¡Cambiar la legislación!: NRC

Leslie Gómez entrevista al Cardenal Rivera Carrera en Reforma.
Tomado de Reforma, 8/07/2007;
Las respuestas fueron contestadas por escrito un cuestionario enviado por REFORMA
Exige el Cardenal cambiar ley de culto
Denuncia discriminación a ministros religiosos.
Rechaza Rivera 'mordaza' a curas; descarta interés en asociación política
Leslie Gómez (8 julio 2007).- La restricción a la libertad de expresión y reunión que tienen los religiosos en el País es inconcebible para el Cardenal Norberto Rivera Carrera.
El Cardenal está en total desacuerdo con la norma que le impide a él, como a cualquier dirigente religioso, hablar sobre temas políticos y de interés nacional, así como poseer o administrar medios masivos de comunicación.Acusa que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público viola las garantías de los ministros de culto, y urge a modificarla.
El jerarca católico argumenta: si queremos que México sea un País democrático, no puede negárseles a los religiosos el derecho de criticar."En la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a los ministros de culto se nos niega ambas garantías: no podemos opinar sobre los partidos políticos, tampoco podemos reunirnos para asociarnos con fines políticos. Y aclaro: no es que la Iglesia esté buscando asociarse políticamente, pero independientemente de ello, las leyes no tienen por qué contradecirse y prohibirnos una actividad a la que tiene derecho cualquier otro ciudadano", cuestiona.
El prelado, quien contestó por escrito un cuestionario de REFORMA, afirma que la legislación no debe negar a los religiosos el derecho a aspirar a cargos de elección popular y reitera que no tiene intenciones de formar un partido político, ni tener un cargo público."Los ministros de culto no pedimos fueros o privilegios, simplemente que se nos trate en igualdad con el resto de los ciudadanos mexicanos, lo único a lo que aspiramos es a gozar del ejercicio de nuestras garantías individuales, sin que seamos amenazados o perseguidos por profesar nuestra fe o iluminar la realidad social desde los valores de la Palabra de Dios", sostuvo.
-¿Qué artículos preocupan a la Iglesia, y qué se debería cambiar?
No se trata sólo de reformar artículos que favorezcan a la Iglesia católica, sino de revisar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de tal modo que la libertad religiosa pueda ser reconocida como derecho humano fundamental para todos los hombres, sin importar el credo al que pertenezcan. Es tan amplio este derecho, que incluso comprende a los no creyentes.
Pero los rubros que deben ser reconsiderados son en materia de ministros de culto, quienes no tienen reconocidos sus derechos políticos, ya que su estatus actual es de seudociudadanos; de poseer y administrar medios masivos de comunicación por parte de las Asociaciones Religiosas (prohibido por el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público); de educación religiosa en escuelas públicas; de reconocer la objeción de conciencia, y muchas más. El principio básico que debe normar toda reforma es que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos y atendiendo al bien común.
- ¿Qué opinión tiene del artículo 29 fracción X, que se refiere a la infracción porque los ministros de culto manifiesten su oposición a las leyes del País o a sus instituciones en reuniones públicas?
-Cuando una ley es intrínsecamente injusta, todo ciudadano tiene derecho a oponerse a ella. Aquí cabe también la figura de la objeción de conciencia. Se trata de una defensa del individuo ante el poder estatal y su abuso, que menoscabarían a la persona respecto de sus convicciones morales o religiosas.
No se trata de una desobediencia anárquica que iría contra el Estado y finalmente contra la persona misma.
Respecto de esta restricción a los ministros de culto, es aquí donde se debe dar un salto a una sociedad democrática moderna.
Los ministros de culto, como cualquier otro ciudadano, legisladores, periodistas, intelectuales, estudiantes, amas de casa, etcétera, tenemos derechos fundamentales, entre ellos el de reunión y de libre expresión.
En conclusión, al prohibir a los ministros de culto la libre expresión se atenta contra los derechos humanos. (...) Se trata de una restricción inconcebible en una verdadera sociedad democrática, es tan absurdo como si se prohibiera a todos los legisladores criticar al Presidente de la República y las decisiones de Gobierno que llegara a tomar.
La libertad de expresión y de reunión o asociación es una garantía que brinda la Constitución a todos los mexicanos, yo me pregunto: ¿Acaso la inmensa mayoría de los ministros de culto y un servidor no somos mexicanos? Y si lo somos, entonces ¿por qué a nosotros se nos impone esta mordaza, porque somos ministros de culto? Si es así, entonces se trata de una discriminación religiosa.
-¿Qué propondrían para reducir sanciones por infracciones?
Una reforma de la ley de culto no tendría como fin algo tan restringido y limitado como reducir sanciones o evitar demandas abusivas, el fin es absolutamente legal y humanitario, es decir, buscar que nuestra Carta Magna no se contradiga, garantizando derechos por una parte y negándolos por otra; se trata de respetar los derechos y libertades de los ministros de culto, que hasta la fecha seguimos siendo considerados ciudadanos de segunda, lo cual viola nuestros derechos humanos, y queda claro que se trata de una verdadera discriminación religiosa.
-¿Se les debe permitir ser votados para puestos de elección popular, asociarse con fines políticos o realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna?
Es un derecho que a ningún ciudadano se le puede negar, y que no hay razón para que se le niegue a un ministro de culto, sin embargo debo aclarar que ni tenemos interés, ni nos lo permite la ley canónica, que lo prohíbe estrictamente.
Lo que debe quedar claro es que al afirmar este derecho político a favor de los ministros de culto, de la denominación religiosa que sea, no pretendemos un espacio político, sino el reconocimiento pleno de los derechos civiles y políticos para todas las personas, incluidos aquí los ministro de culto.(...) Si emerge una crítica contra algún partido político, será porque sus principios o plataformas atentan contra los valores cristianos.
Conózcalo
Nombre: Norberto Rivera Edad: 65 años.Experiencia:
· En 1985 fue nombrado Obispo de Tehuacán.
· De 1989 a 1995 fue Presidente de la Comisión Episcopal para la Familia.
· Fue designado Arzobispo Primado de la Ciudad de México en 1995.
· En 1998 fue nombrado Cardenal.
· Preside la provincia católica más grande del mundo.
· Tiene gran experiencia como docente de teología dogmática.
Las restricciones La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe a Iglesias y ministros:
· Asociarse con fines políticos.
· Hacer proselitismo o propaganda en favor o en contra de partidos o candidatos.
· Convertir un acto religioso en reunión de carácter político.
· Poseer o administrar medios de comunicación masiva.
· Ejercer violencia física o presión moral para el logro de sus objetivos.
Avalan reformas, pero con candados
Leslie Gómez (8 julio 2007).- Expertos en derecho consideraron que es necesaria una reforma en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pero señalaron que se debe preservar la laicidad del Estado.
Advirtieron que se requiere separar al ministro de culto de la institución eclesial, para evitar que las Iglesias puedan expandir o utilizar a su conveniencia su influencia política.
Coincidieron en que tanto el Cardenal Norberto Rivera como los líderes de otras religiones tienen el derecho a que se les respete su libertad de expresión.
José Antonio Lozano Diez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y experto en temas religiosos, indicó que la Ley es cuestionable, puesto que no puede negar a un ministro de culto un derecho que otorga la Constitución a todos los ciudadanos mexicanos.
"El asunto es hasta qué punto podremos separar lo que piensen ellos de lo que diga la Iglesia", puntualizó.
José Guadalupe Suárez, secretario ejecutivo de la organización Observatorio Eclesial, señaló que esta es parte de una estrategia de la jerarquía ante la pérdida de su influencia en la feligresía."Están queriendo recuperar ese espacio que se les está limitando para volver a tener influencia sobre sus feligreses que han perdido", sostuvo."Las modificaciones deben ser en la medida de salvaguardar la laicidad del Estado", indicó.
En tanto, Gabriel García Colorado, asesor en bioética y asuntos religiosos de la Cámara de Diputados, dijo que si México quiere avanzar a la democracia, tiene que permitir la participación en asuntos políticos de los ministros de culto.
Pero para Consuelo Mejía, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, el papel que ha jugado la jerarquía conservadora de la Iglesia católica, es agresivo, por lo que no se puede permitir que rebasen el poder que actualmente tienen.
Coincidió en que modificar la ley es necesario, pero sólo para preservar el Estado laico."Que la Iglesia católica quiera tener más influencia en la vida política de la que ya tiene es un perjuicio para el derecho de las mujeres. Ha habido una intención de influir contundentemente en todos los temas de la política mexicana", acusó.
Por otra parte, el presidente de la Barra de Abogados Cristianos, Alfonso Farrera, advirtió que las autoridades no tienen por qué tratar a los ministros como "ciudadanos de tercera"."Pero si habría que separar que no son privilegios los que se le tienen que dar", apuntó.