Genealogía de grupos armados, hoy

Reportaje de Juan Veledíaz -premio nacional de periodismo-, sobre la genealogía de la guerrila, hoy. Firmado desde Oaxaca, Oax.
Tomado de El Universal, Miércoles 18 de julio de 2007El EPR robó $75 millones dirigidos a pobres: SedenaOAXACA, Oax.— Para el Ejército mexicano en Oaxaca se vive una “guerra de baja intensidad”.Según el informe Estudio General de Oaxaca, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, realizado por la sección segunda del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa —inteligencia militar—, Oaxaca atraviesa por una etapa de “guerra de baja intensidad” que podría agravarse, pues ya fue fijada una posible fecha.
Los grupos de inteligencia han detectado pintas en comunidades de los valles centrales de Oaxaca: “Calderón, nos vemos en 2010”, cuando se cumplen 100 del inicio de la Revolución y 200 de la Independencia.

El extenso análisis sobre el EPR en el estado y actualizado hasta principios de este año registra la “genealogía” de la guerrilla, fuentes de financiamiento, líderes principales, su red de apoyo social con organizaciones “de fachada”, en algunas de las cuales hay militantes que aparecen bajo un membrete u otro, y la identidad de activistas de cuyo seguimiento en los últimos años se ha documentado su vinculación con el grupo armado.
En mayo pasado el Ejército comenzó a custodiar unidades de Bansefi, encargadas de entregar dinero para programas sociales, entre ellos Oportunidades, porque había confirmado que los asaltos perpetrados contra este banco en los últimos años en la entidad habían sido realizados por integrantes del EPR.
El poco más de medio millón de pesos obtenido en abril último en un asalto a la sucursal de Santa María Tlahuitoltepec en la zona mixe; la pifia al hurtar la caja fuerte sin dinero de la sede en Miahuatlán y el enfrentamiento con policías en San Pedro y San Pablo Ayutla terminaron por confirmar que los autores —prófugos— tenían información de que el dinero tenía vigilancia menor.
De ese modo, la guerrilla en Oaxaca obtuvo hasta abril de 2007 al menos 75 millones de pesos en recursos destinados a programas sociales. Bansefi, institución de ahorro y crédito popular, tiene 30 sucursales distribuidas en los municipios más pobres de la entidad, donde el Ejército ha detectado a activistas ligados a organizaciones cuyo discurso político es cercano al enarbolado por el EPR.
Cinco familiasSe hace llamar Pancho Riatas o El Profe; es especialista en explosivos con más de cuatro décadas en la militancia armada clandestina, lo que lo ha llevado a ser instructor de guerrillas en Nicaragua y El Salvador en los años de conflicto. Para el Ejército, su nombre real es Paulino Cruz Sánchez o Tiburcio Cruz Sánchez, aunque usa el nombre de Francisco Cerezo, y es el jefe de uno de los cinco clanes familiares registrados como “el esqueleto del EPR”. Es hijo de Antonio Cruz Palma (Antonio Cerezo Palma), y de María del Carmen Sánchez Ramírez, ya fallecida, y a quien se le conoció como La Incendiaria.
Sus hermanos: Nieves Conchita Cruz Sánchez, casada con Alfonso Compeán; Javier Cruz Sánchez El Luchador; Eugenio Cruz Sánchez (Cristóbal Domínguez Román) y Gabriel Eugenio Cruz Sánchez o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quien se denunció su desaparición el 25 de mayo pasado en Oaxaca, motivo por el que el EPR detonó explosivos en Pemex, y tiene como seudónimos Antonio Montaño Torres, Raymundo Rivera Bravo y Tío Genaro.
La segunda familia sería la Canseco Cruz; va por su segunda generación encabezada por Constantino Canseco Cora, quien se presenta como Constantino Canseco Ruiz y José Arturo y se unió a Gudelia Ruiz Rojas, Gudelia Rodríguez Rojas.
Aparecen en este clan Florencia Canseco Ruiz (Emilia Contreras Rodríguez); Enrique Canseco Ruiz o Felipe Canseco Ruiz (Camilo Escoba), amnistiado hace varios años y hoy militante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien sería enlace con la tercera familia, los Martínez Soriano, vinculado en los años 80 al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, organización que nutrió después al EPR.
El cuarto clan, Canseco Vera, viene de la unión de Felipe Canseco y Ana María Vera Smith; el Ejército ha identificado a Ana María y Marco Antonio Vera como activistas. La quinta familia sería la que surgió de la unión de Constantino Canseco Ruiz con Blanca Estela Círigo Vázquez, La Twinky Wonder.
Los analistas militares concluyen que, en el EPR, quienes integran los principales cuadros se han casado entre ellos y han copado la dirigencia.
Activistas, ligados a la guerrillaEntre las 23 organizaciones sociales que se presentan como representantes de diferentes causas, y que aglutinan a alrededor de 19 mil 500 personas en todo el estado de Oaxaca, el Ejército tiene detectado a un grupo de activistas con ligas directas con la guerrilla.
El documento muestra fotos de uno de ellos que, dentro de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), se presenta como dirigente de comunidades indígenas. En la imagen fue captado con pañoleta cubriendo la mitad de su rostro y portando armas, durante un acto de propaganda armada bajo el membrete de TDR (Tendencia Democrática Revolucionaria), ocurrida en agosto de 2006 en la carretera Oaxaca a Tuxtepec. En otra foto tiene el rostro descubierto y camina al lado del subcomandante Marcos en un evento durante la llamada “otra campaña”. En ambas imágenes se hacen acercamientos desde distintos ángulos y es cuando las facciones, los ojos, el mentón, el cabello, la patilla, las pulseras y la estatura son similares en el personaje que se dejó ver en las mesas de negociación el año pasado durante la parte álgida del conflicto con las captadas al individuo de la pañoleta en el rostro vestido de verde repartiendo volantes mientras porta un arma larga.
Los voceros de la APPO han señalado que involucrar a sus activistas en supuestas organizaciones guerrilleras forma parte de una estrategia de guerra sucia del gobierno estatal y federal para desacreditar el movimiento por medio de un “montaje para justificar la persecución de los luchadores sociales”.
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Columna Estrictamente personal/Raymundo Riva Palacio
El Universal, 18 de julio de 2007
Cabos sueltosLa desaparición de dos militantes del EPR en Oaxaca está probando el compromiso del presidente Calderón con los derechos humanos y la lealtad de su gabinete
Las organizaciones guerrilleras están pasando lista para saber si alguna de ellas sabe el paradero de los dos cuadros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez (Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, a quienes reportan como desaparecidos desde el 25 de mayo, tras ser detenidos presuntamente por los cuerpos de seguridad en Oaxaca. La comandancia general del EPR en la ciudad de México y sus ocho comités estatales en el país ya terminaron su ronda. La Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR-EPR), con la que el EPR está enfrentado, también informó que ellos no son responsables de su desaparición. La última en deslindarse el viernes pasado fue el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, agraviada con la TDR-EPR por el asesinato de uno de sus dirigentes. La conclusión del pase de lista confirma que la suerte de Cruz Sánchez y Reyes Amaya no se decidió en un ajuste de cuentas guerrillero. ¿Quién entonces? Esta es la respuesta que está buscando el gobierno federal.
Desde la semana pasada la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y el Cisen iniciaron pesquisas para hallarlos. Lo primero que hicieron fue corroborar que no hubieran sido víctimas de la delincuencia común, y revisaron los partes policiales de todas las corridas camioneras del 23 de mayo entre la ciudad de México y Oaxaca, que fue el último día en que los familiares de Reyes Amaya lo vieron. El rastreo mostró que hubo dos robos en los autobuses que cubren esa ruta, pero en ninguno se registró una toma de pasajeros. La investigación se ha profundizado para evitar que ante la falta de respuestas se den más actos de sabotaje por parte del EPR.
El presidente Felipe Calderón dijo este lunes que los bombazos en los ductos de Pemex tenían como fondo una estrategia mediática. Debe estar ganando tiempo. La última explosión en un poliducto en Querétaro produjo severos daños a la economía, con lo cual el dicho presidencial queda como un mero recurso retórico para minimizar la gravedad del hecho. Pero detrás de los lances públicos hay mucha preocupación. Una prueba es que el permiso vacacional que dio el Presidente al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se recortó 72 horas al urgirle que regresara de Roma, donde estaba el jueves pasado. El gobierno, como el EPR, están en alerta.
Las investigaciones han comenzado donde deben: por el principio. Las autoridades encargadas de ello están realizando el trabajo arqueológico de la ruta que supuestamente siguieron Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Aunque Cruz Sánchez, el único eslabón entre todas las facciones del EPR, vivía en la más grande clandestinidad, se tiene una bitácora estimada del tiempo en que debió haber partido hacia Oaxaca por las declaraciones públicas de la hija de Reyes Amaya, Nadine, quien dijo a la prensa que su padre salió la noche del 23 de mayo en autobús a Oaxaca. Aunque no hay confirmación aún de que hayan viajado juntos —lo cual es improbable de acuerdo con los cánones de seguridad cuando se vive en la clandestinidad—, según los comunicados del Comité Cerezo, fundado por los hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, alias Francisco Cerezo, comandante en jefe del EPR, y por la propia guerrilla, Reyes y Gabriel Alberto, conocido como “el tío Genaro”, fueron detenidos juntos en Oaxaca. El punto de partida son las centrales camioneras TAPO, de donde salieron cinco corridas a Oaxaca esa noche, y Del Sur, de donde salieron otras tantas. El segundo punto de la investigación es lo que les pudo haber sucedido en la capital oaxaqueña, a donde llegaron supuestamente la madrugada del 24.
Pedro Ansótegui, columnista del semanario Transición Oaxaca, que mantiene una postura crítica ante el gobierno de Ulises Ruiz, reportó en la última semana de mayo que al mediodía del 24 de ese mes la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía estatal, actuando según un tip, había llegado al Hotel del Árbol en la capital oaxaqueña en busca de un “grupo armado”. Cuando fueron detenidos, agregó, dijeron ser policías ministeriales de Chiapas que se encontraban en una comisión. Ansótegui aseguró que en realidad no se había tratado de policías, sino de una célula guerrillera, en la cual se encontraba Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hermano del comandante en jefe del EPR. Aunque por la función que realizaba Cruz Sánchez es poco probable que se hospedara en un hotel y no en una casa de seguridad, y además armado, la versión se ha ido consolidando en medio de los vacíos de información existentes y las crecientes sospechas sobre una posible acción de fuerzas federales en su contra.
El diario El Imparcial de Oaxaca, que es proclive al gobernador Ruiz, reportó el sábado 26 de mayo que la Procuraduría de Justicia del Estado dijo que, en efecto, se había tratado de una confusión, y que los policías de Chiapas habían llegado desde el jueves 23por la mañana para cumplir con un mandato judicial. El periódico añadió que la Procuraduría de Justicia de Chiapas había enviado los oficios correspondientes, aunque por una falla en la comunicación en Oaxaca citó a la Procuraduría estatal; tanto la policía como elementos del Ejército habían acordonado el hotel en donde se encontraban pensando que era un grupo armado. La confusión campea libremente, lo que abona en la contrainformación que sólo beneficia a los responsables de la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
El sospechoso primario es el gobierno de Ruiz, quien niega cualquier responsabilidad, pero que, a la vez, está circulando su dicho que las explosiones en Querétaro y Guanajuato son una cortina de humo del gobierno para tapar las acusaciones lanzadas por el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon contra el PAN. Si lo están diciendo convencidos, ni Ruiz ni su gente están entendiendo la gravedad de la reaparición violenta del EPR. Pero si es parte de una estrategia para tapar culpas, sus problemas crecerán exponencialmente. El gobierno federal necesita aclarar el paradero de los eperristas y rendir cuentas. Y si el gobierno de Ruiz está de alguna manera detrás de las desapariciones, su agonía se acelerará.
El gobierno de Calderón vive momentos muy adversos. No sólo está perdiendo la batalla de la opinión pública, sino que está enfrentando a una guerrilla que parece muy decidida a atacar. El hecho de que el EPR pasó lista pública a través de los comunicados, mostrando abiertamente en dónde tiene capacidad operacional en el país, es un riesgo tan alto como el hecho mismo de haber atacado instalaciones de Pemex, asumiendo quizá que, para esos días, sus militantes ya habrían sido asesinados. Pero también, no menos grave, está en el máximo interés presidencial saber si dentro de su gobierno hubo un sector al cual se le pudo haber pasado la mano en los interrogatorios de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, y los asesinó, lo que significaría que dentro de su gabinete le están diciendo mentiras.
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Columna Plaza Pública/Miguel Angel Granados Chapa: 
Detenidos - desaparecidos.
De que aparezcan los miembros del EPR capturados a fines de mayo depende el que continúen o no los ataques de ese grupo guerrillero y sin embargo nadie parece estar buscándolos, algo que en defensa de sus derechos humanos debería hacerse con urgencia
Sólo hasta que el Ejército Popular Revolucionario reivindicó el 10 de julio ataques a instalaciones de Pemex, y las explicó (y amenazó con continuarlas) en función de la captura y desaparición de dos de sus miembros, los gobiernos federal y de Oaxaca emitieron una respuesta al reclamo de que aparezcan Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también llamado Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya: ambas instancias negaron haber detenido y mantener en esa condición a esas personas. Y apartaron los ojos del problema, como si no fuera deber de las autoridades investigar la desaparición de personas, máxime cuando de su suerte depende la del país, pues el EPR amagó con nuevos ataques si no se ubica el paradero de sus compañeros. Importa mucho a la sociedad hallar a los responsables de los atentados que directa o indirectamente provocaron enormes daños materiales. Pero igualmente importa resolver el problema que, real o aparentemente, está en el origen de la campaña militar de hostigamiento del EPR.
Ese grupo guerrillero denunció el 2 de junio la captura y desaparición de sus compañeros. Dos días después el reclamo había salido de los confines del grupo directamente afectado y lo hicieron suyo una liga defensora de los derechos humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura. Habrá quien diga, desde la perspectiva de la rutina burocrática, que no es preciso atender en todos los casos las denuncias de ese género, porque las formulan organizaciones que sirven de voceros a grupos alzados en armas para efectos meramente propagandísticos. Es inadmisible ese desdén, pero lo es más la indiferencia a un llamado en el mismo sentido firmado por dos senadoras de la república, Rosario Ibarra y María Rojo; la primera, desde hace más de 30 años eminente luchadora por la presentación de desaparecidos. Firmaron también ese mensaje un gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, un ex rector de la Universidad Nacional, Pablo González Casanova, varios intelectuales dotados de voz pública, etcétera. Nadie acusó siquiera recibo de su denuncia. De no ser porque el EPR, de atender el comunicado del 10 de julio, decidió dar a la suya la fuerza de un ataque violento y una amenaza, la desaparición forzada de estas personas pasaría a estas horas inadvertida para la sociedad, como hasta este momento mismo parece ocurrir para las autoridades.
Según el EPR, sus compañeros fueron detenidos la noche del viernes 25 de mayo entre las 20 y las 22 horas "en una acción fortuita de la policía", es decir que no se sabía quiénes eran o no se había planeado su captura. Sin embargo, el grupo guerrillero se contradijo, pues informó que se les torturaba en la delegación oaxaqueña de la PGR, con la participación de militares, miembros de la Agencia Federal de Investigación y "agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército". Nada de ello habría ocurrido de haberse tratado de una detención por casualidad.
El perfil de los detenidos es muy diferente. Reyes Amaya, según testimonio de su hija Nadín, que lo busca desesperada en Oaxaca, es un comerciante en el Distrito Federal. Viajaba regularmente a Oaxaca pero ella y su madre entendían que era para visitar a su familia, pues ignoraban que fuera miembro del EPR tal como ahora lo ha definido el propio grupo. Cruz Sánchez o Rivera Bravo, en cambio, es un combatiente inserto en la clandestinidad hace mucho tiempo. Es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, que con su identidad de Francisco Cerezo Quiroz es el padre de Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, protagonistas de uno de los más escandalosos abusos de la procuración y administración de justicia. Los tres fueron detenidos, cada vez más se aprecia que en calidad de rehenes en pos de la captura de su padre, en agosto de 2001. Las acusaciones en su contra, que incluían terrorismo y otros delitos de menor penalidad, fueron cayendo una a una al punto de que Alejandro fue ya exonerado, no obstante que se le enjuició por los mismos hechos que a sus hermanos. Ellos siguen presos, purgando sus sentencias en penales de alta seguridad como si fueran reos muy peligrosos y no, de haberse comprobado ese extremo, colocadores de petardos que no provocaron sino mínimos daños materiales en sucursales bancarias.
Ante la negativa de las autoridades sobre la detención de Cruz Sánchez y Reyes Amaya caben dos conjeturas. O no es verdad que han desaparecido y se trata de un montaje del EPR para contar con un motivo para su campaña militar, o las agencias policiacas o militares que los detuvieron no pueden reconocer que los tienen consigo porque han mentido o, peor aún, porque ya no estén vivos si es que acaso no soportaron la tortura que se dice sufrieron. También podría ocurrir que los guerrilleros hubieran entrado en conflicto con sus compañeros y se les hubiera reducido a prisión o ultimado y se pretendiera cargar esa cuenta al gobierno federal, pues son agentes de ese ámbito de competencia los señalados por la PGR.
Se ha desplegado una gran operación en busca de los responsables de los atentados a Pemex, y para resguardar sus instalaciones. Entre los objetivos de ese despliegue debe contar también establecer el paradero y la suerte de los alzados cuya desaparición se denuncia. Si el EPR mostró capacidades para generar daños en instalaciones estratégicas no es sensato desestimar su amenaza de hacerlo de nuevo y por eso debería ser urgente privarlo del móvil con que inició esta fase de su guerra al Estado.