Respetar las creencias/Carlos Monsiváis
El Universal, 25 de noviembre de 2007;
El episodio del 18 de noviembre en la Catedral Metropolitana, con el griterío y la violencia obviamente injustificable de unos provocadores y las acusaciones inmediatas al PRD y López Obrador, ha sido calificado por el periodista Ciro Gómez Leyva de “anécdota”, en la medida en que no hubo ni sangre ni muertos. Sin embargo, quedó claro que no se puede ofender a los creyentes en lo tocante a los espacios que consideran sagrados.
No escasean los cargos contra la senadora Rosario Ibarra y el líder Andrés Manuel López Obrador por la “autoría intelectual” del episodio. Véase por ejemplo el diálogo o, mejor, la sesión inquisitorial donde, sin prueba alguna, el representante legal del Arzobispado de México, Armando Martínez, acosa a la senadora Ibarra en Hoy por hoy, el programa de Carmen Aristegui (19 de noviembre):
“—Senadora, las palabras que usted emitió ayer provocaron…
—Sin mi voluntad…
—Que hoy tengamos cerrada la Catedral Metropolitana por una irrupción, sí senadora, violenta. Y si quiere le muestro las fotografías y le muestro a la gente plenamente identificada que estaba participando en la convención y esa, senadora, fue un acto totalmente irresponsable y reprochable de alguien que tiene muchos años de experiencia en política.
—Señor, no fue mi culpa. Yo no envié a la gente.
—Sí senadora, sí fue su culpa. Quizá no lo hizo con dolo, pero sí fue su culpa el haber arengado de esa forma a la gente porque el hecho está que usted habló y la gente actuó”.
El cardenal Norberto Rivera (Reforma, 22 de noviembre de 2007) es categórico al asociar la anécdota a los provocadores con la intolerancia, el aplastamiento de la libertad de cultos y la agresión límite a las libertades religiosas que ofende a Dios y a los fieles:
“Por dieciocho veces han incursionado estos grupos a nuestra catedral, ofendiendo así no solamente al Señor; pues es una celebración sagrada: ofendiendo a los fieles que ahí van a practicar el culto, en un país en donde se dice que hay libertad de cultos. No se puede soportar esta intolerancia, porque las autoridades han prometido poner en orden, dar seguridad para aquellos que quieran practicar su religión en un país en donde, se dice, hay libertades religiosas”.
* * *
Es muy significativo que los gritos a las puertas de la Catedral se consideren lesivos para la fe y la noción de los espacios sagrados. Esto tiene antecedentes dramáticos en la década de 1920, con las agresiones injustificables a templos católicos durante la rebelión cristera, pero también y a lo largo de todo el siglo XX, con el hostigamiento o la destrucción de numerosos templos protestantes en provincia, sin que esto diera lugar a escándalo periodístico (todavía no mediático) alguno.
En las décadas de 1920 y 1930 la experiencia protestante se confina en unos cuantos espacios, donde se pone el énfasis en la experiencia directa y en la emoción comunitaria. (Ir los domingos a la iglesia es refrendar la fe y la seguridad de no estar solos.) Al principio, la intolerancia religiosa parece espontánea, así la fomenten curas y obispos, y se desprende de la falta de entendimiento mínimo de la diversidad. A los protestantes se le excluye de la Identidad Nacional, del respeto y la comprensión de los vecinos, de la solidaridad, del júbilo de la fiesta de los santos patrones, y por eso a la mayoría, el abandonar las costumbres del catolicismo y pagar los costos de la ruptura, les impide integrarse en lo cultural, lo político y lo social, lo que acentúa el doble juego: se les excluye y ellos mismos se excluyen.
Desde fuera, se “desnacionaliza” a los protestantes que aceptan la sentencia y de varias maneras se consideran mexicanos de tercera (Por lo demás, no hay, en la sociedad, hasta fechas recientes, ideas y prácticas reales de ciudadanía). Y en el periodo 1940-1960 se contiene brutalmente al protestantismo en México. El gobierno es omnímodo, y en canje de su lealtad política, se le entrega a los jerarcas católicos la impunidad que es una variante de la “guerra santa”. El Estado es laico pero distraído, y no se fija en los métodos para suprimir y ridiculizar la herejía, y perfeccionar el rechazo hasta el punto de los letreros en las ventanas: “En esta casa somos católicos y no admitimos propaganda protestante”. ¡Satán detente!
Son los años del arzobispo primado Luis María Martínez, retratado por José Clemente Orozco, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, bautizador de todos los edificios nuevos, infaltable en inauguraciones y cocteles. Mientras Su Ilustrísima don Luis María cuenta chistes levemente verdes y sienta fama de santamente mundano, se queman con frecuencia los templos o se les apedreas a diario como regalo al espíritu lúdico de los niños, se mata a pedradas o se arrastra a cabeza de silla o se venadea a los pastores, se lincha física y moralmente a los evangélicos, se les expulsa de sus propiedades y de sus pueblos. Se intensifica la prédica de la pureza nacionalista y se describe con saña al protestantismo: “estrategia de los gringos para debilitar a los pueblos de raíz hispánica”.
Cientos de templos protestantes arrasados en México en el siglo XX. Inseguridad de los asistentes al oír las pedradas o los balazos. Y siempre la certeza: la fe distinta nada tiene que ver con lo sagrado, es herejía que no merece respeto alguno. Dios, el Señor, de seguro no se ofende ante las persecuciones, esos no son ni serán sus hijos, o algún razonamiento semejante. Hasta hoy, la iglesia católica no ha pedido perdón o algo semejante.
* * *
Tuxtla Gutiérrez, 22 de noviembre.
Indígenas evangélicos de Chiapas y Oaxaca solicitaron al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que “por humanidad” interceda a favor de seis niños a los que se les impide abastecerse de agua en San Pedro Petacaltepec, Oaxaca, por el hecho de profesar esa fe. Ante el funcionario, aseveraron que los actos de intolerancia religiosa se han agudizado durante la presente administración federal.
Los niños Hadiht, Talita, Israel, Hilba, Uziel y Edna Ángeles Basilio tienen prohibido tomar agua del único río que abastece la localidad. Cada noche, su padre, Gedeón Ángeles Cruz, indígena mixe, quien fue expulsado de la comunidad por no ser católico, les lleva garrafones con el líquido que obtiene de cavidades a ras de tierra, y para obtenerlo debe caminar varias horas por la sierra.
Gedeón, quien pertenece a la congregación de Iglesias Evangélicas de México, lleva nueve años padeciendo golpes, vejaciones, la expulsión de sus niños de la escuela, la exclusión de todos los programas de salud y desarrollo.
Los evangélicos de Chiapas y Oaxaca, casi todos de origen indígena, acudieron al foro de consulta ciudadana sobre derechos humanos, organizado por la Secretaría de Gobernación. Antes de entrar se pusieron una camiseta que decía: “Ser evangélico no es un delito”, por lo que funcionarios del gobierno estatal les intentaron impedir la entrada. Al final del acto interceptaron a Ramírez Acuña y al gobernador Juan Sabines Guerrero, ante quienes expusieron sus denuncias.
Detallaron que en lo que va del gobierno en Chiapas han ocurrido 38 agresiones contra evangélicos, y en uno de los casos, sucedido en junio pasado en el poblado Jonalhó de San Juan Chamula, uno de sus compañeros fue muerto a pedradas por católicos. “La justificación que dieron fue que lo confundieron con un asaltante”, expuso Oscar Moha Vargas.
“Nos han destruido los templos; nos siguen expulsando a nuestros hijos de la escuela. Las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas avalan acuerdos de las asambleas de católicos donde se nos expulsa de los pueblos. Existe una aplicación parcial de la justicia”, denunciaron ante los funcionarios federal y estatal. (En La Jornada, 23 de noviembre de 2007) Escritor
No escasean los cargos contra la senadora Rosario Ibarra y el líder Andrés Manuel López Obrador por la “autoría intelectual” del episodio. Véase por ejemplo el diálogo o, mejor, la sesión inquisitorial donde, sin prueba alguna, el representante legal del Arzobispado de México, Armando Martínez, acosa a la senadora Ibarra en Hoy por hoy, el programa de Carmen Aristegui (19 de noviembre):
“—Senadora, las palabras que usted emitió ayer provocaron…
—Sin mi voluntad…
—Que hoy tengamos cerrada la Catedral Metropolitana por una irrupción, sí senadora, violenta. Y si quiere le muestro las fotografías y le muestro a la gente plenamente identificada que estaba participando en la convención y esa, senadora, fue un acto totalmente irresponsable y reprochable de alguien que tiene muchos años de experiencia en política.
—Señor, no fue mi culpa. Yo no envié a la gente.
—Sí senadora, sí fue su culpa. Quizá no lo hizo con dolo, pero sí fue su culpa el haber arengado de esa forma a la gente porque el hecho está que usted habló y la gente actuó”.
El cardenal Norberto Rivera (Reforma, 22 de noviembre de 2007) es categórico al asociar la anécdota a los provocadores con la intolerancia, el aplastamiento de la libertad de cultos y la agresión límite a las libertades religiosas que ofende a Dios y a los fieles:
“Por dieciocho veces han incursionado estos grupos a nuestra catedral, ofendiendo así no solamente al Señor; pues es una celebración sagrada: ofendiendo a los fieles que ahí van a practicar el culto, en un país en donde se dice que hay libertad de cultos. No se puede soportar esta intolerancia, porque las autoridades han prometido poner en orden, dar seguridad para aquellos que quieran practicar su religión en un país en donde, se dice, hay libertades religiosas”.
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Es muy significativo que los gritos a las puertas de la Catedral se consideren lesivos para la fe y la noción de los espacios sagrados. Esto tiene antecedentes dramáticos en la década de 1920, con las agresiones injustificables a templos católicos durante la rebelión cristera, pero también y a lo largo de todo el siglo XX, con el hostigamiento o la destrucción de numerosos templos protestantes en provincia, sin que esto diera lugar a escándalo periodístico (todavía no mediático) alguno.
En las décadas de 1920 y 1930 la experiencia protestante se confina en unos cuantos espacios, donde se pone el énfasis en la experiencia directa y en la emoción comunitaria. (Ir los domingos a la iglesia es refrendar la fe y la seguridad de no estar solos.) Al principio, la intolerancia religiosa parece espontánea, así la fomenten curas y obispos, y se desprende de la falta de entendimiento mínimo de la diversidad. A los protestantes se le excluye de la Identidad Nacional, del respeto y la comprensión de los vecinos, de la solidaridad, del júbilo de la fiesta de los santos patrones, y por eso a la mayoría, el abandonar las costumbres del catolicismo y pagar los costos de la ruptura, les impide integrarse en lo cultural, lo político y lo social, lo que acentúa el doble juego: se les excluye y ellos mismos se excluyen.
Desde fuera, se “desnacionaliza” a los protestantes que aceptan la sentencia y de varias maneras se consideran mexicanos de tercera (Por lo demás, no hay, en la sociedad, hasta fechas recientes, ideas y prácticas reales de ciudadanía). Y en el periodo 1940-1960 se contiene brutalmente al protestantismo en México. El gobierno es omnímodo, y en canje de su lealtad política, se le entrega a los jerarcas católicos la impunidad que es una variante de la “guerra santa”. El Estado es laico pero distraído, y no se fija en los métodos para suprimir y ridiculizar la herejía, y perfeccionar el rechazo hasta el punto de los letreros en las ventanas: “En esta casa somos católicos y no admitimos propaganda protestante”. ¡Satán detente!
Son los años del arzobispo primado Luis María Martínez, retratado por José Clemente Orozco, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, bautizador de todos los edificios nuevos, infaltable en inauguraciones y cocteles. Mientras Su Ilustrísima don Luis María cuenta chistes levemente verdes y sienta fama de santamente mundano, se queman con frecuencia los templos o se les apedreas a diario como regalo al espíritu lúdico de los niños, se mata a pedradas o se arrastra a cabeza de silla o se venadea a los pastores, se lincha física y moralmente a los evangélicos, se les expulsa de sus propiedades y de sus pueblos. Se intensifica la prédica de la pureza nacionalista y se describe con saña al protestantismo: “estrategia de los gringos para debilitar a los pueblos de raíz hispánica”.
Cientos de templos protestantes arrasados en México en el siglo XX. Inseguridad de los asistentes al oír las pedradas o los balazos. Y siempre la certeza: la fe distinta nada tiene que ver con lo sagrado, es herejía que no merece respeto alguno. Dios, el Señor, de seguro no se ofende ante las persecuciones, esos no son ni serán sus hijos, o algún razonamiento semejante. Hasta hoy, la iglesia católica no ha pedido perdón o algo semejante.
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Tuxtla Gutiérrez, 22 de noviembre.
Indígenas evangélicos de Chiapas y Oaxaca solicitaron al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que “por humanidad” interceda a favor de seis niños a los que se les impide abastecerse de agua en San Pedro Petacaltepec, Oaxaca, por el hecho de profesar esa fe. Ante el funcionario, aseveraron que los actos de intolerancia religiosa se han agudizado durante la presente administración federal.
Los niños Hadiht, Talita, Israel, Hilba, Uziel y Edna Ángeles Basilio tienen prohibido tomar agua del único río que abastece la localidad. Cada noche, su padre, Gedeón Ángeles Cruz, indígena mixe, quien fue expulsado de la comunidad por no ser católico, les lleva garrafones con el líquido que obtiene de cavidades a ras de tierra, y para obtenerlo debe caminar varias horas por la sierra.
Gedeón, quien pertenece a la congregación de Iglesias Evangélicas de México, lleva nueve años padeciendo golpes, vejaciones, la expulsión de sus niños de la escuela, la exclusión de todos los programas de salud y desarrollo.
Los evangélicos de Chiapas y Oaxaca, casi todos de origen indígena, acudieron al foro de consulta ciudadana sobre derechos humanos, organizado por la Secretaría de Gobernación. Antes de entrar se pusieron una camiseta que decía: “Ser evangélico no es un delito”, por lo que funcionarios del gobierno estatal les intentaron impedir la entrada. Al final del acto interceptaron a Ramírez Acuña y al gobernador Juan Sabines Guerrero, ante quienes expusieron sus denuncias.
Detallaron que en lo que va del gobierno en Chiapas han ocurrido 38 agresiones contra evangélicos, y en uno de los casos, sucedido en junio pasado en el poblado Jonalhó de San Juan Chamula, uno de sus compañeros fue muerto a pedradas por católicos. “La justificación que dieron fue que lo confundieron con un asaltante”, expuso Oscar Moha Vargas.
“Nos han destruido los templos; nos siguen expulsando a nuestros hijos de la escuela. Las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas avalan acuerdos de las asambleas de católicos donde se nos expulsa de los pueblos. Existe una aplicación parcial de la justicia”, denunciaron ante los funcionarios federal y estatal. (En La Jornada, 23 de noviembre de 2007) Escritor
Nota de la corresponsalía de La Jornada, 23/11/2007:
Piden que interceda por seis niños oaxaqueños a quienes se les niega agua de un río
Indígenas evangélicos se quejan por la intolerancia religiosa ante Ramírez Acuña
Relatan cadena de vejaciones, expulsión de escuelas y marginación de programas sociales
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Evangélicos increparon ayer al secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, para denunciar la persecución e intolerancia religiosa durante un coloquio realizado en el centro cultural Jaime Sabines en la capital chiapaneca Foto: Moysés Zúñiga Santiago
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de noviembre. Indígenas evangélicos de Chiapas y Oaxaca solicitaron al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que “por humanidad” interceda a favor de seis niños a los que se les impide abastecerse de agua en San Pedro Petacaltepec, Oaxaca, por el hecho de profesar esa fe. Ante el funcionario, aseveraron que los actos de intolerancia religiosa se han agudizado durante la presente administración federal.
Los niños Hadiht, Talita, Israel, Hilba, Uziel y Edna Ángeles Basilio tienen prohibido tomar agua del único río que abastece la localidad. Cada noche, su padre, Gedeón Ángeles Cruz, indígena mixe, quien fue expulsado de la comunidad por no ser católico, les lleva garrafones con el líquido que obtiene de cavidades a ras de tierra, y para obtenerlo debe caminar varias horas por la sierra.
Gedeón, quien pertenece a la congregación de Iglesias Evangélicas de México, lleva nueve años padeciendo golpes, vejaciones, la expulsión de sus niños de la escuela, la exclusión de todos los programas de salud y desarrollo. “Por humanidad, señor secretario, le pedimos que por humanidad intervenga usted”, demandó Alfonso Farrera, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos.
Los evangélicos de Chiapas y Oaxaca, casi todos de origen indígena, acudieron al foro de consulta ciudadana sobre derechos humanos, organizado por la Secretaría de Gobernación. Antes de entrar se pusieron una camiseta que decía: “Ser evangélico no es un delito”, por lo que funcionarios del gobierno estatal les intentaron impedir la entrada. Al final del acto interceptaron a Ramírez Acuña y al gobernador Juan Sabines Guerrero, ante quienes expusieron sus denuncias.
Detallaron que en lo que va del gobierno en Chiapas han ocurrido 38 agresiones contra evangélicos, y en uno de los casos, sucedido en junio pasado en el poblado Jonalhó de San Juan Chamula, uno de sus compañeros fue muerto a pedradas por católicos. “La justificación que dieron fue que lo confundieron con un asaltante”, expuso Oscar Moha Vargas.
“Nos han destruido los templos; nos siguen expulsando a nuestros hijos de la escuela. Las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas avalan acuerdos de las asambleas de católicos donde se nos expulsa de los pueblos. Existe una aplicación parcial de la justicia”, denunciaron ante los funcionarios federal y estatal.
Expusieron que ante la negativa a hacerles justicia acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario ejecutivo, Sergio Cantón, les envió el oficio P833-07, donde notifica que se dio entrada a la investigación de los hechos y en breve citará a los representantes del Estado mexicano.
Amenazadas, 18 familias de Socoltenango
Paralelamente, representantes de 18 familias de la comunidad Estrella Roja, municipio de Socoltenango, denunciaron que esta semana fueron amenazadas con ser expulsadas del lugar. Pablo Jiménez Borrallas, pastor de la iglesia Unidad Cristiana, dijo que sus hermanos evangélicos tienen problemas porque no quieren ni deben cooperar con 5 mil pesos que les piden por ejidatario y 2 mil 500 por avecindado para las festividades religiosas de los católicos.
Indígenas evangélicos se quejan por la intolerancia religiosa ante Ramírez Acuña
Relatan cadena de vejaciones, expulsión de escuelas y marginación de programas sociales
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Evangélicos increparon ayer al secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, para denunciar la persecución e intolerancia religiosa durante un coloquio realizado en el centro cultural Jaime Sabines en la capital chiapaneca Foto: Moysés Zúñiga Santiago
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de noviembre. Indígenas evangélicos de Chiapas y Oaxaca solicitaron al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que “por humanidad” interceda a favor de seis niños a los que se les impide abastecerse de agua en San Pedro Petacaltepec, Oaxaca, por el hecho de profesar esa fe. Ante el funcionario, aseveraron que los actos de intolerancia religiosa se han agudizado durante la presente administración federal.
Los niños Hadiht, Talita, Israel, Hilba, Uziel y Edna Ángeles Basilio tienen prohibido tomar agua del único río que abastece la localidad. Cada noche, su padre, Gedeón Ángeles Cruz, indígena mixe, quien fue expulsado de la comunidad por no ser católico, les lleva garrafones con el líquido que obtiene de cavidades a ras de tierra, y para obtenerlo debe caminar varias horas por la sierra.
Gedeón, quien pertenece a la congregación de Iglesias Evangélicas de México, lleva nueve años padeciendo golpes, vejaciones, la expulsión de sus niños de la escuela, la exclusión de todos los programas de salud y desarrollo. “Por humanidad, señor secretario, le pedimos que por humanidad intervenga usted”, demandó Alfonso Farrera, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos.
Los evangélicos de Chiapas y Oaxaca, casi todos de origen indígena, acudieron al foro de consulta ciudadana sobre derechos humanos, organizado por la Secretaría de Gobernación. Antes de entrar se pusieron una camiseta que decía: “Ser evangélico no es un delito”, por lo que funcionarios del gobierno estatal les intentaron impedir la entrada. Al final del acto interceptaron a Ramírez Acuña y al gobernador Juan Sabines Guerrero, ante quienes expusieron sus denuncias.
Detallaron que en lo que va del gobierno en Chiapas han ocurrido 38 agresiones contra evangélicos, y en uno de los casos, sucedido en junio pasado en el poblado Jonalhó de San Juan Chamula, uno de sus compañeros fue muerto a pedradas por católicos. “La justificación que dieron fue que lo confundieron con un asaltante”, expuso Oscar Moha Vargas.
“Nos han destruido los templos; nos siguen expulsando a nuestros hijos de la escuela. Las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas avalan acuerdos de las asambleas de católicos donde se nos expulsa de los pueblos. Existe una aplicación parcial de la justicia”, denunciaron ante los funcionarios federal y estatal.
Expusieron que ante la negativa a hacerles justicia acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario ejecutivo, Sergio Cantón, les envió el oficio P833-07, donde notifica que se dio entrada a la investigación de los hechos y en breve citará a los representantes del Estado mexicano.
Amenazadas, 18 familias de Socoltenango
Paralelamente, representantes de 18 familias de la comunidad Estrella Roja, municipio de Socoltenango, denunciaron que esta semana fueron amenazadas con ser expulsadas del lugar. Pablo Jiménez Borrallas, pastor de la iglesia Unidad Cristiana, dijo que sus hermanos evangélicos tienen problemas porque no quieren ni deben cooperar con 5 mil pesos que les piden por ejidatario y 2 mil 500 por avecindado para las festividades religiosas de los católicos.
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