12 jun 2007

Justicia militar, civil y pena de muerte

El alto comisionado de las ONU en México, Amérigo Incalcaterra, se pronunció porque los 19 militares detenidos por la muerte de cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños, en Sinaloa, deben ser sometidos a la justicia civil y no militar, debido a que se trata de violaciones a derechos humanos.
Fue entrevistado al término de un convenio entre la oficina que preside y la CDHDF y dijo que se requiere un mayor control de los métodos con los cuales se quiere combatir la delincuencia organizada. “Consideramos que la justicia que debe imperar es la justicia ordinaria. La militar se utiliza normalmente para asuntos estrictamente militares cuando (en este caso) estamos hablando de violaciones a derechos humanos, así que el órgano que debería atender este problema y de acuerdo a las distintas recomendaciones y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y la distinta jurisprudencia internacional, son los tribunales civiles”.
Con respecto a la posible pena de muerte de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo” dijo que se debe preservar la vida humana: “pedimos que los países que tienen vigente la pena de muerte (EE UU), deben abolirla, como lo ha hecho en su momento México. La vida es la vida de todo ser humano que tiene que ser respetada",
Y es que El Tigrillo, podría ser el primer narcotraficante de su nivel, en recibir la pena de muerte por narcotráfico y no por haber cometido diversos asesinatos.
De acuerdo con una nueva acusación, Arellano Félix podría ser ejecutado bajo un artículo de la Ley Federal de Pena de Muerte promulgada en 1994, que lo ubica como líder en el tráfico de drogas.
Los fiscales noreteamericanos del caso pueden demandar esta sanción antes de que el juicio se inicie en enero de 2008.
Sobre este caso, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que si los tribunales de EE UU sentencian a muerte a El Tigrillo, el gobierno mexicano se opondrá a esa sanción. “Estamos convencidos de que la pena capital no es la solución ni siquiera para el delincuente más grande del mundo", expuso en entrevista.
El Tigrillo no es de los extraditados por el gobierno de México, sino que fue detenido en aguas internacionales cuando navegaba con algunos amigos y familiares en Baja California Sur.
De ahí fue trasladado por policías estadounidenses a California para ser juzgado, ya que pesaban sobre él diversas órdenes de aprehensión.

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