Dice Ignasi Guardans (Diputado al Parlamento Europeo) 08/05/2007, El País:
Mario Vargas Llosa dedicó su última Piedra de toque a criticar una supuesta decisión de la Eurocámara para convertir en delito en toda Europa la negación del Holocausto (y sin pronunciarse sobre otros crímenes colectivos). Yo comparto casi todos sus argumentos. Pero se equivoca en la diana de su crítica: el Parlamento Europeo no ha sido quien ha adoptado tal decisión. Lo han hecho los ministros de Justicia e Interior a través de lo que se llama una "decisión marco". Obviamente, don Mario no tiene que ser un experto en Derecho Europeo. Y es lógico que, como fino demócrata, piense que si ha leído que "la Unión Europea" impone un cambio en los códigos penales, es que quienes lo han hecho son los diputados europeos. Pero no es así, y su error es una espléndida ocasión de denunciarlo por enésima vez.
Decisiones de este calado, que hacen obligatorio el cambio de leyes nacionales en materia penal, policial, criminal o judicial se adoptan cada vez con mayor frecuencia en Bruselas en reuniones a puerta cerrada de 27 ministros, en el mejor de los casos tras una consulta no vinculante al Parlamento de Estrasburgo. En pura teoría, la legitimidad de estos ministros para decidir conjuntamente algo que después deberá "obedecer" el Congreso de los Diputados o el Bundestag alemán se basa en que cada uno de ellos informa y responde de lo que vota ante su Parlamento nacional. Pero esto es algo muy próximo a la ficción, y en muchos países no funciona. En España, bastante peor que en la mayoría. Pregunte, don Mario, a los diputados españoles del Congreso, a ver cuántos saben lo que en su nombre ha consentido el ministro en la UE en materia de sanción penal al negacionismo histórico. Pocos serán los que le respondan. Eso sí, en éste y en otros muchos casos, un día el Gobierno les presentará a votación una ley "para cumplir con las obligaciones de la Unión Europea". Una ley a la que apenas nada se podrá cambiar, pues su contenido "viene de Bruselas". Y así, poco a poco, va desapareciendo ante nuestros ojos el control parlamentario en materias que afectan de lleno a los derechos fundamentales. Al menos, ante protestas legítimas como la de Vargas Llosa, que a los diputados europeos nos dejen proclamar: ¡nosotros no hemos sido! Las quejas, a la carrera de San Jerónimo.
Mario Vargas Llosa dedicó su última Piedra de toque a criticar una supuesta decisión de la Eurocámara para convertir en delito en toda Europa la negación del Holocausto (y sin pronunciarse sobre otros crímenes colectivos). Yo comparto casi todos sus argumentos. Pero se equivoca en la diana de su crítica: el Parlamento Europeo no ha sido quien ha adoptado tal decisión. Lo han hecho los ministros de Justicia e Interior a través de lo que se llama una "decisión marco". Obviamente, don Mario no tiene que ser un experto en Derecho Europeo. Y es lógico que, como fino demócrata, piense que si ha leído que "la Unión Europea" impone un cambio en los códigos penales, es que quienes lo han hecho son los diputados europeos. Pero no es así, y su error es una espléndida ocasión de denunciarlo por enésima vez.
Decisiones de este calado, que hacen obligatorio el cambio de leyes nacionales en materia penal, policial, criminal o judicial se adoptan cada vez con mayor frecuencia en Bruselas en reuniones a puerta cerrada de 27 ministros, en el mejor de los casos tras una consulta no vinculante al Parlamento de Estrasburgo. En pura teoría, la legitimidad de estos ministros para decidir conjuntamente algo que después deberá "obedecer" el Congreso de los Diputados o el Bundestag alemán se basa en que cada uno de ellos informa y responde de lo que vota ante su Parlamento nacional. Pero esto es algo muy próximo a la ficción, y en muchos países no funciona. En España, bastante peor que en la mayoría. Pregunte, don Mario, a los diputados españoles del Congreso, a ver cuántos saben lo que en su nombre ha consentido el ministro en la UE en materia de sanción penal al negacionismo histórico. Pocos serán los que le respondan. Eso sí, en éste y en otros muchos casos, un día el Gobierno les presentará a votación una ley "para cumplir con las obligaciones de la Unión Europea". Una ley a la que apenas nada se podrá cambiar, pues su contenido "viene de Bruselas". Y así, poco a poco, va desapareciendo ante nuestros ojos el control parlamentario en materias que afectan de lleno a los derechos fundamentales. Al menos, ante protestas legítimas como la de Vargas Llosa, que a los diputados europeos nos dejen proclamar: ¡nosotros no hemos sido! Las quejas, a la carrera de San Jerónimo.
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