El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial del Refugiado.
Actualmente, hay 20,8 millones de refugiados en el mundo y lo más grave es que más de nueve millones son niños.
Microsoft y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) lanzaron un portal ninemillion.org, para conocer la situación de refugiados, desplazados y apátridas confinados en 117 países.
Empleados de la compañía de Bill Gates se desplazan a campos y ponen en marcha programas de identificación, crean centros con conexiones a Internet para que los refugiados puedan conocer la situación de su país de origen o enseñan informática a los voluntarios de los campos para que éstos instruyan a los niños.
Y lo mejor es que gracias a Gates con un click se puede apoyar económicamente la labor que el ACNUR desarrolla con los nueve millones de niños refugiados que hay en el mundo. Cada vez que un usuario haga una búsqueda en el portal Live.com, desde la dirección http://click4thecause.live.com/, Microsoft aportará un céntimo de dólar a ninemillion.org.
La campaña estará en vigor hasta finales de marzo del 2008, será difundida en las páginas web de Microsoft relativas a Windows Live y MSN mediante contenidos publicitarios y editoriales y será secundada en 26 países. El 80% de la recaudación será destinado a la formación de los niños en los campos de refugiados y el 20 por ciento restante se dedicará al deporte.
¡Bien por la iniciativa! A ahora a colaborar.
Y sobre refugiados en México recomiendo el texto de Santiago Corcuera: Protección mexicana a los refugiados
Tomado de Reforma, 20/06/2007;
México ha tenido una tradición humanitaria y solidaria para dar acogida a solicitantes de asilo y refugiados. A lo largo de su historia, México ha recibido más de 200 mil refugiados de diversas nacionalidades, aunque, por su importancia pueden destacarse los asilados españoles durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, los refugiados chilenos que huyeron después del golpe de Estado de Pinochet contra el régimen democrático de Allende un 11 de septiembre de 1973 (fecha que se ha visto opacada, por otro 11 de septiembre) y, por supuesto, las decenas de miles de refugiados guatemaltecos que emigraron hacia México en la década de los ochenta. Una vez que se logró la paz en Guatemala, a fines de 1996, México instrumentó un exitoso y solidario programa de integración local o repatriación voluntaria de los refugiados guatemaltecos.
Fue hasta el año 2000 cuando México se adhirió a la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967, así como a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Parece incongruente que México haya tenido esta franca actitud de solidaridad humanitaria durante su historia y que se haya tardado tanto tiempo en adherirse a los instrumentos internacionales en la materia. Parte de esta incongruencia, o esquizofrenia, fue el hecho de que en 1981 México funda la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y en 1982 firma con el ACNUR (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados) un Acuerdo sobre Ayuda Multidisciplinaria para Refugiados Guatemaltecos. En 1996 se consolidaron las operaciones del ACNUR en México para supervisar el programa de retorno voluntario y de integración local de guatemaltecos, pero sin que México fuera parte, todavía, de los instrumentos internacionales sobre refugiados.
La Ley General de Población y su Reglamento, por la misma esquizofrenia, contienen una serie de normas violatorias del derecho internacional de los refugiados. La definición de refugiado contenida en la Ley de Población y su Reglamento es incompleta, pues no toma en cuenta la definición contenida en los instrumentos internacionales sobre la materia. Por otra parte, en ocasiones se hace referencia a la "característica migratoria" de refugiado, cuando debiera hablarse de la condición de refugiado. La diferencia entre estos dos conceptos es diametral. La característica migratoria la "otorga" la autoridad conforme a sus facultades discrecionales. La condición de refugiado solamente debe reconocerse, pues el solicitante de asilo que se encuentre en una situación que se ubica dentro de la definición de refugiado, tiene derecho a ser reconocido como tal. Es decir, si la persona es extranjera, se encuentra en México y siente fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, debe ser reconocida como refugiada si así lo solicita. La declaratoria de reconocimiento de la condición de refugiado nunca debe ser considerada como un acto inamistoso, ni estar embarrada de consideraciones políticas (e.g. que si el solicitante viene huyendo por mar de determinada isla, y que si el país lo reconoce como refugiado, el gobierno de la isla se va a molestar, y cuestiones de ese tipo.)
Devolver a un refugiado a su país constituye una violación a normas imperativas de derecho internacional. Éste es otro aspecto en el que la ley mexicana es incompleta. No solamente debe estar prohibido devolver a su país de origen a un refugiado ya reconocido, que es lo que dice la ley, sino que no debe devolverse a ningún solicitante de asilo en tanto se determina su condición de refugiado, ni tampoco debe deportarse o expulsarse a ningún extranjero (un migrante indocumentado, por ejemplo), hacia cualquier país en donde sus derechos a la vida o a la libertad personal estuvieren en riesgo de ser violados a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o por sus opiniones políticas, tal y como lo previene el artículo 22 (8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte. Esto no se encuentra previsto correctamente en la Ley de Población y su Reglamento.
También debe revisarse y corregirse la insana práctica de mantener "asegurados" (eufemismo de "presos") a los solicitantes de asilo en tanto se resuelve su solicitud. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, en su informe sobre su visita a México, se refiere a esta cuestión.
Éstas, y otras cuestiones que no podemos tratar por razón de espacio, deberían corregirse mediante reformas legales.
En 2004 se concluyó en México el proceso de conmemoración del 20 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Tuve el privilegio de participar en ese proceso, junto con los juristas Ant"nio A. Cançado Trindade, Leonardo Franco y Jorge Santiesteban, como integrante del comité de cuatro expertos contratados por el ACNUR para la realización de ciertos estudios en torno a la Declaración de Cartagena en su contexto actual. Al término de la conferencia internacional en la que se aprobó la Declaración y el Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina, el secretario de Gobernación Santiago Creel ofreció una comida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ahí oí al secretario pronunciarse correctamente respecto de diversas cuestiones, y reconocer las debilidades de nuestro marco jurídico. Me tocó presenciar el inicio de los esfuerzos que se hicieron al interior de la Secretaría de Gobernación para introducir reformas al marco legal mexicano en esta materia. Se fueron Santiago Creel de Gobernación y Miriam Morales de la COMAR y ese proceso se detuvo, o por lo menos yo ya no pude percibirlo. En este sexenio, con Katya Somohano al frente de la COMAR, he advertido nuevos esfuerzos en la dirección correcta. Pero las reformas no se han producido. Paciencia... A ver a qué horas... (fin)
Por cierto ¿cuantos refugiados hay en México?Tomado de Reforma, 20/06/2007;
México ha tenido una tradición humanitaria y solidaria para dar acogida a solicitantes de asilo y refugiados. A lo largo de su historia, México ha recibido más de 200 mil refugiados de diversas nacionalidades, aunque, por su importancia pueden destacarse los asilados españoles durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, los refugiados chilenos que huyeron después del golpe de Estado de Pinochet contra el régimen democrático de Allende un 11 de septiembre de 1973 (fecha que se ha visto opacada, por otro 11 de septiembre) y, por supuesto, las decenas de miles de refugiados guatemaltecos que emigraron hacia México en la década de los ochenta. Una vez que se logró la paz en Guatemala, a fines de 1996, México instrumentó un exitoso y solidario programa de integración local o repatriación voluntaria de los refugiados guatemaltecos.
Fue hasta el año 2000 cuando México se adhirió a la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967, así como a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
Parece incongruente que México haya tenido esta franca actitud de solidaridad humanitaria durante su historia y que se haya tardado tanto tiempo en adherirse a los instrumentos internacionales en la materia. Parte de esta incongruencia, o esquizofrenia, fue el hecho de que en 1981 México funda la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y en 1982 firma con el ACNUR (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados) un Acuerdo sobre Ayuda Multidisciplinaria para Refugiados Guatemaltecos. En 1996 se consolidaron las operaciones del ACNUR en México para supervisar el programa de retorno voluntario y de integración local de guatemaltecos, pero sin que México fuera parte, todavía, de los instrumentos internacionales sobre refugiados.
La Ley General de Población y su Reglamento, por la misma esquizofrenia, contienen una serie de normas violatorias del derecho internacional de los refugiados. La definición de refugiado contenida en la Ley de Población y su Reglamento es incompleta, pues no toma en cuenta la definición contenida en los instrumentos internacionales sobre la materia. Por otra parte, en ocasiones se hace referencia a la "característica migratoria" de refugiado, cuando debiera hablarse de la condición de refugiado. La diferencia entre estos dos conceptos es diametral. La característica migratoria la "otorga" la autoridad conforme a sus facultades discrecionales. La condición de refugiado solamente debe reconocerse, pues el solicitante de asilo que se encuentre en una situación que se ubica dentro de la definición de refugiado, tiene derecho a ser reconocido como tal. Es decir, si la persona es extranjera, se encuentra en México y siente fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, debe ser reconocida como refugiada si así lo solicita. La declaratoria de reconocimiento de la condición de refugiado nunca debe ser considerada como un acto inamistoso, ni estar embarrada de consideraciones políticas (e.g. que si el solicitante viene huyendo por mar de determinada isla, y que si el país lo reconoce como refugiado, el gobierno de la isla se va a molestar, y cuestiones de ese tipo.)
Devolver a un refugiado a su país constituye una violación a normas imperativas de derecho internacional. Éste es otro aspecto en el que la ley mexicana es incompleta. No solamente debe estar prohibido devolver a su país de origen a un refugiado ya reconocido, que es lo que dice la ley, sino que no debe devolverse a ningún solicitante de asilo en tanto se determina su condición de refugiado, ni tampoco debe deportarse o expulsarse a ningún extranjero (un migrante indocumentado, por ejemplo), hacia cualquier país en donde sus derechos a la vida o a la libertad personal estuvieren en riesgo de ser violados a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o por sus opiniones políticas, tal y como lo previene el artículo 22 (8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte. Esto no se encuentra previsto correctamente en la Ley de Población y su Reglamento.
También debe revisarse y corregirse la insana práctica de mantener "asegurados" (eufemismo de "presos") a los solicitantes de asilo en tanto se resuelve su solicitud. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, en su informe sobre su visita a México, se refiere a esta cuestión.
Éstas, y otras cuestiones que no podemos tratar por razón de espacio, deberían corregirse mediante reformas legales.
En 2004 se concluyó en México el proceso de conmemoración del 20 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Tuve el privilegio de participar en ese proceso, junto con los juristas Ant"nio A. Cançado Trindade, Leonardo Franco y Jorge Santiesteban, como integrante del comité de cuatro expertos contratados por el ACNUR para la realización de ciertos estudios en torno a la Declaración de Cartagena en su contexto actual. Al término de la conferencia internacional en la que se aprobó la Declaración y el Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina, el secretario de Gobernación Santiago Creel ofreció una comida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ahí oí al secretario pronunciarse correctamente respecto de diversas cuestiones, y reconocer las debilidades de nuestro marco jurídico. Me tocó presenciar el inicio de los esfuerzos que se hicieron al interior de la Secretaría de Gobernación para introducir reformas al marco legal mexicano en esta materia. Se fueron Santiago Creel de Gobernación y Miriam Morales de la COMAR y ese proceso se detuvo, o por lo menos yo ya no pude percibirlo. En este sexenio, con Katya Somohano al frente de la COMAR, he advertido nuevos esfuerzos en la dirección correcta. Pero las reformas no se han producido. Paciencia... A ver a qué horas... (fin)
Aprovecho para reproducir el comuicado de AI
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: POL 30/014/2007
Día Mundial del Refugiado 2007
En el Día Mundial del Refugiado 2007, Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con las personas refugiadas de todo el mundo, personas de países como Afganistán, Burundi, Irak, Myanmar, Sri Lanka y Sudán que aguardan una solución –algunas de ellas desde hace generaciones– a su terrible situación.
Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que cumplan con su obligación internacional de respetar y proteger los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Pese a esa obligación, en muchas partes del mundo hay gobiernos que retratan a estas personas como una amenaza para la sociedad en la que piden protección. Esos temores son utilizados y alimentados por los mismos gobiernos que se han comprometido legalmente a proteger a los refugiados de la persecución de la que han escapado.
Por motivos políticos y de seguridad respecto al control de fronteras, los procedimientos de asilo se han convertido en herramientas de exclusión, más que de protección. Según la Comisión Europea, los 27 países de la Unión Europea recibieron en 2006 un 53 por ciento menos de solicitudes de asilo que en 2002. Se cree que los controles de las fronteras exteriores, cada vez más estrictos, y las medidas contra la migración irregular puestas en práctica incluso fuera del territorio de la UE constituyen un obstáculo importante para que los refugiados lleguen a la Unión Europea, y explican en parte la constante disminución de solicitudes de asilo en la UE. Desde luego, los motivos para solicitar asilo –la violencia y la persecución– siguen tan vivos como siempre.
El principio de no devolución (non-refoulement), descrito como la piedra angular del sistema internacional de protección a los refugiados y que prohíbe devolver, ya sea desde el territorio de un Estado o desde la frontera, a cualquier persona a un país donde pueda correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, está siendo erosionado e ignorado por Estados que tratan de eludir sus obligaciones para con las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En enero de este año, el gobierno de Kenia cerró su frontera con Somalia e impidió el paso a miles de personas que buscaban cobijo; además, devolvió a centenares de personas que habían conseguido cruzar y pedir asilo.
A millones de refugiados palestinos –la comunidad de personas refugiadas más numerosa del mundo y que más tiempo lleva en tal circunstancia– se les sigue negando una solución duradera a la grave situación que viven desde hace casi 60 años tras su huída a países de acogida de Oriente Medio.
Los países que acogen a los refugiados en el hemisferio sur son casi siempre los que luchan por hacer frente al impacto económico, social y medioambiental derivado de recibir año tras año a grandes números de refugiados. El prolongado conflicto de Irak ha provocado el desplazamiento interno de un millón y medio de iraquíes y ha convertido en refugiados a otros dos millones, lo que hace temer el estallido de una crisis humanitaria no sólo en Irak sino también en Siria y Jordania, dos países que luchan por resolver los desafíos que implica la llegada masiva de refugiados iraquíes. Pese a ello, los demás países apenas han hecho nada para evitar esta crisis humanitaria. Al contrario: las acciones recientes de algunos de los países más ricos constituyen una burla de los principios establecidos de reparto de la carga y la responsabilidad, unos principios que piden a los Estados que establezcan una cooperación internacional para aliviar la carga "excesivamente onerosa" que la concesión de asilo supone para "ciertos países".
Más al norte, los gobiernos de la Unión Europea están tomando medidas cada vez más complejas para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a su territorio. Por ejemplo, están emprendiendo operaciones de intercepción en el Mediterráneo y están estableciendo acuerdos de cooperación con Estados del norte de África. Sin embargo, esas acciones no eximen a los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos, ya que ellos son igualmente responsables de proteger los derechos humanos de las personas bajo su control efectivo.En abril de 2007, el gobierno australiano acordó intercambiar refugiados reconocidos como tales que se encontraban en la isla de Nauru, en el Pacífico, por refugiados reconocidos cubanos y haitianos retenidos por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Más que aliviar el sufrimiento de estas personas refugiadas mediante una solución duradera y adecuada, este "intercambio" propuesto parece estar específicamente concebido para disuadir a los refugiados de ejercer su derecho a pedir protección, enviándolos de una región del mundo a otra. Amnistía Internacional cree que, en lugar de utilizar sus recursos para "intercambiar" refugiados o emprender acciones que perjudiquen la protección de los derechos de las personas refugiadas, los Estados deben cumplir sus compromisos tanto con los refugiados que llegan a su país como brindando ayuda y protección a las situaciones que suponen un gran aflujo de refugiados en otros lugares.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que se está excluyendo cada vez más a las personas refugiadas del sistema internacional de protección de los derechos humanos. La organización recuerda a los Estados que la protección de los refugiados es tanto una obligación de los Estados receptores como una responsabilidad internacional. En particular, la organización pide a todos los Estados que respeten escrupulosamente el principio fundamental de no devolución. Además, Amnistía Internacional señala la importancia esencial de garantizar que todas las personas refugiadas tienen acceso de manera no discriminatoria y oportuna a soluciones duraderas y adecuadas, como la repatriación voluntaria, segura y digna a los lugares de origen o residencia habitual, la integración local o el reasentamiento en un tercer país. Sin embargo, demasiados refugiados corren peligro de devolución por motivos que incluyen una retórica racista y xenófoba, ven negados sus derechos legales en los países de primera solicitud (lo que dificulta la integración local), o pasan años, e incluso generaciones, en un prolongado limbo sin poder acceder a oportunidades para el reasentamiento ni integrarse de manera efectiva. En el Día Mundial del Refugiado 2007, Amnistía Internacional desea centrarse en la situación de las personas que se han visto obligadas a desplazarse, y para ello llevará a cabo una diversidad de acciones y eventos en todo el mundo.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: POL 30/014/2007
Día Mundial del Refugiado 2007
En el Día Mundial del Refugiado 2007, Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con las personas refugiadas de todo el mundo, personas de países como Afganistán, Burundi, Irak, Myanmar, Sri Lanka y Sudán que aguardan una solución –algunas de ellas desde hace generaciones– a su terrible situación.
Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que cumplan con su obligación internacional de respetar y proteger los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Pese a esa obligación, en muchas partes del mundo hay gobiernos que retratan a estas personas como una amenaza para la sociedad en la que piden protección. Esos temores son utilizados y alimentados por los mismos gobiernos que se han comprometido legalmente a proteger a los refugiados de la persecución de la que han escapado.
Por motivos políticos y de seguridad respecto al control de fronteras, los procedimientos de asilo se han convertido en herramientas de exclusión, más que de protección. Según la Comisión Europea, los 27 países de la Unión Europea recibieron en 2006 un 53 por ciento menos de solicitudes de asilo que en 2002. Se cree que los controles de las fronteras exteriores, cada vez más estrictos, y las medidas contra la migración irregular puestas en práctica incluso fuera del territorio de la UE constituyen un obstáculo importante para que los refugiados lleguen a la Unión Europea, y explican en parte la constante disminución de solicitudes de asilo en la UE. Desde luego, los motivos para solicitar asilo –la violencia y la persecución– siguen tan vivos como siempre.
El principio de no devolución (non-refoulement), descrito como la piedra angular del sistema internacional de protección a los refugiados y que prohíbe devolver, ya sea desde el territorio de un Estado o desde la frontera, a cualquier persona a un país donde pueda correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, está siendo erosionado e ignorado por Estados que tratan de eludir sus obligaciones para con las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En enero de este año, el gobierno de Kenia cerró su frontera con Somalia e impidió el paso a miles de personas que buscaban cobijo; además, devolvió a centenares de personas que habían conseguido cruzar y pedir asilo.
A millones de refugiados palestinos –la comunidad de personas refugiadas más numerosa del mundo y que más tiempo lleva en tal circunstancia– se les sigue negando una solución duradera a la grave situación que viven desde hace casi 60 años tras su huída a países de acogida de Oriente Medio.
Los países que acogen a los refugiados en el hemisferio sur son casi siempre los que luchan por hacer frente al impacto económico, social y medioambiental derivado de recibir año tras año a grandes números de refugiados. El prolongado conflicto de Irak ha provocado el desplazamiento interno de un millón y medio de iraquíes y ha convertido en refugiados a otros dos millones, lo que hace temer el estallido de una crisis humanitaria no sólo en Irak sino también en Siria y Jordania, dos países que luchan por resolver los desafíos que implica la llegada masiva de refugiados iraquíes. Pese a ello, los demás países apenas han hecho nada para evitar esta crisis humanitaria. Al contrario: las acciones recientes de algunos de los países más ricos constituyen una burla de los principios establecidos de reparto de la carga y la responsabilidad, unos principios que piden a los Estados que establezcan una cooperación internacional para aliviar la carga "excesivamente onerosa" que la concesión de asilo supone para "ciertos países".
Más al norte, los gobiernos de la Unión Europea están tomando medidas cada vez más complejas para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a su territorio. Por ejemplo, están emprendiendo operaciones de intercepción en el Mediterráneo y están estableciendo acuerdos de cooperación con Estados del norte de África. Sin embargo, esas acciones no eximen a los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos, ya que ellos son igualmente responsables de proteger los derechos humanos de las personas bajo su control efectivo.En abril de 2007, el gobierno australiano acordó intercambiar refugiados reconocidos como tales que se encontraban en la isla de Nauru, en el Pacífico, por refugiados reconocidos cubanos y haitianos retenidos por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Más que aliviar el sufrimiento de estas personas refugiadas mediante una solución duradera y adecuada, este "intercambio" propuesto parece estar específicamente concebido para disuadir a los refugiados de ejercer su derecho a pedir protección, enviándolos de una región del mundo a otra. Amnistía Internacional cree que, en lugar de utilizar sus recursos para "intercambiar" refugiados o emprender acciones que perjudiquen la protección de los derechos de las personas refugiadas, los Estados deben cumplir sus compromisos tanto con los refugiados que llegan a su país como brindando ayuda y protección a las situaciones que suponen un gran aflujo de refugiados en otros lugares.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que se está excluyendo cada vez más a las personas refugiadas del sistema internacional de protección de los derechos humanos. La organización recuerda a los Estados que la protección de los refugiados es tanto una obligación de los Estados receptores como una responsabilidad internacional. En particular, la organización pide a todos los Estados que respeten escrupulosamente el principio fundamental de no devolución. Además, Amnistía Internacional señala la importancia esencial de garantizar que todas las personas refugiadas tienen acceso de manera no discriminatoria y oportuna a soluciones duraderas y adecuadas, como la repatriación voluntaria, segura y digna a los lugares de origen o residencia habitual, la integración local o el reasentamiento en un tercer país. Sin embargo, demasiados refugiados corren peligro de devolución por motivos que incluyen una retórica racista y xenófoba, ven negados sus derechos legales en los países de primera solicitud (lo que dificulta la integración local), o pasan años, e incluso generaciones, en un prolongado limbo sin poder acceder a oportunidades para el reasentamiento ni integrarse de manera efectiva. En el Día Mundial del Refugiado 2007, Amnistía Internacional desea centrarse en la situación de las personas que se han visto obligadas a desplazarse, y para ello llevará a cabo una diversidad de acciones y eventos en todo el mundo.
En el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en Londres se inaugura la exposición de Ricky Romain "Nurturing Hope – Seeking Common Ground" (Alimentando la esperanza – buscando un terreno común). En ella se muestran varios temas relativos a las personas desplazadas.
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