Estaciones migratorias

Dictámen aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores el pasado 23 de octubre de 2007:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, para que previo a la emisión de las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, se realice un diagnóstico y se lleven al cabo las consultas necesarias, para que tomando en cuenta las opiniones de las diversas instituciones y organizaciones relacionadas e interesadas con el tema, se estructure un cuerpo normativo integral.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 24 de abril de 2007, el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a fin de que no permita la entrada en vigor del Reglamento para el funcionamiento de las estaciones migratorias de la frontera sur, y en su lugar elabore uno nuevo, tomando en consideración las observaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que la propuesta citada se turnara a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur para que, a partir de su análisis, elaborara el Dictamen correspondiente. Es en esa virtud que la Comisión que suscribe, procedió a elaborar el presente Dictamen de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
La frontera sur de nuestro país se extiende a lo largo de 1,149 km., de los cuales comparte 956 con Guatemala y 193 con Belice. Los estados limítrofes al sureste son Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Por el lado mexicano se identifican 24 municipios, en tanto que, existen dos distritos en Belice y cuatro departamentos con veintitrés municipios en Guatemala.
Se reconoce que por esta frontera históricamente ha existido una importante migración de ciudadanos centroamericanos originarios principalmente de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y que los mismos concentran sus movimientos en el estado de Chiapas, orientándolos particularmente hacia la Ciudad de Tapachula, donde según documentos del Instituto Nacional de Migración se asegura en promedio al 49.5% del total de migrantes que se internan a México de manera irregular.
Esta migración se tipifica en dos vertientes fundamentales: los trabajadores agrícolas temporales y los migrantes en tránsito, cuyo destino final es llegar a la frontera norte de nuestro país con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Estas vertientes migratorias han aumentado significativamente durante la última década, principalmente la de los migrantes en tránsito, lo que ocasiona diferentes impactos no solo en los estados fronterizos, sino también en los que conforman la región sur- sureste de la república.
El 14 de diciembre de 2006, durante su visita al Puerto Fronterizo Talismán, Tuxtla Chico, Chiapas, el Presidente Felipe Calderón presentó el llamado "Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur" señalando cinco objetivos básicos:
Respetar y proteger los derechos de los migrantes, construir e impulsar una nueva cultura que sitúe al migrante como lo que es: un ser humano con pleno derecho, siempre con apego a la legislación de nuestro país y a los convenios internacionales suscritos por México;
Facilitar la documentación de los migrantes que tienen como destino temporal o definitivo los estados de nuestra frontera sur y tratar de reducir los incentivos a la ilegalidad en este proceso;
Fortalecer el control migratorio de entradas y salidas, la estancia legal de los migrantes y combatir frontalmente la corrupción en los servicios migratorios;
Modernizar la infraestructura y los servicios para establecer las mejores prácticas en la gestión migratoria conforme a los estándares internacionales;
Llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar la seguridad, la convivencia armónica y el desarrollo pleno de los habitantes de la frontera sur;
Sin embargo, a partir de febrero del presente año, se comentó en la prensa nacional, que la Secretaría de Gobernación endurecería el trato a los migrantes que son detenidos porque no cuentan con la documentación que acredita su legal estancia en nuestro país y que son alojados temporalmente en las estaciones migratorias.
Que se les negaría su derecho a recibir visitas hasta por 20 días o serían aislados del resto de los internos por un periodo similar a discreción del jefe de la estación migratoria.
Que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) había ratificado, ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el proyecto de normas del 22 de noviembre de 2006 y que una vez que esa instancia diera la autorización, las reglas serían publicadas en el Diario Oficial de la Federación para que entraran en vigor.
Ante esta situación, diversas organizaciones civiles protestaron argumentando que con ello el gobierno mexicano trataría a los indocumentados, principalmente a los centroamericanos, como delincuentes y que facilitaría la comisión de violaciones a sus derechos y la impunidad de los agresores, y advertían que se iría en contra de la transparencia que debería regir en ese tipo de centros de detención, y se obstaculizaría el trabajo de quienes se dedican a defender y proteger los derechos de los migrantes.
El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luís Soberanes, señaló que era preocupante que la Secretaría de Gobernación endureciera el trato a migrantes, y calificó como un absurdo que por un lado se criticara a Estados unidos por su política antimigratoria y que por el otro, se tratara como delincuentes a quienes llegan de otros países a México.Gobernación, por conducto del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Florencio Salazar Adame, dio marcha atrás e informó que se revisarían, tanto el proyecto de normas que rige a las 45 estaciones migratorias, como la Ley General de Población, todo para evitar que se les diera trato de delincuentes a los indocumentados centroamericanos.
También indicó que las normas para las estaciones migratorias, cuya devolución ya había sido solicitada a la COFEMER, estaban "actualmente en proceso de revisión con el propósito de que las agencias internacionales de Naciones Unidas, organismos no gubernamentales, abogados y familiares de quienes sean asegurados, puedan acceder a las estaciones migratorias para cumplir con sus funciones".
Los senadores integrantes de esta Comisión, al percatarse de esta situación, que se denunciaba con la presentación de sendas proposiciones de punto de acuerdo de distintos colegas senadores, así como declaraciones de diversos legisladores, celebraron, el pasado 24 de abril, una reunión de trabajo en con la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, a la que también fueron invitados los senadores y senadoras de la Comisión de Derechos Humanos, y el 23 de mayo, con el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos quienes señalaron, entre otras cosas, lo siguiente:
Que coincidían con el rechazo a cualquier violación a los derechos humanos de los ciudadanos centroamericanos que trabajan temporalmente en nuestro país o cruzan el mismo, y que se cometieran por distintas dependencias en el marco de los operativos que realizan.
Que los trabajadores migratorios en situación irregular, tienen los mismos derechos que los mexicanos para presentar denuncias y acceder a mecanismos de reparación ante los tribunales de justicia y/o presentarse ante la autoridad ministerial competente.
Dicho beneficio se desprende del artículo 1º de nuestra Constitución Política, mismo que no distingue entre nacionales y extranjeros y que se extiende con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Que durante el 2006, el INM instauró un Programa de Supervisión y Capacitación dirigido al personal de las Delegaciones Regionales; se impartieron cursos en materia de derechos humanos, enfatizando que la actuación de la autoridad migratoria debe estar apegada a la legalidad y al respeto a los derechos humanos. Estos cursos han prevalecido durante este año.
Que el INM ha tendido diversos lazos con organizaciones de la sociedad civil con el objeto de proveer un posterior cuidado a las víctimas de trata. De manera complementaria, regulariza a testigos y víctimas, en un plazo máximo de 12 horas contadas a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, con lo que se simplifica el procedimiento para que los migrantes víctimas de un ilícito puedan obtener documentación migratoria que garantice su seguridad en territorio nacional, concediéndose autorización para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta.
Que desde el 2003, se implementó un Proyecto Integral de Dignificación de Estaciones Migratorias, que ha implicado la remodelación y acondicionamiento de las áreas destinadas al alojamiento temporal y digno de los migrantes irregulares. La Estación Migratoria Siglo "XXI" ubicada en Tapachula, Chiapas, desde su inauguración en el 2006, incluyó también una oficina de la CNDH, debido a que en esa entidad federativa se asegura en promedio al 49.5% del total de migrantes que se internan a México de manera irregular. Como complemento a instrucciones previas, el 28 de febrero de 2007, la Comisionada del INM instruyó a los Delegados Regionales para que por ningún motivo se habilite cualquier centro de detención, ya sea cárcel estatal, municipal o federal, como estación migratoria.
Que las Delegaciones Regionales tienen instrucciones de notificar por escrito, sin demora alguna, al migrante detenido, sobre el derecho que le asiste para que el consulado de su país sea notificado de su aseguramiento y apelar a dicho derecho.
Que es del interés del INM que los migrantes permanezcan asegurados el menor tiempo posible. Para ello, se llevan a cabo las tareas de repatriación acordadas con los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para que los asegurados sean devueltos a sus países de origen en forma digna, ordenada, ágil y segura. Se implementó el Sistema Nacional de Repatriación y Traslados, que ha reducido los tiempos a menos de 24 horas.
Que el INM se encuentra trabajando el Acuerdo que tendrá por objeto establecer facilidades en la internación de centroamericanos que pretendan desempeñarse como trabajadores fronterizos en las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Para tal efecto, se está expidiendo la nueva forma migratoria para trabajadores fronterizos. En noviembre de 2006, se instaló en el Puente Fronterizo de Talismán, Chiapas, una Subdelegación Local del INM, con el fin de atender a los trabajadores agrícolas guatemaltecos, a la fecha se han entregado más de 8,000 formas migratorias.
Es a partir de las anteriores consideraciones, Señoras Senadoras, Señores Senadores, que la Comisión que dictamina, coincide con el exhorto que expresa en su proposición con Punto de Acuerdo nuestro compañero Senador.
Coincidimos plenamente, en que no deben ser permitidas las violaciones a los derechos humanos de cualquier ciudadano, y en especial los de los centroamericanos que trabajan temporalmente o cruzan nuestro país; que es necesario que la Secretaría de Gobernación, antes de determinar las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias que opera el Instituto Nacional de Migración, realice las consultas pertinentes, con las organizaciones e instituciones que se considere necesario, previendo siempre la protección y defensa de los derechos humanos de los indocumentados centroamericanos; y asimismo, mejore los sistemas y procedimientos que implican la detención, el alojamiento y en su caso, la repatriación digna de los indocumentados centroamericanos.
De acuerdo con lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 86, 94, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 70, 88 y los correspondientes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur que suscriben el presente Dictamen, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, para que previo a la emisión de las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, se realice un diagnóstico y se lleven al cabo las consultas necesarias, para que tomando en cuenta las opiniones de las diversas instituciones y organizaciones relacionadas e interesadas con el tema, se estructure un cuerpo normativo integral.
Dado en el Salón de Plenos de la Honorable Cámara de Senadores el día 23 de octubre de 2007.
COMISION DE ASUNTOS FRONTERIZOS SUR