que en efecto, quedó registrado en las grabaciones que ahora son públicas. Con tristeza y arrepentido por todo el daño que ya se ha causado, advierto que seguramente en las futuras divulgaciones que las señoras Irma Benavides y Lydia Cacho y sus abogados han amenazado hacer del conocimiento público, también escucharán ese lenguaje pendenciero y vulgar, que reitero, me apena mucho; confieso que la repetición pública de esos contenidos me duele hasta las entrañas, incluso, mi persona ha sido parodiada en diversos ambientes públicos y privados; soy ante los ojos de muchos, el ejemplo de lo peor en México. Sin embargo, sólo soy culpable de mis palabras, de mis muy malas palabras, que por cierto, siendo terriblemente reprochables, no constituyen delito alguno. El lenguaje majadero y burdo sólo es materia de pena para quien lo profiere, lo que motiva esta disculpa pública. Su contenido se ha interpretado de manera equivocada en el contexto de una conversación aislada, sin dar a conocer las anteriores ni las ulteriores.

Queda claro de lo que soy culpable. Mis expresiones –privadamente realizadas- merecen rechazo y, de mi parte, un público desagravio. De nada más soy responsable. He sido uno de los principales promotores de la industria textil y más allá de mis malos modos, he sido generador de empleo y de oportunidades para muchos jefes de familia. En mi espacio de negocios se me juzga por lo que he hecho, no por como hablo. Inicié un procedimiento legal por calumnias y difamación proferidas en mi contra por la señora Lydia Cacho y sigo sosteniendo que mi denunciada es presunta responsable de la comisión de delitos por difamación y calumnia. Hasta hoy vigentes en el estado de Puebla y Quintana Roo, y por lo tanto de observancia general. No anticipo sentencia y corresponde al Tribunal pronunciarse al respecto. Lo que sí anticipo es todo mi respeto a la resolución judicial definitiva, cualquiera que sea su sentido. Toda persona tiene derecho a la justicia, independientemente de la calidad de su lenguaje.

Muchas gracias

Kamel Nacif Borges

Responsable de la publicación; Publicado en El Universal, Reforma