Posicionamiento de legisladores

Diputados de diversos grupos parlamentarios rechazaron que México se encuentre en un estado de sometimiento al terrorismo y se pronunciaron porque el gobierno federal dé puntual seguimiento a las explosiones registradas en instalaciones de PEMEX, el penal de Chapa de Corzo, Chiapas y una tienda departamental de Oaxaca.
El diputado Cristián Castaño (PAN) aclaró que aunque no se ha concluido que sea el Ejército Popular Revolucionario (EPR) el que ejecutó estos atentados, no deben obviarse estos asuntos, es necesario encontrar a los autores intelectuales y materiales y exigir al gobierno del Estado que dé a conocer la información que tiene. “Aunque no se pueden excluir de la atención de las instancias gubernamentales, tampoco se debe poner en un estado de grave alerta ni debemos decir que México se encuentra sometido a acciones terroristas. No estamos en ese estatus”, aseveró.
Añadió que las explosiones no se pueden relacionar con actos de terrorismo por parte del EPR, pues no se ha constatado que la organización guerrillera los haya cometido, aunque se tenga conocimiento de comunicados, adjudicándose los hechos.
Sin embargo, no descartó que pudiera haber vínculos entre organizaciones criminales y grupos subversivos, “ya que en este momento, el Gobierno Federal y los estatales han emprendido una lucha sin precedentes contra el crimen organizado”.
El legislador por Nuevo León, se pronunció por fortalecer al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y a todas las instancias que forman parte de la plataforma de seguridad nacional del país vinculadas en el Consejo Nacional de Seguridad, “ya que cualquier ataque a la infraestructura o la economía nacional es impredecible, pues estos grupos siempre actuarán a oscuras y desde la clandestinidad”.
En tanto, el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), señaló la pertinencia de que la Cámara de Diputados emita un exhorto para distender esta situación y no descartó la opción de presentar un punto de acuerdo a efecto de que se localice en los campos militares, en las prisiones o en los servicios médicos forenses a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Exhortó a las autoridades a atender esta situación, a efecto de lograr el restablecimiento de la tranquilidad de la población, “en manos del Gobierno está destrabar el conflicto”. Condenó los métodos utilizados por el EPR, sin embargo, aclaró que no deben calificarse como actos terroristas, sino como acciones delictivas. “No estoy de acuerdo en que se hagan escuchar a través de bombazos, pero tampoco en que las autoridades digan no, no están con nosotros y actuar como si no hubiese pasado nada. Hay dos ciudadanos desaparecidos y habrá que buscarlos, porque se está generando una situación que pone en tensión a la población”.
A su vez, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI),secretario de la Comisión de Seguridad Pública, recomendó que las autoridades del CISEN le den mayor seguimiento a los atentados, y a estar conscientes de que el EPR tiene mucho tiempo de existencia y ha sido reconocida por el gobierno, pero además, hay más grupos de esta índole “que nos ponen en un peligro latente”, subrayó. En entrevista, el legislador por Sinaloa calificó el hecho como terrorismo nacional “doméstico”.
Se pronunció por hacer una revisión de la estructura del área de inteligencia, concretamente en el CISEN, para modernizarla, porque “no podemos estar a expensas del terrorismo mexicano, el Gobierno Federal debe hacer un esfuerzo muy importante para evitar que se realice otro atentado que provoque la pérdida de vidas humanas; eso sería incalificable”, enfatizó.
Dijo que el CISEN no tiene la capacidad para prever situaciones como ésta. Señaló que el gobierno debe “ponerse las pilas”, y modernizar las áreas de inteligencia para adaptarlas a las necesidades actuales, ya que, consideró, México no cuenta con herramientas ni elementos humanos suficientes.
Dijo que la función del Legislativo es actualizar las leyes y ampliar las facultades de los cuerpos policíacos, al área de investigación y aprobarles recursos “pero el problema no es de leyes ni de recursos, porque el presupuesto para seguridad pública de 2007 fue superior en 50 por ciento respecto a 2006, el problema es de actitud”.
Consideró que se han aprobado recursos económicos suficientes para equipar, capacitar y fortalecer las instancias de seguridad nacional; sin embargo, agregó que de ser necesario, se buscaría incrementarlos.
“No tendríamos ningún inconveniente, pero queremos resultados de lo que están haciendo con esos recursos, pues no han informado de los operativos que han hecho; no tengo duda de que han dado resultados, pero no son los que ellos dijeron que iban a dar”.
Comentó que para responder a este tipo de acciones, es necesario saber con qué recursos se cuenta, tanto humanos como de infraestructura y tecnología, porque, “independientemente de los atentados del EPR, también hubo amenazas de Al-Qaeda que pusieron en alerta a toda la flota de la Secretaría de Marina en el área del Golfo para cuidar los pozos petroleros”.
Fuente: CS Cámara de Diputados