- Sobre la crisis libanesa/Yezid Saygh, profesor de Estudios de Oriente Medio en el King´s College de Londres.
Traducción: Juan Gabriel López Guix
Hizbulah formó parte del Gobierno del primer ministro libanés Fuad Siniora hasta principios de noviembre pasado, de modo que su decisión de derribar el Gobierno unas pocas semanas más tarde parece confirmar las acusaciones de Siniora de “fomentar un golpe de Estado”. Hizbulah se presenta como parte de un amplio frente de oposición que representa al menos a la mitad de la población del país, incluida la mitad de los cristianos; sin embargo, es indudable que las tensiones confesionales con los musulmanes suníes libaneses han empeorado de un modo peligroso.
Da la impresión de que Hizbulah considera que el riesgo merece la pena. Una razón es el continuado esfuerzo de Siniora desde la guerra del verano con Israel por hacer efectivo el embargo de armas de las Naciones Unidas y acabar desarmando a Hizbulah. Esta voluntad constituye una amenaza para el aparato militar autónomo de ese partido y debilita su veto contra la política gubernamental. En segundo lugar, está la lucha por sustituir al presidente prosirio Émile Lahud cuando éste termine su mandato en septiembre del 2007. Lahud se opuso al desarme de Hizbulah incluso tras el fin de la ocupación israelí del sur de Líbano en enero del 2000 y tras la evacuación siria en abril del 2005. El pasado mes de febrero Hizbulah concluyó una alianza formal con el ex general Michel Aoun, jefe del Movimiento Patriótico Libre, mayoritariamente cristiano, con lo que éste incrementó en buena medida sus posibilidades de obtener la presidencia a cambio de su apoyo al estatuto político-militar especial de Hizbulah.
La crisis resultaba predecible, pero lo que decidió su estallido fue la decisión de Siniora a principios de noviembre de aprobar la creación de un tribunal internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del antiguo primer ministro Rafiq Hariri. Hizbulah y Amal, el otro principal partido chií dirigido por el presidente del Parlamento Nabih Berri, no se opusieron en principio al tribunal, pero pusieron objeciones a ciertos detalles y renunciaron a sus carteras ministeriales cuando Siniora insistió en sus planes. Lahud afirmó que la ausencia de representación chií en el Gobierno suponía una falta de legitimidad constitucional y, por lo tanto, rechazó ratificar la decisión gubernamental de crear el tribunal.
Siniora sostiene que el gabinete sigue contando con una mayoría de ministros y representa a una mayoría democráticamente elegida. Es cierto, pero pasa por alto una gran paradoja: ¿cómo pretender legitimidad democrática cuando los chiíes, que se calcula que constituyen el 38% de la población y la mayor comunidad del país, tienen asignados sólo el 21% de los escaños parlamentarios?
Hizbulah aceptó no pedir una mayor representación chií al final de la guerra civil libanesa en 1989-1990 y a cambio se le permitió crear una serie de instituciones autónomas, tanto sociales, culturales y económicas como políticas y militares. Ahora, al intentar desarmar a Hizbulah, influir en la nueva presidencia y utilizar el tribunal para erradicar la influencia residual siria, Siniora y su Movimiento Futuro mayoritariamente suní, junto con otros partidos de la antisiria Alianza 14 de Marzo, están intentando despojar a Hizbulah de la compensación recibida tras la guerra civil sin modificar el sistema confesional ni ofrecer una protección alternativa a los intereses chiíes.
Además, Hizbulah se encuentra reforzado entre la opinión pública general por la percepción de que el Gobierno de Siniora es responsable del deterioro de la situación económica. La lentitud y la ineficacia del esfuerzo estatal de compensación a las víctimas de la guerra del verano pasado han provocado un aumento del resentimiento; la decisión del Gobierno de no priorizar el sector agrícola afectó con especial fuerza a los chiíes, concentrados en ese sector, un sector que por otra parte domina la economía local en el sur, principal escenario de la guerra.
El deterioro de la situación socioeconómica ha dado solidez al apoyo de los chiíes a Hizbulah. En realidad, las manifestaciones antigubernamentales realizadas desde el 1 de diciembre han contado con la participación de muchos sectores de ingresos bajos de la región cristiana del monte Líbano. Siniora promete una ayuda económica masiva que espera obtener en la conferencia París III prevista para finales de enero, pero la presión de los donantes en favor de reformas económicas y administrativas sólo contribuye a reforzar el nacionalismo populista de base representado por Hizbulah y Michel Aoun.
La oposición exige una cuota del tercio más uno en el nuevo Gobierno de unidad popular, lo que le proporcionaría en la práctica capacidad de veto; además, el 18 de diciembre pidió unas elecciones parlamentarias anticipadas con una ley electoral revisada. Con unas encuestas que señalan una desaprobación por parte del 60 por ciento de la opinión pública y un apoyo del 70 por ciento a un Gobierno de unidad popular, no es fácil que Siniora pueda tildar sin más a la oposición de ser simples agentes de Siria e Irán.
De todos modos, la oposición carece de la mayoría parlamentaria para forzar un adelanto electoral, y no está nada claro que las protestas en la calle logren torcer los deseos de Siniora. Eso significa también que la oposición no tiene garantizada la elección de Michel Aoun, puesto que el presidente es elegido por el Parlamento. En los próximos meses la cohesión del frente opositor se pondrá a prueba si resulta que Michel Aoun no puede ser elegido; si resiste, a la Alianza 14 de Marzo le será imposible elegir a un rival, a pesar de contar con mayoría parlamentaria.
Con tantas cosas en juego, Siria puede recurrir a la intimidación directa de sus adversarios en Líbano en caso de que vea amenazados sus intereses básicos. Probablemente asesinó el 21 de noviembre pasado al ministro de Industria libanés Pierre Gemayel, miembro de la antisiria Alianza 14 de Marzo. Por otra parte, Israel podría desestabilizar la situación de un modo mucho más peligroso: ha amenazado con recurrir de nuevo a la guerra en el verano del presente año - 2007- para acabar con la capacidad militar de Hizbulah; ahora bien, si asesina al jefe de ese partido, el jeque Hasan Nasrala, como ha amenazado en diversas ocasiones, esa muerte desencadenaría una explosión generalizada de violencia sectaria.
Descartando esos escenarios tan dramáticos, la crisis libanesa se verá determinada por la capacidad de la Alianza 14 de Marzo y la oposición de llegar a un compromiso sobre dos asuntos principales: la participación de la oposición en un Gobierno de unidad nacional (y, específicamente, si posee o no derecho de veto) y la sucesión de Lahud. Si las negociaciones fracasan, la oposición continuará su campaña en favor de un anticipo electoral y bloqueando el tribunal Hariri; pero lo más desestabilizador para el bloque parlamentario de la Alianza 14 de Marzo sería elegir un nuevo presidente contra los deseos de la oposición (y de Siria). Por el contrario, la consecución de un compromiso pondría fin a la crisis y mantendría el especial estatuto militar de Hizbulah, pero devolvería al país a la posición en que se encontraba en vísperas de la guerra con Israel que empezó el 12 de julio del 2006.
Da la impresión de que Hizbulah considera que el riesgo merece la pena. Una razón es el continuado esfuerzo de Siniora desde la guerra del verano con Israel por hacer efectivo el embargo de armas de las Naciones Unidas y acabar desarmando a Hizbulah. Esta voluntad constituye una amenaza para el aparato militar autónomo de ese partido y debilita su veto contra la política gubernamental. En segundo lugar, está la lucha por sustituir al presidente prosirio Émile Lahud cuando éste termine su mandato en septiembre del 2007. Lahud se opuso al desarme de Hizbulah incluso tras el fin de la ocupación israelí del sur de Líbano en enero del 2000 y tras la evacuación siria en abril del 2005. El pasado mes de febrero Hizbulah concluyó una alianza formal con el ex general Michel Aoun, jefe del Movimiento Patriótico Libre, mayoritariamente cristiano, con lo que éste incrementó en buena medida sus posibilidades de obtener la presidencia a cambio de su apoyo al estatuto político-militar especial de Hizbulah.
La crisis resultaba predecible, pero lo que decidió su estallido fue la decisión de Siniora a principios de noviembre de aprobar la creación de un tribunal internacional para juzgar a los sospechosos del asesinato del antiguo primer ministro Rafiq Hariri. Hizbulah y Amal, el otro principal partido chií dirigido por el presidente del Parlamento Nabih Berri, no se opusieron en principio al tribunal, pero pusieron objeciones a ciertos detalles y renunciaron a sus carteras ministeriales cuando Siniora insistió en sus planes. Lahud afirmó que la ausencia de representación chií en el Gobierno suponía una falta de legitimidad constitucional y, por lo tanto, rechazó ratificar la decisión gubernamental de crear el tribunal.
Siniora sostiene que el gabinete sigue contando con una mayoría de ministros y representa a una mayoría democráticamente elegida. Es cierto, pero pasa por alto una gran paradoja: ¿cómo pretender legitimidad democrática cuando los chiíes, que se calcula que constituyen el 38% de la población y la mayor comunidad del país, tienen asignados sólo el 21% de los escaños parlamentarios?
Hizbulah aceptó no pedir una mayor representación chií al final de la guerra civil libanesa en 1989-1990 y a cambio se le permitió crear una serie de instituciones autónomas, tanto sociales, culturales y económicas como políticas y militares. Ahora, al intentar desarmar a Hizbulah, influir en la nueva presidencia y utilizar el tribunal para erradicar la influencia residual siria, Siniora y su Movimiento Futuro mayoritariamente suní, junto con otros partidos de la antisiria Alianza 14 de Marzo, están intentando despojar a Hizbulah de la compensación recibida tras la guerra civil sin modificar el sistema confesional ni ofrecer una protección alternativa a los intereses chiíes.
Además, Hizbulah se encuentra reforzado entre la opinión pública general por la percepción de que el Gobierno de Siniora es responsable del deterioro de la situación económica. La lentitud y la ineficacia del esfuerzo estatal de compensación a las víctimas de la guerra del verano pasado han provocado un aumento del resentimiento; la decisión del Gobierno de no priorizar el sector agrícola afectó con especial fuerza a los chiíes, concentrados en ese sector, un sector que por otra parte domina la economía local en el sur, principal escenario de la guerra.
El deterioro de la situación socioeconómica ha dado solidez al apoyo de los chiíes a Hizbulah. En realidad, las manifestaciones antigubernamentales realizadas desde el 1 de diciembre han contado con la participación de muchos sectores de ingresos bajos de la región cristiana del monte Líbano. Siniora promete una ayuda económica masiva que espera obtener en la conferencia París III prevista para finales de enero, pero la presión de los donantes en favor de reformas económicas y administrativas sólo contribuye a reforzar el nacionalismo populista de base representado por Hizbulah y Michel Aoun.
La oposición exige una cuota del tercio más uno en el nuevo Gobierno de unidad popular, lo que le proporcionaría en la práctica capacidad de veto; además, el 18 de diciembre pidió unas elecciones parlamentarias anticipadas con una ley electoral revisada. Con unas encuestas que señalan una desaprobación por parte del 60 por ciento de la opinión pública y un apoyo del 70 por ciento a un Gobierno de unidad popular, no es fácil que Siniora pueda tildar sin más a la oposición de ser simples agentes de Siria e Irán.
De todos modos, la oposición carece de la mayoría parlamentaria para forzar un adelanto electoral, y no está nada claro que las protestas en la calle logren torcer los deseos de Siniora. Eso significa también que la oposición no tiene garantizada la elección de Michel Aoun, puesto que el presidente es elegido por el Parlamento. En los próximos meses la cohesión del frente opositor se pondrá a prueba si resulta que Michel Aoun no puede ser elegido; si resiste, a la Alianza 14 de Marzo le será imposible elegir a un rival, a pesar de contar con mayoría parlamentaria.
Con tantas cosas en juego, Siria puede recurrir a la intimidación directa de sus adversarios en Líbano en caso de que vea amenazados sus intereses básicos. Probablemente asesinó el 21 de noviembre pasado al ministro de Industria libanés Pierre Gemayel, miembro de la antisiria Alianza 14 de Marzo. Por otra parte, Israel podría desestabilizar la situación de un modo mucho más peligroso: ha amenazado con recurrir de nuevo a la guerra en el verano del presente año - 2007- para acabar con la capacidad militar de Hizbulah; ahora bien, si asesina al jefe de ese partido, el jeque Hasan Nasrala, como ha amenazado en diversas ocasiones, esa muerte desencadenaría una explosión generalizada de violencia sectaria.
Descartando esos escenarios tan dramáticos, la crisis libanesa se verá determinada por la capacidad de la Alianza 14 de Marzo y la oposición de llegar a un compromiso sobre dos asuntos principales: la participación de la oposición en un Gobierno de unidad nacional (y, específicamente, si posee o no derecho de veto) y la sucesión de Lahud. Si las negociaciones fracasan, la oposición continuará su campaña en favor de un anticipo electoral y bloqueando el tribunal Hariri; pero lo más desestabilizador para el bloque parlamentario de la Alianza 14 de Marzo sería elegir un nuevo presidente contra los deseos de la oposición (y de Siria). Por el contrario, la consecución de un compromiso pondría fin a la crisis y mantendría el especial estatuto militar de Hizbulah, pero devolvería al país a la posición en que se encontraba en vísperas de la guerra con Israel que empezó el 12 de julio del 2006.
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