Nueva ley de control de armas en EE UU

El Congreso de los EE UU aprobó la primera ley de control de armas en más de una década.
La legislación aprobada por el Senado el miércoles 19 de diciembre -después de recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes- aporta fondos para mejorar el Sistema Nacional Instantáneo de Control de Antecedentes Criminales (NICS), principal sistema de control de antecedentes para compras de armas.
La medida también estrecha los mecanismos para evitar que personas con problemas mentales puedan comprar armas.
''Una base de datos federal y creíble que aporte controles de antecedentes precisos beneficia a todos'', indicó el senador Patrick Leahy, uno de los legisladores que propuso el proyecto de ley, el cual presentó poco después del más sangriento tiroteo en un recinto universitario en la historia de Estados Unidos.
Tras numerosos cambios en su texto, la nueva medida fue apoyada por la poderosa Asociación Nacional del Rifle(NRA), que defiende el derecho de los estadounidenses a portar armas.
''El producto final es una victoria para los dueños estadounidenses de armas'', indicó la NRA.
Kristen Rand, directora del Centro de Políticas sobre la Violencia, que defiende un mayor control de las armas, dijo que la legislación fue "secuestrada por el grupo de cabildeo de las armas y ahora podría ser más dañina que beneficiosa''.
''En lugar de enfocarse en mejorar las leyes actuales que prohíben a la gente con problemas de salud mental comprar armas, la ley desperdiciará millones de dólares de los contribuyentes en restaurar los privilegios [de poseer armas] a personas decididas a convertirse en un peligro para ellos mismos u otros'', declaró.
''En algún momento fue una solución, pero ahora la ley es parte del problema'', agregó.
Sin embargo, otro grupo de control de armas, la Campaña Brady para Prevenir la Violencia armada, instó al presidente George W. Bush a promulgar la ley.
El proyecto clarificará qué récords de salud mental deben ser reportados a la base de datos nacional, que ayuda a los comerciantes de armas de fuego a decidir si venden un arma a un posible comprador, y otorga a los estados incentivos financieros para hacer cumplir la medida.