Porfirio nuevamente en EL País

Despúes de dos meses y medio PML regreso a escribir en El País, hoy. Lo normal es que lo hubiera hecho sobre el "dos de octubre no se olvida". Pero no, lo hizo sobre "México, Transición fallida". Hace varias semanas -19 de julio- redacto un texto denominado "regimenes petroleros"; y ahi hablo de que en México había "la sensación generalizada de haber sido víctimas de una “elección de Estado". Añadió que practicamente el 2 de julio sufrimos un golpe de estado: "algunos hablan de “pinochetazo” incruento, cuando menos hasta ahora.", dijo

Bueno ahí están los dos texto de PML vale la pena leerlos. Por cierto Porfirio todavía no responde a las duras críticas que le hizo Joaquim Ibartz, corresponsal de La Vanguardia. Creo que lo hará en cualquier momento.

¡A quien le tiene temor PML es a Cárdenas!

México, la transición fallida/Porfirio Muñoz Ledo

Tomado de EL PAÍS, 02/10/20006:

El aparato de legitimación que ha empleado el Gobierno mexicano para convencer a la opinión pública internacional de que la elección presidencial del 2 de julio fue legal, parece funcionar como en los tiempos del PRI. El argumento explícito es fácil: el conteo del Instituto Federal Electoral favoreció a Felipe Calderón y el fallo del Tribunal Electoral lo confirmó, declarándolo presidente electo. Supuesto que este último es inatacable e inapelable, la historia se acabó y todos tendrán que tratar con un nuevo Gobierno del PAN.

La lógica que sustenta al anterior silogismo es en apariencia irrefutable: después de siete décadas de dominación de un partido hegemónico, México inició una lenta transición que desembocó en un sistema electoral confiable. La alternancia en los cargos públicos, el pluralismo político y el equilibrio de poderes son hechos indiscutibles. Por tanto, la democracia se ha consolidado.

Esta visión simplista del acontecer nacional resulta cómoda para los gobiernos, organismos internacionales, inversionistas y financieros ávidos de relacionarse con las autoridades mexicanas. Ésa fue la experiencia que personalmente viví en mis recorridos por Europa, Estados Unidos y América Latina después de las elecciones en las que despojaron a Cuauhtémoc Cárdenas de su victoria electoral. En aquella ocasión, los arreglos posteriores(¡?) del candidato confirmaron por desgracia la propaganda gubernamental.

Sorprende e inquieta ahora a nuestros interlocutores que Andrés Manuel López Obrador, la Coalición por el Bien de Todos y sus millones de seguidores hayamos decidido refutar la validez del proceso electoral y exigir el respeto al sufragio ciudadano. Preocupa todavía más la dicotomía establecida por la Convención Nacional Democrática a través del rechazo a la imposición de un presidente espurio -aunque oficialmente ungido- y el reconocimiento de un presidente realmente elegido por los mexicanos y, en esa virtud, legítimo.

Los Estados que tienen mayores intereses en México han ofrecido su concurso para apuntalar a un Gobierno que, en caso de instalarse, sería todavía más débil que el actual. Después le pasarán la factura del reconocimiento. Con aparente optimismo dejan para más tarde el análisis del problema que les presentaría un esquema de ingobernabilidad o la eventual instalación de un Gobierno represivo en México.

Los poderes económicos internos, que ya habían desatado su furia contra el candidato de la izquierda -al punto que la publicidad que costearon fue declarada ilegal por el Tribunal Electoral- ahora exigen su linchamiento. Las grandes cadenas de radio y televisión se han exhibido como sicarios de la derecha. Los consorcios monopólicos y los poderes fácticos se aprestan a proseguir el estrangulamiento de las instituciones públicas. Mientras tanto, la concentración afrentosa del ingreso, la inconformidad social y la violencia creciente preparan el advenimiento de un estado de excepción.

Extraña por ello la actitud de intelectuales biempensantes, prontos para aceptar la versión del Gobierno y proclives a condenar la rebeldía de la oposición. Se da el caso de una inesperada coincidencia ideológica entre mis amigos Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. El primero ridiculiza con ligereza la defensa del derecho ciudadano e ignora que, en materia electoral, ésta no es la región más transparente. El segundo llama corrido melodramático a la respuesta de la Coalición, sin mirar que las gestas de nuestra historia han sido consagradas por ese género musical. Desconocen ambos una evidencia: que la derecha ha inventado una dictadura más perfecta que la del PRI. (¡Orale!)

La mayor parte de las voces socialdemócratas nos invitan a la moderación y al desarrollo de una izquierda “sensata” capaz de negociar con los poderes dominantes. Asumen que la transición mexicana está en curso y no juzgan relevantes las anomalías del proceso. Desestiman que la intervención descarada del Gobierno de Vicente Fox en las elecciones, la entronización abusiva del dinero, la cooptación de los funcionarios electorales y las campañas de difamación dirigidas desde el extranjero, dejaron claro el proyecto de eliminar a la izquierda como opción nacional.

La decisión sobre el futuro inmediato de México está ya tomada por las fuerzas conservadoras, nacionales y extranjeras, como lo estuvo en 1988 cuando la imposición de Carlos Salinas. Entonces se trataba de implantar el más feroz de los neoliberalismos y, ahora, de rescatar los escombros del Consenso de Washington y prolongar su vigencia en nuestro país por una generación más. Así lo expresan sin rubor los heraldos del nuevo régimen.

Se trata de una decisión estratégica para la región, a la que seguirán añadiendo apoyos sucesivos a fin de hacerla perdurable. El propósito es fincar un cerco político, paralelo al muro que ya plantaron para detener las oleadas de migrantes mexicanos. Es el refrendo de una añeja doctrina, según la cual la “zona de seguridad doméstica” de Estados Unidos terminaría en Panamá, y hacia el sur podrían funcionar “autonomías periféricas”, a condición de no agredir frontalmente sus intereses. Es además notorio el plan de ocupar políticamente el mayor número posible de los países petroleros y de amenazar a los regímenes que son hostiles a su proyecto global.

Algunos autores han hablado de “democracia colonial”. La explican como el diseño político complementario de una internacionalización desequilibrada. Habida cuenta del debilitamiento de las instituciones políticas de los países en desarrollo, por efecto de las privatizaciones y de la apertura económica, resulta indispensable para el diseño globalizador crear sistemas de contención política, encubiertos por ropajes democráticos, pero altamente dependientes de los poderes económicos.

Tal pretensión puede tornarse utópica frente al fantasma de la ingobernabilidad que vuelve inviables a los Estados nacionales de los países en desarrollo. La verdadera solución al dilema de América Latina corre en un sentido inverso: la búsqueda de soluciones innovadoras capaces de combatir la desigualdad, reconstruir las instituciones públicas y encontrar un espacio colectivo en la comunidad internacional. Para México, todo ello sería inasequible si aceptamos la usurpación.

Ningún sentido tendría para los demócratas mexicanos caer en el señuelo de la victoria diferida. Si admitiéramos la hipótesis de la larga marcha de una izquierda doblegada, habríamos caído en la complicidad y renunciado a nuestro deber primordial: la autodeterminación del pueblo mexicano y el respeto a la soberanía expresada en las urnas.

Es indispensable un nuevo consenso nacional para el desarrollo; nadie lo duda. Urge el rescate de los valores laicos e igualitarios de la República; ello es innegable. Podríamos coincidir en que la transición mexicana debe culminar en un nuevo andamiaje constitucional. Pero ello es solamente posible mediante el respeto al sufragio público. De otro modo, la transición fallida terminaría en un Estado fallido.

Regímenes petroleros/Porfirio Muñoz Ledo

Tomado de EL PAÍS, 19/07/2006

Las elecciones generales celebradas en México representaron un grave retroceso en su avance democrático. El proceso estuvo viciado de principio a fin y sólo queda el veredicto último del Tribunal Federal Electoral que podría restablecer la legalidad de la elección, otorgar legitimidad a sus resultados y sentar las bases para la gobernabilidad del país.

La insurgencia ciudadana que ha comenzado a gestarse arrojó ya a las calles una multitud estimada en quinientas mil personas y para el pasado domingo se esperaba una asistencia dos veces mayor. En esta ocasión se desprendieron contingentes de los trescientos distritos electorales de la República, muchos de los cuales alimentaron la marcha de la capital.

La exigencia social es un nuevo conteo de votos por parte del Tribunal, habida cuenta del crecido número de impugnaciones presentadas por diversos partidos. Para fundamentar esta demanda de recuento total se esgrimen también las llamadas causales genéricas, que no se relacionan directamente con las acciones fraudulentas y las manipulaciones cibernéticas cometidas el día de la elección, sino con las conductas previas de autoridades, partidos y candidatos que hayan violentado la legislación electoral.

El Tribunal anuló en tiempos recientes las elecciones para gobernador en los Estados de Tabasco y Colima, cuyos resultados fueron igualmente estrechos. En ambos casos justificó su fallo en el hecho de que las violaciones incurridas eran de tal manera “graves o trascendentes”, que habían puesto en duda “la credibilidad y la legitimidad de los comicios” y que por lo tanto esas elecciones no eran “aptas para surtir efectos legales”.

En efecto, el Tribunal Electoral tiene la facultad de declarar la validez de las elecciones, que hasta 1994 estaba reservada a la Cámara de Diputados. No podría ponerse en duda que la competencia para validar una elección supone la capacidad jurídica de invalidarla. Caso en el cual, conforme a la ley debiera convocarse a nuevas elecciones en un plazo de cuarenta y cinco días.

En la legislación mexicana la facultad concedida al respecto a la Suprema Corte de Justicia no es vinculante. Se la capacita no obstante para la averiguación de hechos que constituyan “violación del voto público”, siempre que a su juicio “pudiera ponerse en duda la legalidad de todo un proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión”. En ese caso, enviará los resultados de la investigación a los órganos competentes; esto es, al propio Tribunal.

Esta última disposición corresponde al papel asignado a la Corte en los casos de violaciones graves de los derechos humanos. Se basa en que el derecho al sufragio es una prerrogativa ciudadana inviolable. También, en la premisa mayor de que la potestad de elegir libremente a los gobernantes es el fundamento mismo de la soberanía.

Sin embargo, la demanda de la Coalición que postuló a López Obrador no apunta hacia la nulidad de la elección. Su reclamo es otro y corresponde a una extendida demanda social. Lo que pide es “limpiar la elección”, exigencia que viene desde el histórico fraude de 1988. La gente no busca que el sufragio sea anulado, sino que sea respetado. De ahí la encendida popularidad del grito: “Voto por voto, casilla por casilla”.

Hay la sensación generalizada de haber sido víctimas de una “elección de Estado”. Lo que es más grave, se está perdiendo la confianza en el funcionamiento del sistema electoral que con tantos sacrificios fue construido para derrocar al antiguo régimen. Se estima que, en vez de haber impulsado la transición democrática, el Gobierno de Vicente Fox decidió emplear todos los recursos públicos a su alcance para permanecer en el poder.

Poco después de haberse instalado en la casa presidencial, Fox lanzó un proyecto que él mismo llamó “reeleccionista”. Alfonso Durazo, quien fuera a la sazón su secretario particular y que luego habría de renunciar denunciando esos hechos, narra en su libro Los saldos del cambio los inicios de esa aventura cuya beneficiaria original era la esposa del presidente y su segundo destinatario el secretario de Gobernación. Finalmente recayó en Felipe Calderón, merced a las maniobras de los núcleos más facciosos del partido. La derecha pura y dura.

La gran paradoja es que el fracaso político del Gobierno y la patética mediocridad de su gestión no fueron óbice para la ejecución de un plan que asegurara su perduración política. Utilizaron sin escrúpulos las potestades que el sufragio les otorgó para actuar en contra de la voluntad ciudadana. No estaba errado aquel estudiante que, en protesta contra el intento fallido de desaforar a López Obrador, exhibió ante el rostro del presidente un letrero que rezaba “traidor a la democracia”.

La conducta del Ejecutivo Federal y de los gobernadores del PAN no dejan lugar a dudas sobre su intención de suplantar al PRI y de convertir una incipiente transición democrática en una transición dinástica. Se fueron los Austrias y llegaron los Borbones, por tanto tiempo como las complicidades que han tejido se lo permitan. Se acabó el sistema de partido hegemónico y comienza el tiempo del dinero hegemónico.

Ésta es sin duda una elección ideológica destinada a implantar una “democracia hemipléjica”, donde sólo la derecha pueda ejercer el poder nacional. Frente al avance de las izquierdas en América Latina se trata de conformar, en el país más estratégico de la región, un modelo político que, bajo la cobertura del sufragio libre, perpetúe un amasiato de poderes fácticos en la conducción del Estado.

Se ha dicho que la globalización se ha vuelto para algunos incompatible con la democracia, por las enormes desigualdades que genera y el dramático debilitamiento de las instituciones públicas en que se sustenta. Lo que se intenta es prolongar la vigencia del consenso de Washington, mediante la instalación de Gobiernos supeditados a un proyecto transnacional. Algunos hablan de “pinochetazo” incruento, cuando menos hasta ahora.

Un dato relevante es la utilización de los excedentes petroleros por el nuevo régimen para ubicarlos y repartirlos de acuerdo con estrategias electorales. En efecto, los ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos mexicanos se incrementaron de 9,9 miles de millones de dólares en 1999 a 31,4 en 2005. Durante los años de esta administración el total de esos ingresos asciende a 119,86 miles de millones de dólares.

En un país con ingresos fiscales anormalmente bajos, esos recursos adicionales otorgan al Gobierno que los manipula un margen excepcional de maniobra política o militar. Ese fue el caso de Sadam Husein en Irak y de Hugo Chávez en Venezuela, con independencia del sesgo ideológico y de la naturaleza de los regímenes que implantaron. Esa es la clave a la que apuesta la nueva dinastía que pretende establecerse en México.

Visto desde la acera opuesta, esos recursos harían posible un programa de crecimiento económico con empleo decente, educación pública de calidad, avances científicos y tecnológicos, redistribución del ingreso y abatimiento de la pobreza. El camino de un Estado de bienestar que haría viable el programa de la izquierda y cambiaría las relaciones del país con la globalidad.

Esas son las razones por las que, más allá de un conflicto electoral, estamos frente a un evento histórico en el que se cifra el futuro de México y en buena medida el de América Latina.